El jerezano Antonio Fernández, implicado en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, ha solicitado una pensión alimenticia de algo más de 1.800 euros mensuales para hacer frente a “sus necesidades más básicas”. El exconsejero ha alegado ante la juez que “de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia”.  Leer noticia completa

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8.783.898,15 euros a los seis hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos imputados en la causa, que deberán hacer frente a dicha cantidad con carácter solidario. En un auto notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone dicha fianza civil a Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero y declara la responsabilidad civil subsidiaria de Zoilo Ruiz Mateos S.L., Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes. 

La magistrada considera que, tras la adquisición por parte del Grupo Nueva Rumasa del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) en el año 2003, los seis hermanos, junto a su padre también imputado en la causa, “se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretenderían con evidente ánimo de lucro la financiación de la Junta”.

De este modo, “contactaron” con el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, quien “se comprometió a conseguirles” la financiación para el ERE de esta empresa y de otras del grupo “mediante el uso de sus influencias a cambio del abono de una prima de 600.000 euros por cada ERE conseguido”, por lo que, además del ERE de Europa Center –Hotel Cervantes–, la Junta financiaría las prejubilaciones de Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista, entidad a la que la Junta financió las prejubilaciones de dos ERE, y los ERE de Zoilo Ruiz-Mateos.

La juez sostiene que todos los pagos a Lanzas “fueron efectuados en ‘B’, mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros”, siendo los sobres “retirados personalmente por Lanzas o por su compañera”.

Al hilo de ello, la magistrada señala que las cantidades efectivamente abonadas por IFA/IDEA, con cargo al programa presupuestario 31.L en concepto de ayudas sociolaborales a las empresas del grupo, ascendieron a 21,9 millones de euros.

En relación a Europa Center –Hotel Cervantes–, la juez dice que los hermanos Ruiz-Mateos “conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas suscritas” de dos ‘intrusos’ que “fueron contratados pocos meses antes de solicitar el ERE y que eran antiguos trabajadores de empresas distintas también pertenecientes a la familia Ruiz-Mateos”.

En igual sentido, y respecto a Dhul, Alaya asegura que el ERE estuvo precedido de la firma de un protocolo de colaboración entre el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el director comercial de Dhul, Rafael Carvia, por el que la Junta “se comprometía” a financiarlo.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha librado un exhorto al juzgado decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a fin de que, a la vista del informe médico aportado, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos sea reconocido por un médico forense “para que informe si el mismo puede comparecer” en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a fin de recibirle declaración como imputado “atendidas sus condiciones físicas y cognitivas”. En un auto la magistrada Mercedes Alaya toma esta decisión después de que el abogado de Ruiz-Mateos, Marcos García-Montes, haya elevado un escrito al Juzgado en el que asegura que su cliente “sufre graves problemas físicos y de salud que le imposibilitan desplazarse” a Sevilla, por lo que pide que se le tome declaración en los juzgados de Pozuelo de Alarcón “al ser el mismo el más cercano a su lugar de residencia”. En el auto, la juez acuerda también suspender “por ahora” la comparecencia de los peritos de la Intervención General del Estado prevista inicialmente para el próximo 1 de abril.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, citó este miércoles a declarar como imputado a José María Ruiz-Mateos por la inclusión de ‘intrusos’ en varios ERE del grupo Nueva Rumasa. El empresario jerezano no ha acudido a los juzgados. Quien sí lo ha hecho ha sido su hijo Zoilo Ruiz-Mateos. Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, ya que él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas. Leer noticia completa

Nuevo varapalo judicial para el ex consejero de Empleo de la Junta, el jerezano Antonio Fernández. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de tres pisos en Jerez, todas sus cuentas bancarias y un garaje con trastero, ubicado también en Jerez, al ex consejero a fin de hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 807 millones que le impuso la juez Mercedes Alaya.

Cabe recordar que el Juzgado ya le embargó la indemnización por su despido de González Byass, pero, ya que esta cantidad (31.400 euros) es insuficiente” para cubrir la fianza civil, ha decretado ahora el embargo de los reseñados bienes. También decreta además el embargo telemático de los saldos de las cuentas bancarias que ostente Fernández y las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.

Alaya imputó al ex consejero cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil. Antonio Fernández entró en la cárcel de Morón el 24 de abril de 2012 y permaneció allí hasta el día 10 de agosto de ese mismo año, cuando pudo abandonarla tras pagar una fianza de 450.000 euros.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.

El propietario de la aseguradora jerezana Uniter, José González Mata, forma parte del más de centenar de imputados por el famoso caso de los ERE andaluces. Ahora, los administradores judiciales de la empresa han solicitado a la jueza, Mercedes Alaya, que declare a ésta en concurso de acreedores bajo el argumento de que prácticamente toda su actividad se sustentaba en los expedientes financiados por la Junta de Andalucía. Como ha podido saber este medio por fuentes de la investigación, la aseguradora sufre un déficit de más de 320.000 euros y ha despedido a todos los empleados a su cargo, dada la drástica reducción del volumen de trabajo, algo en lo que inciden los administradores para solicitar el concurso. Leer noticia completa

La jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos. Fuentes judiciales informaron de que, en un auto del pasado 31 de julio, la juez Alaya ha decidido imputar a intrusos y empresarios citados en seis informes de la Guardia Civil sobre las ayudas de la Junta de Andalucía. Entre ellos han sido imputados Javier y Pablo Ruiz Mateos por el ERE del Hotel Cervantes de Málaga, propiedad del grupo empresarial familiar. Además han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Ovejuna, SOS Cuétara, Saldauto, Interur y Cespa

La jueza que investiga los ERE falsos ha decretado este martes prisión para el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros. Aunque la fiscalía anticorrupción había pedido prisión incondicional sin fianza, la jueza Mercedes Alaya ha decidido fijar la fianza en 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Audiencia Provincial de Sevilla al decidir dejar en libertad a varios imputados.

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.