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Piden a la jueza Alaya que declare el concurso de acreedores para Uniter


El propietario de la aseguradora jerezana Uniter, José González Mata, forma parte del más de centenar de imputados por el famoso caso de los ERE andaluces. Ahora, los administradores judiciales de la empresa han solicitado a la jueza, Mercedes Alaya, que declare a ésta en concurso de acreedores bajo el argumento de que prácticamente toda su actividad se sustentaba en los expedientes financiados por la Junta de Andalucía. Como ha podido saber este medio por fuentes de la investigación, la aseguradora sufre un déficit de más de 320.000 euros y ha despedido a todos los empleados a su cargo, dada la drástica reducción del volumen de trabajo, algo en lo que inciden los administradores para solicitar el concurso. Leer noticia completa

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La jueza Alaya imputa ocho delitos al dueño de Uniter


La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.

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Condenan a 8 años de cárcel y a pagar una indemnización de más de 2 millones de euros al ‘estafador del seguro’


El caso del conocido como ‘el estafador del seguro’ fue de los más sonados en 2009, cuando Carlos B. N. fue detenido y trasladado a prisión por una presunta estafa. La enorme cantidad de perjudicados (82) y del dinero defraudado dio relevancia a un procedimiento que ha culminado con una condena de 8 años de prisión para el principal acusado, y una absolución para el que fue juzgado como presunto colaborador de éste. Además, deberá afrontar en solitario el pago de indemnizaciones que en su totalidad superan los 2 millones de euros. Así lo ha decidido la titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez, Lourdes Marín, que absuelve a su vez a la aseguradora AXA de cualquier tipo de responsabilidad civil. En el fallo, al que este medio ha tenido acceso, la jueza relata cómo el condenado era agente de seguros de British Life en 1997 cuando pasó a desarrollar esta actividad para AXA, a través de la entidad mediadora Asegur.

En concreto, su compromiso con la nueva compañía se centraba en un periodo de formación mínimo de tres años, durante el que debía ejercer las funciones de gestión de contratación tanto de seguros como de otros productos de ahorro e inversión. En ese tiempo llegó a conseguir una importante cartera de clientes, hasta que en junio de 2000 expiró su contrato al no haber alcanzado los objetivos mínimos exigidos por la compañía. No obstante, como existían pólizas aún pendientes de vencimiento la baja no se hizo efectiva hasta un año después. En enero de 1999, sin embargo, Carlos B. N. inició una relación profesional con Guardian Glass Express a pesar de que esta aseguradora le requería exclusividad, y sin notificárselo tampoco a AXA. A partir del año 2004 es cuando el condenado comienza a realizar contratos utilizando su consolidada cartera de clientes “con la intención de obtener un beneficio injusto”.

Lo concertado se correspondía con productos ofertados por ambas aseguradoras, a las que nunca dio curso de sus actividades llegando incluso a identificarse como agente de AXA y a presentar impresos oficiales de la entidad “para dar mayor credibilidad”. Con el fin de ganar la confianza de los supuestos beneficiarios, el procesado llegó a participar en varios contratos reales con las mencionadas compañías, limitándose a entregar la solicitud de los clientes mientras que éstos realizaban la correspondiente transferencia a la empresa, que emitía entonces la póliza . En los contratos fraudulentos, por contra, las cantidades eran entregadas en metálico y en algunas ocasiones ni siquiera llegaron los interesados a recibir una póliza ni información del producto. En muchos de los casos el agente regalaba pequeños electrodomésticos o televisores al cliente, dándose la circunstancia de que éste debía abonarlos y luego pasarle una factura que él nunca terminó de pagar.

Por todo este entramado de engaños, los perjudicados abonaron diversas cantidades que en algunos casos rozan los 180.000 euros, con lo que han quedado en difícil situación económica o han perdido la mayor parte de sus ahorros, como pone de relieve la propia jueza. Un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad documental por los que Carlos B. N. ha sido condenado a 8 años de prisión y una multa de 200 euros diarios durante 15 meses. Además, deberá restablecer a cada perjudicado las cantidades que éstos abonaron con la suma de los intereses devengados, lo que como ya se ha mencionado supera los 2 millones de euros. En cuanto a su presunto colaborador, la magistrada lo absuelve al entender que se limitó a facilitar una cuenta en la que el condenado iba dejando los depósitos sin conocer el origen ilícito del dinero. De igual modo absuelve a la aseguradora AXA, representada en el procedimiento por el bufete de abogados Campoamor, al entender que no tomó parte en la actividad fraudulenta y por tanto no debe hacer frente a ningún tipo de responsabilidad civil.

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Las jubilaciones ‘millonarias’ de los altos cargos de Bomberos, bajo sospecha


La sentencia 337/2010 del Juzgado de lo Laboral número 2 de Sevilla ya estableció un precedente, cuando desestimó la circunstancia de que altos cargos del Consorcio de Bomberos pudieran ser calificados como personal de extincion de incendios. Ahora, la problemática vivida en la provincia vecina se ha trasladado a estas tierras a raíz de una denuncia que han querido poner de relieve fuentes profesionales, advirtiendo de la “presunta estafa” en que a su juicio se estaría incurriendo con el sistema de pensiones de los directivos del Consorcio gaditano. Como consta en el Real Decreto 383/2008, los bomberos tienen derecho a una jubilación anticipada debido a los índices de penosidad en los que desarrollan su trabajo, además de los requerimientos físicos que se exigen para su ingreso en el Cuerpo.

Por estas condiciones especiales, los funcionarios que lo deseen pueden acogerse a la jubilación anticipada a los 60 años, lo que se concretará a través de una póliza suscrita con la compañía de seguros Aviva en virtud del convenio regulador vigente. Los beneficiarios de esta medida será todo el personal ‘operativo’, lo que los funcionarios entienden por bomberos, cabos y sargentos sometidos a turno rotativo. Aquí es donde radica precisamente el quid de la cuestión: existen otras categorías profesionales, encuadradas en la escala técnica-directiva, que no podrían englobarse en este personal ‘operativo’ según las fuentes consultadas, ni tendrían por tanto la opción de beneficiarse de esta jubilación anticipada.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que parte de esos directivos se han “recalificado” convirtiéndose en ‘operativos’ con al menos 15 años de cotización, con el fin no solo de retirarse a los 60 años, sino también de cobrar la pensión oficial de la Seguridad Social más la póliza del seguro Aviva. De esta forma, tendrían unos salarios brutos equivalentes a su sueldo en activo, mientras que si no se hubieran acogido a esta medida cobrarían la pensión pública máxima, estipulada en 2.522,89 euros. En el caso del gerente, por ejemplo, si se incluyera en esta jubilación anticipada se embolsaría cada mes alrededor de 9.300 euros, equivalentes a esa pensión máxima de la Seguridad Social más la de Aviva, de unos 6.800 euros.

Las fuentes consultadas afirman que esta “presunta estafa” se ha llevado a cabo con la connivencia de algunos líderes sindicales, que habrían resultado supuestamente beneficiados por el sistema de jubilación anticipada. En total, concluyen con que fueron 2,4 millones de euros los que la aseguradora pagó en 2010 por estas pensiones “irregulares” que, siguiendo la estela de lo ocurrido en Sevilla, podrían acabar en los tribunales.

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