No ha tardado en saltar la polémica tras el anuncio realizado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, sobre la reestructuración de la deuda bancaria que el Gobierno facilitará al Ayuntamiento de Jerez. Así, el secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz, Francisco Menacho, ha reclamado hoy al Gobierno de la Nación el mismo trato para todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz con problemas financieros. Menacho ha criticado “el sectarismo descarado” del que hace gala el PP que “igual que sucede en la Diputación provincial, utiliza las instituciones para favorecer a los ayuntamientos de su mismo color político”.

Menacho se muestra convencido de que todos los ayuntamientos de la provincia tratan de cumplir estrictamente con los planes de ajuste impuestos por Rajoy y está seguro de que todos se han adaptado con la misma seriedad a los límites de gasto y la política de austeridad. “Por eso tienen que tener derecho a las mismas oportunidades que Jerez”, apostilla. “Todos tenemos derecho a intensas negociaciones sobre planes de ajuste, todos tenemos derecho a que consideren su esfuerzo, porque todos estamos seguros de que responderían a todos los requerimientos de documentación que se les hicieran”, indica.

A juicio del responsable de Política Municipal, “Beteta tendría que haber venido a la provincia de Cádiz a anunciar un paquete proporcional de ayudas para todos los municipios sin distinguir a Jerez y desde luego, el Gobierno tiene que establecer unos criterios claros para el acceso al segundo Plan de Proveedores de forma que sea un instrumento diligente y que mejore el primer plan que ha sido una auténtica trampa para muchos ayuntamientos”.

Menacho cuestiona que el ayuntamiento de Jerez haya cumplido tan estrictamente el plan de ajuste cuando entre las medidas implantadas ha incluido un ERE que no se ajusta a derecho y que acarreará un coste inmenso a las arcas municipales. “O a Beteta le han ocultado la realidad del ERE o hace la vista gorda ante el derroche y mal uso del dinero público porque (María José) García-Pelayo tendrá que explicar por qué los ciudadanos de Jerez van a tener que pagar ingentes cantidades de dinero para pagar a la auditora Deloitte y también por las cargas judiciales, todo ello para hacer una limpieza política en el ayuntamiento”, ha criticado.

El dirigente socialista intuye que “han mandado a Beteta para difuminar el grave error cometido por el que deberían dimitir todos”. “Por eso no ha venido a la provincia para anunciar a todos las próximas ayudas del Gobierno a los ayuntamientos, ha venido a Jerez a bendecir el ERE y a tratar de tapar el escándalo y la vergüenza que ha supuesto”, ha precisado.

En respuesta a la alcaldesa, María José García-Pelayo, Menacho le advierte de que “en el PSOE estamos legitimados para hablar del ERE y para defender a los trabajadores municipales por supuesto, mientras que el PP tiene poca legitimidad o ninguna para estar en política después de los casos Gürtel, Bárcenas y la Zona Franca en la provincia de Cádiz, ninguna legitimidad después de que la sociedad asista atónita a ver cómo la corrupción y el sectarismo recorre al PP de arriba a abajo”.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), han anunciado este sábado una reestructuración de la deuda financiera del Ayuntamiento jerezano, por un importe total de 111 millones de euros, correspondientes a la deuda a corto plazo vencida y a largo plazo.

En rueda de prensa, Beteta ha confirmado que esta es una medida más de apoyo del Gobierno de España al Ayuntamiento de Jerez tras demostrar el “estricto cumplimiento” de su Plan de Ajuste y la “seriedad y el rigor” en la gestión económica del actual gobierno local.

El secretario de Estado ha dejado también claro que esta iniciativa se engloba en un paquete de medidas concretas especiales para Jerez que se irán aplicando a lo largo del año, ya que el Gobierno es “consciente de la especial situación en Jerez y de su Ayuntamiento”.

Este paquete de medidas ha sido posible tras el “intenso trabajo” que se ha venido realizando en las negociaciones mantenidas con el Ayuntamiento jerezano, en las que este ha ido aportando toda la documentación que se le ha ido requiriendo en relación al cumplimiento de su Plan de Ajuste y sobre la gestión económica para el impulso de la ciudad.

Junto a esta medida, ha avanzado también que Jerez tendrá la oportunidad de acogerse al nuevo Plan de Proveedores anunciado por el Gobierno, por un importe de 85 millones de euros, correspondientes a las facturas pendientes de 2012, sin descartar que se puedan incluir las del primer trimestre de 2013. Esta iniciativa “contribuirá a la reactivación económica” de la ciudad al afrontar el Ayuntamiento sus pagos pendientes con proveedores.

Beteta ha destacado la importancia de estas dos medidas, que junto a las que ya se venían desarrollando por parte del Gobierno central para apoyar a la ciudad, van a permitir que el Ayuntamiento de Jerez, en una situación “muy complicada debido a una deuda de más mil millones de euros”, disponga de una capacidad financiera que le permitirá ir afrontando sus pagos con normalidad.

La consecuencia directa, según ha detallado el secretario de Estado, será “que se vaya liberando la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), lo que va a suponer un importante balón de oxígeno, ya que actualmente a Jerez le corresponden 49 millones de euros, tras el incremento aplicado por el actual Gobierno”.

Los detalles del plan

El Plan de Reestructuración de la deuda financiera incluye 89.103.000 euros de deuda a largo plazo -de los cuales 72 millones corresponden al préstamo sindicado adoptado por el anterior gobierno local socialista-, más 22.153.000 euros de deuda a corto plazo vencido.

Beteta ha explicado que esto va a permitir alargar los vencimientos de los pagos, mejorar los tipos de interés, disminuir la carga financiera, dar un periodo de carencia de dos años, y, en definitiva, este conjunto de beneficios va a significar “que el Ayuntamiento de Jerez pueda pagar lo que debe, en cómodos plazos, y con menos intereses”.

Asimismo, ha explicado que entre las medidas que van a beneficiar a Jerez, está prevista para este año la aprobación de la normativa de control de la morosidad, que obligará a las administraciones al pago de sus facturas en un plazo máximo de 30 días. Beteta ha señalado que “estamos trabajando para que no se repitan situaciones anteriores en las que se contrataba lo que no se podía pagar, porque no vamos a permitir que nadie compre lo que no puede pagar. Ya se ha acabado eso de gastar sin tener”, ha sentenciado.

“El presidente Rajoy dijo que este Gobierno iba a apoyar a Jerez y así lo está demostrando, todo ello porque el equipo de gobierno de García-Pelayo está haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo desde el primer día para sacar a esta ciudad adelante”.

Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha agradecido el apoyo del Gobierno a la ciudad y ha asegurado que estas medidas van a permitir el impulso económico de la ciudad.

La regidora jerezana ha recordado que “desde el primer día hemos estado trabajando pensando en el interés general de la ciudad y hoy, gracias a ello, ya estamos pudiendo normalizar el pago a la plantilla y en el caso de las concesionarias, este año está previsto que se pueda abordar entre el 60 y el 70 por ciento de los servicios prestados, frente a años anteriores en los que se ha abonado un diez por ciento o directamente nada”.

Finalmente, la alcaldesa ha reflexionado que el actual gobierno municipal no es “culpable de políticas equivocadas de anteriores gobiernos”. De hecho, “la soga al cuello que tenemos ahora mismo son los 72 millones del préstamo sindicado con los que supuestamente el PSOE iba a arreglar la situación de Jerez y gracias a esta reestructuración financiera vamos a poder afrontar este crédito con mayor comodidad, aplazándose el pago para cuando la situación económica general y del Ayuntamiento esté mejor”.

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Urbanismo y Movilidad, que dirige Agustín Muñoz, ha restringido un tramo de aparcamientos de la calle Medina en respuesta al interés de los comerciantes y vecinos de la propia calle.

La medida tiene el objetivo de impedir la venta de objetos de ilícita procedencia a las puertas de un establecimiento de compra-venta de artículos de segunda mano ya que, según denunciaron los vecinos y comerciantes de la calle Medina en la Mesa Local de Seguridad, se estaban dando casos de conductores que estacionaban sus vehículos junto a la entrada del citado comercio y desde el mismo procedían a la venta de sus objetos a los viandantes.

Ante tal situación, la Policía Local en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía estableció un plan especial para perseguir la venta de objetos de dudosa procedencia en tal zona. Cabe destacar en este aspecto que es legal la venta entre particulares de objetos propios mediante acuerdo económico o trueque mientras que es ilegal la venta de objetos robados o de procedencia ilícita.

El segundo teniente de alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, entiende que “hemos respondido a lo planteado en la Mesa Local de Seguridad y trasladado a Movilidad lo que los vecinos y comerciantes nos han planteado. Se ha adoptado esta medida disuasoria de prohibir el aparcamiento para impedir que haya “mercadeo” de presuntos objetos robados o de procedencia ilícita a las puertas de un establecimiento de compra-venta de artículos de segunda mano que indudablemente uno de los más perjudicados con esta práctica”.

Los comerciantes y vecinos de la calle Medina, como explica el delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, “en la solución a esta problemática nos plantearon la prohibición de estacionamiento bien con una zona de parada de taxis o con la colocación de balizamientos. Estaban de acuerdo con la adopción de una u otra medida los comerciantes y vecinos, y así lo firmaron por escrito”.

Según las fuentes municipales, finalmente se ha optado por el balizamiento “dado que la ubicación de una parada de taxis no resolvería el problema porque los vehículos con la finalidad de vender sus objetos podrían tener espacio en esta parada en caso de ausencia de taxis, aún estando prohibida la parada y el estacionamiento en esta nueva zona”.

El Ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Hacienda 289 facturas pendientes de pago a proveedores cuyo montante total asciende a 32.087.820 euros. De esta manera, el Consistorio acoge a la ampliación del Plan de Pago a proveedores aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero, por el que los proveedores pueden cobrar, a través del mecanismo de financiación y a partir del mes de junio, las facturas pendientes de pago con fecha anterior al 1 de enero de 2012.

En este nuevo listado se incluyen facturas antiguas de otros gobiernos municipales como una de más de 3 millones de euros correspondientes a Jerez 2002, quedando aún pagos pendientes; además, se han remitido facturas por más de 22 millones de euros correspondientes a la deuda con Cojetusa, la antigua concesionaria de transportes urbanos. También hay cerca de 100.000 euros que quedaron pendientes de otras legislaturas por eventos como la celebración del Espárrago Rock e incluso de la Parada Hípica de 2007.

El Ayuntamiento puntualiza que de estos 32 millones un total de 18,4 millones se destinan a entidades bancarias, si bien corresponden a facturas que estos bancos tienen endosadas por parte de las empresas proveedoras, como es el caso de parte de la deuda con Cojetusa, Espárrago Rock, Jerez 2002, entre otros. Por tanto, el pago se destina a saldar la deuda que el Ayuntamiento mantenía con estas empresas. En este sentido, hay que recordar que el pago a proveedores está dirigido en su totalidad a saldar deuda comercial, y en ningún caso deuda financiera, tal y como se establece en el Real Decreto. Esta deuda comercial incluye facturas que han sido endosadas por los proveedores a bancos, mediante operaciones de cesiones de crédito, que siguen siendo deuda comercial.

Desde el gobierno municipal han recordado que el Consistorio se acogió en 2012 al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno central, remitiendo tres listados de facturas que, entre mayo y julio, ascendieron a un total de 325.550.058,53 euros, siendo el segundo Ayuntamiento de España y el primero de Andalucía por volumen de deuda acumulada.

Hacen hincapié además en que el caso de Jerez fue muy complejo, debido principalmente al volumen de facturas y la antigüedad de las mismas, ya que en algunos casos se remontaba incluso a los años 90.

La ampliación del Pago a proveedores, aprobada por el Consejo de Ministros en más de 2.628 millones incluido en el Real Decreto Ley de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo incluye, como principal novedad, nuevos tipos de contratos que pueden acogerse a estos créditos ICO, las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los convenios, los contratos de arrendamiento de inmuebles, los contratos de colaboración público-privada así como determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.

El Ayuntamiento de Jerez, cumpliendo con sus compromisos, ha realizado pagos por un importe total de 4,9 millones de euros, en los primeros cinco días del mes de abril. Entre las cantidades ingresadas, el Ayuntamiento ha realizado hoy un pago a Urbanos Amarillo de 250.000 euros, tal y como se comprometió con la empresa que presta el servicio de transporte público en la ciudad.

Asimismo, ha hecho frente al compromiso adquirido conforme al acuerdo alcanzado el pasado 22 de marzo en el Sercla, y ha abonado 125.000 euros a Jecomusa, la empresa que gestiona los medios de comunicación municipales. Igualmente, el Consistorio se ha puesto al día con los empleados del Ayuntamiento y ha liquidado el resto de la nómina de febrero y la nómina completa de marzo, lo que ha supuesto un desembolso de 3,6 millones de euros.

También, hoy el Ayuntamiento, entre otros pagos realizados, ha efectuado una primera transferencia a las pedanías por valor de 50.000 euros. Además, la próxima semana efectuará un ingreso adicional de 60.000 euros.

El sindicato CC OO en Jerez ha anunciado que a raíz de una denuncia presentada contra la empresa Acasa, concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, ante la Inspección Provincial de Trabajo por el impago reiterado de nóminas durante los dos últimos años (2012 y 2013), han logrado que la autoridad laboral levante un acta de infracción contra esta adjudicataria con el requerimiento de que “de forma inmediata efectúe el pago de las nóminas pendientes de forma puntual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo antes del 5 de cada mes”.

A este respecto, el sindicato ha reiterado su exigencia a la empresa de que abone todo lo que adeuda a su plantilla, y también al Ayuntamiento de Jerez para que rescate el servicio público de Ayuda a Domicilio de forma inmediata.

Tejada además, ha señalado que con los 715.000 euros que ingresó la Junta de Andalucía el pasado 25 de marzo se debían haber abonado al menos tres nóminas, incluida la extra de Navidad. “Y ahora dice Acasa que el Ayuntamiento solo ha ingresado 630.000 euros de los 715.000 abonados por la Junta”, apunta el líder sindical.

“La realidad –ha continuado el dirigente sindical- es que la empresa solo ha abonado la nómina de diciembre y la extra de Navidad, con lo que aún quedan pendientes de pagar tres salarios (enero, febrero y marzo), aparte de atrasos y liquidaciones de 2011 y 2012”.

En este punto, CC OO ha exigido “responsabilidades” ante la posibilidad de que pueda tratarse de un posible desvío por parte del Ayuntamiento, que la empresa calcula en 85.000 euros, “ya que los 715.000 euros ingresados por la Junta de Andalucía tienen que destinarse en su totalidad al servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad, y no a tapar otros boquetes municipales”, ha asegurado Tejada.

Por su parte, la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha dejado claro que el gobierno municipal del PP en ningún momento ha realizado un posible desvío fondo.

La delegada ha citado a una reunión al dirigente de CC OO para que conozca las cuentas del servicio de ayuda a domicilio y que resumen en “la deuda que tiene la Junta de Andalucía de los años 2012 y 2013, las nóminas que se han pagado gracias a la toma de razón y el esfuerzo municipal realizado para abonar los impagos durante la Alcaldía socialista”.

“Todo el dinero que la Junta transfiere se ingresa en el banco para pagar nóminas, luego no cabe  hablar de posible desvío y sí hay que hablar de un hay pago de intereses por la toma de razón por el retraso de la resoluciones y las transferencias”. En este sentido, la delegada ha apuntado que el Ayuntamiento de Jerez ya ha pagado un total 3.010.932,43 euros, gracias al nuevo convenio y a la toma de razón; de este dinero la Junta solo ha ingresado 1.295.878,4 euros. “Estamos adelantando el dinero de la Junta de Andalucía y vamos a asumir el pago de los costes financieros, que ascienden a 15.000 euros, pero nuestra prioridad es que el servicio funcione y que las trabajadoras cobren” ha afirmado.

Hace apenas una semana que el Ayuntamiento presentó ante el TSJA un recurso de aclaración sobre la sentencia dictada en torno al ERE municipal y la respuesta ha sido prácticamente inmediata: el fallo es extensivo absolutamente a todos los trabajadores despedidos. Esto implica que el Consistorio está obligado o bien a readmitir o bien a indemnizar a los 260 perjudicados y no solo a los menores de 59 años, que era lo que se preguntaba el gobierno local en un principio. A pesar de que la sentencia era cristalina en este sentido, el ejecutivo decidió solicitar una aclaración amparándose en un punto en el que el juez reconocía que el criterio de edad a la hora de decidir a quiénes afectarían los despidos sí se ajustó a Derecho. Ahora, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su fallo inicial por lo que al Ayuntamiento no le quedará otra que tomar una determinación sobre la totalidad de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, al haberse tratado de una demanda colectiva.

Una noticia que ha sido confirmada por la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que no obstante ha puntualizado que la sentencia no se hará efectiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Como se recordará, al margen de la citada solicitud de aclaración la administración local había optado también por recurrir el fallo del TSJA que declaraba que los despidos no se habían ajustado a Derecho, exigiendo la readmisión o indemnización de los perjudicados. “Hemos interpuesto el recurso de casación porque estamos convencidos de que el ERE se hizo correctamente, y defendemos esta actuación”, ha insistido la regidora, argumentando que solo cuando el Supremo desestime el recurso ratificando el fallo del tribunal andaluz, en el que caso de que lo haga, el ejecutivo tomará cartas en el asunto para ponerlo en práctica.

En ese momento será cuando el gobierno opte por indemnizar a los 260 afectados, pues la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que no contemplan su readmisión. Otro punto que García-Pelayo ha querido matizar es el carácter “declarativo y no ejecutivo” de la sentencia. Es decir, en el caso de que finalmente las indemnizaciones se vayan a hacer efectivas, cada trabajador deberá interponer una demanda a título individual en el Juzgado de lo Social, con el fin de que el juez declare su despido improcedente y solo entonces se puedan tramitar las mismas. Como confirmaron fuentes municipales, el montante total de estas cuantías se elevaría a 7 millones de euros, lo que unido a los 5 ya desembolsados por este concepto alcanzaría los 12 millones.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.

La comparación es más que acertada para explicar la situación en la que se encuentra la plantilla de Jereyssa, la empresa municipal encargada de la recaudación de impuestos y, por tanto, de recabar el dinero que sirve para hacer frente al pago de las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento de Jerez. “Somos los que generamos el petróleo, por nuestras manos pasa el dinero, pero luego nos marginan y no nos dan ni para la gasolina”.

Así se han quejado hoy a este medio desde el comité de empresa de Jereyssa, cuyos responsables han denunciado que a estas alturas de abril a los empleados de este ente no se les ha terminado de abonar la nómina del mes de febrero, “y sin embargo desde el gobierno local ya han tomado la decisión y están empezando a abonar la de marzo a los trabajadores del Ayuntamiento”.

Desde esta plantilla denuncian la discriminación que supone esta decisión que, como recalcan, afecta también a otros muchos cientos de trabajadores de otras empresas municipales, de patronatos como el Zoobotánico y de las entidades locales autónomas. “Todos tenemos familias, gastos y necesidades, y el ejecutivo ha optado por no dedicar el dinero a pagar todas las nóminas, sino a otros gastos como la luz o sabe Dios”, se lamentan.

De hecho, destacan que “no están cumpliendo los compromisos de pagar a todos por igual ni el tan mencionado criterio de prelación de pagos, porque por lo que estamos viendo para ellos solo hay que pagar en primer lugar las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento. Exclusivamente. Se ve que el resto no somos de la misma categoría”.

Por si esto fuera poco, los representantes de los trabajadores de Jereyssa ponen de relieve “lo frustrante que es que por tus manos pase el dinero, como ha ocurrido en estos meses con el plan de pago personalizados de impuestos; que sepamos lo que se está ingresando; y sin embargo luego no haya dinero para que podamos cobrar nuestro sueldo”.

Por último, reclaman al ejecutivo local que “si va a destinar el dinero a otros pagos, al menos se reúna con los comités de empresa de los entes afectados y les dé una explicación al respecto e informe de un calendario de pagos. Es lo menos que merecemos”.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.