Quien pasee por calles de urbanizaciones como Pozoalbero podrá observar en las fachadas de algunas de las viviendas unas marcas dibujadas bajo los porteros automáticos o en algún extremo de las puertas de difícil interpretación. Sin embargo, para la Policía su significado parece claro y en estos momentos los agentes se encuentran estudiando esta simbología y estrechando el cerco en torno a sus autores. Como ha podido saber este medio por fuentes de la investigación, a la Comisaría ha llegado el aviso de que se trata de una especie de código secreto (paradójicamente a la vista de todos) a través del que una banda delictiva de origen rumano se comunica para determinar cuáles son aquellos inmuebles más susceptibles de ser robados. Las marcas en cuestión no solo fijarían cuales son las viviendas ‘aptas’ y las que no, sino que también detallarían la situación de cada una: si está deshabitada, si en ella viven niños o si cuenta con mascotas, por poner algunos ejemplos.  Leer noticia completa

La falta de trabajo y de ingresos en las familias a causa de la crisis sigue haciendo estragos en la ciudad y en todo el país, una situación que se está convirtiendo en crónica para parte de la población, según explican desde Cáritas Diocesana. Según el informe del Observatorio de la Realidad Social de la organización a nivel nacional, casi un tercio de las personas atendidas en Cáritas llevan tres años o más recibiendo ayuda, lo que indica que su delicado estado se está alargando en el tiempo.

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La Policía Nacional  ha detenido en Jerez  a dos mujeres jóvenes residentes en El Puerto como presuntas autoras de varios delitos y faltas de hurto cometidos sobre personas de avanzada edad minutos después de que retiraran dinero de sus respectivas entidades financieras. Las arrestadas actuaban de forma conjunta para seleccionar una víctima propicia, generalmente personas de avanzada edad ya que la merma de sus habilidades funcionales facilitaba la comisión del delito. Una vez seleccionada la víctima, las detenidas accedían al interior de la sucursal tras ella para poder observar cuanto dinero retiraba en caja, o se situaban a sus espaldas en caso de que hiciera uso de los cajeros exteriores para ver igualmente el montante que retiraba o el número de su tarjeta bancaria.

Una vez que se cercioraban de que había sacado una suma importante de dinero y habían observado el lugar donde lo había guardado, procedían a seguirla para finalmente aprovechar un momento de cercanía física, como que la víctima hubiera accedido a una tienda para realizar alguna compra, se hubiera detenido en un semáforo o paso de cebra o a la entrada del portal de su vivienda, para acercarse lo suficiente para sustraer el dinero sin que en muchas ocasiones los afectados se percataran de ello.

Fue en la última de sus actuaciones donde las dotaciones de los Grupos de Atención al Ciudadano, (radiopatrullas) que acudieron a la llamada de una señora, a la que habían sustraído íntegramente toda la pensión, pudieron recabar suficiente información que sirvió a  los investigadores para identificar a las ahora detenidas como las autoras de este y otros doce hechos similares ocurridos tanto en la zona centro (Plaza del Arenal, Calle Larga, Plaza Madre de Dios), como en la zona este (Paseo de las Delicias, Avenida de las Viñas) y la zona norte (Polígono San Benito, Avenida Tomás García Figueras).

Consejos para evitar este tipo de delitos

En muchas ocasiones los delitos han coincidido con las fechas próximas al ingreso de las pensiones de las personas  mayores por lo que la Policía Nacional recomienda a las personas de avanzada edad que extremen las precauciones a la hora de retirar dinero del banco a principios y finales de mes, que no retiren de una sola vez todo el dinero de su prestación, que acudan si es posible acompañados/as de otras personas, que desconfíen de personas que se les acerquen en demasía, entablen conversaciones espontáneas o demasiado amistosas sin aparente justificación, en caso de sacar una suma considerable de dinero procedan acto seguido a depositarla en lugar seguro y en caso de tener cualquier duda o sospecha sobre su seguridad no duden en llamar a los teléfonos de emergencia 091 o 112 y rápidamente se personará en el lugar un coche-patrulla para comprobar su situación.

Igualmente se recomienda a los familiares de personas mayores que en la medida de lo posible los acompañen a la hora de realizar estas gestiones.

Plan Mayor de Seguridad

El Ministerio del Interior en el marco del Plan Mayor Seguridad orienta mediante charlas, impartidas por la Unidad de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, a personas de avanzada edad para fomentar en ellos la observancia de las medidas de prevención que deben cumplir en cuestiones de seguridad.

La disminución de las condiciones psicofísicas, fruto de la mayor edad, constituye una circunstancia que hace a este colectivo especialmente vulnerable a determinados delitos, por lo que resulta necesario proporcionarles la información adecuada para prevenirlos, tanto en su domicilio como fuera de él.

En el domicilio se aconseja adoptar precauciones a la hora de contratar personal de servicio y se sugiere acudir a entidades legalmente establecidas con este fin u organismos con programas destinados a los ancianos que viven solo.

También se informa de las medidas a seguir en caso de supuestas revisiones de servicios técnicos. Hay que desconfiar de las revisiones o instalaciones que no han sido solicitadas previamente o que no han sido notificadas por las empresas correspondientes y solicitar siempre el carné profesional.

En la vía pública, los mayores no deben llevar encima grandes cantidades de dinero y efectos de valor; es aconsejable caminar por la parte interior de la calzada y con el bolso en el brazo que da a la pared para evitar tirones efectuados desde vehículos o motocicletas. Si se van a efectuar reintegros de dinero en cajeros automáticos o entidades bancarias, se recomienda que algún familiar o persona de confianza acompañe al mayor.

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El gobierno municipal ha permanecido firme en su intención de destituir a Pedro Pacheco y José López tras su condena por el ‘caso de los Asesores’, por lo que a pesar de las consideraciones de PSOE e IU y la frontal y lógica oposición de Foro Ciudadano, el pleno con la mayoría absoluta del PP ha aprobado el inicio del expediente de incompatibilidad. En una sesión marcada por la ausencia de los dos ediles, la alcaldesa ha puesto sobre la mesa la propuesta poco antes de la finalización del pleno y ha sido el portavoz de Izquierda Unida, Joaquín del Valle, el primero en pronunciarse al respecto. En un alegato a la honestidad política, el concejal ha lamentado que “la corrupción y las guerras judiciales enturbien el ya desolador futuro de la población”, reconociendo que su formación mantenía la esperanza de que Pacheco y López renunciaran voluntariamente a sus actas por “coherencia y por favorecer el cambio para la ciudadanía”.

A pesar de estas consideraciones, Del Valle decidió no participar en la votación, lo que a efectos prácticos supone una abstención de su grupo. En la misma línea se expresó la socialista Miriam Alconchel, que tampoco facilitó voto alguno al entender que no es el pleno el órgano capacitado para adoptar este tipo de decisiones. “La competencia del pleno es la de tomar conocimiento del informe sobre la incompatibilidad aportado por la Secretaría General del Ayuntamiento. Por lo demás, esta decisión no puede estar supeditada a la composición del pleno, así que nosotros certificamos que tenemos conocimiento del informe, pero nada más”. Mucho más se explayó la edil de Foro Ciudadano, Rocío Montero, que volvió a referirse a “linchamientos” y persecuciones políticas.

“Este pleno debe discutir propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y no para alimentar un linchamiento público y gratuito. Lo que se pretende aquí es montar un circo mediático, pero ninguna fuerza política está en disposición de dar lecciones de moralidad, y mucho menos el PP”. En esta línea, Montero recordó que en las elecciones de 2011 Foro Ciudadano consiguió el respaldo de más de 14.000 jerezanos, por lo que “estamos orgullos, hemos realizado un gran trabajo y nos sentimos legitimados para seguir haciéndolo”. En lo que se refiere a los dos concejales condenados, aseguró que continuarán luchando “por demostrar su inocencia”, al tiempo que advirtió que su formación se reserva la acciones legales que considere oportunas para anular el expediente de incompatibilidad que “vulnera un principio constitucional”. Huelga decir que Foro votó ‘no’ a la propuesta, que no obstante siguió adelante en virtud de la aprobación de todos los concejales populares. 

DIEZ DÍAS PARA RENUNCIAR O ALEGAR

Una vez que el pleno ha dado luz verde al inicio del expediente, Pacheco y López cuentan con diez días para renunciar voluntariamente a sus actas, o bien interponer las alegaciones que consideren oportunas para intentar tumbarlo. Si ello no se produce, o el secretario municipal no las tiene en consideración, la incompatibilidad seguirá su curso y tendrá que ser aprobada de manera definitiva por el pleno. En ese momento es cuando el órgano debe dar traslado de la situación a la junta electoral central, comenzando entonces el proceso de sustitución de actas. En principio, se incorporarían como concejales los dos nombres siguientes en la lista de Foro Ciudadano.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha dictado un auto de procedimiento abreviado y ordenado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa Pilar Sánchez por el desvío de fondos cuando estaba al frente del Ayuntamiento, concretamente 8,6 millones de euros destinados a otros fines y que ella habría destinado al abono de nóminas de la plantilla municipal. Así, deberá responder en una vista oral por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro contra la hacienda pública, afrontando una posible pena de hasta cuatro años de prisión.

Cabe recordar que este caso responde a una denuncia del actual gobierno local del PP ante Fiscalía por desviar fondos del Plan E y de cuentas restringidas entre 2010 y 2011 para el pago de nóminas a la plantilla municipal y proveedores. Aseguraba que Pilar Sánchez lo hizo pese a contar con informes contrarios de Tesorería e Intervención.

REACCIÓN DE PILAR SÁNCHEZ

La noticia fue avanzada por Diario de Jerez esta mañana y la reacción de Pilar Sánchez no se ha hecho esperar. La exalcaldesa ha hecho público un comunicado en el que, aunque reconoce que destinó ese dinero al abono de nóminas, apunta que ”el auto de transformación en procedimiento abreviado está pendiente de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, por lo tanto no es firme”.

Añade que, en cualquier caso, “no hay acusación por malversación ni por cualquier conducta que suponga el hacer un uso ilegítimo de dinero público: la acusación se sustenta única y exclusivamente en que, en su día, y ante la situación de colapso de tesorería del Ayuntamiento de Jerez, decidí priorizar el pago de las nóminas de trabajadores municipales y otros servicios públicos esenciales, usando para ellos los fondos recibidos de la Comunidad Europea, en concreto del llamado Plan E”. “Esto es de lo que se me acusa: que en vez de seguir financiando unas obras determinadas, se usó la subvención para pagar los salarios de los trabajadores, y entiendo que es lo que cualquier regidor consciente y preocupado por la realidad de quienes dependen de su salario para el sustento de su familia hubiese hecho”, apostilla. “Y es lo que volvería a hacer si estuviese en igual tesitura”, sentencia Pilar Sánchez.

Sigue señalando que el dinero de las subvenciones para obras incluidas en el Plan E “fue destinado efectivamente a estas obras, que por otra parte no sufrieron situación de impago ni retrasos debidos a la financiación en ningún momento antes del cambio de Corporación en junio de 2.011″.

También afirma que la discrepancia con la Fiscalía y con el auto de transformación en procedimiento abreviado, “que hemos manifestado por los cauces procesales mediante la presentación del oportuno recurso de apelación contra el mencionado auto, reside en que el supuesto delito que se imputa es inexistente, ya que fue despenalizado en 1995″. “Con anterioridad a esta fecha -continñua- el Código Penal distinguía el supuesto en los que el administrador de caudales públicos los aplicare a un fin diferente, pero también público, para sancionar esta específica conducta con penas mínimas, casi simbólicas. En la actualidad esto ya no es así, y a nuestro juicio, siempre con los debidos respetos hacia la Administración de Justicia, lo que el Código Penal sanciona desde 1.995 son las conductas que implican dar a los caudales fines distintos de otros públicos, lo que en el caso enjuiciado no ha sucedido en ningún momento”.

Aclara, igualmente, que “cuando las disposiciones de fondos para pago de nóminas tenían lugar con cargo a cantidades destinadas a otros conceptos, estos últimos eran pagos que ni estaban vencidos ni lo estarían a corto plazo, en tanto que las nóminas sí lo estaban. Es decir, siempre había margen para la reposición de las cantidades dispuestas antes de los vencimientos a los que estaban destinadas”.

El Ayuntamiento de Jerez ha recibido ya la confirmación oficial con el informe en el que el Ministerio de Hacienda valora favorablemente la revisión del Plan de Ajuste Municipal, lo que le permitirá abonar deuda comercial por 32.087.820,50 euros. Cabe recordar que esta revisión del Plan de Ajuste era uno de los requisitos exigidos por el Gobierno central para que las administraciones puedan acogerse al Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Con el informe favorable ya se pone en marcha el procedimiento para el pago a los proveedores que hayan aceptado su inclusión. La comunicación oficial de aceptación del plan habilita al Ayuntamiento para llevar a cabo la operación de crédito, que deberá de ser aprobada en Junta de Gobierno Local.

Cabe recordar que el Ayuntamiento remitió en abril al Ministerio de Hacienda 289 facturas pendientes de pago a proveedores, que suma el citado montante total de 32.087.820,50 euros. Con esta ampliación del Plan de Pago, los proveedores podrán cobrar, a través del mecanismo de financiación y a partir del mes de junio, las facturas pendientes de pago con fecha anterior al 1 de enero de 2012.

En este paquete se incluyen también facturas correspondientes a la deuda con Cojetusa, la antigua concesionaria de transportes urbanos. También hay cerca de 100.000 euros que quedaron pendientes de otras legislaturas por eventos como la celebración del Espárrago Rock e incluso de la Parada Hípica de 2007.

Este miércoles 22 de mayo se cumplen dos años de las últimas elecciones municipales, unos comicios que han pasado a la historia local porque la composición del pleno municipal dio la vuelta como un calcetín: de una mayoría absoluta del PSOE a una mayoría absoluta del PP, sin medias tintas. En este ecuador de la legislatura, el equipo de gobierno ha hecho balance asegurando que el 86% de los proyectos con los que llegaron en 2011 ya están ejecutados o en marcha. No obstante, ponen el acento en que “queda mucho por hacer” y que “no somos triunfalistas”.

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El líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, y el concejal y diputado José López, pueden tener los días contados como cargos públicos. Según la normativa electoral, no pueden ser ediles las personas condenadas -sea en firme o no- por delitos catalogados como contrarios a las administraciones públicas, situación en la que se encuentran los dos políticos jerezanos por el conocido como ‘caso de los asesores’. Ante esta circunstancia, el equipo de gobierno ha encargado un informe jurídico por el que conocerán las condiciones y el procedimiento exacto para aplicar la ley.

“No es cuestión de voluntad política ni de mayoría absoluta del PP, es la aplicación de la ley”, ha insistido hoy la alcaldesa, María José García-Pelayo, al respecto. “La ley hay que cumplirla porque si no, al final, las responsablidades las voy a tener yo”, ha señalado. De esta forma, el gobierno local se encuentra a la espera de las instrucciones jurídicas adecuadas para llevar a cabo el proceso, por ejemplo, si la sentencia tiene que estar notificada o no es necesario y en qué plazos, si hay que elaborar un expediente, si hay que llevar el asunto a Pleno, etc… “Seguiremos el camino que nos indiquen los servicios jurídicos”, ha concluido.

La pasada Feria se saldó con una serie de incidentes de carácter grave por los que ahora han ingresado en prisión dos individuos. Uno de ellos está acusado de asestarle presuntamente una puñalada a un joven, mientras que el otro ha sido imputado por una supuesta agresión con una botella a un tercero, que curiosamente acabó en el Hospital víctima también de otra herida por arma blanca. Leer noticia completa

Si Pedro Pacheco se apresuró a informar a los pocos minutos de conocer la sentencia por el ‘caso de los Asesores’ de que recurriría el fallo ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía no se ha quedado atrás y ha anunciado un recurso de casación que se materializará en los próximos días. El motivo no es otro que su descontento con cierto aspecto de la sentencia, pero obviamente en sentido opuesto al del exalcalde: el Ministerio quiere que se amplíe la condena, añadiendo el delito de falsedad documental. Una consideración que no resulta novedosa, ya que tanto en su calificación inicial como en sus conclusiones finales la fiscal Anticorrupción se ratificó en solicitar para Pacheco, López y Cobacho una condena no solo por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, sino también por el de falsedad documental. La jueza de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Lourdes Marín, los condenó sin embargo por los dos primeros, absolviéndoles del último.

Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.