El Ayuntamiento mantiene activado el Plan de Emergencias Municipal (PEM) en su nivel I. La cota del río es de 5,78 metros. Se ha reabierto al tráfico la carretera 4107 Torrecera-Paterna. Protección Civil recomienda precaución a los conductores que transiten por ella. Siguen cortadas la carretera de La Ina a partir del kilómetro 3 y la que discurre debajo del puente de la autopista. La situación, a esta hora, está controlada.

El segundo teniente de alcalde, Javier Durá, asimismo coordinador del Plan de Emergencias Municipal está supervisando la zona. Igualmente, desde la Delegación de Medio Rural se está en contacto con los vecinos de la zona rural de Jerez por si hubiera que actuar en caso de desalojo. El pantano de Arcos sigue desembalsando a razón de 75 metros cúbicos por segundos mientras que el de Guadalcacín lo hace a 27 metros cúbicos por segundo.

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La portavoz municipal de Foro Ciudadano de Jerez, Rocío Montero, ha expresado con contundencia su repulsa a raíz de los hechos sufridos ayer por la presidenta de la Asociación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ), Milagros Abascal, quien denunció que el despacho que ocupaba en la Delegación de Economía del Ayuntamiento había sido desmantelado mientras se encontraba en una reunión y que quienes llevaron a cabo dicho desalojo manipularon incluso sus efectos personales sin estar ella presente en ningún momento. Para Montero, este hecho sin precedentes en el Ayuntamiento, significa que el gobierno local del PP “ha traspasado ya todos los límites en su permanente política de acoso y persecución a los trabajadores del Consistorio jerezano y ya ni siquiera tiene reparos en violar y vulnerar los derechos más elementales de la plantilla”. “No nos vale que se vaya a abrir expediente para investigar este lamentable hecho, queremos que se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias porque estamos ante un atentado contra los derechos más básicos del trabajador y ante un hecho que recuerda a épocas predemocráticas que sienta un precedente aciago que hay que condenar con toda firmeza”, ha dicho.

Después de confirmar su “total respaldo y apoyo” a la denuncia que la afectada ha interpuesto en Comisaría, la concejala de Foro Ciudadano ha reiterado su alarma ante la “gravedad” del hecho, más aún si cabe por tratarse de la máxima representante de uno de los sindicatos que mayor presión están haciendo para tumbar las “tropelías que le están llevando a cabo desde que el PP se hizo con las riendas del gobierno municipal de Jerez hace ahora casi dos años”. Caso, a propósito de lo anterior, del ERE municipal, el cual ya ha recibido el mazazo de la Justicia al pronunciarse ésta sobre la “absoluta arbitrariedad” de un expediente que “no se ajusta a derecho”.  Volviendo al aciago episodio sufrido ayer por la presidenta de la ATMJ, Rocío Montero ha vuelto a poner los focos sobre la “errática y nociva” política de Recursos Humanos que está siguiendo el gobierno local del PP, que “unida a su desastrosa gestión económica” está sumiendo al Ayuntamiento en “una crisis y un desmantelamiento que no se puede tolerar por mucho más tiempo”. Una de las pruebas más evidentes de lo anterior, ha ejemplificado, “no es ya sólo el atropello del ERE, sino también el hecho de que en lo que va de legislatura, apenas unos 23 meses, ya hayan pasado por la dirección de Personal hasta cinco técnicos municipales distintos que han ido dimitiendo uno detrás de otro al negarse a ser cómplices y participar en los desmanes, abusos y persecuciones internas que está llevando a cabo y perpetrando la señora Pelayo y sus adláteres de la derecha”.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha iniciado hoy un desembalse preventivo de agua desde la presa de Guadalcacín como medida de seguridad para garantizar el resguardo ante la previsión de lluvias de esta semana. El embalse, el más grande de la provincia y uno de los de mayor tamaño de Andalucía, se encuentra al 97,7% de su capacidad tras haber recibido aportaciones de agua un 946% superior a la aportación media histórica en el mes de marzo desde 1942 y alcanzar, además, el máximo registro histórico de los últimos 75 años.

El agua desembalsada de este pantano -entre 30 y 50 metros cúbicos por segundo- se dirige hacia la Junta de los Ríos, donde se unen el Majaceite y el Guadalete por lo que la cota de los dos podría registrar en las próximas horas un nuevo crecimiento. A esta cantidad, además, hay que unirles los 75 metros cúbicos por segundo que se alivian desde el pantano de Bornos y que van a parar también al Guadalete.

Hay que recordar también que el pantano de Guadalcacín alivia agua también por los canales de riego a razón de 11 metros cúbicos por segundo desde hace aproximadamente diez días.

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El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

El drama de Manoli Pinto es el de cada vez más españoles cuya vida ha dado un vuelco en los últimos años y afrontan una deuda monstruosa con el banco cuando apenas si pueden subsistir día a día. Esta sevillana afincada en Jerez ha expresado su desesperación después de conocer que la entidad bancaria con la que tenía concertada la hipoteca de una casa que ya no le pertenece le exige el pago de 70.000 euros en concepto de “intereses y costas” tras haberse quedado con la vivienda. Como explica la propia afectada, su declive económico comenzó en 2009 cuando adquirió una casa junto con su pareja en Punta Umbría, localidad en la que por aquel entonces residían. Al Poco tiempo él se quedó parado, constituyendo hasta el momento su única fuente de ingresos, por lo que no podían continuar haciendo frente a esa hipoteca.

“Fui a hablar con el BBVA y les dije que quería la dación en pago. Ellos me hablaron de refinanciación pero eso era engordar para morir, porque yo tenía dos hijos que alimentar y no podía seguir pagando 1.000 euros al mes, así que dejé las llaves en el buzón y nos vinimos para acá, de donde es mi marido”. Una vez en Jerez, Manoli le pidió un préstamo a su madre con el que logró comprar el bajo que actualmente ocupa junto a su familia en San Juan de Dios. En lo que respecta a la otra vivienda, le consta que “pasó a nombre del banco y a mí nunca más me llegó ninguna carta ni nada que tuviera que ver con ella”. Pasaron los años y de buenas a primeras, como asegura, recibió una misiva por la que la entidad le pide el abono de 70.000 euros por los intereses del préstamo que solicitaron en su momento, sin obviar que sobre ellos planea ahora la posibilidad de embargo del inmueble en el que habitan si no hacen frente a ese pago.

“Yo les he explicado que no tenemos dinero; ya nos quitaron una casa y ahora se quieren llevar todo lo demás. He solicitado un abogado de oficio que tiene que ser de Huelva, porque el procedimiento se inició allí, y me dicen que van a tardar en asignármelo. No sabemos qué hacer. Estamos desesperados”. El marido de Manoli trabajaba en la construcción y lleva seis años en paro. Los ingresos que entran en casa se reducen a una ayuda a la que tiene derecho de 426 euros, lo que les obliga a acudir cada día a un comedor social para alimentar a sus hijos. “El cambio de estar bien hace unos años y vernos ahora en las últimas es duro, pero tenemos que ser realistas y mirar para adelante porque es lo que hay. Nosotros tenemos que comer, y si nos quitan la casa ya no tendremos a dónde ir”.

Por ello, solicitan que el banco tenga en consideración su situación y se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo, antes de que acaben desahuciados como está está ocurriendo cada vez con más frecuencia. “Queremos llegar a un acuerdo, aunque sea pagando 50 euros al mes, pero así podremos seguir viviendo en nuestra casa y nos quedaremos más tranquilos”. A pesar de que el futuro no se presenta muy prometedor para ellos, Manoli es optimista al tiempo que agradece y valora la ayuda de gente que tiene a su alrededor, que les ofrecen ropa e incluso alimentos, y sin la que no podrían continuar viviendo.

Ayuda por redes sociales

La desesperada situación de Manoli le condujo en los últimos días a pedir ayuda a través de las redes sociales. Con su cuenta de twitter (@manoliasecas) se encargó de pedir RT a personajes famosos para que su mensaje llegara al mayor número de personas, indicando que si 70.000 personas les donaban un 1 euros conseguiría saldar su deuda y no perder la casa. Hubo disparidad de respuestas a su llamamiento y actualmente su perfil ha sido suspendido.

La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las “relaciones” que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el “alimento” del que se nutrían todas las partes de la trama.

La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Prejubilaciones fraudulentas

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría ‘Hermes Consulting’ y ‘Maginae Solutions’ habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de “intermediación” en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Sobre el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, la juez atribuye de nuevo a Lanza la obtención de la financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una “comisión del 19 por ciento” y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos “cuñados” del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las “relaciones” entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos”, porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un “conseguidor de financiación pública y negocios de interés”. Así, explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, “cobrando supuestamente” tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero “en la casa de los señores Ruiz Mateos”.

El tironero que desde hace un tiempo tenía en jaque a la Policía ha sido detenido por los agentes del grupo de Delitos Contra las Personas, que cierran así una ardua investigación iniciada hace unas semanas cuando el individuo comenzó a perpetrar sus golpes. Como ha podido saber este medio por fuentes del caso, el sospechoso es un vecino de San Telmo Nuevo de unos 30 años cuya motocicleta también ha sido intervenida, dado que de ella se servía presuntamente para llevar a cabo los tirones. El arresto se produjo la pasada semana y el sujeto fue puesto de inmediato a disposición del juez, quien ha decretado su ingreso en prisión.

Según las fuentes consultadas, se le imputan un total de 16 presuntos robos con fuerza pero la causa ha sido dividida, de tal forma que cada hecho será procesado en un juzgado distinto. Como ya publicara Reporteros Jerez, en solo una semana un individuo cometió una serie de tirones con violencia por diversas zonas de Jerez y su actividad se fue extendiendo como la pólvora en poco tiempo. El sujeto en cuestión utilizaba para sus tropelías una moto Aprilia blanca y roja, e iba ataviado con un casco integral para evitar ser reconocido.

Algunos de estos tirones llegaron a acabar con la víctima en el hospital a causa de la violencia del golpe, sin olvidar que el ladrón se hizo en ciertas ocasiones con importantes sumas de dinero, lo que hace sospechar que vigilaba a sus presas en los cajeros o a la salida de los bancos. La Policía Nacional, en colaboración con la Local, puso en marcha un dispositivo que ha culminado ahora con la detención de un varón al que señalan como presunto autor de todos estos hechos, algo que tendrá que dirimir el juez.

Cuando aún seguían limpiando y adecentando sus viviendas tras las últimas riadas, los vecinos de la zona conocida como Los Cejos del Inglés han vuelto a tener “una cuarta de agua” dentro de sus casas. Atendiendo la recomendación de desalojo, cuatro de las cinco familias abandonaron este pasado viernes sus viviendas ante la crecida prevista por el desembalse del pantano de Bornos. Aunque aún no han vuelto, esperan poder hacerlo pronto ya que el agua ha comenzado ya a retirarse.

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La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, ha mostrado su absoluto rechazo a la “actitud chulesca” mantenida en el Pleno por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que considera “un oprobio a la Justicia y a los trabajadores despedidos amparados por una sentencia que deja muy claro que el ERE aplicado por el PP en el Consistorio no se ajusta a derecho”. “Querer defender, como ha hecho la alcaldesa, que el ERE no es nulo y al mismo tiempo, admitir que hay un problema con la selección del personal despedido pone de manifiesto que el Ayuntamiento está ahora en un callejón sin salida, peor que antes de decidir hacer un ERE en el ayuntamiento”, ha señalado Armario.

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En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa