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Alaya impone una fianza de casi 8,8 millones de euros a seis hijos de Ruiz-Mateos por el caso de los ERE


La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8.783.898,15 euros a los seis hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos imputados en la causa, que deberán hacer frente a dicha cantidad con carácter solidario. En un auto notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone dicha fianza civil a Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero y declara la responsabilidad civil subsidiaria de Zoilo Ruiz Mateos S.L., Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes. 

La magistrada considera que, tras la adquisición por parte del Grupo Nueva Rumasa del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) en el año 2003, los seis hermanos, junto a su padre también imputado en la causa, “se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretenderían con evidente ánimo de lucro la financiación de la Junta”.

De este modo, “contactaron” con el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, quien “se comprometió a conseguirles” la financiación para el ERE de esta empresa y de otras del grupo “mediante el uso de sus influencias a cambio del abono de una prima de 600.000 euros por cada ERE conseguido”, por lo que, además del ERE de Europa Center –Hotel Cervantes–, la Junta financiaría las prejubilaciones de Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista, entidad a la que la Junta financió las prejubilaciones de dos ERE, y los ERE de Zoilo Ruiz-Mateos.

La juez sostiene que todos los pagos a Lanzas “fueron efectuados en ‘B’, mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros”, siendo los sobres “retirados personalmente por Lanzas o por su compañera”.

Al hilo de ello, la magistrada señala que las cantidades efectivamente abonadas por IFA/IDEA, con cargo al programa presupuestario 31.L en concepto de ayudas sociolaborales a las empresas del grupo, ascendieron a 21,9 millones de euros.

En relación a Europa Center –Hotel Cervantes–, la juez dice que los hermanos Ruiz-Mateos “conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas suscritas” de dos ‘intrusos’ que “fueron contratados pocos meses antes de solicitar el ERE y que eran antiguos trabajadores de empresas distintas también pertenecientes a la familia Ruiz-Mateos”.

En igual sentido, y respecto a Dhul, Alaya asegura que el ERE estuvo precedido de la firma de un protocolo de colaboración entre el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el director comercial de Dhul, Rafael Carvia, por el que la Junta “se comprometía” a financiarlo.

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La juez Alaya imputa a José María Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo


La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.

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