El candidato de Foro Ciudadano de Jerez a la Alcaldía, Raúl Ramírez, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Agrupación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento (ATMJ), Milagros Abascal, para abordar la situación que están sufriendo a lo largo de la legislatura los empleados públicos, víctimas de una “estrategia orquestada por el PP para desmantelar los servicios públicos, ponerlos en manos de empresas privadas, y dividir y atemorizar a la plantilla”. En este sentido, tanto Foro como la organización sindical, que también ha estado representada por Milagros Pérez, delegada sindical en el Consistorio,  han coincidido en que “está más que demostrado” que si María José García-Pelayo repite como alcaldesa a partir de las elecciones municipales de mayo próximo “habrá un nuevo expediente de despidos masivos en el Ayuntamiento que afectará a cientos y cientos de empleados públicos” porque “es público y notorio que el anterior ERE municipal no tenía causa económica ni de ahorro alguno”. Junto al coordinador de Foro, Manuel Rosa; la portavoz municipal, Rocío Montero; y el responsable de Política Institucional, Eloy Alconchel, Ramírez ha advertido igualmente que es “intolerable” que en estos tres años y medio se haya “desmontado técnica y humanamente el Ayuntamiento, criminalizando a los técnicos ante la opinión pública, pese a que muchos de éstos han sido quienes han impulsado a Jerez en décadas de Democracia”.

“Ha habido una estrategia perfectamente diseñada de división, de atemorizar con una política de miedo que se traduce en bloqueo y parálisis de la gestión municipal”, ha mantenido, al tiempo que ha abogado que lo que hay que retomar es el contar con “una plantilla al servicio de la ciudadanía, con protagonismo, iniciativa e impulso, y con el temor actual a qué puede pasar con su puesto de trabajo”. Del mismo modo, ha apostado por “ir todos de la mano” a partir de junio para sacar a Jerez de la “comprometida situación en la que va a quedar a partir de que el PP desaloje la Alcaldía”. Por su parte, Abascal ha defendido el trabajo de estos años que ha realizado la ATMJ, destacando que “nuestra línea de acción ha sido en todo momento la legalidad”. “El Ayuntamiento ha tirado durante mucho tiempo del carro y la gente está desanimada, no hay líneas de actuación y todo son patadas adelante, la gente está con miedo y esperando que pase el tiempo para ver si cambia algo. Todo el mundo está cabreado y desilusionado, quejas, sin organización”, han mantenido.

Entre las cuestiones que se han abordado en el encuentro está la necesidad de replantear la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que es “un traje a medida del gobierno local sin más criterio de nada”; no se ha puesto en marcha el reglamento de productividades porque “si lo sacan adelante no pueden repartir a todos los que al PP y a la señora Pelayo les interesa”; y la disolución de las empresas municipales, “que todavía nos preguntamos para qué se ha hecho porque lo que es ahorrar, no ahorra nada”. “Están desmontando departamentos para cuando pasen las municipales aplicar a saco la reforma de la administración local del Partido Popular, que plantea la supresión de todos los servicios impropios”, ha mantenido Raúl Ramírez, quien asegura respecto a las productividades que “hay que premiar el especial rendimiento pero no con la barra libre arbitraria que aplica la señora Pelayo”.

Tanto el candidato de Foro como la presidenta de la ATMJ también han expresado que el Ayuntamiento se encuentra “bajo una intervención de bajo perfil, esperando que pasen los comicios, para empezar a aplicar de verdad la segunda parte de un Plan de Ajuste mucho más nocivo y dañino tanto para la plantilla municipal como para los jerezanos en relación con impuestos, tasas y servicios públicos”. “Hay que dar cariño y protagonismo a la plantilla de trabajadores, pero no como el que prometió la señora Pelayo cuando decía que la plantilla no era el problema del Ayuntamiento y se iban a utilizar a los técnicos prevaleciendo su valía”. En este sentido, han mantenido que a lo largo de esta legislatura se han producido más de 170 nombramientos a dedo por parte del gobierno municipal del PP, lo que demuestra, a juicio del candidato de Foro Ciudadano, que “más que poner orden, Pelayo ha levantado de forma exprés un cortijo en el Ayuntamiento pensando que los jerezanos lo van a permitir, ocultando información y dando apariencia de legalidad a ilegalidades”.

La Plataforma Informativa de Afectados por el ERE ha acogido con satisfacción la propuesta de ATMJ de incluir en el convenio municipal una propuesta para que, a partir de ahora, cualquier sentencia de despido improcedente en el Ayuntamiento conlleve la elección por parte del trabajador de ser readmitido en su puesto de trabajo, o bien de cobrar la indemnización. La propuesta fue apoyada por unanimidad en la asamblea celebrada el pasado jueves,  en la que los representantes de CC.OO, UGT y CTP mostraron públicamente su apoyo, al igual que la representante de CGT. Si el Gobierno municipal cede a la propuesta sindical, se abriría un escenario muy positivo para los afectados por el ERE, que confían en que los juzgados locales certifiquen la nulidad o, en su caso, la improcedencia de los despidos,  como ya lo hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Propuesta de CGT

Por otra parte, la Plataforma valora muy positivamente la propuesta realizada  esta mañana por la CGT para que  “previo a la celebración de los juicios, el Ayuntamiento reincorpore a los despedidos a sus puestos de trabajo”, lo que equivaldría de facto a rectificar el ERE y que los afectados recuperasen  sus empleos  y sus derechos laborales. La propuesta ha recibido el respaldo del resto de las secciones sindicales, a excepción del SIP que se ha abstenido.  Sin embargo, el Gobierno municipal la ha rechazado.

La Plataforma de Afectados por el ERE ya pidió a la alcaldesa en el Pleno del 28 de junio que reconsiderase su decisión, injusta y arbitraria,  y pensara en la cantidad de trabajadores, algunos con 28 y 30 años de antigüedad, que lo han perdido todo y que, al día e hoy, siguen esperando explicaciones.

Reunión con la alcaldesa

El pasado  día 12, en el acto de inauguración de un centro de mayores, la alcaldesa se comprometió públicamente a recibir a los miembros de la Plataforma, cita que ha concretado para el 21 de octubre, fecha muy  lejana dada la trascendencia del ERE. De hecho, en la asamblea celebrada el pasado jueves, los trabajadores fueron críticos con las pocas prisas de la alcaldesa por recibirles y,  aunque decidieron apoyar la reunión,  esperan que se adelante dada la urgencia para ellos y sus familias.

Campaña informativa

Los afectados por el ERE acordaron en asamblea  seguir con las acciones informativas, denunciado el abuso y la arbitrariedad que ha supuesto verse despojados de sus empleos, así como el  despilfarro de recursos municipales que está representando la gestión de García Pelayo, con el pago de sobresueldos por importe de más de 500.000 euros de media al mes y otros gastos que no son prioritarios para Jerez. Con ese objetivo, se va a intensificar la distribución de dípticos informativos, en los que se da cuenta de cómo se gasta María José García Pelayo ese dinero de todos los jerezanos.

La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) ha hecho público un comunicado en el que afirma que el informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre ‘Las cuentas de las diputaciones  provinciales y de los ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes del ejercicio 2011′ “deja claro que el Ayuntamiento de Jerez cerró el año 2011 con un resultado presupuestario de superávit de 3.609.140 euros, en contra de lo que siempre ha mantenido el gobierno municipal de García-Pelayo que decía se había cerrado con un déficit de 22 millones”. Añade que, de este modo, el informe de la Cámara “deja claro que sólo los ayuntamientos de San Fernando y Jaén cerraron con déficit presupuestario en 2011 (página 29 punto 98 y página 46 punto 142)”. 

Apunta que, además, el informe cuantifica en 17,2 euros el superávit por habitante que existió en Jerez en dicho ejercicio. El documento explica igualmente que “el resultado presupuestario refleja en qué medida los derechos presupuestarios liquidados del ejercicio han sido suficientes para financiar las obligaciones de la misma naturaleza, poniendo de manifiesto la situación de equilibrio, déficit o superávit presupuestario de la entidad” (pág.26, punto 89). “Es decir, queda claro que en 2011 los ingresos fueros suficientes en Jerez para financiar los servicios públicos y, además, sobró 3.609.140 euros. Y todo ello sin necesidad de despidos ni de vender el agua”, apostilla el comunicado de los técnicos municipales.

Sostiene, asimismo, que en ningún apartado del informe la Cámara de Cuentas incluye el importe deficitario que el actual gobierno municipal exponía como resultado de 2011. (cuadro 13.18 del informe), “por lo que se demuestra que el gobierno de Pelayo intencionadamente manipuló la información sobre el resultado del ejercicio 2011, con la intención de justificar el ERE de 260 empleados”.

El Juzgado de lo Contencioso ha dado la razón al Ayuntamiento en la bajada de las retribuciones que aprobó en Junta de Gobierno Local al inicio de la legislatura y considera que esta medida es “ajustada a derecho”. Cabe recordar que esta reducción se aplicó, en concreto, a las productividades que percibían los empleados con sueldos que oscilaban entre los 40.000 y los más de 122.000 euros anuales.

El juez recoge en su sentencia que la reducción efectuada “es ajustada a derecho” y supone una vuelta “a la senda de la legalidad” que es, según insiste el juez en la sentencia, “la única que puede determinar las retribuciones de los empleados públicos”. Igualmente, en otra sentencia, el juzgado  desestima también en su integridad otra demanda presentada por una funcionaria del Ayuntamiento en relación a este mismo asunto.

En su fallo, el juez “desestima en su integridad” el recurso interpuesto por la ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales)contra los acuerdos que adoptó la Junta de Gobierno Local los días 16 y 23 de septiembre de 2011, en el marco del Plan de Ajuste, para reducir las productividades que percibían los empleados con sueldos superiores a los 40.000 euros anuales, que en algunos casos superaban los 122.000 euros.

El segundo teniente de alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, ante las manifestaciones del sindicato ATMJ sobre la política de Personal del Gobierno local, ha subrayado “el esfuerzo de este Gobierno para poner orden donde había un caos que permitía a algunos privilegios económicos inconcebibles e inasumibles”. “Este Gobierno ha realizado y sigue realizando un esfuerzo continuo que persigue la normalidad del Ayuntamiento y de su estructura y en el marco de la legalidad vigente”, ha añadido.

El delegado ha explicado que “los juzgados, a lo largo de estos dos años y medio de legislatura, han dado la razón al Ayuntamiento en casos significativos como el reconocimiento de legalidad por parte del TSJA en el recurso presentado por CGT contra la aprobación de la RPT por parte de la Junta de Gobierno local, o en dos casos de sentencias favorables en las que los demandantes reclamaban cantidades por productividad”.

Asimismo, los juzgados se han pronunciado a favor del Ayuntamiento en otros casos como en el del cese del ex director-gerente de Onda Jerez, que interpuso denuncia por por despido improcedente. El juez consideró que el cese se ajustaba a Derecho.

De igual manera y sobre el conflicto colectivo planteado por el sindicato ATMJ contra el acuerdo de minoración del complemento de productividad, el referido sindicato vio como dos sentencias (sentencia de 20 de junio de 2012 del Juzgado de lo Social, número 1 de Jerez, y la sentencia de 27 de febrero de 2013 del TSJA, confirmando la sentencia del Juzgado de lo Social) declaraban la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de este asunto.

DECISIONES ENCAMINADAS A LA NORMALIZACIÓN  

En este sentido, Javier Durá ha recordado que “hemos elaborado una Relación de Puestos de Trabajo, cuya aprobación definitiva fue el 14 de septiembre de 2014, que ha supuesto un antes y un después en la historia del Ayuntamiento ya que no existía documento similar con anterioridad. La RPT es un instrumento vivo, sujeto a modificaciones y que ha permitido ordenar el caos que existente en los perfiles laborales del Ayuntamiento”.

“Nos encontramos un catálogo de puestos desfasado y con retribuciones individualizadas y arbitrarias que quedaban al margen de cualquier valoración. Esto lo sabe bien la ATMJ, como también sabe que el TSJA ya se ha pronunciado hasta en dos ocasiones sobre la legalidad de la misma en sendos recursos interpuestos por un empleado municipal y por el sindicato CGT”, ha resumido el delegado.

Tras la aprobación de la RPT es la Junta de Gobierno Local “la que, en función de las necesidades que se detectan por los distintos Servicios, acuerda la movilidad de los puestos, permitiendo, ahora sí de una manera ordenada, ir ajustando los efectivos entre las distintas áreas para un mejor servicio a la ciudadanía”.

UN CONVENIO RECONOCIDO POR LA AUTORIDAD LABORAL

Igualmente, tampoco el Ayuntamiento contaba con un acuerdo-convenio colectivo “negociado de acuerdo con las previsiones establecidas para el personal laboral según el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, el convenio anterior era un convenio no registrado ante la Autoridad Laboral y no publicado en Boletín Oficial alguno, que incluso contenía previsiones retributivas de muy difícil encaje normativo para el personal en régimen funcionarial”.

“Este Gobierno dio de nuevo un paso decidido para poder contar con un convenio negociado de acuerdo con lo establecido en la Ley. Fue otro de los retos de este Gobierno que pudo concluirse con la firma del actual Acuerdo Convenio sobre las condiciones de trabajo comunes del Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2013-2015 y que entró en vigor el pasado 21 de octubre de 2013”.

De hecho, como refrendo de legalidad del articulado, la  Autoridad Laboral ordenó el 14 de noviembre de 2013 la inscripción del citado Acuerdo Convenio en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, publicándose el pasado 18 de octubre de 2013 en el B.O.P. de Cádiz número 234 de 10 de diciembre de 2013.

El delegado ha hecho hincapié en que “como bien sabe ATMJ, la aprobación de la RPT y del Acuerdo Convenio constituyen el marco que ha permitido que los puestos de la estructura municipal puedan proveerse de acuerdo con las previsiones marcadas por la Ley”.

PROVISIÓN POR PRIMERA VEZ DE PUESTOS DE FUNCIONARIOS

De esta manera, el pasado 21 y 27 de febrero de 2014 la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio del procedimiento para la provisión de 6 puestos de funcionarios en Urbanismo, y 10 en la Intervención Municipal, Secretaría General y Tesorería a través del sistema de Concurso de Méritos. “Es la primera vez que en el Ayuntamiento de Jerez se inicia un procedimiento para cubrir los puestos de jefaturas por concurso, a pesar de que es el procedimiento ordinario para la provisión de puestos de trabajo en la administración pública, de ahí la importancia que tiene para el Gobierno Municipal la adopción de estos acuerdos”, ha resumido Durá.

Como norma general, a partir de ahora en el Ayuntamiento se provisionarán los puestos por concurso de mérito si bien “de forma excepcional y para determinados puestos de trabajos se hará por libre designación, aunque esta provisión está justificada también en la RPT y confirmada por dos recientes sentencias del TSJA a favor que han dictaminado que el procedimiento de Libre Designación previsto en la RPT para determinados  puestos (salvo los escoltas) es conforme a Derecho. Es el caso, entre otros, de todas las Direcciones de Servicio”, ha explicado el delegado.

El Ayuntamiento actualmente, “de manera provisional y atendiendo a la necesidad inaplazable de cubrir puestos de la estructura municipal”, está acudiendo a la figura de la “Comisión de Servicio”. Esta posibilidad está prevista no solo en el actual Acuerdo Convenio sino en la normativa de los funcionarios de cualquier Administración Pública.

Según ha aclarado Durá, “se trata de nombramientos provisionales que realiza la Junta de Gobierno Local, en el marco que permite la Ley y ajustada a los puestos previstos en la RPT. Se pone fin así a las actuaciones pasadas, al parecer del gusto de la ATMJ, que permitían que por mera resolución del alcalde de turno se pudiera nombrar a empleados a puestos y salarios creados expresamente para ellos”.

LAS MESAS, AJUSTADAS A DERECHO SEGÚN EL TSJA

En el mismo objetivo de normalización, el Gobierno local constituyó 28 de noviembre de 2011, cuando se constituye la Mesa General de Negociación Conjunta del Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento, ámbito para la negociación de las  condiciones de trabajo comunes de los empleados, independientemente de si son funcionarios o laborales, que era una exigencia legal desde 2007.

De igual manera, la Mesa General de Negociación de los Funcionarios se constituye el 19 de octubre de 2012. Su constitución era también una exigencia legal desde el año 2007, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El Tribunal Superior de Justicia ya se ha pronunciado en una reciente Sentencia sobre la legalidad de la constitución de esta mesa Común. El TSJA analiza la constitución de la Mesa General de Negociación, para concluir que es ajustada a derecho.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado la inclusión de la nueva documentación presentada por la defensa de la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ) en el pleito relativo al expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento, al considerar que no reúne los requisitos previstos en la normativa laboral y procesal. El Tribunal considera que procede su inadmisión y, por tanto, su devolución a la parte que pretendía incorporarlos, y la continuación del trámite del recurso.

El auto emitido por el  Tribunal considera que “no ha lugar a la unión de documentos emitidos con posterioridad a un despido colectivo en el Ayuntamiento de Jerez, que dan cuenta de acontecimientos también posteriores a éste, y sobre los que, quien pretende unirlos, no da la más mínima explicación sobre su trascendencia o repercusión en el litigio, ni alega ni siquiera que su inadmisión le pueda causar cualquier tipo de indefensión”.

Según se explica en el auto, los documentos que pretenden incorporarse en este trámite no pueden admitirse, “tal y como sostiene con acierto la impugnación de la Corporación Municipal”. Según los razonamientos jurídicos recogidos en la resolución del Alto Tribunal, prácticamente toda la documentación presentada se refiere a hechos muy posteriores a que se llevara a cabo el despido colectivo, y en todo caso, con posterioridad todos ellos a la sentencia recurrida.

En segundo lugar, se desestima “porque ni tan siquiera se ofrece ningún motivo que, razonable o no, pudiera justificar la incorporación de tan abundante documentación ni sobre su carácter ‘decisivo’ en relación con la medida extintiva objeto de enjuiciamiento”; en consecuencia, en tercer lugar, considera “que tampoco se aduce siquiera la hipotética indefensión que su rechazo pudiera ocasionar a la parte proponente, ni que los documentos en cuestión pudieran dar lugar a un posterior recurso de revisión”.

Y en cuarto y último lugar, el auto considera que no pueden incorporarse los documentos, porque “un dudoso incumplimiento de un Plan de Ajuste acordado con bastante anterioridad a la fecha del despido colectivo, incumplimiento sobre el que –se insiste en el auto- nada se explica, es claro que carece de incidencia sobre las causas, reales o no, que (…) habilitarían los despidos colectivo en el ámbito de las Administraciones Públicas”.

La Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ) denuncia lo que considera “un nuevo fracaso de la política de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Jerez“, esta vez centrada en el Plan de Empleo Local firmado con la Diputación de Cádiz por un importe de 1,3 millones de euros. Cabe recordar que el mismo tiene como objetivo acometer acciones formativas dirigidas a 246 desempleados y orientación profesional para unas 1.500 personas durante el año 2014.

El colectivo de técnicos del Consistorio explica que, para ejecutarlo, se llevó a cabo una convocatoria pública para cubrir las plazas del personal técnico que va a participar en el proyecto. Se ofertaron dos plazas de técnicos de gestión y cinco de agente de empleo.

Pues bien, afirma que ha solicitado el expediente completo y las pruebas que se han realizado hasta ahora, “ya que en el examen tipo test para las plazas de agente de empleo no ha habido ningún aprobado entre los 418 aspirantes presentados, todos ellos universitarios y con un mínimo de dos años de experiencia profesional, que eran requisitos para solicitar una plaza“. “Algunos de estos candidatos -continúa asegurando- nos comentan que fue una auténtica ‘tomadura de pelo‘, las preguntas realizadas y las respuestas alternativas estaban totalmente enfocadas a confundir y no a demostrar lo que se sabía del temario“. Los resultados, desde luego, resultan rotundo: ni un solo aprobado.

La ATMJ señala que “puestos al habla con especialistas en la materia, nos aseguran que este resultado anula la validez de la prueba y que no cabe pensar otra cosa que un desconocimiento en el diseño de la misma“.

“Lo ocurrido viene a demostrar, una vez más, la falta de previsión y planificación en las políticas de Recursos Humanos que se están desarrollando en el Ayuntamiento de Jerez por este equipo de gobierno“, apostilla la agrupación.

Concluye afirmando que esta circunstancia retrasará la puesta en marcha del Plan de Empleo Local, “ya que obligará a la realización de una nueva convocatoria pública para cubrir las mencionadas plazas de agentes“. Y que “debido a los plazos legales establecidos y a la posterior selección de los beneficiarios, es ya imposible que el proyecto comience el próximo 1 de enero como fecha límite para aprovechar este Plan de Empleo Local, de un año de duración”.

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Jerez ha dictado sentencia declarando que los nombramientos de dirección de servicios (altos cargos) realizados por el actual gobierno municipal vulneran derechos fundamentales. Cabe recordar que tres afiliados de la Asociación de Técnicos Municipales (ATMJ), representados por el letrado Juan Pablo Morales Fernández, presentaron demanda de protección de derechos fundamentales contra el procedimiento de libre designación llevado a cabo para el nombramiento de los directores de servicio (nivel más alto de la estructura municipal), por considerar que se habían realizado sin cumplir con el principio constitucional de igualdad de trato y de objetividad.

La sentencia da la razón a los demandantes, por lo que anula los nombramientos de las direcciones de servicio de Secretaría Técnica de Personal y Seguridad, de Secretaría Técnica de Economía, de Dirección de Servicio de Gestión de Recursos, Dirección de Servicios de Distrito, Dirección de Servicio de Deportes, Dirección de Servicios de Medio Rural, Dirección de Servicio de Secretaría Técnica de Servicio al Ciudadano, Dirección de Servicio de Infraestructura.

Los técnicos municipales apuntan a este respecto que, para la defensa de este procedimiento, el Ayuntamiento contrató al Bufete Sagardoy, “con el coste que ha supuesto para las arcas municipales”. Añade que esto demuestra “la nefasta gestión de personal llevada a cabo por el gobierno municipal de la señora García-Pelayo, que ya tuvo una sentencia, la del ERE, que lo calificaba de absoluta arbitrariedad y ahora está de lesión de derechos fundamentales”.

REACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Desde el Ayuntamiento, la reacción ha llegado en boca de su primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Antonio Saldaña. Destaca que esta sentencia no afecta al funcionamiento de los servicios, y que una vez registrado el acuerdo convenio, “se iniciarán, dentro de las posibilidades legales, los procedimientos de funcionarización y consolidación, todo ello con el objetivo de  prestar el mejor servicio al ciudadano”.

PSOE

Desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista ha sido esta vez el primero en reaccionar. A través de un comunicado asegura que “una vez más la Justicia ha desautorizado a la señora Pelayo por no respetar y aplicar la legalidad en las decisiones que está adoptando a lo largo de esta legislatura y en este caso  concreto en lo referente a materia de personal, ya que hemos tenido conocimiento de que el Juzgado de lo contencioso ha declarado nulos los nombramientos de altos cargos que fueron motivo de denuncia pública por parte de este grupo municipal”.

“Esta decisión de la justicia pone de manifiesto una vez más la arbitrariedad con la que actúa la señora Pelayo en materia de personal en este Ayuntamiento y, de hecho, basta recordar que ya ha recibido varias sentencias judiciales en las que hasta tres instancias judiciales se han pronunciado en su contra”, añade.

La Asociación de Técnicos Municipales ha reiterado este sábado su intención de impugnar el convenio colectivo tanto por la vía laboral como por la contenciosa si el documento sale ratificado en la asamblea de trabajadores convocada para este lunes 16 de septiembre. A juicio de este colectivo, “el SIP y CGT han conseguido que el gobierno reparta beneficios solo entre ellos. Es una demostración más de que el gobierno local es rehén de estos sindicatos y le importa poco el resto de la plantilla”.

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Tirón de orejas de Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Jerez. Ha sido, de nuevo, tras una denuncia de la Agrupación de Técnicos Municipales, que parece no estar dispuesta a pasarle ni una del actual gobierno local. La propia entidad de empleados del Consistorio lo ha hecho público. Y lo explica de la siguiente manera.

Recuerda que requirió en múltiples ocasiones la constitución del Comité de Seguridad y Salud, tanto verbalmente como por escrito, concretamente el pasado 24 de abril. Añade que, “al no obtener ninguna respuesta y siendo prioritario para este sindicato la seguridad y salud de los trabajadores municipales”, se vio obligado a denunciar ante la Inspección Provincial de Trabajo “el grave incumplimiento, pese a ser preceptivo por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales”.

Este jueves obtuvo respuesta a esa denuncia. La propia Inspección de Trabajo le informaba de que el 26 de julio compareció el Ayuntamiento en las Oficinas de la Inspección y se le requirió  cumplimiento de inmediato de la convocatoria y reunión periódica.

REUNIÓN

La ATMJ señala igualmente que el pasado viernes pasado se convoco el Comité de Seguridad y Salud, aunque afirma que el Ayuntamiento “en ningún momento hizo referencia al requerimiento de la Inspección de Trabajo”.

Considera que “con estas actuaciones, el gobierno municipal está demostrando que la legalidad solo existe a partir de que se lo ordenen, tal como ocurrió con la jornada partida, donde también, a instancias de nuestra denuncia, tuvo que cambiar su imposición de trabajar por las tardes”. “Esta es su forma de actuar: no cumplo la ley hasta que me obliguen”, sentencia la ATMJ.