El propietario de la aseguradora jerezana Uniter, José González Mata, forma parte del más de centenar de imputados por el famoso caso de los ERE andaluces. Ahora, los administradores judiciales de la empresa han solicitado a la jueza, Mercedes Alaya, que declare a ésta en concurso de acreedores bajo el argumento de que prácticamente toda su actividad se sustentaba en los expedientes financiados por la Junta de Andalucía. Como ha podido saber este medio por fuentes de la investigación, la aseguradora sufre un déficit de más de 320.000 euros y ha despedido a todos los empleados a su cargo, dada la drástica reducción del volumen de trabajo, algo en lo que inciden los administradores para solicitar el concurso. Leer noticia completa

La jueza que investiga los ERE falsos ha decretado este martes prisión para el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros. Aunque la fiscalía anticorrupción había pedido prisión incondicional sin fianza, la jueza Mercedes Alaya ha decidido fijar la fianza en 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Audiencia Provincial de Sevilla al decidir dejar en libertad a varios imputados.

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.