El escándalo saltó hace casi dos meses cuando la Junta de Andalucía requirió al Ayuntamiento la nulidad del nombramiento de 11 altos cargos que, a juicio de la administración regional, se había llevado a cabo de manera irregular y sin atender al procedimiento legalmente establecido. El ejecutivo local anunció entonces que prepararía una batería de alegaciones que respaldaran su actuación, y que como ha podido saber Reporteros Jerez ya se ha hecho llegar a la Junta a la que no solo no ha convencido, sino que incluso ha puesto en marcha todos los resortes necesarios para el comienzo de un posible litigio entre ambas administraciones. Leer noticia completa

El delegado del gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha echado más leña a un fuego que no hace sino engordar a pasos agigantados retando a la alcaldesa de Jerez a que le lleve a los tribunales. El socialista se ha vuelto a referir a la polémica surgida a raíz del requerimiento de nulidad por parte de la administración autonómica de 11 nombramientos de altos cargos municipales, lamentando el enfrentamiento que ambas partes siguen alimentando. “No es agradable que García-Pelayo, en un estado permanente de nerviosismo, esté continuamente atacando a este delegado en lo personal. A mí me han llegado informes jurídicos de la Junta que dicen que hay un problema en el Ayuntamiento de Jerez, como lo hay en muchos otros. Yo le pido que se tranquilice, porque existe un procedimiento que hay que cumplir y los técnicos de la Junta lo acordaron con los técnicos municipales para hacerlo bien”. Leer noticia completa

Hasta el 30 de septiembre tiene el Ayuntamiento de Jerez  para anular el nombramiento de once trabajadores aprobados por libre designación el pasado mes de febrero en una junta de gobierno local. Según la Junta de Andalucía -que ha analizado la situación de hasta 25 trabajadores- estos 11 nombramientos “no cumplen las condiciones para poder concursar a los mismos ya que es personal laboral indefinido no fijo en esa administración”.

El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Técnicos Municipales (ATM) por presuntas irregularidades y hoy mismo el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, ha hecho referencia a la resolución del expediente. Según el político, las personas afectadas “son del PP o se han pasado al PP recientemente”.

Si el Ayuntamiento no acata la orden de la Junta de Andalucía podría enfrentarse a una nueva denuncia en el apartado de personal en el juzgado de los Contencioso-Administrativo.

El Ayuntamiento, “en aplicación del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía”, ha dictado la correspondiente resolución por la que declara la nulidad del decreto firmado por Pedro Pacheco en 1987 que nombraba funcionarios a 93 empleados municipales, de los cuales quedan en activo 44. En un comunicado señala que, según pone de manifiesto este dictamen, “la adjudicación de puestos de funcionario se hizo al margen de todo procedimiento selectivo con infracción de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”. Por este motivo, concluye que los nombramientos son totalmente ilegales por concurrir en ellos “causa de nulidad de pleno derecho”.

El gobierno local apunta que el expediente para declarar nulos estos nombramientos se inició después de que la Delegación de Personal detectase la existencia de esta resolución que hacía funcionarios a 93 empleados laborales “sin que constase la realización de prueba selectiva alguna, y que además iba acompañada de un informe del por entonces secretario general del Ayuntamiento que advertía de la ilegalidad del proceso”.

A principios de este mes de junio el Consejo Consultivo remitió su dictamen al Ayuntamiento, y en conformidad con los motivos expuestos, se ha dictado la resolución que declara nulo estos nombramientos. Además de este dictamen, la resolución ha tenido en cuenta los distintos informes emitidos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. “Estamos cumpliendo con nuestra obligación de denunciar cualquier ilegalidad que detectemos, y al ser preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nos hemos sometido a lo que dijera este órgano”, ha señalado el delegado de Personal, Javier Durá.

REUNIÓN CON AFECTADOS

Esta misma mañana de martes, Javier Durá se ha reunido con un grupo de funcionarios afectados para explicarles cómo queda su  situación laboral tras este dictamen.  En la reunión les ha explicado que a partir de ahora pasarán de ser funcionarios a ser laborales, conservando sus actuales retribuciones y puestos actuales.

En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.

Un auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz ha vuelto a dar la razón al grupo municipal socialista en la demanda interpuesta contra el nombramiento de José Manuel Díez Pemartín en el consejo de la sociedad que gestiona los Montes de Propios (Ememsa), declarando nulas todas las decisiones adoptadas en el seno de esta sociedad desde el 31 de octubre de 2011, fecha en la que se hace efectiva su incorporación. El auto judicial ratifica y amplía la denuncia interpuesta en su día por el grupo socialista, en la que advertía  sobre la presunta ilegalidad de este nombramiento por parte del PP.

Así lo han anunciado los socialistas a través de un comunicado, en el que recuerdan que en su día denunciaron fraude de ley en el otorgamiento de poderes durante el nombramiento del nuevo consejero, argumentando que los populares llevaron a cabo en solitario una modificación de los estatutos de esta sociedad para suprimir al gerente y crear la figura de “apoderado” retribuido, pese a no contar con el quórum necesario en el consejo de administración.

Para ello,  como insisten, el ejecutivo local recurrió a un fraude de ley utilizando la figura de poder cuyo uso solo se contempla para causas muy específicas, otorgando amplios poderes a un consejero, lo que en la práctica lo convierte en un apoderado. Estos poderes le facultaban para realizar actividades mercantiles de todo tipo, administrar los recursos y bienes de la empresa y gestionar el personal  mediante  contrataciones, retribuciones, convenios, ceses y sanciones, entre otras muchas facultades. Todo ello dándose la circunstancia de que se trata de una persona privada y  externa al Ayuntamiento, que “suplanta las funciones que son propias de los trabajadores y técnicos municipales y sin que medie ningún tipo de relación laboral con Ememsa”.

Por estas razones, para el grupo socialista la sentencia mencionada “es un ejemplo más de cómo está actuando el gobierno del PP en esta ciudad, a golpe de improvisación y de ilegalidades, con lo que queda demostrado que son los tribunales los que lo ponen en su sitio ante la falta de diálogo, la prepotencia y la soberbia con la que está actuando la señora García-Pelayo a lo largo de la legislatura”.

Por su parte, el gobierno municipal se ha apresurado a asegurar que ya ha recurrido la sentencia al considerar que “el fallo no es coherente con los fundamentos de la sentencia”. El recurso incide en que la figura del otorgamiento de poderes a un consejero de una sociedad está previsto en la Ley de Sociedades, “siendo perfectamente legítimo y utilizado continuamente en el tráfico mercantil”. “Es una situación en la que concurren dos normas a aplicar, pero que no persigue un resultado prohibido y que además deja en manos de la sociedad la capacidad de auto organización para que pueda decidir si nombra un consejero delegado o un apoderado e incluso podría llegar a simultanearlas”, señalan fuentes municipales.

Por otro lado, el mismo gobierno local afirma que el consejero apoderado de Ememsa no ha utilizado sus poderes y que “a pesar de no cobrar nada por su labor está realizando un excelente trabajo que ha permitido pasar de casi un millón de euros de pérdidas a una previsión de beneficios para este año”.

También dice que se está a la espera del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial por el que se solicita la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y declarando ajustado a derecho el otorgamiento de poderes al consejero de Ememsa, pero que  “en caso de no producirse dicha revocación se acatara lo que diga la autoridad judicial”.

El gobierno municipal ha explicado, por otro lado, que el Juzgado de lo Mercantil ha emitido un auto aclarando la sentencia dictada el pasado 31 de mayo de2012 apetición de la parte demandante, en este caso el PSOE. En el mismo apunta que dice que  “es un auto aclaratorio que no añade nada nuevo a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en mayo”.