Un joven jerezano sufrió en 2008 un accidente laboral que le ha traído secuelas de por vida. Ahora, la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha estimado solo parcialmente el recurso interpuesto por Generali España como aseguradora de MC Mutual contra la sentencia dictada el pasado año, condenándole a pagar 81.235,26 euros más intereses. Como ha explicado el abogado del demandante, José Luis Ortiz, los hechos se remontan al viernes 1 de febrero del citado año cuando J. A. A. A., de 29 años, sufrió una caída accidental desde el andamio en el que estaba trabajando a unos cuatro metros de altura, lo que le produjo una fractura en el pie. “El problema es que como la fractura era cerrada solo se veía el hematoma y, además de la fractura, los huesos al astillarse le produjeron el seccionamiento y corte de algunas venas”. Leer noticia completa
La delegada de Deportes, Felisa Rosado, acompañada por el director del Servicio Municipal de Deportes, José Luis Fernández Reboul, se han acercado hoy miércoles a presenciar, disfrutar y animar a los escolares de los centros que participaban en la primera jornada de la XXV Reunión de Atletismo Escolar McDonald´s Jerez 2013. McDonald’s patrocina una vez más este ciclo deportivo en el que los escolares jerezanos tendrán la oportunidad de seguir aprendiendo la importancia de la práctica deportiva.
Cabe recordar que se trata de un encuentro deportivo que contará con la participación de un total de 32 centros educativos de la ciudad de Primaria y Secundaria y unos 1.300 escolares.
Las disciplinas atléticas incluidas son velocidad, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura o relevos, entre otras y que los premios serán: Por equipos trofeos y medallas y premios en material deportivo para el primero, segundo y tercer clasificado de cada categoría y sexo. Trofeos para el 1º, 2ª y 3º clasificados de cada categoría y sexo. Individual medallas y trofeos al 1ª,2ª y 3ª clasificados de cada categoría, sexo y prueba.
Los colegios participantes son:
Compañía de María, CEIP Federico García Lorca, IES Santa Isabel de Hungría, CEIP Poeta Carlos Álvarez, CEIP Torresoto, CEIP La Alcazaba, CEIP Alfonso X El Sabio, CC Hijas de San José, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Tomasa Pinilla, Jesús María Asunción, CEIP Ciudad de Jerez, Jesus María El Cuco, IES Seritium, IES Sofía, IES Francisco Romero Vargas, CEIP San Juan de Dios, Nuestra Señora del Rosario, IES San Telmo, CEIP Sagrada Familia, Marianistas El Pilar, IES Fernando Savater, IES Josefa de los Reyes, CEIP Antonio de Nebrija, CC Madre de Dios, CC San Juan Bosco, IES Andrés Benitez, CC Altillo School y CEIP Andres de Rivera.
“Otra nueva jornada en la calle reclamando lo nuestro”. Así explicaba esta mañana Diego Navarro, portavoz de los antiguos trabajadores de Williams & Humbert, las protestas que están protagonizando por todo el centro, y frente a cada una de las sucursales de La Caixa en Jerez, para reclamar soluciones al impago de sus pensiones tras el ERE por el que se prejubilaron.
Y es que tras siete meses de espera, y después de que a principios de enero tuvieran que presionar para cobrar in extremis las pensiones de cuatro meses que se les adeudaba, al colectivo de trabajadores afectados a estas alturas del año ya se les deben de nuevo tres mensualidades, con el agravante de que ellos sí que tienen que pagar de forma obligatoria sus cuotas del convenio especial con la Seguridad Social para no perder todos los derechos para su jubilación. Y eso asciende a nada menos que 800 euros por cabeza sin que estén cobrando lo que les corresponde.
“Estamos asfixiados, y algunos incluso mucho peor que eso, con familias a nuestro cargo y sin saber por donde salir”, apunta Navarro, que ha recordado que la aseguradora de la entidad bancaria (VidaCaixa) asumió el compromiso de pago tras la firma de la póliza con los trabajadores y con el beneplácito de la Junta de Andalucía “y ahora no está cumpliendo y está dejando en la estacada a 40 familias”.
Según se quejan, no hay coordinación entre la entidad bancaria y el gobierno regional para despejar de una vez los problemas, cumplir los compromisos y evitar más impagos a los pensionistas. En concreto, reprochan que aunque los afectados han realizado en el menor tiempo posible los trámites para adaptarse al nuevo sistema establecido vía decreto para el pago de las pensiones, la administración está actuando con “una lentitud inexplicable” y tampoco han servido para desbloquear la situación las reuniones mantenidas con los responsables políticos y de la entidad bancaria.
Precisamente mañana tendrán en Madrid una reunión, a instancias de las centrales sindicales, con los responsables de VidaCaixa para pedirles que busquen una solución.
Además, también están a la espera de conocer la respuesta de la entidad bancaria a la propuesta que le ha hecho llegar la administración regional a La Caixa para facilitar el pago a estos pensionistas. “La delegada provincial de Empleo, Angelines Ortiz, nos ha informado de este trámite y estamos a la espera de ver cómo acaba”, apunta el portavoz de los afectados, que hoy han vuelto a llenar de pancartas y pitidos el centro de Jerez.
La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez considera que la concesión administrativa de la gestión del ciclo integral del agua a Aqualia y Traina “debe ser penalizada por los tribunales”, al considerar que se ha podido incurrir en “desagravio a la ciudadanía” o “prevaricación”.
Así han valorado la noticia de la firma ayer del contrato de adjudicación de la concesión administrativa del ciclo integral del agua con representantes de las empresas Aqualia y Traina, que asumirán la gestión durante los próximos 25 años a cambio del abono de un canon de 80 millones de euros.
El colectivo ha advertido hoy de que se mantendrá “atento” a la “ejecución de esta privatización” y tratará de “desmontar toda la mentira y manipulación” que a su juicio ha caracterizado al proceso, al tiempo que agotará “todos los recursos” ante instancias como el Tribunal de la Competencia o la Fiscalía Anticorrupción. “Vamos a continuar con nuestras actividades de concienciación de la ciudadanía, recursos jurídicos y sobre todo vamos a establecer una vigilancia especial y con lupa tanto sobre la empresa concesionaria como al propio equipo de gobierno”, afirman.
La coordinadora entiende que la firma del contrato del Ayuntamiento con Aqualia y Traina constituye “una de las mayores tropelías que se han cometido” contra los ciudadanos “en los últimos tiempos”, ya que se pone en manos privadas “un servicio totalmente rentable”.
Según el colectivo, el Consistorio ha “regalado” a una empresa privada una concesión que, en los próximos 25 años, supondría un ingreso de 358 millones de euros a cambio de un canon de 80, lo que supone que los jerezanos “dejarán de recibir más de 270 millones”.
Los colectivos integrantes de esta plataforma insisten en que “se ha cometido este atropello mintiendo acerca de la calidad del servicio prestado por Ajemsa, una de las empresas mejor valoradas en nuestro país en la prestación del servicio integral del agua; y mintiendo también acerca de lo imprescindible de su venta para equilibrar las finanzas del Ayuntamiento, porque no solo no arreglará la tesorería municipal, sino que la empeorará, ya que el primer año, de los 40 millones a recibir quedarán libres apenas ocho y de Ajemsa se recibirían casi 11 millones, con lo que el Ayuntamiento deja de cobrar casi cuatro millones para su tesorería”.
La coordinadora, que considera que el procedimiento de adjudicación genera “muchas dudas”, se arroga la representación de “la mayoría de los jerezanos”, basándose en el hecho de estar integrada por más de 20 organizaciones que recogieron más de 14.000 firmas solicitando una consulta popular que abordara este asunto.
“Sí se puede. Pero no quieren”. Cientos de pegatinas rojas y verdes con este lema se han colocado hoy a las puertas del despacho del abogado y político jerezano Aurelio Romero, diputado nacional por el PP, “el único partido que se ha negado a votar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha presentado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)”.
La que así habla es María Ángeles Collado, miembro de la comisión Stop Desahucios del 15-M de Jerez, que es el colectivo que ha organizado hoy frente al despacho de Romero una protesta en forma de escrache. Y un escrache es, ni más ni menos, una manifestación pacífica en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar.
Tal como explica Collado, “con el escrache se trata de señalar personalmente a diputados del PP por no aceptar la ILP que tiene tres puntos básicos: la dación de pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social de las viviendas en manos de los bancos”.
Como recalcan, “el PP ha admitido a trámite la ILP, pero sin aceptar las condiciones que esta plantea, sino enmendándola”. Por eso, con protestas como la protagonizada hoy en el número 6 de la calle Porvera “se trata de señalarles y acercarles la realidad de los afectados”.
“No sabemos si él está o no, porque de lo que se trata es de hacer visible que está en su mano votar que sí, y que de esa forma tal vez algunas familias puedan evitar quedar fuera de sus casas y con una deuda de por vida”, ha explicado hoy la portavoz de Stop Desahucios.
La protesta, en la que han participado sobre las 11 de la mañana una treintena de personas y que se ha desarrollado de forma pacífica, ha llamado la atención de muchos ciudadanos que se paraban a leer las pegatinas y carteles con las que los manifestantes han llenado todo el cristal del portal del despacho de Romero.
Este escrache tendrá una continuación mañana a las 19 horas a las puertas de la sede del PP, ya que la PAH a nivel nacional ha convocado de forma simultánea protestas en todo el país en apoyo a la ILP que se está debatiendo en el Congreso y cuando el PP ha presentado unas enmiendas que suponen “una rebaja sustancial de lo que ya es una propuesta de mínimos”.
Tal como explican desde la propia plataforma, “desde la PAH hemos agotado todas las vías para cambiar una ley injusta que condena a miles de personas, que beneficia a una banca criminal rescatada con miles de millones de dinero público”.
Y que, como recuerdan, la ILP avalada por 1.402.854 firmas “se aceptó a trámite gracias a la presión social, cuando todo el mundo lo daba por perdido. Pero desde la PAH sabemos que no podemos permitirnos el lujo de tirar la toalla porque hay literalmente vidas en juego”.
La semana ha sido intensa para los agricultores de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía, que han protagonizado nada menos que tres movilizaciones que han llevado a cabo conjuntamente las organizaciones COAG y UPA para exigir a las autoridades europeas una Política Agraria Común (PAC) que no perjudique a los productores
Las marchas han estado encabezadas por los secretarios generales de UPA y COAG, Agustín Rodríguez y Miguel López, respectivamente, bajo el lema ‘Por una agricultura con precios y mercados regulados’.
La protesta no es baladí, ya que restan apenas tres meses hasta que la propuesta de la PAC sea definitiva, y desde UPA y COAG consideran que con este borrador de reforma “no está apostando por el tejido productivo, ni por los profesionales de la agricultura y la ganadería, ni por la diversidad productiva, elementos clave para Andalucía”. “Tampoco reconoce un elemento peculiar, como es el regadío, esencial para nuestra comunidad, el cual genera casi el 70 por ciento de la producción final agraria, así como por el nivel de inversiones realizado, la productividad alcanzada y el empleo que genera”, argumentan.
Además, “no apuesta por una agricultura productiva y no incluye mecanismos básicos de regulación de mercado que garanticen una recuperación real de los precios en origen y el reequilibrio de la cadena agroalimentaria”. Asimismo, la reforma que se plantea “no favorece a los sectores mediterráneos y provocaría un impacto muy negativo para nuestro sistema productivo, básico para mantener el empleo y la vertebración del territorio andaluz”.
Por todo eso, y porque el futuro del campo andaluz está más en juego que nunca, las dos organizaciones agrarias han iniciado este miércoles un proceso de movilizaciones que arrancó con una tractorada en Jerez, que ha seguido en Lebrija (Sevilla) y Andújar (Jaén), y que se extenderá por más provincias, como Córdoba donde estarán este lunes.
En el caso de Jerez, alrededor de 150 tractores salieron de distintos puntos de la provincia de Cádiz para circular por las carreteras y dirigirse al Circuito de Jerez, que es donde se produjo la gran concentración que dio el pistoletazo de salida a esta reivindicación de los productores.
Por último, COAG-A y UPA-A han realizado un llamamiento a la tercera organización agraria, Asaja, para que se sume a la reivindicación, dado el “carácter general de los intereses que se defienden, sin que hasta ahora haya habido respuesta por su parte”.
La secretaria general del PSOE en la provincia, Irene García, ha pedido a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “por dignidad política” cese de manera fulminante a todos los concejales y delegados de su gobierno que han participado en la elaboración del ERE, que pida perdón a los jerezanos y que presente su dimisión. García ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, tras mantener un encuentro con los representantes sindicales del Ayuntamiento (UGT, CC OO, CTP y Asociación de Técnicos Municipales) para valorar y analizar todo lo acontecido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado “no justado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo. García ha mostrado su preocupación por la “cacería política” que han sufrido los trabajadores afectados y por todo lo que ello conlleva para la ciudad y la provincia.
En este sentido, la socialista ha criticado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, no haya mantenido aún un encuentro con los sindicatos “después de haber sufrido varios varapalos judiciales que le quitan la razón”, asegurando que “lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el PP, con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, supone una forma de actuar absolutamente indiscriminada, inmoral e ilegal”. “Pero, sobre todo, -apunta- ha supuesto un auténtico calvario a las 260 personas y familias jerezanas a las que se les ha sometido a un juicio, basándose en la rumorología para criticar y desvirtuar la labor profesional de los trabajadores, algo que no es ético, ni serio, ni legítimo por parte de una persona que precisamente tiene que velar por los intereses generales de la ciudad”.
Por ello, la secretaria provincial ha reafirmado la petición del PSOE de que se readmita de forma inmediata a todos los trabajadores despedidos, calificando de “lamentable” que el gobierno del PP continúe “por un camino donde se le tumba por partida doble sus argumentos”, lo que supone “una auténtica burla a los ciudadanos que la alcaldesa intente eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la sentencia y, por tanto, muestra a las claras la actitud menos democrática y moral por parte de una representante política”. Asimismo, ha tachado de “agravio” y de una “ofensa de primera magnitud que no solo no respete y acate una decisión judicial, sino que al mismo tiempo quiera engañar a los ciudadanos diciendo que el fallo del TSJA es una sentencia declarativa”. Al respecto, ha aclarado que, en términos jurídicos, “todas las sentencias constatan unos hechos, lo ajustan a los preceptos legales que determinan la normativa y se ejecutan. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ejecutar”.
El Ayuntamiento de Jerez, cumpliendo con sus compromisos, ha realizado pagos por un importe total de 4,9 millones de euros, en los primeros cinco días del mes de abril. Entre las cantidades ingresadas, el Ayuntamiento ha realizado hoy un pago a Urbanos Amarillo de 250.000 euros, tal y como se comprometió con la empresa que presta el servicio de transporte público en la ciudad.
Asimismo, ha hecho frente al compromiso adquirido conforme al acuerdo alcanzado el pasado 22 de marzo en el Sercla, y ha abonado 125.000 euros a Jecomusa, la empresa que gestiona los medios de comunicación municipales. Igualmente, el Consistorio se ha puesto al día con los empleados del Ayuntamiento y ha liquidado el resto de la nómina de febrero y la nómina completa de marzo, lo que ha supuesto un desembolso de 3,6 millones de euros.
También, hoy el Ayuntamiento, entre otros pagos realizados, ha efectuado una primera transferencia a las pedanías por valor de 50.000 euros. Además, la próxima semana efectuará un ingreso adicional de 60.000 euros.
Los abogados jerezanos tienen por fin algo que celebrar, puesto que la Junta de Andalucía ya se ha puesto al día en los pagos del turno de oficio. Con el abono de lo relativo al tercer trimestre de 2012, la administración ha cumplido puesto que aún estaría en plazo para liquidar el cuarto trimestre del año. Algo que no ocurre con los gastos de infraestructuras, sin embargo, ya que como ha recordado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, todavía deben la mitad de 2012 y lo correspondiente al ejercicio vigente. Una cantidad que rondaría los 90.000 euros. Pese a ello, el decano ha reconocido que el último abono supone un soplo de aire fresco para los interesados, que se plantean incluso volver a ampliar el turno de oficio que había quedado drásticamente reducido por la falta de fondos. Leer noticia completa
El delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, cumplió su compromiso y se ha reunido con los miembros de la plataforma para la culminación de las obras en la carretera A-2003, así como otros vecinos de la zona rural, a los que ha explicado todas las actuaciones que está realizando la administración regional para poder culminar los trabajos en la polémica vía.
En el marco de esta cita que se celebró la tarde del miércoles en La Barca, y a la que asistieron también representantes del gobierno municipal así como el edil de IU Joaquín del Valle, Cárdenas anunció que la intención de la Junta de Andalucía es la de volver a licitar las obras de la A-2003, sobre todo ante la certeza de que la actual empresa adjudicataria no seguirá adelante con los trabajos ya iniciados y hay que extinguir el contrato y sacar otro.
La intención es que los plazos se extiendan lo menos posible, pero el delegado sí que explicó que una vez se extinga el contrato actual sería necesario adaptar el proyecto y abrir el correspondiente proceso de licitación. Y eso, incluso en el mejor de los casos, puede alargar el proceso 3 ó 4 meses, por lo que ya no será hasta después de verano cuando se puedan retomar los trabajos.
Eso sí, como actuación de urgencia a la espera de los trámites para la obra definitiva, Cárdenas informó de que se van a llevar a cabo unas obras de “parcheo” en la actual carretera para mejorar su estado. A esta actuación se destinarán unos 250.000 euros, que permitirán tapar socavones y los baches más grandes, y actuar en los desniveles más peligrosos.