Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez considera que la concesión administrativa de la gestión del ciclo integral del agua a Aqualia y Traina “debe ser penalizada por los tribunales”, al considerar que se ha podido incurrir en “desagravio a la ciudadanía” o “prevaricación”.

Así han valorado la noticia de la firma ayer del contrato de adjudicación de la concesión administrativa del ciclo integral del agua con representantes de las empresas Aqualia y Traina, que asumirán la gestión durante los próximos 25 años a cambio del abono de un canon de 80 millones de euros.

Hace apenas una semana que el Ayuntamiento presentó ante el TSJA un recurso de aclaración sobre la sentencia dictada en torno al ERE municipal y la respuesta ha sido prácticamente inmediata: el fallo es extensivo absolutamente a todos los trabajadores despedidos. Esto implica que el Consistorio está obligado o bien a readmitir o bien a indemnizar a los 260 perjudicados y no solo a los menores de 59 años, que era lo que se preguntaba el gobierno local en un principio. A pesar de que la sentencia era cristalina en este sentido, el ejecutivo decidió solicitar una aclaración amparándose en un punto en el que el juez reconocía que el criterio de edad a la hora de decidir a quiénes afectarían los despidos sí se ajustó a Derecho. Ahora, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su fallo inicial por lo que al Ayuntamiento no le quedará otra que tomar una determinación sobre la totalidad de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, al haberse tratado de una demanda colectiva.

Una noticia que ha sido confirmada por la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que no obstante ha puntualizado que la sentencia no se hará efectiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Como se recordará, al margen de la citada solicitud de aclaración la administración local había optado también por recurrir el fallo del TSJA que declaraba que los despidos no se habían ajustado a Derecho, exigiendo la readmisión o indemnización de los perjudicados. “Hemos interpuesto el recurso de casación porque estamos convencidos de que el ERE se hizo correctamente, y defendemos esta actuación”, ha insistido la regidora, argumentando que solo cuando el Supremo desestime el recurso ratificando el fallo del tribunal andaluz, en el que caso de que lo haga, el ejecutivo tomará cartas en el asunto para ponerlo en práctica.

En ese momento será cuando el gobierno opte por indemnizar a los 260 afectados, pues la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que no contemplan su readmisión. Otro punto que García-Pelayo ha querido matizar es el carácter “declarativo y no ejecutivo” de la sentencia. Es decir, en el caso de que finalmente las indemnizaciones se vayan a hacer efectivas, cada trabajador deberá interponer una demanda a título individual en el Juzgado de lo Social, con el fin de que el juez declare su despido improcedente y solo entonces se puedan tramitar las mismas. Como confirmaron fuentes municipales, el montante total de estas cuantías se elevaría a 7 millones de euros, lo que unido a los 5 ya desembolsados por este concepto alcanzaría los 12 millones.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

Quedaban 24 horas para uno de los juicios más esperados del año, en el que los representantes legales de los 260 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo municipal se iban a ver las caras con el Ayuntamiento para que el juez determinara si la medida se adoptó dentro de la más estricta legalidad. Finalmente, tal y como ha adelantado uno de los personados por el Colectivo de Trabajadores Progresistas, Antonio Ortega, la vista se aplazará debido a un recurso interpuesto por el Consistorio contra un reciente auto judicial. En el citado auto, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deniega unas pruebas solicitadas por la administración, por lo que ahora deberá pronunciarse sobre el recurso antes del próximo 8 de febrero, que es la nueva fecha señalada para la vista.

Ésta es la razón por la que el juez ha decidido postergar el juicio, junto con la aparición de documentación de última hora de la Inspección de Trabajo y la Cámara de Cuentas, que deberá ser trasladada a las partes para que la analicen antes del día indicado. Ortega y el resto de compañeros que representan a las secciones sindicales de CC OO, UGT, CGT y ATM (Asociación de Técnicos Municipales) se han dirigido esta mañana al Tribunal con sede en Sevilla para confirmar lo que hasta el momento era solo un rumor. C0mo ha explicado Ortega, aunque resulta una “contrariedad”, no está en el ánimo de los demandantes recurrirlo porque eso dilataría aún más un proceso que afrontan con “ilusión”, y con una argumentación común en todos los casos: con el ERE se vulneró el principio de igualdad y de buena fe.

Esta consideración la cimentan en el hecho de que durante la negociación del expediente, según los perjudicados, no se aportó toda la documentación necesaria ni se aclaró cuáles fueron los criterios que se siguieron a la hora de elegir esa ‘lista negra’. Por ello, los demandantes piden que se declaren nulos los despidos, o se dictamine que la decisión extintiva no se ajustó a Derecho. En el primero de los supuestos, “todo se quedaría como estaba”; es decir, los trabajadores tendrían que ser readmitidos con las mismas condiciones y en los mismos puestos. En el caso de que se declarara la segunda opción, que no se ajustó a Derecho, los distintos juzgados en los que se han ido presentando las diferentes demandas tendrán que pronunciarse sobre cada perjudicado en concreto.

En este sentido, los despidos podrían ser considerados nulos o improcedentes, una última opción que conllevaría la posibilidad de readmisión o indemnización. A juicio de Ortega, el quid de la cuestión radica en que el Ayuntamiento tenía diversas alternativas de ahorro frente a una decisión tan traumática, tales como la eliminación de las productividades, la amortización de las jubilaciones o la extinción de las horas extra. “Lo que nosotros creemos es que ya tenían una idea preconcebida. Para que le dieran dinero de los créditos ICO, tenían que deshacerse de 300 personas, algo que ya habían contemplado en el Plan de Ajuste. Deloitte lo único que hizo es dar forma a esa idea con los mimbres que le proporcionó el Ayuntamiento”.

La plataforma contra la privatización de la gestión del agua sigue trabajando a la espera de que hoy se conozca si se ha presentado alguna empresa al concurso público en el segundo intento del Ayuntamiento. En el caso de que haya candidata, la plataforma llevará a cabo el recurso judicial contra la concesión con varios argumentos de peso. Uno de ellos es la titularidad del manantial de Tempul, que corresponde a la Junta de Andalucía.

“Aunque hay una concesión al Ayuntamiento de Jerez desde los años 60, las competencias son de la Junta”, explican desde la coordinadora. “El manantial tiene licencia para embotellar agua mineral por lo que, legalmente, una empresa privada podría montar una embotelladora para ganar dinero. Es aberrante”, explican. En el pliego esta circunstancia “no aparece por lo que hay un vacío legal”. Otra cuestión de peso del recurso es que no todos los municipios a los que les afecta -las siete pedanías- han aceptado la fórmula. Torrecera, Guadalcacín y Estella la rechazaron.

En el caso de que alguna empresa acepte las condiciones del segundo pliego, la plataforma pondría en marcha la maquinaria judicial. Para ello, emitirán “un bono solidario”, es decir, participaciones de 1 euro para poder correr con los gastos del recurso, de entorno a 1.500 euros.

Los miembros de la plataforma ciudadana recuerdan que en otras ciudades cercanas, como San Fernando o Huelva, las tarifas del agua han subido muy por encima del IPC tras la privatización. Indican también que “mientras que en Europa se están rescatando los servicios, en España se quieren privatizar. Es una alta traición al pueblo”.

 Jornadas ciudadanas

El Campus de Jerez será escenario este martes 15 de enero (a partir de las 18.00 horas) de las jornadas ‘El agua no es un negocio’, donde se presentará la iniciativa europea ‘El agua es un derecho humano’. Esta primera parte del acto contará con la presencia de especialistas como Luis Babiano (gerente de Aeopas y miembros del consejo científico de Attac), Jaime Morell (del consorcio de Aguas de Sevilla) y Fernando Antón (secretario general del sector nacional de Aguas de CC OO).

Otra mesa redonda abordará ‘Por qué y para qué privatizar la gestión del agua. La situación en la provincia de Cádiz’, donde se abordarán experiencias de otras localidades cercanas como Medina o Villamartín con esta fórmula de gestión privada. Participarán en ella miembros de diversos colectivos como la plataforma Apemsa no se vende (El Puerto), Ecologistas en Acción, Federación de Vecinos Solidaridad y Facua, entre otros.

La delegada municipal de Educación y Juventud, Lidia Menacho, ha hecho público un comunicado en el que exige a la Junta de Andalucía “la ampliación inmediata” de los servicios mínimos en los centros escolares de la ciudad, ante el cierre de las aulas de Infantil del CEIP Ciudad de Jerez decretado hoy por la Junta. Se trata del primer cierre tras el inicio de la huelga del servicio de limpieza en los colegios este pasado lunes.

La huelga de limpieza en los centros escolares de Infantil y Primaria está desembocando en un guerra entre las dos administraciones que entran en conflicto: el Ayuntamiento (competente en el servicio en concreto) y la Junta de Andalucía (responsable del sistema educativo). Mientras que la Junta ha asegurado que estará “vigilante” ante posibles problemas de salubridad, el Ayuntamiento había respondido que no va a permitir que se cierren colegios porque los servicios mínimos sean insuficientes y no descarta acudir a los tribunales “para garantizar el derecho a la educación”.

Por ello, el Consistorio había interpuesto ya antes de este comunicado de Menacho, ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, un recurso potestativo de reposición previo a la vía contencioso-administrativa para que los servicios mínimos sean al menos un trabajador por cada centro de trabajo, para la limpieza diaria de aseos, cuartos de baño y aulas de infantil, más dos veces a la semana la limpieza de suelo y recogida de basura de todo el centro educativo. El decreto de la Junta solo recoge la limpieza de aseos y las emergencias que pudieran surgir.

La delegada municipal de Educación, Lidia Menacho, ha manifestado que “el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía como administraciones públicas y con responsabilidad en materia educativa, tenemos que garantizar el derecho a la educación de los escolares jerezanos. Por ello, los servicios mínimos tienen que ser suficientes para no perjudicar al derecho a la educación de estos escolares. En el día de hoy hemos interpuesto un recurso ante esa decisión para el aumento de esos servicios mínimos. Se da la circunstancia de que ya hoy se están produciendo diversas incidencias en los centros por la acumulación de basura, por lo que tenemos que denunciar que no se está respetando el derecho a la educación”.

DERECHOS FUNDAMENTALES

El recuso interpuesto hoy por el Consistorio señala que “queda patente y justificado que los servicios mínimos decretados no garantizan los derechos fundamentales de los escolares jerezanos, por lo que es necesario una revisión de estos servicios mínimos”. El Ayuntamiento recuerda a la Junta asimismo que según establece el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia los servicios mínimos se han de decretar teniendo en cuenta que “exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables”.

En este sentido, el Ayuntamiento denuncia que “la no revisión de estos servicios mínimos puede suponer un impedimento al ejercicio de los derechos fundamentales de los escolares jerezanos”. Por otra parte, la delegada ha remitido un escrito a todos los centros pidiendo a la dirección de los mismos que cualquier situación de salubridad que sea considerada de emergencia (y que sí estaría incluida en los servicios mínimos decretados) se comunique al trabajador de limpieza del centro, o bien se comunique a la delegación municipal de Educación con los cauces habituales.