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Mamen Sánchez: “La persecución al deporte base ya ha comenzado”


“Lo hemos venido advirtiendo, la nueva normativa aprobada por el Partido Popular en el Gobierno puede matar el deporte base. La persecución acaba de comenzar con la inspección de trabajo que ha sufrido el Pueblo Nuevo”, señaló la diputada nacional y candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Jerez, Mamen Sánchez. Cabe reseñar que la denuncia de esta situación fue realizada por el presidente del Pueblo Nuevo en el acto que el secretario general del Deporte para Andalucía, Nacho Rodríguez, llevó a cabo en la tarde del lunes, en el que se explicaron las graves consecuencias que puede tener para el deporte base jerezano, en particular, para el andaluz, en general, los cambios en la normativa. 

La modificación introducida por el PP obliga a todos los clubes modestos, sin ánimo de lucro, a dar de alta en la Seguridad Social a todos los monitores, aunque estos no perciban remuneración alguna por su labor, solo los gastos de desplazamientos y dietas. Esta circunstancia encarecería sobremanera el funcionamiento de las entidades deportivas de base que apenas si tienen capacidad económica actualmente, lo que provoca que en muchas ocasiones sean los propios directivos los que han de sacar dinero de su bolsillo para sufragar los gastos.

“¿Cómo va a pagar el Pueblo Nuevo o cualquier otro club modesto más de 6000 euros por cada monitor que no tenga dado de alta?”, se pregunta Mamen Sánchez, que entiende la preocupación de todo el deporte modesto de Jerez. “Lo gravísimo de esta situación es que se puede extender a todos los equipos que conforman el deporte base de Jerez, sea cual sea su disciplina. En vez de valorar el esfuerzo que hacen cientos de personas por dotar de una formación deportiva a miles de niños y adolescentes, se les castiga de un modo inaceptable y con unas sanciones que el Gobierno sabe perfecamente que no van a poder pagar”, señaló la candidata del PSOE a la Alcaldía.

Sánchez, que recordó que el Grupo Socialista ya presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento para intentar atajar las graves consecuencias que este cambio normativo podía tener para los clubs modestos. “Voy a seguir las gestiones en Madrid, mientras que a través de la Junta el secretario general para el Deporte se comprometió ayer a hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar el atropello económico y social que se está ya perpetrando”.

La candidata resaltó que tanto la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, como el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, habían expresado recientemente a los clubes que no iban a realizarse inspecciones de trabajo. “Los representantes de los clubes lo han expresado muy claramente: les han engañado. Les prometieron que no iban a producirse inspecciones y unos días después ya tenemos la primera. ¿Por qué en la provincia de Cádiz, cuando es una ley nacional y por qué en Jerez precisamente? Igual la alcaldesa puede responder a estas preguntas”.

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“Las grietas están creciendo y los aseos, desbordados”


La Sección Sindical de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz ha remitido una denuncia a la Inspección de Trabajo por “las condiciones estructurales, limpieza y medidas de emergencia y evacuación en las oficinas de Montealto”. Señala que en el mencionado centro de trabajo, “por efecto de las obras colindantes”, han aumentado el grosor y la longitud de las grietas existentes. Pero no es la única deficiencia que pone de manifiesto este colectivo en su escrito.

Así, señala que los aseos están desbordados y “emiten olores pestilentes y nauseabundos, a primera hora sobre todo”, añadiendo que, “al parecer”, ni siquiera están conectados a la red de alcantarillado “y siguen vertiéndose en fosa séptica”. También apunta que la frecuencia de limpieza de los aseos “ha bajado pese al aumento del número de personas que hace uso de los mismos”.

Otra denuncia hace referencia a la salida de emergencia y evacuación del centro, “única alternativa de acceso a la entrada principal”, de la que afirma que “no es accesible”. Asegura que está cerrada con llave.

También apunta la falta de revisión de los extintores. Dice que la última se realizó en junio de 2010.

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“Nacemos con el fin de protestar por la gestión de Ricardo”


A Ricardo García le siguen apareciendo más enemistades. Si ya hay algunos agentes del xerecismo que piden al presidente del Xerez CD que abandone la entidad, ahora ha surgido la PARG, o lo que es lo mismo, la Plataforma de Afectados por Ricardo García, una plataforma que ha nacido en las redes sociales y que tan solo quiere “protestar” por la gestión del mandatario azulino. Leer noticia completa

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Inspección de Trabajo insta al Ayuntamiento a constituir el Comité de Seguridad y Salud


Tirón de orejas de Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Jerez. Ha sido, de nuevo, tras una denuncia de la Agrupación de Técnicos Municipales, que parece no estar dispuesta a pasarle ni una del actual gobierno local. La propia entidad de empleados del Consistorio lo ha hecho público. Y lo explica de la siguiente manera.

Recuerda que requirió en múltiples ocasiones la constitución del Comité de Seguridad y Salud, tanto verbalmente como por escrito, concretamente el pasado 24 de abril. Añade que, “al no obtener ninguna respuesta y siendo prioritario para este sindicato la seguridad y salud de los trabajadores municipales”, se vio obligado a denunciar ante la Inspección Provincial de Trabajo “el grave incumplimiento, pese a ser preceptivo por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales”.

Este jueves obtuvo respuesta a esa denuncia. La propia Inspección de Trabajo le informaba de que el 26 de julio compareció el Ayuntamiento en las Oficinas de la Inspección y se le requirió  cumplimiento de inmediato de la convocatoria y reunión periódica.

REUNIÓN

La ATMJ señala igualmente que el pasado viernes pasado se convoco el Comité de Seguridad y Salud, aunque afirma que el Ayuntamiento “en ningún momento hizo referencia al requerimiento de la Inspección de Trabajo”.

Considera que “con estas actuaciones, el gobierno municipal está demostrando que la legalidad solo existe a partir de que se lo ordenen, tal como ocurrió con la jornada partida, donde también, a instancias de nuestra denuncia, tuvo que cambiar su imposición de trabajar por las tardes”. “Esta es su forma de actuar: no cumplo la ley hasta que me obliguen”, sentencia la ATMJ.

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Golpe policial a los talleres ilegales


La Guardia Civil de Cádiz, junto con la Inspección de Trabajo, ha desarrollado una operación policial contra establecimientos de reparación de vehículos a motor ubicados en la provincia, realizando 38 inspecciones y tramitando 154 denuncias por infracciones en materia de  actividades industriales, residuos peligrosos, trabajo y seguridad social.

Las actuaciones, realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tuvieron lugar el pasado martes día 11 de junio, como respuesta a la preocupación existente entre las empresas dedicadas a la reparación de vehículos a motor, por la competencia desleal que ocasionan los talleres que de manera ilegal y en ocasiones hasta en la clandestinidad, se dedican a la reparación de vehículos, contraviniendo lo dispuesto por la legislación vigente tanto en materia de trabajo, como de industria y de medio ambiente.

El operativo desarrollado se realizó teniendo como principales objetivos la localización de los talleres ilegales y la identificación de sus responsables, denunciar las infracciones observadas y sobre todo, concienciar de los efectos negativos de este tipo de conductas.

Los agentes pusieron especial énfasis en el tratamiento dado a residuos tales como aceites usados, baterías, neumáticos, diferentes líquidos, etc., que en la mayoría de las ocasiones están considerados como peligrosos, supervisando los libros-registro de los residuos que genera un taller, donde se recoge la obligación de entregarlos a un gestor autorizado, garantizándose así que el tratamiento de dichos residuos continúe hasta su eliminación o reciclado en una planta autorizada.

En muchos de los talleres inspeccionados, sobre todo en los ilegales, no se realizaban la gestión de los residuos que generan los talleres y en ocasiones eran vertidos de forma incontrolada al medioambiente, todo ello con el fin de aumentar el margen de beneficios.

DEFICIENCIAS

Los guardias civiles detectaron graves deficiencias respecto a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, representando los talleres ilegales una competencia desleal para los autorizados, los cuales están obligados a tomar medidas encaminadas a la protección de los trabajadores y del medio ambiente. Por el contrario, los talleres ilegales pueden reducir costes en materia de riesgos laborales, careciendo de cargas impositivas al defraudar a la seguridad social, no dando de alta ni a la actividad ni a los empleados.

En cuanto a los consumidores y usuarios, la nula garantía de las reparaciones que realizan, no sujetas a ningún arbitrio y sin posibilidad de reclamación, suponen un fraude para los mismos,  así como el riesgo para la seguridad de los vehículos y la propia integridad física de conductores y ocupantes; ante reparaciones efectuadas por personal, en ocasiones, sin ninguna cualificación profesional y empleando materiales y piezas de dudosa calidad.

Durante el operativo se detectaron 154 infracciones y se identificaron a 84 trabajadores para posterior comprobación de que poseen contrato laboral y están dados de alta en la Seguridad Social. Las actas de infracción han sido remitidas a las autoridades competentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Medio Ambiente, Industria y Seguridad Social.

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El PSOE cree que los tribunales “tumbarán” el ERE y CGT presentará su demanda el lunes


“Es la chapuza de las chapuzas”. De esta forma valoró esta mañana el concejal del PSOE Juan Pedro Crisol el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ya ejecutado en el Ayuntamiento de Jerez y del que dijo que que está plagado de “irregularidades” por lo que está convencidos de que “tiene todas las papeletas para que lo tumben los tribunales”.

Lo curioso es que de lo que echó mano precisamente el concejal para hacer este análisis es el informe emitido por la Inspección de Trabajo sobre el ERE, del que dijo que es un “traje a medida” porque lo ha realizado por un organismo que depende del Ministerio de Trabajo, pero que a su juicio, y pese a lo que defendió el PP, también es “demoledor” poniendo de relieve los puntos flacos del ERE.

Por ejemplo, Crisol denunció que en el informe  se desprende que “no existe, antes de tomar la decisión de rescindir los 260 contratos, el convenio especial con la Seguridad Social que exige la Ley para aquellos trabajadores con más de 59 años  cuando el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores” y que tampoco existe “el plan de recolocación externa que exige la Ley, con carácter previo a ejecutar el despido”. El edil socialista apuntó que “ya hay dos elementos esenciales que exige la ley que no existen en el ERE”.

Eso sin olvidar, como puso de relieve este medio, que el informe también advierte que “no ha habido criterios objetivos para la selección del personal afectado por el ERE y que, por tanto, no ha habido fundamentación jurídica para ver quién sale o quién no sale y que, a su juicio, han echado a los peores pero no hay fundamento que lo justifique”. De hecho, recalcó es la Inspección de Trabajo quien argumenta que los criterios de selección  deben ser “objetivos y razonables y, por tanto, basarse en circunstancias no subjetivas”.

Según Crisol, “el PP pagará caro esta chapuza, es decir, más bien la vamos a pagar todos los jerezanos porque mucho nos tememos que nos va a costar una millonada en indemnizaciones si es que prosperan las demandas colectivas e individuales que dicen que van a presentar los afectados”.

Por su parte, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, CGT, ya ha anunciado que será el lunes cuando presente la demanda colectiva contra el ERE. En el documento, que será interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, plantea que el expediente es inconstitucional porque no se pueden aplicar en una administración local los criterios de eficacia económica que rigen para empresas privadas.

Pero es que además, como ya han denunciado diferentes colectivos, denuncian que la aplicación del ERE ha puesto en peligro la prestación de algunos servicios públicos.

En la demanda, el sindicato mayoritario también señala que no hay causa para llevar a cabo los despidos en el personal laboral del Ayuntamiento, y tampoco se olvida de reflejar que el gobierno ha actuado con mala fe negociadora “al no tener en cuenta las propuestas de la comisión negociadora”.

RESPUESTA DEL PP

Por su parte, este mismo sábado, el PP ha respondido. Y lo ha hecho nuevamente culpando a Pacheco y al PSOE de ser los repsonsables principales de la actual situación económica del Ayuntamiento. Considera “indignante” que tanto los socialistas como el exalcalde salgan continuamente a atacar al gobierno municipal por llevar a cabo un ERE en la plantilla municipal, que “es consecuencia directa de la mala gestión y el derroche de las etapas de gobierno de Pacheco y del PSOE”.

Para los populares, estos grupos de la oposición “no tienen legitimidad alguna para criticar esta medida dolorosa pero al mismo tiempo necesaria para sacar adelante el Ayuntamiento y, por tanto, a la ciudad”.

Desde el PP se entiende que PSOE y Pacheco “van de nuevo de la mano porque a ninguno les interesa que en el Ayuntamiento de Jerez se ponga orden y se acabe con el caos que ellos generaron cuando gobernaron, así como se empeñan en sabotear todos los pasos que da García-Pelayo y su equipo hacia la recuperación socioeconómica de Jerez”. En este sentido, los populares afirman que “la deslealtad de PSOE y de Pacheco hacia los jerezanos es total y evidente”.

Por ello, para el PP “es vergonzoso que PSOE y Pacheco estén utilizando el ERE y a los trabajadores afectados para tapar el mal que ambos partidos originaron, permitiendo que la plantilla municipal llegara a estar sobredimensionada y sumida en el caos, tal y como refleja el Informe de la Inspección de Trabajo, que los señala como criterios objetivos que avalan el ERE del Ayuntamiento de Jerez”.

Los populares piden a PSOE y a Pacheco que “dejen de intentan confundir a los ciudadanos tergiversando el Informe de la Inspección de Trabajo, porque éste es muy claro y no deja lugar a dudas. El informe considera que existen causas económicas probadas, que ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento y que los criterios de designación han sido objetivos y razonables”.

“Y es que una ciudad como Jerez, que obtiene 80 millones de ingresos a través de los impuestos, no puede permitirse pagar 110 millones de euros a la plantilla municipal”, concluye.

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“El PP ha salido de cacería para eliminar a los trabajadores molestos o no afines a su ideología”


Foro Ciudadano de Jerez, a través de su portavoz municipal, Rocío Montero, ha asegurado que el informe de la Inspección de Trabajo confirma la “purga política” que ha supuesto el expediente de regulación de empleo puesto en marcha por el gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Jerez. La edil ha afirmado que es “intolerable” y “vergonzoso” que aun admitiendo que no hay criterios objetivos a la hora de seleccionar a los 300 afectados (que finalmente se han quedado en 260), el informe de este organismo sea favorable, lo que pone de manifiesto que “quien lo ha dictado es del mismo color político que la señora García-Pelayo”. Esto demuestra, en opinión de Montero, que “el PP ha salido de cacería en Jerez para eliminar a los trabajadores molestos o no afines a su ideología de derecha” y, para colmo, que “se han regalado miles de euros de todos los jerezanos a una empresa, Deloitte, que no ha tenido nada que decir en la selección de los afectados, sólo ha servido de pantalla y de quitavergüenzas del gobierno de la derecha”.

Rocío Montero, que ha insistido en pedir al PP que retire la tramitación del ERE en el Ayuntamiento, así como el expediente puesto en marcha en las empresas municipales, lamenta el “daño humano irreparable que esta alcaldesa del PP y su equipo han hecho a 260 empleados públicos y a sus familias”. Por no hablar, ha añadido, de la pérdida de capital humano que supone para el propio Ayuntamiento este ERE “chapucero y sin corazón”. “Se han puesto en la calle a grandes profesionales que han servido con eficiencia y eficacia en este Ayuntamiento, en algunos casos, durante décadas, y ahora se les paga por estos servicios con una patada injustificada y arbitraria”, ha señalado la portavoz de esta organización política, quien ha mantenido que es “una frivolidad que la alcaldesa hable de acoso y violencia por parte de los afectados, que han mantenido la compostura y las buenas formas durante todo el proceso”. En cambio, ha dicho, “violencia empresarial y política es la que practica ella y su equipo con este ERE que dispara impunemente a todo aquel que no le es afín o, sencillamente, no le cae bien”.

En último lugar, desde Foro Ciudadano, ha remarcado Rocío Montero, “pensamos que el gobierno local de la derecha está en un callejón sin salida pero con posibilidades de dar marcha atrás y hacer las cosas desde el consejo, el diálogo y la transparencia institucional”. “Desde Foro seguimos con la mano tendida para buscar salidas que frenen este ajusticiamiento, pero de momento sólo encontramos la mano de los populares en el cuello”, ha reiterado la concejal de esta formación política.

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La Inspección de Trabajo avala el ERE aplicado en el Ayuntamiento de Jerez


Un respaldo sin medias tintas. Eso es lo que el gobierno municipal considera que ha recibido hoy al conocerse que la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha emitido un informe en el que da el visto bueno a la actuación municipal en la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Así, según ha explicado el portavoz del ejecutivo de María José García-Pelayo, Antonio Saldaña, “el informe avala tanto en el fondo como en las formas el procedimiento realizado en el ERE por la consultora Deloitte, representante legal del Ayuntamiento”.

No en vano, el contenido del informe repasa y avala con su opinión favorable tres aspectos fundamentales: las causas motivadoras del ERE; el desarrollo del procedimiento y el periodo de consultas y los criterios de designación de los trabajadores afectados.

De estas conclusiones emitidas por la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha dicho Saldaña que es “un informe realizado por una entidad independiente y ajena a las partes que respalda completamente el procedimiento realizado por Deloitte”. No en vano, el texto llega a referirse a la seriedad con la que ha trabajado el ejecutivo local, la voluntad de diálogo y la determinación en trabajar por solucionar los problemas de la ciudad.

En el caso concreto de las causas económicas que justificaron el ERE, el informe dice que “se entiende que la situación económica negativa de la empresa afecta directamente a la financiación de los servicios públicos correspondientes, con las consecuencias que ello podría tener sobre dichos servicios en relación al aseguramiento y mantenimiento de los mismos”. Pero incluso va más allá y, como ha destacado Saldaña, considera que además “concurrirían otro tipo de causas de carácter organizativo”.

La Inspección de Trabajo afirma que sí ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento, Deloitte, así como del gobierno municipal. “En consecuencia, al entender de los abajo firmantes, puede hablarse de buena fe en la negociación, ha existido un mínimo de negociación entre las partes, habiéndose planteado las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias”, dice literalmente.

Saldaña también ha explicado que el informe respalda incluso los criterios objetivos aplicados a la hora de designar a los trabajadores afectados por la medida. Y es que el documento recogido hoy mismo por el gobierno local dice a las claras que se ha articulado “un sistema notoriamente documentado, razonable y objetivo a la hora de determinar el número de extinciones que se han de llevar”. Es decir, como ha hecho hincapié Saldaña, “se entiende que la edad es un criterio objetivo y fácilmente determinable, y se deduce la misma objetividad de los criterios de ponderación (formación, experiencia, polivalencia, etc.)”.

Claro que una lectura en profundidad y detallada del texto también deja muy claro que los inspectores no dudan en afirmar que no pueden validar cada uno de los 260 expedientes aplicados porque no tiene documentación por escrito al respecto. En concreto, dice el informe que “no es menos cierto que al no existir documento alguno que lo sustente y acredite, no podemos determinar con precisión si su aplicación a cada caso particular ha sido efectivamente objetiva, tratándose de una cuestión de prueba, circunstancia ésta que a nuestro entender deberá ser sustanciada a título particular por cada uno de los trabajadores afectados ante la jurisdicción del orden social”.

Por este motivo, Saldaña ha dicho hoy en su comparencia que todo lo argumentado “no es óbice para que a título individual las personas afectadas puedan ejercer las acciones judiciales que consideren oportunas en la jurisdicción social, el Ayuntamiento acatará las decisiones judiciales que se determinen de estas acciones judiciales emprendidas a título personal por los trabajadores afectados por el ERE”, si bien ha añadido que “en este caso el gobierno se verá en la obligación de tomar las decisiones oportunas para ajustar los costes por el bien de la ciudad y de los jerezanos”.

El portavoz municipal también ha tenido hoy palabras para los incidentes ocurridos anoche en el Consistorio, cuando varios manifestantes aporrearon el coche de la alcaldesa y la insultaron. Según Saldaña, “la alcaldesa no estuvo en ningún momento retenida, sino que estuvo en estas instalaciones trabajando”. También ha afirmado que la Policía, con la ayuda de las cámaras de seguridad de la plaza de la Asunción, ya está investigando quiénes intervinieron en los incidentes más violentos, y que se va a presentar la correspondiente denuncia.

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