Niños de nueve colegios jerezanos se benefician desde este pasado lunes de las tres comidas al día gratis incluidas en el decreto de solidaridad y garantía alimentaria que ha puesto en marcha el gobierno andaluz. Además de almorzar en el comedor, estos menores se llevan a casa una bolsa que incluye la merienda de ese día y el desayuno de la jornada siguiente.

En general, esas bolsas -que se les reparten al salir del comedor- incluyen un brick de leche o batido, una pieza de pan envasada, algo de chacina también envasada, una fruta y un paquete de galletas para esas dos comidas. De momento, la medida ha empezado en los colegios ubicados en zonas de transformación social y se extenderá a otros centros donde se detecten necesidades el próximo curso. En Jerez esas áreas son la Zona Norte (San Benito y Las Torres) y la Zona Sur. Algunos de estos colegios tienen hasta 100 alumnos incluidos en este nuevo programa. En toda Andalucía son 11.000 los niños que disponen de este recurso desde esta misma semana.

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El Servicio Municipal de Aguas de Jerez (en manos de la empresa Aqualia) ha emitido hoy un comunicado para informar a todos sus clientes que desde el 1 de mayo es de obligada aplicación la subida de la cuota variable del Canon Autonómico de Depuración de la Junta de Andalucía en toda la región.

Es decir, que habrá una ligera subida de la factura que, como recalcan desde la concesionaria, “está establecida por Ley por la Junta de Andalucía, ya que este impuesto es ajeno a la propia empresa suministradora y al Ayuntamiento de Jerez, y por tanto no tiene nada que ver con el cambio en el modelo de gestión del Servicio Municipal de Aguas“.

Eso supondrá un aumento aproximado de la factura que puede variar entre los 10 y los 31 céntimos de media al mes, más el IVA. Así, para una familia de dos miembros, tomando como referencia un consumo de 143 litros por habitante y día, que es la media andaluza que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE), se aplicará un importe adicional de 10 céntimos, en una familia de tres miembros bajo el mismo supuesto será de 18 céntimos, y para una de cuatro miembros de 31 céntimos.

Tal como ha explicado la empresa, este impuesto autonómico, que se viene aplicando desde 2011 a todos los andaluces, consta de una cuota fija de un euro al mes por vivienda, importe que permanece igual, y una cuota variable en función del consumo de agua que el cliente realice. La aplicación de esta cuota variable se viene haciendo de forma progresiva cada año hasta que en 2015 se llegue al 100% de la tarifa final establecida por la Junta de Andalucía. De esta manera, desde el 1 de mayo de 2012  hasta el 30 de abril de 2013 se venía aplicando el 45% de esta tarifa, y desde el pasado 1 de mayo está siendo el 60%.

Desde Aqualia también han insistido en que a pesar de que en la factura de agua aparece bajo titularidad de Aquajerez S.L., “este canon constituye un impuesto de la Junta de Andalucía, al que están obligados todos los usuarios de agua de las redes de abastecimiento, sean estos domésticos o industriales. Y toda entidad suministradora, sea esta pública, mixta o privada, está obligada por la Ley de Aguas de Andalucía a aplicar y recaudar el canon para ingresarlo en su totalidad a la Junta de Andalucía de forma semestral”.

Unas 900 familias jerezanas esperan a día de hoy la resolución de sus solicitudes para recibir el salario social, un trámite que se puede tramitar desde el Ayuntamiento (también desde la administración autonómica) y que resuelve la Junta de Andalucía. “Si la Junta no tardara hasta 15 meses en responder, no habría lista de espera”, asegura la delegada de Políticas Sociales, Isabel Paredes. Según ha explicado en rueda de prensa, “quedan expedientes por resolver del año 2012″.

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La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada de la delegada Bienestar Social y Salud, Isabel Paredes, ha presidido la firma de tres convenios de colaboración con las entidades Asociación Sinfonía Mediación, Mediante y Asociación ADR-Promedia Mediadores de Conflictos para la aplicación de la mediación familiar en el municipio. El Ayuntamiento de Jerez quiere, de esta manera, ofrecer y fomentar el acceso a programas y servicios de mediación familiar de forma gratuita, en el ámbito de los servicios sociales, como un recurso eficaz para resolver conflictos, reforzar las relaciones familiares y sociales, y asegurar la protección integral de los menores. Por parte de las asociaciones han suscrito el convenio Mónica Botas González, presidenta de Sinfonía Mediación; Josefina Benítez Duarte, presidenta de Mediante, e Isabel Gómez Chacón, vicepresidenta de la Asociación ADR-Promedia Mediadores de Conflicto.

La firma de estos convenios fue acordada en Junta de Gobierno el pasado 12 de abril. Cabe recordar que el Pleno del 25 de octubre de 2011 aprobó una propuesta en la que se  instaba a la Junta de Andalucía a que activase el servicio de mediación posibilitando su acceso a las familias que cuentan con escasos recursos. La delegada ha recordado el importante retraso que registra Jerez y Andalucía en la implantación de este servicio a pesar de contar con una Ley de Mediación: “Llevamos diez años de retraso respecto a otras comunidades autónomas. Nos parece primordial contar en Jerez con centros de mediación familiar públicos o al menos subvencionados por la Junta de Andalucía”.

Este servicio de mediación permitirá intervenir en conflictos intrafamiliares. Isabel Paredes ha añadido que “somos una ciudad con una alta conflictividad social y familiar. Según datos del propio CGPJ se producen el 30 por ciento de todos casos de confrontación familiar que se producen en la provincia. Creemos, por tanto, que es sumamente necesario este servicio de mediación”.

El Ayuntamiento quiere coordinarse con otras instituciones y sumar esfuerzos para dar una respuesta acorde a las necesidades, no sólo de menores, sino también desde todos los ámbitos. “Ahora se crearán mesas de seguimiento para coordinarnos con otras instituciones y unir y sumar esfuerzos en todas las parcelas que afectan a los menores; para ir todos de la mano a la hora de dar respuestas”.

En el convenio, que tiene una vigencia de dos años, el Ayuntamiento se compromete a facilitar a las asociaciones firmantes el uso de sus instalaciones (Centros de Servicios Sociales) para intervenir con los casos derivados. “No sólo cedemos las salas sino que contribuimos a crear cultura de mediación”, ha afirmado la delegada. También el Consistorio colaborará en la organización de las jornadas formativas e informativas y demás actuaciones, que las asociaciones realicen en el marco del convenio, para lo que pondrá a su disposición instalaciones, personal técnico municipal, y  medios de difusión necesario.

Las asociaciones, por su parte, gracias a este convenio intervendrán gratuitamente con aquellas familias que los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento les deriven con equipos multidisciplinares formados por un trabajador social, un  psicólogo y un abogado. Asimismo, las asociaciones organizarán jornadas formativas e informativas y otras actuaciones, dirigidas a la población en general y a colectivos específicos, para dar a conocer la mediación familiar.

Josefina Benítez ha señalado que es fundamental que la ciudadanía de Jerez sepa que hay otras formas de resolver los conflictos que no sea por medio de la vía judicial sino por la mediación. “Con este convenio se hace un impulso grande desde la Delegación de Bienestar Social para que se pueda contar con este servicio”. Mónica Botas ha subrayado que gracias al convenio los ciudadanos de Jerez van a poder tener a  su alcance de un servicio de mediación y que las partes puedan resolver los “conflictos de manera pacífica, desde una perspectiva global, que significa  gestionar adecuadamente las emociones  y facilitar la comunicación; desde la mediación se pretende que la comunicación sea sana. Pero sobre todo, que cale en la sociedad la cultura de la paz, no podemos judicializar todos y cada uno los asuntos en los que nos vemos inmersos”.

El Partido Popular de Cádiz, a través de su parlamentario andaluz Rafael Ruiz Canto, anuncia una interpelación al Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la Comisión del ramo a que acometa las obras que “garanticen el buen funcionamiento de la presa de Guadalcacín”.

Afirma que realiza esta pregunta en el Parlamento tras “haber detectado en los meses de lluvias problemas y riesgos derivados del desagüe del embalse que provocaron inundaciones en las localidades aledañas a la presa”. Es por ello por lo que se pide al consejero de Medio Ambiente que acometa todos los trabajos que sean necesarios para que la presa de Guadalcacín funcione de “manera correcta y segura”.

También reclama que se tomen las medidas necesarias para que se lleve a cabo “una vigilancia de todos los instrumentos que conforman la presa con el objeto de asegurar su buen funcionamiento y la seguridad de todos los vecinos”. Y ello pasa, asegura Ruiz Canto, por “finalizar el proyecto de adecuación del embalse, no solo en el interior de la presa sino también en los cauces y en todo lo que conlleva el desagüe de la misma”.

El jerezano Borja Plaza ha estado dando clases durante tres años en diferentes institutos de Andalucía y este curso, tras más de 100.000 kilómetros a sus espaldas para cumplir su tarea, engrosa la larga lista de 4.500 docentes interinos que se han quedado en casa sin trabajo en toda la comunidad. “Hemos pasado de ser profesores al abandono total, a la pobreza. Es un drama para muchos compañeros”, asegura desde el encierro que mantiene el colectivo en el IES Las Aguas, en Sevilla, desde el pasado viernes 17, organizado por la Plataforma de Docentes Interinos Andaluces.

“Hemos decidido emprender la lucha nosotros solos porque nadie nos representa. No tenemos respuesta de un gobierno andaluz que se dice tan de izquierdas y que abogaba por la educación y la sanidad”, lamenta desde el salón de actos del centro sevillano donde ha pasado la noche sobre colchones. “Queremos una solución real a este problema. Los profesores no somos kleenex que se tiran cuando ya no sirven. Para llegar hasta aquí hemos recorrido un camino muy duro, con oposiciones y formación continua. La Consejería nos ha utilizado y ahora nos abandona”, insiste.

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Juan Valderas tiene problemas de movilidad desde 2008 y su casa se ha convertido en una trampa. Situada en una cuesta salvada por escalones y una estrecha y empinada rampa sin baranda, este vecino de Vistalegre no puede salir a dar un paseo sin la ayuda de su esposa. Él, al igual que otros habitantes de la zona, ya se ha caído varias veces porque no tiene donde agarrarse. Esta calle que, precisamente, no tiene siquiera nombre oficial, es uno de los puntos negros de una barriada donde muchos de sus vecinos son mayores y padecen especialmente los problemas de accesibilidad.

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La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio Urbano de Transportes en Automóviles Ligeros en la ciudad, que deberá ser ahora aprobada inicialmente en sesión plenaria.

El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha señalado que esta ordenanza viene “a concretar aspectos de competencia municipal de ordenación y gestión en materia de taxi que no vienen recogidos en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en febrero del año pasado”. “Recoge aquellos supuestos no suficientemente desarrollados en el nuevo Reglamento según nos han transmitido los propios representantes del sector”, apostillo. En el propio reglamento venía recogido que los ayuntamientos tenían un plazo de 15 meses para adaptar sus ordenanzas.

En la ordenanza municipal se da concreción a las competencias municipales de ordenación  y gestión en la materia de taxi, y, en particular, a cuestiones como el ejercicio municipal del derecho de tanteo en las transmisiones de licencia, las consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la licencia en el visado o en otra comprobación municipal o los supuestos de revocación de licencia, o del certificado municipal de aptitud para la conducción.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado que el Ayuntamiento de Jerez se adhiera al decreto contra la exclusión social promovido por la Junta de Andalucía. La delegada de Bienestar Social e Igualdad, Isabel Paredes, ha reiterado al respecto “la necesidad” de que el ente autonómico dote de “suficiente financiación” a este programa y ha expresado la predisposición del Consistorio a  participar y colaborar en el desarrollo del citado decreto.

Paredes ha explicado igualmente que el Ayuntamiento está trabajando desde la publicación del decreto para ver qué aportaciones puede realizar “para mejorar y atender a los ciudadanos de acuerdo a las necesidades reales que presentan”.

Igualmente, ha pedido que “se implique a las instituciones señeras en políticas sociales, ´como Cáritas, Cruz Roja o el Comedor de El Salvador, que están realizando un magnífico trabajo y que conocen perfectamente la situación real de los ciudadanos”.

PLAN ESTRATÉGICO

Recuerda asimismo que el gobierno municipal ha aprobado un Plan Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión que “se adapta a la realidad social” con programas específicos y 191 medidas concretas. Contempla el desarrollo de programas en materia de infancia, violencia de género, igualdad de oportunidades, mayores y familia “con el objetivo de reducir el retroceso que se ha vivido en la ciudad en política social, adaptándose a las nuevas necesidades de la vida diaria”.

El mediodía de este lunes se ha alcanzado un acuerdo en  la sede jerezana del Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), entidad adscrita a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, relativo al conflicto laboral del centro de acogida San José de Jerez, que ha permitido desconvocar la huelga prevista a partir de hoy. Dicho conflicto, que cuenta con 103 trabajadores afectados, se debía al bloqueo en la negociación del convenio colectivo de dicha entidad, así como la prórroga de la ultraactividad del convenio – la ultraactividad es el mantenimiento de la vigencia de un convenio hasta que se logra firmar otro que lo sustituya-.

La mediación de este lunes, que se ha prolongado durante dos horas y media, se ha cerrado con tres puntos principales en su acuerdo. Las partes confrontadas mantendrán una primera reunión este miércoles, día 15, con carácter urgente para estudiar la ampliación de la ultraactividad de su convenio colectivo y, de esta manera, tener mayor margen de tiempo en la negociación de un texto nuevo. En segundo lugar, se ha fijado como calendario de reuniones los próximos cuatro jueves para tratar en ellas los distintos asuntos relativos al contenido del convenio que vayan determinando las partes. Dichas cláusulas han permitido la desconvocatoria de la huelga planteada por la plantilla, el tercero de los puntos recogidos por el acta del Sercla.

De esta forma, los trabajadores han mostrado un gesto de buena voluntad hasta a ver qué ocurre el miércoles en la primera negociación con la firma de la ultractividad del convenio como punto principal. Si el Ayuntamiento acaba sin firmar el documento, la plantilla no descarta volver a iniciar el proceso para convocar una nueva huelga.