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Vecinos de Cuartillos reciben facturas de la luz de hasta más de 1.000 euros


El viernes pasado la Asociación de Vecinos/as ‘La Esperanza’ de Cuartillos organizó una asamblea a la que asistieron como invitados representantes de Facua Cádiz para estudiar y esclarecer los motivos que han ocasionado un elevado incremento en la última factura de luz de 2014. Algunos vecinos han recibido facturas con 400, 700 y hasta más de 1000 euros en la facturación de noviembre y diciembre. Tras estudiar algunos de los casos que le había remitido previamente esta entidad vecinal, David Cifredo y Jesús Yesa, director y secretario general de Facua Cádiz respectivamente, destacaron que una de las posibles causas que perciben es que en esta barriada rural no se han realizado correctamente la lectura real del contador de la luz. Y es que, según e apuntó, si a lo largo del año se deben hacer un total de seis lecturas reales, en Cuartillos se habría realizado cinco lecturas estimadas (probablemente a la baja) y una única única lectura real en el mes de diciembre, la cual habría contabilizado el consumo real de todo el año y se habría visto reflejado, tras equilibrarse la relación de kilovatios consumidos por precio, en un incremento de la última factura del año.

Teniendo en cuenta también el consumo similar en otros años, el mal funcionamiento de algunos contadores -como señalaron algunos vecinos- y la elevada cuantía de algunas facturas, los representantes de Facua no descartaron que se hayan dado posibles casos de fraude. El director de Facua Cádiz comunicó a los vecinos que desde su asociación de consumidores se va a presentar una denuncia general tanto a Industria como a Consumo, ambas instituciones de la Junta de Andalucía, para que conste que en esta barriada rural de Jerez no se están realizando correctamente las seis lecturas reales de contadores que por ley se le exige a las compañías distribuidoras de electricidad.

De igual modo, aconsejó a los vecinos a interponer una hoja de reclamaciones con el modelo oficial de la Junta de Andalucía en la sede de sus respectivas eléctricas, para hacer más fuerza en esta demanda. Dicha jornada se convirtió también en una prolífica sesión formativa sobre el funcionamiento de las eléctricas o cómo proceder para interponer una reclamación a estas empresas. Igualmente se aconsejó a los vecinos a leer la letra pequeña de cualquier contrato y a no firmar sin asesorarse antes, ya que algunos comerciales aprovechan la ignorancia de la gente en este ámbito y por desgracia se patean el barrio con mucha más agilidad que los técnicos encargados de la lectura real de contadores.

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Una factura extra de 20.000 euros


El Xerez DFC se encuentra estos días cerrando su ejercicio económico de la pasada campaña de cara a la próxima asamblea general de socios que hoy podría ser anunciada para la próxima semana, una vez que la directiva azulina se reúne esta tarde. Leer noticia completa

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Ayuntamiento y Aqualia abordarán esta semana en una reunión los cortes de agua de la semana pasada


Sigue la controversia por los cortes del suministro de agua. Ahora es la empresa concesionaria Aqualia la que ha salido al paso para decir la suya. Y lo ha hecho a través del Ayuntamiento, al que ha confirmado que desde que se firmó el contrato de concesión administrativa del servicio de abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración se ha llegado a acuerdos con 6.237 facturas para llevar a cabo aplazamientos de pago en la factura del recibo del agua.

Por su parte, el gobierno municipal confirma que esta misma semana hay prevista una reunión entre el Ayuntamiento y Aqualia para “minimizar esta situación en la medida de lo posible, poniendo al alcance de los usuarios que se vean con dificultades los recursos disponibles”. Anuncia que, para ello, se va a trabajar, entre otros temas, en dar una mayor difusión a las bonificaciones que ofrece el Ayuntamiento en la cuota del agua que van destinadas a familias con escasos recursos, así como la posibilidad de aplazamiento en los pagos, medida que la empresa concesionaria ya está aplicando.

En relación a los cortes, el gobierno insiste en que desde los Servicios Sociales se sigue trabajando para dar respuesta a las familias más necesitadas,  si bien “es necesario una mayor difusión, ya que de la partida destinada el pasado año en concepto de estas ayudas por importe de 270.000 euros, se ejecutaron 252.000 euros, lo que quiere decir que la demanda fue menor a las previsiones”.

En este sentido,  y según la información facilitada por Aqualia, en Jerez hay actualmente 90.000 contratos, de los que se han visto afectados por cortes un 0,01 por ciento de los usuarios desde el inicio de la concesión, existiendo en la actualidad 7.000 contratos con dificultades de cobro. Y de los 7.000 contratos sólo han solicitado la bonificación 1.700 usuarios.

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Las miserias del fútbol modesto


“En esta categoría no se genera dinero, y los jugadores lo saben”. El paso del fútbol profesional al amateur, comúnmente conocido como ‘fútbol modesto’, supone un cambio abismal en cualquier Sociedad Anónima Deportiva. En el caso del Xerez, no iba a ser diferente. Leer noticia completa

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La acusación particular rebajará la petición de penas “atendiendo al principio de proporcionalidad”


Tras casi cinco horas de una sesión judicial farragosa e intensa, el abogado que representa al Ayuntamiento y por tanto ejerce la acusación particular en el ‘caso de los Asesores’ compareció ante los medios para lanzar una bomba: su petición de penas se reducirá “considerablemente”. Juan Pedro Cosano anunció así una decisión que deberá materializarse mañana viernes, durante la última jornada del juicio en la que cada parte trasladará su alegato final. “Quiero ser sensato y adecuar la actuación del Ayuntamiento al principio de legalidad y proporcionalidad -explicó-, por lo que aún sabiendo la gravedad de los hechos vamos a bajar muy considerablemente la petición de penas. Estamos ante un problema de malversación que está muy penado, pero la conducta hay que contextualizarla y no puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar a otra”. De esta forma, aunque ha asegurado que mantendrá la calificación inicial en cuanto a presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, ha confirmado que bajará drásticamente la cifra de 18 años de cárcel solicitada en un principio para Pedro Pacheco.

Una petición que no ha concretado pero que será en todo caso superior a dos años, que es el periodo a partir del cual las condenas ya implican prisión efectiva por Ley. Una decisión en la que podría haber influido el testimonio más decisivo del día, el del reputado catedrático de Derecho Administrativo José Luis Rivero, que ha comparecido a petición de la defensa del exalcalde para declarar básicamente que “los contratos de asesoramiento y confianza son discrecionales y no precisan motivación alguna, solo que se tengan competencias para celebrarlos y dinero para pagarlos”. En esta línea, el experto ha reconocido que han existido “irregularidades” como el hecho de que el contrato de José López en Speed Festival fuera solo verbal y no constara por tanto por escrito, pero que con ellas “no se ha contravenido una sola norma por lo que no hay causa de nulidad al respecto”. Rivero ha mostrado la laxitud que a su juicio reina en torno a la contratación de asesores, asegurando que hay casos en los que no se precisan los requisitos de publicidad y concurrencia e incluso que en sociedades de este tipo no tiene por qué ser aprobada por los consejos de administración, rigiéndose únicamente por sus propios estatutos.

Rivero, sin embargo, no ha sabido explicar cómo era posible que López (cuyo contrato según él era laboral, que es la única forma que permite la contratación verbal) cobrara mediante facturas como corresponde al beneficiario de un contrato mercantil. La Fiscalía y la acusación particular, por su parte, han incidido en que solo el pleno estaba legitimado para nombrar asesores, y que cualquier otra forma de contrato en el marco de las empresas municipales debía ser avalado por sus consejos de administración, cumpliendo en todo caso con los requisitos de publicidad y concurrencia que marca la ley para sociedades con dinero público mayoritario. Cada parte, en definitiva, ha facilitado una lectura contrapuesta de la legislación vigente cuya interpretación final deberá correr a cargo de la jueza. El nombramiento de los asesores ha centrado el debate hasta el punto de que la defensa ha presentado al inicio de la vista un documento que a su parecer demostraría la competencia de Pacheco para llevarlos a cabo.

EL DOCUMENTO DE LA DISCORDIA

La magistrada, Lourdes Marín, ha aceptado esta prueba documental a regañadientes por encontrarse fuera de plazo, si bien Cosano no ha mostrado objeción alguna a ello al no descartar que el documento “pudiera volverse en contra de los acusados”. El escrito, al que este medio ha tenido acceso, es un informe complementario al acuerdo plenario de diciembre de 2004 en el que PSOE y PSA establecían los puntos y normas concretas en cuanto al número de asesores por grupo, nombramientos y retribuciones. En dicho documento ‘complementario’, que data de abril de 2005, se decreta que “la Alcaldía delegará la presidencia efectiva o, en su caso, la vicepresidencia ejecutiva de los organismos autónomos y demás entidades municipales a favor de los coordinadores de cada área”. Según Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, sería este párrafo el que demostraría la legitimidad de su representado en su calidad de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa para nombrar a los asesores de sus sociedades. En el mismo escrito se fija en 2 el número de asesores que corresponderían al PSA, más otro por ostentar su cabeza de lista el puesto de teniente de alcaldesa.

Como recordó la fiscal, esos 3 cargos ya estaban ocupados por tres miembros del partido de Pacheco que fueron nombrados en virtud del pleno, por lo que éste no podría haber engrosado su lista de asesores con ninguno más. Para terminar de liar la madeja, el escrito viene acompañado de un cuadro de retribuciones en el que aparecen 4 asesores del PSA (es decir, uno más de los autorizados por el pleno) sin que tampoco figure la identidad de los titulares. En declaraciones a los periodistas tras el juicio, Meléndez lo ha justificado en que “es probable que se produjeran acuerdos sucesivos de ampliación de asesores” que no constan en la causa, reconociendo en cualquier caso que “no está nada claro”. Por lo demás, la comparecencia del resto de técnicos y personal del Ayuntamiento que se han subido al estrado en calidad de peritos no ha arrojado mucha luz sobre el asunto, dejando patente el aparente desconocimiento y vacío legal que reina en torno a la figura del controvertido asesor político.

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Pilar Sánchez se desvincula de las facturas falsas con las que presuntamente se financiaron las obras de la Casa del Rocío


Esta semana los juzgados jerezanos están registrando una actividad frenética, ya que al famoso ‘caso de los Asesores’ que se juzga en la Audiencia Provincial se ha sumado el desfile de testigos e imputados que estos días declaran en Instrucción 4, dentro del conocido como ‘caso de la Casa del Rocío’. Como se recordará, en este procedimiento la Fiscalía Anticorrupción imputa a varios responsables políticos, entre los que se encuentra nuevamente Pedro Pacheco, por sufragar presuntamente la remodelación del inmueble que posee la hermandad del Rocío de Jerez en la aldea con fondos municipales que iban destinados originariamente a obras menores, mediante la emisión de facturas falsas. En la mañana de hoy le ha tocado el turno a la exalcadesa, Pilar Sánchez, que ha comparecido como testigo negando la mayor y asegurando que no tuvo constancia de esta operación, ni fue invitada en ningún momento a la casa de la discordia como así se mencionó en su día.

José Grimaldi, el principal imputado en esta causa, fue quien reconoció haber emitido esas facturas “encargadas por dos gerentes que cumplían órdenes de arriba”, en clara alusión a la por entonces alcaldesa, afirmando que esta financiación fue un “regalo” del propio Ayuntamiento de Jerez a la hermandad coincidiendo con la campaña electoral, por una cuantía que ascendía a 500.000 euros. Sánchez, por su parte, como han confirmado fuentes del caso se ha desvinculado de todo esto negando haber tenido constancia ni participación alguna en ello. Otro de los declarantes ha sido Luis Cruz, antiguo gerente de Urbanismo, que a la salida de los juzgados ha mostrado su contrariedad por haber comparecido en calidad de imputado. “Es notable que últimamente se tome por norma el imputar a alguien que se supone que está relacionado con un caso solo para tener derecho a un abogado, con independencia de que existan razones para la acusación”, ha lamentado, puntualizando que “Grimaldi puede decir lo que quiera, pero luego estas cosas hay que demostrarlas”.

Francisco Gómez, hermano mayor del Rocío por aquel entonces, también está imputado en la causa y ha sido su letrado, Marcos Camacho, quien se ha parado a declarar ante los medios. “Éstas son las consecuencias de determinadas actuaciones políticas, y la última vía es la Justicia. Aquí es donde se deben dar o quitar razones; confiemos en que en todo caso se respete la presunción de inocencia”. Como se recordará, Grimaldi era el responsable de Jerecom, empresa acusada de beneficiarse de adjudicaciones a dedo por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo en 2007. Cuando acudió a declarar a los juzgados dentro de ese procedimiento, reconoció haber emitido facturas falsas que les fueron encargadas por “dos gerentes que cumplían órdenes de arriba” para las obras de la Casa del RocíoPara justificar ese gasto y siempre según la declaración del imputado, se emitieron las facturas ficticias por pequeños importes relativos a obras menores en diversas barriadas de la ciudad, que nunca llegaron a ejecutarse

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“No tiene sentido que Pilar Sánchez no conociera los contratos en empresas de las que era presidenta”


La sesión más tediosa hasta el momento del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha dejado sobre la mesa el vacío existente en cuanto a la contratación, cobro y actividades que realizaban José López y Manuel Cobacho dentro de las sociedades Speed Festival y Emusujesa. Diversos técnicos y personal de estas empresas han comparecido en la vista para corroborar la presencia de ambos en estos organismos y la existencia de reuniones en el marco de su papel como asesores, si bien nadie ha podido concretar qué se gestaba en las mismas, por qué en alguno de los casos no existía un contrato como tal, cuál era la razón para que se cobrara por estos trabajos antes de facturar o por qué no hay documentación que acredite ninguna labor al respecto. Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Antonio Fernández Vera, secretario del consejo de administración de Speed Festival, que ha sembrado la duda en torno a ciertos aspectos legales relacionados con la gestión de la empresa y ha señalado con un dedo casi ‘acusador’ a la exalcaldesa, Pilar Sánchez, y presidenta de ambas sociedades por aquel entonces.

“Speed Festival estaba sujeto a otra legislación, por lo que no hacían falta los requisitos de concurrencia ni publicidad a la hora de contratar”, ha justificado el antiguo secretario y colaborador cercano a Pacheco, reconociendo que algunos nombramientos no estaban sujetos a los acuerdos del consejo de administración por lo que nunca se llegó a levantar acta sobre ellos. Un punto que fue del todo rebatido por el abogado de la acusación particular, Juan Pedro Cosano, quien aseguró que “por Ley, en las sociedades mercantiles en las que participa una administración pública en al menos el 50% regirán los principios de publicidad y concurrencia”. Pero lo más destacado del testimonio de Fernández fueron sus alusiones directas a Pilar Sánchez, afirmando que durante el pacto “había una vigilancia recíproca sobre la actividad de cada parte”. “Entiendo francamente improbable, por no decir imposible, que la presidenta de la sociedad no estuviera al tanto de quién trabajaba allí ni lo que hacía. Ella despachaba continuamente con el gerente, y no tiene sentido que no tuviera conocimiento de nada”.

Otra de las comparecencias más esperadas fue la del miembro de la ejecutiva socialista Luis de Flor, que en su calidad  de coordinador de Servicios Turísticos entre 2005 y 2007 certificó una serie de reuniones de trabajo mantenidas con López como asesor de Speed Festival, con el fin de abordar la “planificación y la promoción turística” del parque de ocio. Sin embargo, a preguntas de Cosano Flor reconoció que todos estos encuentros se realizaron “en bares” y sin que se realizara informe alguno por escrito sobre ello. En la misma línea se expresó Antonio Junquera, antiguo director de Jerez Centro Comercial, que declaró haberse reunido a menudo con López como asesor de Emusujesa aunque no supo concretar su contenido.

VIAJES Y ENCUENTROS

En cuanto al resto de testigos, la primera en subir al estrado fue la secretaria de Pacheco y estrecha colaboradora Mari Paz Cañero, que al igual que otra secretaria y el jefe de ordenanzas de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo corroboró la presencia “continua” de los dos asesores en la GMU así como el mantenimiento de diversas reuniones con el entonces delegado. Unas reuniones de las que, una vez más, no se llevaron a cabo informes, actas o documentos de los que se desprenda su contenido. Cañero confirmó incluso que estas labores de asesoramiento requirieron de viajes fuera de Jerez, aunque declaró “no saber” quién pagaba esos desplazamientos. Igual de ‘desconocedora’ se mostró la secretara del gerente de Speed Festival, Julia Simo, que explicó que ella se limitaba a “preparar las órdenes de pago”, sin saber cómo es que muchas de las transferencias a López se produjeron antes de que se emitieran las facturas.

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Pilar Sánchez: “Cuando llegué a la Alcaldía vi con absoluta claridad que se hacían pagos sin contraprestación alguna”


La segunda jornada del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha resultado igual de densa que la anterior, si bien los comparecientes han trasladado a la sala un mensaje meridianamente claro: la contratación de José López y Manuel Cobacho en Speed Festival y Emusujesa se realizó por orden directa de Pedro Pacheco sin concurso ni publicidad, sin contrato como tal en uno de los casos y sin que conste ningún soporte documental que avale una actividad al servicio de las dos sociedades durante ese periodo. Esto es a grandes rasgos lo declarado por los testigos que se han subido al estrado, empezando en orden de importancia por la ex alcaldesa Pilar Sánchez, que ostentaba el cargo de presidenta en ambas empresas municipales cuando Pacheco era vicepresidente en virtud del pacto de gobierno entre el PSOE y el PSA y se gestaron esas contrataciones.

A preguntas de la fiscal, lo primero que hizo Sánchez fue referirse a cómo se dio curso a estos contratos (dos de ellos en 2005 y un tercero en 2007), insistiendo en que según resolución de pleno del 18 de enero de 2005, tanto el número de asesores como sus retribuciones y nombramientos debían pasar por este órgano. Con posterioridad y siempre según la testigo, nunca se llevó a cabo resolución o acuerdo alguno que modificara el inicial, por lo que ninguna persona u órgano fuera del pleno estaba legitimado para este tipo de contrataciones. “Cuando se cesó a Pacheco en 2007 -contó Sánchez- se me pasaron a Alcaldía órdenes de transferencias bancarias a nombre de José López. Detectamos un documento extraño, indagamos y vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación ni expediente de contratación, por lo que lo pusimos en manos de nuestra asesoría jurídica”. Según su relato, varios técnicos fueron interrogados a este respecto, “y ninguno dio respuesta ni supo decir qué servicio estaba prestando López”.

Otro de los requisitos que presuntamente tampoco se cumplieron fue el de informar de las contrataciones a los consejos de administración de las empresas, que según Sánchez desconocían cualquier tipo de movimiento al respecto, así como de publicarlas convenientemente en el Boletín Oficial de la Provincia. Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, intentó desviar la atención poniendo el acento en los asesores municipales que había contratado Sánchez en su calidad de alcaldesa, algo que la jueza recordó que está siendo instruido en otra causa y por lo tanto no tenía lugar en ésta, e incluso equiparó la contratación del exdirector de Onda Jerez, Pedro Rollán, con las ahora juzgadas. “Hay cosas que no recuerdo, pero lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que cualquier contrato que yo hice tuvo su tramitación adecuada -recalcó la exedil-. Mis asesores iban a su puesto de trabajo todos los días y actuaban conforme a lo que dice la Ley”. 

EJECUTAR ÓRDENES SIN CUESTIONAR

En lo que respecta al resto de los testigos, el gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, fue el primero en declarar para ratificar que él recibió la orden de Pacheco de contratar a López y Cobacho y que no se planteó si se pudiera incurrir con ello en alguna irregularidad. “Mis funciones son ejecutar y no me corresponde cuestionar lo que se me está pidiendo”, subrayó. A preguntas de Juan Pedro Cosano, letrado del Ayuntamiento, reconoció que la contratación no cumplió con los requisitos de publicidad ni concurrencia ni en general con “las normas” que se deberían haber tenido en cuenta, en la misma línea del gerente siguiente de la citada sociedad, José Agüera, que sentenció que “la contratación de asesores es un mundo abierto”. En este sentido, ninguno de los interrogados supo responder a cómo pudieron darse órdenes de transferencia con anterioridad a la emisión de facturas a López, o por qué siguió cobrando como asesor de Pacheco a pesar de que éste acababa de ser cesado.

Dos de los técnicos interrogados con posterioridad reconocieron que, a instancias de Pilar Sánchez, realizaron un informe en el que se aludía a estas presuntas irregularidades en las contrataciones a pesar de que en algunos casos no tenían conocimiento al respecto. “No nos amenazaron para realizar el informe, pero desde luego no fue voluntario”, apostilló uno de ellos. Cayetano Gómez, gerente de Speed Festival por aquella época, declaró que más que existir un contrato para López lo que hubo fue “una carta, porque algo tenía que constar por escrito”, confesando que tampoco en esta ocasión se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. Un cargo del que al final el que fuera mano derecha de Pacheco acabó cesado “verbalmente”, como también confirmó Agüera.

Después de todo este rosario de declaraciones, la vista continuará este miércoles con nuevas y esperadas comparecencias como la de la secretaria del exalcalde, Mari Paz Cañero.

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El nuevo pago a proveedores saldará deudas antiguas de los Juegos Ecuestres y el Espárrago Rock


El Ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Hacienda 289 facturas pendientes de pago a proveedores cuyo montante total asciende a 32.087.820 euros. De esta manera, el Consistorio acoge a la ampliación del Plan de Pago a proveedores aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero, por el que los proveedores pueden cobrar, a través del mecanismo de financiación y a partir del mes de junio, las facturas pendientes de pago con fecha anterior al 1 de enero de 2012.

En este nuevo listado se incluyen facturas antiguas de otros gobiernos municipales como una de más de 3 millones de euros correspondientes a Jerez 2002, quedando aún pagos pendientes; además, se han remitido facturas por más de 22 millones de euros correspondientes a la deuda con Cojetusa, la antigua concesionaria de transportes urbanos. También hay cerca de 100.000 euros que quedaron pendientes de otras legislaturas por eventos como la celebración del Espárrago Rock e incluso de la Parada Hípica de 2007.

El Ayuntamiento puntualiza que de estos 32 millones un total de 18,4 millones se destinan a entidades bancarias, si bien corresponden a facturas que estos bancos tienen endosadas por parte de las empresas proveedoras, como es el caso de parte de la deuda con Cojetusa, Espárrago Rock, Jerez 2002, entre otros. Por tanto, el pago se destina a saldar la deuda que el Ayuntamiento mantenía con estas empresas. En este sentido, hay que recordar que el pago a proveedores está dirigido en su totalidad a saldar deuda comercial, y en ningún caso deuda financiera, tal y como se establece en el Real Decreto. Esta deuda comercial incluye facturas que han sido endosadas por los proveedores a bancos, mediante operaciones de cesiones de crédito, que siguen siendo deuda comercial.

Desde el gobierno municipal han recordado que el Consistorio se acogió en 2012 al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno central, remitiendo tres listados de facturas que, entre mayo y julio, ascendieron a un total de 325.550.058,53 euros, siendo el segundo Ayuntamiento de España y el primero de Andalucía por volumen de deuda acumulada.

Hacen hincapié además en que el caso de Jerez fue muy complejo, debido principalmente al volumen de facturas y la antigüedad de las mismas, ya que en algunos casos se remontaba incluso a los años 90.

La ampliación del Pago a proveedores, aprobada por el Consejo de Ministros en más de 2.628 millones incluido en el Real Decreto Ley de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo incluye, como principal novedad, nuevos tipos de contratos que pueden acogerse a estos créditos ICO, las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los convenios, los contratos de arrendamiento de inmuebles, los contratos de colaboración público-privada así como determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.

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El juez reactiva el caso de las presuntas facturas falsas con las que se financiaron las obras de la Casa del Rocío


Cuando José Grimaldi decidió tirar de la manta en el marco del caso Jerecom, nada hacía presagiar que finalmente la causa destaparía otras presuntas irregularidades que acabarán siendo juzgadas en procedimientos separados. Como se recordará, el responsable de la citada empresa acusada de beneficiarse de adjudicaciones a dedo por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo en 2007, no dejó títere con cabeza en sus declaraciones ante los juzgados en octubre de 2010, reconociendo haber emitido facturas falsas que les fueron encargadas por “dos gerentes que cumplían órdenes de arriba”. Un testimonio que acusaba directamente a la por aquel entonces alcaldesa, Pilar Sánchez, salpicando asimismo a Pedro Pacheco como delegado y máximo responsable del ente municipal. En esa comparecencia, Grimaldi aseguró que algunas de las facturas falsas iban destinadas al pago de unas obras de remodelación de la casa que la Hermandad del Rocío posee en la aldea almonteña, a modo de “regalo” del propio Ayuntamiento de Jerez por una cuantía que ascendía a 500.000 euros.

Para justificar ese gasto y siempre según la declaración del imputado, se emitieron facturas ficticias con varias empresas entre las que se encontraba Jerecom por pequeños importes relativos a obras menores en diversas barriadas de la ciudad, que nunca llegaron a ejecutarse. La Fiscalía vio entonces numerosos indicios que apuntaban a un presunto delito de malversación de caudales públicos, por lo que se abrió otro procedimiento paralelo que está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez. Así lo han confirmado a este medio fuentes del caso, concretando que existen nada menos que 11 imputados relacionados con la extinta Gerencia, entre los que se encuentran Pacheco y los dos antiguos gerentes Luis Cruz y José Agüera. La semana del 15 de abril, coincidiendo precisamente con el inicio del juicio contra el primero de ellos por el caso de los asesores, están llamados a declarar alrededor de una quincena de imputados y testigos, incluyendo técnicos municipales, directores de planes especiales y todos aquellos que puedan arrojar algo de luz sobre lo que se cocía en Urbanismo por esas fechas.

A finales de 2011, Pacheco compareció ante el juez en el marco de este asunto para negar la mayor y sentenciar que todo respondía a “un invento” encaminado a desprestigiarle. En lo que respecta a la Casa del Rocío, la obra efectivamente se ejecutó pero Grimaldi nunca llegó a cobrar un euro. La Hermandad, como declaró él mismo, se escudó en que “era un regalo del Ayuntamiento” mientras que éste, por su parte, “después de las elecciones no quiso saber nada más del asunto”. Una vez que todos los imputados y testigos desfilen por los juzgados la instrucción seguirá su curso, en un procedimiento que también se prevé largo y en el que no se descartan nuevas imputaciones. En lo que respecta a Jerecom, a finales de 2011 la Audiencia Provincial decidió reabrir el caso después de que quedara archivada la causa contra los tres alcaldes, Pacheco, Sánchez y García-Pelayo.

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