Noticia de 20 noviembre 2012.
“Con este clima es difícil que se pueda negociar”. Lo ha dicho la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, en la comparecencia pública que ha dado al filo de las dos de la tarde para explicar que el gobierno de Jerez “no va a poner el cheque” para pagar los 1,2 millones de euros que separan a los trabajadores de Urbaser del acuerdo con la dirección, y a todos los jerezanos de una ciudad de nuevo limpia y sin montañas de basura.
Las imágenes son dramáticas, con barriadas sepultadas en residuos que aún no suponen un riesgo para la salud, según la Junta, aunque “la salubridad deje mucho que desear”, como ha dicho el delegado del gobierno, Fernando López Gil. Y las cifras abrumadoras: hoy en Jerez se amontonan ya en las calles unas 3.500 toneladas de basura. Millones de kilos que han provocado disturbios en las barriadas que unos achacan a los vecinos hastiados y otros a empleados de la concesionaria bien coordinados, y que han hecho que junto a la actuación del fin de semana, cuando se contrató a una empresa externa para retirar basura, el clima haya saltado por los aires y todo se haya salido de madre.
Y es que ahora las posturas están más alejadas que nunca en la sociedad, con vecinos volcando contenedores porque no se recoge la basura y el Ayuntamiento criticando que ocurra “porque es incoherente tirarla para pedir que se recoja, y porque anoche precisamente que los servicios mínimos iban a la zona sur hubo que desviar los camiones por los altercados”.
Lo mismo ocurre con la plantilla, que grita, denuncia, protesta, pierde los nervios como hoy a las puertas del Ayuntamiento y hasta tira basura a las puertas de la Casa Consistorial para que el gobierno local les escuche y obligue a Urbaser a que ponga una parte de dinero porque ellos defienden que “ya perdemos entre 500 y 700 euros de la nómina”. Pero que se encuentran con que desde el ejecutivo la primera edil les deja claro que “ni la presión, ni los gritos, ni el chantaje, ni las amenazas apartarán al gobierno de su camino, que no es otro que estar alineados con la ciudad y sus ciudadanos”.
La más silenciosa en este conflicto es la concesionaria, Urbaser, pese a que los trabajadores dejan claro que si todavía hay huelga y conflicto es porque “quiere cobrar lo que se le debe desde 1995, y por eso fuerza las cosas”. “Un millón de euros no es nada para una multinacional como ésta, y Jerez no se merece que estemos como estamos por ese dinero”, han dicho hoy los trabajadores.
El cruce de reproches no acaba ahí. Y si el gobierno local dice que hoy que siguen sin cumplirse los servicios mínimos, la plantilla dice que “están limpiando sobre limpio, porque el Consistorio, a conciencia, nos manda a donde está todo recogido para que en otras partes se acumule la porquería y así obligar a la Junta a actuar”.
O si la alcaldesa insiste en que la empresa pública Tragsa está lista para salir de nuevo a apoyar la recogida para garantizar los servicios mínimos, los empleados le recuerdan que volverán a denunciarla y ponen en duda la eficacia de la medida. “Cada día que Tragsa trabaja aquí cuesta 60.000 euros, y apenas recogen unas 23 toneladas como ocurrió el fin de semana. El kilo de basura sale caro”, han apuntado esta mañana tras la fallida reunión de la mañana.
Ahora plantilla y empresa vuelven a estar reunidos, y todos los ciudadanos, empresas y cualquiera que pose un pie en Jerez durante estos días cruza los dedos para que se llegue a un acuerdo que acabe con los paros y con situaciones como las vividas anoche o hoy a las puertas del Ayuntamiento.
Esta mañana, sin ir más lejos, el Ayuntamiento tuvo que cerrar todos los accesos para evitar la entrada de un tumulto que había perdido los nervios y bañó en basura la escalinata de entrada al Ayuntamiento, que trabó la labor de los medios de comunicación y que obligó a sacar por la puerta de atrás, como si fueran rehenes, a los ciudadanos que se habían quedado encerrados en la Oficina de Atención mientras hacían papeleo.
Ya no se trata solo de los millones de kilos de basura, del divorcio de posturas, de la confrontación entre administraciones y de las dudas de si hay o no un problema para la salud pública (la Junta insiste, con datos concretos e inspecciones diarias, en que no, que las molestias son graves pero no provocan enfermedades), sino de que mañana la huelga suma ya 20 días y los ciudadanos quieren soluciones antes de que se desaten más ‘noches calientes’ como la de ayer.
Y es que la huelga cada vez tiene peor cara.