La Comisión de Pleno de Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Jerez ha dictaminado favorablemente el Estatuto de las Entidades Locales Autónomas (ELAS), o antiguas pedanías, que se llevará al Pleno ordinario de este viernes para su aprobación definitiva, tras haberse visto las alegaciones. Este documento establece las relaciones entre el Ayuntamiento y las entidades locales autónomas de El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete y Torrecera. 

La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, ha explicado que con este documento se “abre una nueva etapa de relaciones con las entidades locales ya que las regula, define y aclara, además de recoger el nivel de competencias, así como la financiación adecuada para ese nivel competencial, eliminando la arbitrariedad”.

Con la elaboración de este documento, que ha pasado por su etapa de presentación de alegaciones, se pone en marcha, por primera vez en Jerez «un Estatuto jurídico que es más amplio que un convenio de financiación, es un estatuto hecho para los vecinos de la zona rural, para que puedan tener los mejores servicios, pagando lo que les corresponda. Es, por tanto, un paso decisivo en su autonomía local», puntualiza la delegada.

Susana Sánchez Toro mantuvo un encuentro este martes con delegados de las Entidades Locales de Jerez para confirmarles que el estatuto se presenta en el próximo Pleno ordinario para su aprobación definitiva. La delegada ha explicado «que el estatuto se ha querido llevar al Pleno de este viernes para que, en cuanto se apruebe el presupuesto, pueda ponerse en marcha y se firmen los convenios con cada una de las pedanías».

Este documento establece que «por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, las ELAs van a poder participar en la PIE, en los ingresos de la Junta y en lo que se recauda en el Ayuntamiento. Todos los impuestos que se recauden van a ir destinados a la zona rural. También es novedoso que los alcaldes tengan voz en este Pleno en los temas que les atañen, ya que hasta ahora no podían reivindicar ni debatir así como que tengan acceso a la documentación, al expediente de los temas que les afecten», ha informado Susana Sánchez Toro.

La delegada ha añadido que «las ELAS van a poder pedir más competencias, el texto recoge lo que la ley permite pero además pueden pedir más; si son capaces de ejercer unos servicios de calidad, se valorará y compensará. Así este Ayuntamiento pone su granito de arena para que los ciudadanos de la zona rural sean ciudadanos de primera, con servicios de calidad».

El PSOE ha ganado las elecciones europeas en Jerez por una diferencia con el PP de 1.094 votos. Esa es la lectura global que más se ha dado a conocer en las últimas jornadas, con las consiguientes interpretaciones a lo que eso ha dado pie. Sin embargo, analizando los datos por distritos, se puede comprobar que el PP ha ganado en Jerez ciudad al PSOE por 1.926 votos, mientras que el  PSOE se ha impuesto claramente en las zona rural por 3.023 votos de ventaja sobre los populares. 

Detallando más todavía los datos por distritos, se comprueba que en el Jerez urbano, el PP ha ganado en sus distritos clásicos 1, 2, 4,5 y 8, que se corresponden con zonas como el centro de la ciudad, la zona de Hipercor, San Joaquín, El Almendral, Polígono. En esos distritos, los populares han conseguido 10.139 votos. Por su parte, el PSOE en el Jerez urbano gana en los distritos 3, 6 y 7, donde consigue 9.703 votos y que se corresponden con la zona de Picadueña, Las Torres, La Serrana y toda la zona este desde la Granja a Montealegre pasando por La Asunción y el Retiro.

¿Pero cuanto obtiene el PP en distritos del PSOE y al contrario? En los distritos donde la primera fuerza política es el Partidos Socialista los populares han obtenido 7.306 votos y los socialistas en las zonas de predominio popular han obtenido 4.273 votos.

Y, tal como se ha apuntado anteriormente, el PSOE se ha impuesto en esta elecciones europeas claramente al PP en la zona rural, donde ha conseguido 3.937 votos, resultado que le ha dado la victoria en el término municipal,  mientras el partido que gobierna al Ayuntamiento de Jerez solo ha alcanzado 914 votos, incluso se ha visto sobrepasada por IU, que es la segunda fuerza política en pedanías con 939 votos.

El PSOE ha conseguido el mejor resultado en la pedanía de El Torno, con el 70, 2 por ciento de los votos, y el PP ha obtenido su mejor resultado en Torrecera con algo màs del 13 por ciento de los votos.

Mención aparte merece lo conseguido por Podemos en Jerez, que ha logrado irrumpir con fuerza hasta situarse como tercera fuerza política. Pero eso merece ser objeto de un análisis propio en próxima jornadas en esta misma web.

La Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales (FAEM)  ha lamentado el “expolio económico y funcionarial al que somete el Ayuntamiento de Jerez a sus entidades locales (antiguas pedanías)”, en referencia al caso de las nuevas atribuciones de su secretaria-interventora. En ese sentido, desde la Federación, por boca de su presidente, Antonio Martín Cabanillas, lamenta “cómo se deciden las cuestiones importantes en Jerez, con respecto a las ELAs, que son gobierno locales, donde  sus alcaldes  son elegidos directamente por los electores, según la Ley electoral, algo que no ocurre en la Alcaldía de Jerez, ya que es elegida por el Pleno”.

“Dicha legitimidad”, aseguran, “no se ve reconocida por la alcaldesa de Jerez, dado que no respeta institucionalmente el rango de estos representantes públicos, y los tiene sometidos a los vaivenes de la serpenteante política municipal de jerez, que se mueve constantemente en terrenos que rozan la legalidad, al recortar los servicios de la secretaria–interventora para las ELAs, que no podrán estar bien cubiertas como determina la ley”. Desde FAEM consideran que “el nombramiento de interventora municipal, aunque sea provisional, va a provocar de facto un vacío en las entidades locales jerezanas; en una actitud de huida hacia delante muy del Ayuntamiento de Jerez, diciendo justamente lo contrario de lo que es la realidad. Si a una persona que tenía una responsabilidad y ya estaba saturada, se le da más trabajo, tendrá que dividir sus esfuerzos; ya que el refuerzo que llega en esas responsabilidades no es sustituible si se produce por personal que no tenga el cargo de funcionario habilitado por el Cuerpo Nacional de Secretarios o Interventores. No es cierto. En la práctica, el nombramiento supone dejar a las ELAs sin secretaria-interventora”.

Desde FAEM consideran que “por población, ya de por sí, las ELAs de la Barca y de Guadalcacin deberían tener su propia secretaria-interventora a  tiempo completo; y las demás, prácticamente también ya que una Ela, según la Ley, debe hacer los mismos trámites administrativos que en un municipio. Es decir: aprobación del Presupuesto, plenos, resoluciones, contrataciones, informes preceptivos e incluso vinculantes en algunos casos, así como la firma de la documentación de ingresos y pagos, como clavero de la Corporación”.

La secretaria general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha denunciado este martes el “nivel de sectarismo y la dejación de funciones del Gobierno provincial del PP a la hora de atender a las pedanías de Jerez y de otros ayuntamientos, en las que viven miles de personas y respecto a las cuales tiene la obligación legal de atenderles de manera primordial, y sin embargo mantiene condenadas al más absoluto abandono”. En este sentido, ha hecho hincapié en que el “falso plan de nuevas inversiones que se nutre de partidas presupuestarias por valor de 3.700.000 euros que el PP no ha sido capaz de ejecutar, denominado plan Reactiva, deja fuera a las pedanías de Jerez”.

Irene García ha destacado que “la principal línea de inversión recogida en ese programa son los 2.400.000 euros para mejora de equipamientos y vías públicas que se repartirán linealmente entre los 44 municipios de la provincia, lo que supone una dotación de 54.500 euros para cada uno de ellos, sin tener en cuenta sus habitantes, su índice de desempleo o el hecho de que cuenten con distintos núcleos de población”. Así las cosas, ha destacado que “las entidades locales de Jerez resultan doblemente perjudicadas, porque no son consideradas inicialmente destinatarias de esos fondos, porque el Gobierno del PP no prioriza su obligación legal de atender fundamentalmente a las poblaciones con menos de 20.000 habitantes y porque tampoco reconoce la especificidad de Jerez: por paradójico que parezca, Jerez, con siete pedanías, recibe el mismo dinero para estas inversiones que ciudades como Cádiz y San Fernando, que carecen de núcleos de población ajenos a su casco urbano. Por ello, las pedanías de Jerez deberán aguardar ahora a que la señora García-Pelayo decida que esos 54.500 euros no se dediquen exclusivamente a actuaciones en la ciudad sino que puedan llegar a cada una de las entidades locales”.

La secretaria general y portavoz ha llamado la atención sobre el hecho de que la otra línea del plan Reactiva que conlleva inversión directa en los municipios, casi medio millón de euros para mejora de instalaciones deportivas, “supone un nuevo ejercicio de arbitrariedad política y de reparto injusto de los recursos públicos, porque se ha hecho sin ningún criterio objetivo claro y sin ninguna directriz que no sea la política. Así, es inexplicable que queden fuera de ese reparto municipios de menos de 20.000 habitantes, que suponen la primera obligación de la Diputación, mientras sí se incluyen otros que superan ese volumen de población y que, curiosamente, en su inmensa mayoría están gestionados por el PP”. “Estos fondos, que se han repartido a golpe de teléfono con una llamada del diputado de Deportes, no llegan a los 44 municipios, y en el listado de beneficiarios no se incluye ni una sola de las pedanías de Jerez. De la misma manera, se quedan fuera municipios que, como Grazalema, Setenil y Benalup, forman parte de esa primera obligación de la Diputación; y se incluyen otros, como Rota, que superan esa categoría pero que tienen afinidad política con el presidente Loaiza”, ha dicho.

Por todo ello, Irene García ha destacado el “gran reparto discrecional” que se ha llevado a cabo con los recursos económicos integrados en el plan Reactiva, lo que “incluso rozaría la ilegalidad. Porque, si no hay dinero para todos y cada uno en la misma proporción, habría correspondido una convocatoria pública, con publicidad y mérito vía presentación de proyectos concretos, para seleccionar los que se debería atender sin que se generase ninguna sombra de duda”.

La secretaria general del PSOE de Cádiz se ha referido igualmente a la “precipitación” con la que el Gobierno provincial ha puesto en marcha este programa de inversión para sacarlo adelante “deprisa y corriendo”. “El Gobierno de la Diputación no ha sido capaz de ejecutar en 10 meses unas inversiones por valor de 3.700.000 euros y ahora quieren obligar a los ayuntamientos a hacerlo solo en dos meses, porque todas las actuaciones tienen que estar finalizadas antes del 31 de diciembre”, ha dicho, para añadir que este plan “simboliza una más de las mentiras del PP, porque quieren presentar una suma de inversiones ya comprometidas y que no han sido capaces de materializar como una novedad.

Irene García ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con representantes de las entidades locales de Jerez, en el que se ha analizado la situación de “absoluto abandono” a la que Gobierno provincial del PP está sumiendo a estos núcleos de población. En la reunión han participado los alcaldes socialistas de Nueva Jarilla, El Torno y San Isidro del Guadalete, y los portavoces en La Barca de la Florida, Estella del Marqués, Guadalcacín y Torrecera, así como la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario; la diputada provincial María Naval; y el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Jerez, Francisco Lebrero.

En rueda de prensa acompañada por la secretaria de Organización del PSOE de Jerez, Ainhoa Gil, y por el secretario de Coordinación con las ELAs de la Comisión Ejecutiva Provincial y alcalde de Nueva Jarilla, Javier Contreras, Irene García ha destacado posteriormente que “la única preocupación del PP en su gestión de la Diputación es atender a cuestiones que afectan a su electorado, como demuestra la reciente aprobación del plan Reactiva, presentado como unas nuevas inversiones que en realidad son un refrito de otras que no ha sido capaz de ejecutar y que previamente habían sido vendidas a lo largo de los dos años anteriores en los propios municipios”.

Irene García se ha referido también a los “ocho planes específicos de dinamización económica que el Gobierno del PP en la Diputación ha presentado en los dos últimos años y que aún no ha puesto en marcha” y ha hecho hincapié en que “buena parte de los fondos que ahora se vuelven a presentar como un nuevo plan de inversión corresponden al programa Creces, que el propio Partido Popular había vendido como una de sus grandes apuestas para generar empleo en los municipios. Ahora, se han inventado un nuevo programa que en realidad es un refrito que les permite volver con su propaganda y su autobombo, y pasearse otra vez por los pueblos, engañando de nuevo a ciudadanos y jugando con las ilusiones de quienes tienen que acogerse a cualquier esperanza de conseguir un trabajo”.

“Ayer mismo hemos conocido una de las razones de esa prisa del PP por impulsar este plan. Porque a pesar de las promesas realizadas en sentido contrario, el Gobierno no va a autorizar finalmente a las Diputaciones que destinen su superávit a planes de empleo y de inversión. Ahora se entienden las prisas del PP en la Diputación, que ha estado ahorrando durante estos dos años para hacer un reparto discrecional de inversiones entre sus municipios en vísperas de las próximas elecciones. Pero el Gobierno de Rajoy le ha parado los pies a Loaiza, a Antonio Sanz y a María José García-Pelayo, al frustrar esa trampa de no haber gastado para poder hacerlo más tarde”, ha manifestado.

Una campaña contra los “efectos demoledores” de la reforma local

Por otra parte, Irene García ha criticado los “efectos demoledores” sobre las pedanías que se derivarán de la reforma local que impulsa el Gobierno de Rajoy y que “trata de laminar a la ciudadanía y a los representantes legítimos de las entidades locales de la mano de una normativa que nace de la imposición, que no tiene el apoyo de ningún partido y que incluso ha despertado críticas de representantes del propio PP en el ámbito municipal”. En este sentido, ha anunciado la presentación de diversas iniciativas en los Ayuntamientos de la provincia y el desarrollo de una campaña de sensibilización ciudadana que persiguen “parar una reforma local que pretende hacer caja con los servicios básicos municipales y que va a empoderar a las Diputaciones. Porque, si la política diaria de la Diputación de Cádiz se basa en el sectarismo, en el olvido de los ayuntamientos, en no atender a lo alcaldes de los municipios más pequeños, en no prestar el soporte técnico y jurídico que le obliga la ley, es fácil imaginar qué puede suceder si es ella quien decide qué se hace en los municipios y qué servicios se prestan en cada uno”.

“Contrariamente a lo que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijo el pasado sábado en Jerez, esta reforma local no va a suponer un ahorro, porque la mayoría de los servicios que se prestarán desde la Diputación acabarán enriqueciendo a las empresas a las que finalmente decida privatizarlos. Además, la reforma abrirá la puerta al despido masivo de miles de empleados públicos que actualmente prestan esos servicios con gran profesionalidad y que hoy se convierten en la diana del Gobierno de la misma forma que la señora García-Pelayo ha puesto la proa a cualquier cosa que tenga que ver con lo público, y entre ellos a los propios trabajadores del sector”.

El Pleno municipal aprobó este pasado viernes la toma de conocimiento del inicio de expediente de segregación de las Entidades Locales Autónomas (ELAs) de La Barca de la Florida y Torrecerra, así como del comienzo de las actuaciones necesarias para la correcta confección de los respectivos expedientes de segregación y la acreditación documental de los requisitos exigidos en la Ley. Los expedientes de segregación, que aprobaron ya las juntas vecinales de ambas ELAs (antiguas pedanías), están regulados en el artículo 95.1 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía y deben remitirse a la Junta de Andalucía, que es la administración competente para decidir sobre la segregación.

El presidente de Torrecera, Manuel Bertolet, y el vocal de La Barca de la Florida, Andrés Rojas (en representación del presidente Alejandro López), estuvieron presentes en la sesión. “Han querido solicitar de una manera simbólica el consentimiento del Pleno del Ayuntamiento matriz a su petición de segregación, ya que no es ni necesario ni preceptivo que éste se pronuncie para que su expediente siga adelante”, explicó la alcaldesa, María José García-Pelayo.

A partir de ahora, el Ayuntamiento asesorará a las ELAs de los pasos que deben dar para culminar estos expedientes y se expedirá un certificado del pleno a cada entidad local autónoma. Por parte de la ELA debe remitirse el expediente a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, que es la administración competente para decidir la segregación de una población.

García-Pelayo ha aclarado que “la petición de los alcaldes ha sido un gesto de puro respeto y consideración hacia el Ayuntamiento de Jerez para, formalmente, dar conocimiento a este pleno de que La Barca y Torrecera van a iniciar los expedientes”.

El cierre patronal que protagonizan las Entidades Locales Autónomas durante el día de hoy y mañana es solo un aperitivo de todo un calendario de movilizaciones con las que se opondrán frontalmente al Proyecto de Ley de Reforma Local del Gobierno. Antonio Martín Cabanillas, presidente de las Federaciones Andaluza y Española de Entidades Locales Menores, se ha desplazado a Jerez para explicar los motivos concretos de una campaña con la que pretenden sensibilizar a todos los españoles y acercarles a los problemas del mundo rural, a raíz de la iniciación de una reforma que consideran “un bodrio que persigue la disolución y está encaminado a quitarnos de en medio”. Según Martín Cabanillas, el objetivo real del ejecutivo no es otro que apoderarse de los bienes comunales y territoriales de estos pueblos, a través de una centralización encaminada a la despoblación de las ELAs. Leer noticia completa

El alcalde de La Barca, Alejandro López, ha valorado el Estatuto Jurídico que el gobierno municipal del Partido Popular ha elaborado para regular las relaciones entre el Ayuntamiento matriz y las pedanías jerezanas. Y lo ha hecho mostrando su satisfacción por la decisión de crear un “Estatuto histórico, porque por primera vez reconocen nuestro sentimiento de pueblo”. A lo que ha añadido que “también por primera vez en 33 años se va a garantizar y permitir que nuestras poblaciones den un paso importante en su autonomía local”.

López Valenzuela ha subrayado además como importante para La Barca y para el resto de ELAs (pedanías) que este Estatuto establezca una mayor autonomía local, “avanzando en la descentralización de competencias, lo que posibilitará que los vecinos tengan más cercanía y proximidad para recibir prestaciones”, ha explicado.

El alcalde de La Barca ha destacado que, una vez aprobado, el estatuto que regula el marco global de las relaciones jurídicas y económicas entre el Ayuntamiento matriz y las siete ELAs, contempla la firma de siete convenios específicos en los que se concretarán las competencias y financiación para La Barca, así como las de cada pedanía en concreto. “Convenios –ha apuntado- que además estarán incluidos en los presupuestos del próximo año”.

Precisamente sobre la financiación, el presidente de la ELA ha manifestado su satisfacción porque lo que plantea el Estatuto “es un modelo de financiación más justo con nuestros pueblos”. Concretamente, el documento contempla una financiación a la carta, ya que se van a plantear distintas alternativas y cada ELA podrá elegir su modelo.

El alcalde ha hecho hincapié en que, por primera vez, habrá participación en los ingresos del Ayuntamiento, respondiendo a una demanda histórica, “tendremos participación en los Ingresos Municipales (PIM) que recauda el Ayuntamiento de Jerez en cada una de sus poblaciones y también, participación de los Ingresos del Estado (PIE) y en los ingresos de la Junta de Andalucía (Patrica)”.

Por último, Alejandro López ha resaltado la oportunidad de que los presidentes de las ELAs podamos tener voz en los plenos del Ayuntamiento de Jerez, “por lo que podremos intervenir y plantear todo lo que incumba a nuestro pueblo, además de que podremos tener acceso a consultar los expedientes que correspondan a esos asuntos”.

La secretaria general del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha destacado que “el PP ha sido el único partido que ha gobernado en Jerez que ha tomado las decisiones necesarias y ha apostado por los pueblos de la zona rural, de manera responsable y respondiendo a la justa demanda de sus vecinos”. La responsable popular se ha referido así a la elaboración por parte del gobierno municipal del borrador del Estatuto Jurídico que, por primera vez desde 1980, regulará las relaciones del Ayuntamiento matriz con las Entidades Locales Autónomas (ELAs).

Menacho  ha señalado que con la aprobación de este estatuto, que se llevará a pleno extraordinario el próximo viernes 2 de agosto, “se acaban las arbitrariedades y las pedanías tendrán más recursos, más competencias y más autonomía”.

La secretaria popular ha comentado, además, que este Estatuto es un marco global de las relaciones jurídicas y económicas entre el Ayuntamiento matriz y las siete ELAs, que después tendrá que desarrollarse en convenios específicos con cada una de ellas, con el objetivo de que ya aparezcan reflejados en los presupuestos del próximo año.

El documento permitirá que las entidades locales tengan más autonomía local, más capacidad financiera y mayor seguridad jurídica. “Con este nuevo Estatuto, el Gobierno sigue apostando por las entidades locales autónomas de Jerez”, ha manifestado Menacho.

Por otro lado, la secretaria general del PP ha querido desmentir las falsedades que vierten los socialistas sobre la reforma de la administración local y, concretamente, se ha referido a los mensajes del miedo, que nada tiene que ver con la realidad, que está difundiendo el Partido Socialista en la zona rural. En este sentido, Menacho ha sido categórica: “Las ELAs se mantienen, no se suprimen municipios y no se privatizan servicios. Y quien diga lo contrario está mintiendo a los jerezanos”.

La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, se ha reunido con los portavoces de los grupos de la oposición para presentarles el borrador del Estatuto Jurídico que, por primera vez desde 1980, regulará las relaciones del Ayuntamiento matriz con las Entidades Locales Autónomas (ELAs). La reunión ha contado con la asistencia de la secretaria interventora de las ELAs, María Paz Sánchez Manzano.

Como se recordará, este documento fue presentado la pasada semana a los alcaldes de las siete entidades locales autónomas y esta semana se ha presentado a los grupos de la oposición de cara al Pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes, día 2 de agosto.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, y la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, ya explicaron en el transcurso de una rueda de prensa que este Estatuto es un marco global de las relaciones jurídicas y económicas entre el Ayuntamiento matriz y las siete ELAs que después tendrá que desarrollarse en convenios específicos con cada una de ellas, con el objetivo de que ya aparezcan reflejados en los presupuestos del próximo año. El documento permitirá que las entidades locales tengan más autonomía local, más capacidad financiera y mayor seguridad jurídica. Con este nuevo Estatuto, el Gobierno sigue apostando por las entidades locales autónomas de Jerez.

Un pleno monográfico el próximo 2 de agosto someterá a debate y votación el nuevo estatuto jurídico para las siete pedanías de Jerez. Se trata de un documento que definirá las relaciones entre las juntas vecinales y el Ayuntamiento matriz en cuanto a competencias y financiación. Según la alcaldesa, María José García-Pelayo, es un hito histórico porque “las pedanías van a ser más pueblos que nunca”. De momento, el gobierno local ha aprobado el borrador del estatuto, que ya se ha presentado a los alcaldes pedáneos y la semana próxima, a la oposición. Después pasará a exposición pública y periodo de alegaciones con el objetivo de “alcanzar el máximo consenso posible”.

El desarrollo de este estatuto dará lugar a un convenio específico para cada pedanía -con vigencia de cinco años-, en el que los vecinos y sus representantes tendrán capacidad de decidir varios asuntos. El primero de ellos es el relativo a la cuestión económica. El Ayuntamiento propone que se adscriban a la participación de los ingresos municipales (PIM) que les corresponden siguiendo criterios de población. Recibirían ingresos de tasas como las plusvalías de compraventas, el impuesto de circulación de vehículos, el IBI y la parte municipal del IAE, además de los procedentes del Estado y de la Junta. El estatuto recoge que “nunca van a recibir menos de los que percibieron en 2013″, detalló la alcaldesa.

En cuanto a las competencias, por primera vez quedarán definidas en un estatuto jurídico desde los años 80. Se reconocerán las competencias  recogidas en la ley de 2010, además de otras que ya vinieran ejerciendo. Según el equipo de gobierno, también tendrán la opción  de decidir si transfieren ciertas labores al Ayuntamiento matriz o bien reclaman más demostrando que tienen capacidad para prestar los servicios con calidad.

Más de 7 millones de deuda con las ELAs

El Ayuntamiento arrastra una deuda de más de 7 millones de euros con las pedanías. El reconocimiento de las cantidades que se le deben a cada Entidad Autónoma se recogerá en los convenios particulares aunque la postura municipal es clara: “Nuestra prioridad es pagar el corriente y “poco a poco ir saldando la deuda”. Las cantidades sin abonar empezaron a acumularse en 2005 y han llevado a las poblaciones a situaciones de extrema dificultad.

Aunque la situación jurídica de las barriadas rurales es muy diferente a la de las ELAs, el Ayuntamiento ha anunciado hoy que están analizando la situación de cada una de ellas “y tendrán medidas específicas en el presupuesto de 2014″.

Unas 30.000 personas viven en la zona rural de Jerez, 22.000 de ellas en las siete pedanías del término municipal.