El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha fijado para el próximo 21 de mayo la vista oral sobre la calificación del concurso del Xerez CD, SAD, que en sus informes preliminares califican como culpable tanto la Fiscalía como los administradores concursales del club. Leer noticia completa

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez ha condenado a la concesionaria Urbanos Amarillos a pagar 1.724.027,46 euros de penalización al Ayuntamiento en virtud de tres sentencias favorables al Consistorio que subrayan los incumplimientos efectivos de las obligaciones contractuales de Urbanos Amarillos durante su periodo de prestación del servicio de autobuses urbanos en la ciudad. Estas sentencias fueron notificadas al Ayuntamiento el pasado 23 de julio por el citado juzgado. Leer noticia completa

Nuevo revés judicial para el Xerez CD. Los gestores de la entidad azulina se han visto obligados a pagar las indemnizaciones a los extrabajadores del club después de que el juzgado haya dictado sentencia. Leer noticia completa

Parece que la interminable espera de los trabajadores del Xerez llega hoy a su fin. Después de haber retrasado las diferentes soluciones con respecto a las deudas que la entidad azulina mantiene con sus empleados, el grupo Energy ha citado para hoy, a partir de las 09.00 horas, a sus trabajadores en la sede de la entidad azulina. Leer noticia completa

Francisco Javier García Jiménez, de 38 años de edad, perdió la vida el 29 de enero de 2008 como consecuencia de un desgraciado accidente laboral. El joven acabó electrocutado mientras prestaba sus servicios como monitor de electricidad en una escuela taller de Bornos, y por ese hecho será juzgada la por aquel entonces directora del centro, Encarnación R. M., por dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. El suceso ocurrió el citado día a las 14.00 horas, como consta en la calificación del fiscal, donde se explica que la escuela estaba siendo sometida a un proyecto de rehabilitación y puesta en funcionamiento, con el fin de destinarla a centro cultural y juvenil de la localidad. En ese momento en concreto, la víctima se encontraba con un grupo de alumnos montando un cuadro eléctrico auxiliar, en  una planta alta del edificio carente de corriente eléctrica. Leer noticia completa

Lo ha adelantado Canal Sur en su informativo. La trabajadora del departamento de pescadería de Hipercor que fue despedida tras comerse cinco cigalas para  “probar probar su correcta salazón” deberá ser indemnizada con 20.000 euros.

Cabe recordar que la empresa despidió a la trabajadora tras lo visto por las cámaras de seguridad. Sin embargo, ésta, representada por el abogado Francisco Cabral, lo denunció por considerar que se trataba de un despido improcedente.

Según ha explicado el propio Cabral, la cadena de supermercados dio marcha atrás poco antes del inicio del juicio en el Juzgado de lo Social número 3 y admitió la improcedencia del despido, acordando la indemnización mencionada, aunque no la readmisión.

Pese a todo, la afectada ha declarado a este medio que está “más que satisfecha”. “Querían darme solo 4.500 euros alegando un despido disciplinario, y al final van a tener que pagarme 20.000 euros. Estoy muy contenta”, apunta Luisa Reyes, que reconoce que “no hemos peleado por la readmisión porque yo ya no quería más polémica y, sobre todo, porque ya no me apetecía volver a trabajar en ese sitio”.

Reyes lamenta que sus 12 años de trabajo para Hipercor “terminaran con este mal trago, tachándome de ladrona, y con un despido por una tontería y agarrándose al primer motivo que pudieron para echarme”. Y es que, según cuenta la exempleada, “me dijeron a la cara que tenían que despedir a una veintena de compañeros antes de Navidad, y por eso se agarraron a los de las cigalas”.

Doce fueron los años que Luisa Reyes trabajó en la pescadería del hipermercado. Esa dilatada carrera como pescadera se vio truncada el pasado 17 de octubre, cuando fue despedida por haberse comido presuntamente cinco cigalas. Como entonces contó a REPORTEROS JEREZ, el citado día se encontraba con su compañera realizando sus labores habituales, que incluían el probar la mercancía para comprobar el punto de sal o de cocción, cuando un inesperado suceso torció de forma determinante los acontecimientos.

“Estábamos cociendo el marisco y probándolo, como hacíamos siempre, para ver cómo habían salido de sal y cocción. Mira que a mí no me hace gracia el marisco, pero consideraba que era algo que tenía que hacer. La cosa es que las cámaras de seguridad nos grabaron a mi compañera y a mí y la dirección del centro se sirvió de ello para despedirnos, acusándonos de habernos comido cinco cigalas. Ni siquiera el número es cierto, probamos una o dos”. Como insiste Luisa, se trata de una práctica habitual por la que jamás les habían llamado la atención; tanto es así que asegura que su jefe directo de pescadería se “llevó las manos a la cabeza” cuando le anunciaron los despidos.

“Nunca tuvimos ningún problema con eso. En todo caso, si lo hubiéramos hecho mal nos deberían haber amonestado pero nunca despedido. Cuando fuimos a protestar, nos dijeron que la cosa está muy mala y que sobraban 25 personas, por lo que nos tememos que esto haya sido una excusa para quitarnos de enmedio”, añadía.

“Lo que yo busco es la readmisión y volver a mi trabajo. Después de 12 años aquello es como una familia, tengo compañeros que hasta lloraron cuando se enteraron de que nos habían despedido. Yo no he cogido la indemnización ni he firmado nada, lo que quiero es trabajar”. Para colmo, afirmaba que cuando le finiquitaron le adjuntaron una carta de recomendación en la que alaban los servicios prestados, lo que según ella es un completo sinsentido.

Un joven jerezano sufrió en 2008 un accidente laboral que le ha traído secuelas de por vida. Ahora, la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha estimado solo parcialmente el recurso interpuesto por Generali España como aseguradora de MC Mutual contra la sentencia dictada el pasado año, condenándole a pagar 81.235,26 euros más intereses. Como ha explicado el abogado del demandante, José Luis Ortiz, los hechos se remontan al viernes 1 de febrero del citado año cuando J. A. A. A., de 29 años, sufrió una caída accidental desde el andamio en el que estaba trabajando a unos cuatro metros de altura, lo que le produjo una fractura en el pie. “El problema es que como la fractura era cerrada solo se veía el hematoma y, además de la fractura, los huesos al astillarse le produjeron el seccionamiento y corte de algunas venas”. Leer noticia completa

Primer varapalo judicial para el Ayuntamiento en el caso del ERE municipal: el TSJA acaba de dictar sentencia declarando que los despidos llevados a cabo no se ajustaron a Derecho. De esta forma, el titular de la Sala de lo Social tumba en un primer asalto el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el gobierno popular y obliga a la administración local o bien a readmitir a los perjudicados o bien a indemnizarlos a razón de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades. En el primero de los casos, la readmisión iría acompañada por el abono de lo que los trabajadores han dejado de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia judicial, que se ha producido en el día de hoy.

Así lo ha explicado a este medio Antonio Ortega, el letrado que representa en el procedimiento al Colectivo de Trabajadores Progresistas, matizando que este fallo a nivel general será independiente de los que se puedan dictaminar a título particular. Es decir, aunque la sentencia afecta a los 260 trabajadores, muchos de éstos interpusieron aparte una demanda individual en el Juzgado de lo Social que sigue su curso y sobre la que el juez de turno podría declarar incluso nulo el despido en cuestión. Aunque ésta era precisamente la pretensión inicial, conseguir la nulidad del Expediente, Ortega se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia, a la que ha calificado de “triunfo” para los perjudicados.

No hay que olvidar que esa indemnización de 45 días por año trabajado supone una suma mucho más cuantiosa de lo esperado; a pesar de ello, muchos hubieran preferido la nulidad porque obligaría  a la readmisión sin matices. De esta forma, sin embargo, el Ayuntamiento tiene cinco días para decidir si restituye a los perjudicados en su puesto de trabajo o les indemniza, independientemente de que interponga el correspondiente recurso. La pelota, en cualquier caso, está en su tejado.

Las arcas municipales o, lo que es lo mismo, los contribuyentes jerezanos desembolsarán un total de 5.353.978,71 euros a los 260 trabajadores incluidos en el ERE municipal que dejarán de ocupar sus cargos a partir del 12 de septiembre. El pasado jueves, los damnificados comenzaron a recibir sus cartas de despido y los correspondientes cheques con las indemnizaciones. Las cantidades exactas de todas ellas vienen detalladas en un documento aprobado el pasado 30 de agosto en la Junta de Gobierno Local, por el que se declara la extinción de los contratos de trabajo de todos estos empleados, con nombres y apellidos, y al que Reporteros Jerez ha tenido acceso.

Aunque la cuantía global ya había trascendido, resulta curioso desglosar el escrito y comprobar que la cifra más alta son los 76.409,56 euros que percibirá un trabajador que se ha llevado algo más de 19 años en el Ayuntamiento. Como contraste, destacan los 2.098,68  euros que recibirá la persona con la indemnización más baja, por tres años trabajados. La fecha de antigüedad de cada uno de los perjudicados viene detallada en el documento, junto con el salario por día que han venido cobrando todo este tiempo. Como es obvio, el abanico de años dedicados al empleo municipal es amplio, pero el caso de un perjudicado resalta sobre todos los demás: se trata de un trabajador que llevaba contratado en el Ayuntamiento desde 1969, y acumula por tanto 43 años de antigüedad.

Resulta llamativo si se tiene en cuenta que el gobierno excluyó finalmente de la lista inicial a 13 empleados, al encontrarse próximos a la edad de jubilación. La indemnización para esta persona supera los 29.000 euros. Otro apunte merece la cifra relativa al salario percibido por día, que oscila entre 28,50 euros y 212,25, aunque no se especifica la categoría a la que pertenecen los afectados.

Por lo demás, el escrito incide en las causas económicas que han motivado esta controvertida decisión de los populares, argumentando que el Consistorio se encuentra en “una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente que le impide financiar los servicios públicos correspondientes, y en una situación de importante desfase entre sus ingresos y sus gastos”. Como recuerda el ejecutivo en su informe, en los tres últimos años el resultado presupuestario fue negativo (-28.706.308 euros; -16.799.712,24 y -22.117.997,06), al igual que el remanente de tesorería, lo que incapacita al Ayuntamiento para saldar sus deudas y por tanto obtener liquidez.

Si a ello se añaden otras consideraciones como que el gasto en personal ha sido el más alto de los registrados, con un porcentaje de casi el 36% del total, el gobierno concluye con que tal coyuntura es insostenible y la única salida pasa por la extinción de contratos de trabajo.