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La alcaldesa da por perdido el Plan Especial del Viñedo


Se desvanecen las esperanzas que había puestas en la reunión de este lunes entre Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía para intentar sacar adelante, de una vez, el Plan Especial del Viñedo, que cabe recordar que semanas atrás ha sido motivo de importantes desencuentros entre ambas administraciones, cada una de un color político diferentes. Y es que parece que el mismo queda definitivamente descartado. O al menos así lo ha dicho la alcaldesa, María José García-Pelayo, quien lo da por finiquitado. “La Junta ha firmado la defunción del proyecyo”, ha señalado, y pide que se cambie la ley ara que el mencionado proyecto municipal sea posible. 

Cabe apuntar que la ley no impide que alguien rehabilite una casa de viña de manera individual, pero sí prohíbe una norma urbanística que dé luz verde y de manera conjunta a todos los proyectos de reconversión que se puedan presentar en el Marco de Jerez. El Ayuntamiento pretendía aprobar un plan que diese el visto bueno a los proyectos conjuntos que presentaran los viñistas para reconvertir sus casas y hacer de ellas pequeños hoteles, ventas, restaurantes, granjas escuelas o bodegas.

La Consejería, por su parte, comparte el espíritu de la iniciativa, pero insiste en que la forma de hacerlo es presentando cada proyecto de manera individual.

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El Ayuntamiento pedirá una modificación de Ley para fomentar los conciertos nocturnos en bares de Jerez


La delegada de Juventud y Educación, Lidia Menacho, junto con los delegados de Seguridad, Javier Durá, Urbanismo, Agustín Muñoz, y Medio Ambiente, Felisa Rosado, mantuvieron ayer una reunión con músicos y propietarios de bares para abordar de forma conjunta la situación creada en torno a los acontecimientos relacionados con las actividades musicales en horario nocturno en los locales de ocio. Leer noticia completa

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Las Entidades Locales convocan protestas por un “bodrio” de reforma que “persigue la disolución” de las ELAs


El cierre patronal que protagonizan las Entidades Locales Autónomas durante el día de hoy y mañana es solo un aperitivo de todo un calendario de movilizaciones con las que se opondrán frontalmente al Proyecto de Ley de Reforma Local del Gobierno. Antonio Martín Cabanillas, presidente de las Federaciones Andaluza y Española de Entidades Locales Menores, se ha desplazado a Jerez para explicar los motivos concretos de una campaña con la que pretenden sensibilizar a todos los españoles y acercarles a los problemas del mundo rural, a raíz de la iniciación de una reforma que consideran “un bodrio que persigue la disolución y está encaminado a quitarnos de en medio”. Según Martín Cabanillas, el objetivo real del ejecutivo no es otro que apoderarse de los bienes comunales y territoriales de estos pueblos, a través de una centralización encaminada a la despoblación de las ELAs. Leer noticia completa

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La nueva ley de administración local “es un golpe de muerte a las ELAs”


El partido socialista se ha reunido esta mañana con los representantes de su agrupación en las Entidades Locales Autónomas de Jerez (ELAs) para analizar en profundidad los efectos de la Ley de reforma de la administración local cuyo anteproyecto fue aprobado este viernes por el gobierno español. El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, y su homólogo en el PSOE de Cádiz, Francisco Menacho, acompañados por la líder local Miriam Alconchel, han destacado las pésimas consecuencias que el texto conllevará al municipalismo.

A juicio de Conejo, la reforma tiene tres objetivos claros: el desmantelamiento de los servicios públicos que prestan los Ayuntamientos, la privatización de esos servicios y el despido masivo de empleados públicos. “Solo en Andalucía se perderán 40.000 empleos, 200.000 en toda España”, ha asegurado. La principal consecuencia de esa pérdida de competencias para los pueblos de menos de 20.000 habitantes -9 de cada 10 en Andalucía- es que “los vecinos tendrán que desplazarse hasta las capitales para realizar gestiones, no se garantizará la recogida diaria de basuras… Los pueblos desaparecerán como los conocemos ahora”.

Están en peligro “las políticas sociales, las de igualdad, empleo y juventud, entre otras, que se prestan desde los municipios. Según el responsable regional, “el PP quiere que desaparezcan los ayuntamientos. Es una gresión en toda regla que significa quitar participacion y democracia en nuestro país”, ha indicado tajantemente.

Movilización constante

Por eso, desde hoy el PSOE ha anunciado que se movilizará junto a vecinos y colectivos sociales para frenar un anteproyecto de ley que ha sido elaborado con la oposición en bloque del resto de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. “El PP quiere aprobar una de las reformas más importantes de nuestro país sin haber dialogado con nadie por lo que vamos a seguir pidiendo que se retire el texto”, ha señalado Conejo, que asegura que llegarán “al Constitucional si es necesario para defender a nuestros vecinos”.

“Es un golpe de muerte a las ELAs”, ha corroborado Menacho durante su intervención. La provincia de Cádiz tiene 11 de las 40 ELAs de la comunidad autónoma y más de una veintena de Ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes, por lo que las consecuencias se dejarán sentir especialmente en la zona. “Viendo la aprobación de esta ley, a la alcaldesa de Jerez se le ocurre convocar un pleno para darle más autonomía a las entidades locales cuando está ley las quita de raíz”, ha señalado.

Más contundente ha sido la responsable local del PSOE, Miriam Alconchel, que asegura que el nuevo estatuto jurídico para las ELAs se quedará “en papel mojado ante una reforma estatal de este calibre”. A su juicio, “es una irresponsabilidad que después de dos años sin pagar y sin renovar los convenios que existen, se celebre ese pleno”. El temor de los socialistas es que “aprueben algo y después digan que por imperativo legal no pueden hacer nada”.

Indignación de la Federación de Entidades Locales Menores

La Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) ha asegurado tras conocer la aprobación hoy de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública por parte del Consejo de Ministros que “Montoro miente al asegurar que el elemento fundamental de la ley es la delimitación de competencias”. A la espera de poder conocer el texto íntegro de la nueva ley, y basándose en la comparecencia ministerial, desde las entidades aseguran que “en el caso de las entidades locales, no han delimitado absolutamente nada, así que al menos por lo que respecta a las 3.700 entidades locales, el ministro miente”, asegura su presidente, Antonio Martín Cabanillas.

“Justamente era la clarificación competencial uno de los aspectos que más nos interesaba”, indican desde la FEEM, “pero es evidente que todos nuestros esfuerzos han sido insuficientes cuando el objetivo no es garantizar nuestra permanencia, viabilidad y desarrollo”.

Por ello, desde la FEEM ya han anunciado movilizaciones que culminarán, al menos inicialmente, el próximo 27 de septiembre con una macromanifestación en Madrid entre la sede del Tribunal Constitucional y Moncloa. Además, a partir de esta misma semana, se va a realizar un “cierre patronal parcial” de los más de 3.700 ayuntamientos de las entidades locales de todo el país. “Será un cierre”, indican, “de unas pocas horas, para denunciar la mentira del ministro y de esta ley”.

La Federación Española de Entidades Menores cree que se mantiene la verdadera intención del Gobierno de suprimir las ELAs o, cuando menos, diezmar al primer escalón de la administración local, y lamenta que el Gobierno no haya reflexionado “a pesar de todas las oportunidades que se le ha dado para hacerlo” y que haya optado por “una ley que puede ser la puntilla del mundo rural”.

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El PSOE cree que las empresas municipales recortarán 200 empleos con la ley de Reforma de la Administración Local


La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha presentado en rueda de prensa las propuestas que se elevarán al Pleno, entre las que destaca una iniciativa contra la ley de Reforma de la Administración Local que el Gobierno central quiere poner en marcha, “despreciando la autonomía municipal y bajo la excusa del ahorro económico”. Alconchel ha asegurado que la misma “no ahorra ni un solo céntimo, ni supone ninguna medida que permita bajar el déficit mientras conlleva la práctica desaparición de un buen número de municipios, por lo que se trata de una Ley que va contra la ciudadanía y la democracia local”.

La portavoz adjunta ha añadido que “bajo la excusa de la rentabilidad y el ahorro, el PP ha trazado una medida de carácter político que va a conllevar la aniquilación de los pequeños pueblos y la privatización de los servicios públicos, además de una perdida importante de puestos de trabajo en el sector público” y ha advertido que el desmantelamiento del sector público local “pondrá en peligro más de 250.000 empleos en España, 40.000 en Andalucía y en el caso de nuestra ciudad unos 200 puestos de trabajos de las empresas municipales”.

Ha valorado la incidencia que tendrá esta normativa en las Entidades Locales Autónomas y, de hecho, ha asegurado que “cuando el Gobierno redacte esta ley parece ignorar que los servicios públicos no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a los ciudadanos y, concretamente, a los vecinos de las pedanías de Jerez, ya que son las administraciones más próximas al ciudadano que prestan un servicio esencial que equipara los vecinos del medio urbano y rural” , por lo que ha alertado de que esta reforma supondría “la desaparición de las ELAs o su intervención”.

En lo que respecta a las grandes ciudades, Alconchel ha mantenido que la ley permite que se aumente el número de concejales que pueden optar a la liberación y también el número de asesores. “Estamos de acuerdo en que se racionalicen servicios, en que se modifiquen la financiación de los ayuntamientos y el sueldo de los cargos públicos, pero en Andalucía ya somos pioneros con el acuerdo que se concretó a través de la FAMP, donde se fijan los topes máximos para alcaldes y alcaldesas. Con esta ley el único ahorro que persigue el PP es la eliminación de los ayuntamientos”.

“Somos conscientes -ha matizado- de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos. En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente”.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

Por otro lado, Miriam Alconchel ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista va a exigir en el Pleno, a través de un ruego,  el cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), aprobado en 2009 por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal.

Alconchel ha explicado que “la función del ROM es alcanzar los objetivos de agilidad, operatividad y eficacia, por lo que obliga a su cumplimiento  en el desarrollo de los Plenos, sin que ello  suponga en ningún caso que se coarte el debate de los grupos políticos representados en la Corporación”.

La portavoz adjunta ha denunciado que en este mandato municipal “hemos asistido a una alteración de funciones, formas y contenido del ROM” y ha insistido en que “el gobierno municipal del PP y la Presidencia están haciendo un uso discrecional de la aplicación del ROM que ha conllevado un interesado desarrollo de las sesiones de control, principalmente, lo que está restando dinamismo, agilidad, eficacia y operatividad a los debates plenarios hasta provocar el cansancio y el desinterés en la audiencia pública”.

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Los jueces jerezanos secundarán de forma masiva la huelga de hoy


La inmensa mayoría de los jueces que ejercen su actividad en Jerez secundará la huelga que a nivel nacional ha convocado el colectivo para este martes 20. Concretamente, solo dos magistrados trabajarán y los juzgados contarán únicamente con los servicios mínimos, lo que implica que se suspenderán todos los juicios señalados. Así lo ha confirmado el juez decano, Juan José Parra, recordando que los paros han sido organizados para protestar por “la invasión política” que se está produciendo en la Justicia, algo que para los profesionales se ha materializado en la modificación que pretende implantar el Gobierno de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Protestamos por la forma de elección de la carrera judicial, la pérdida de vocales, la eliminación de los jueces sustitutos y, en definitiva, por el destrozo del sistema que supondrán las nuevas medidas impuestas por el Gobierno central”. De esta forma los jueces pretenden desmarcarse de las concentraciones convocadas por la Plataforma Justicia Para Todos, que integra al Consejo General de la Abogacía, haciendo hincapié en que ellos tienen sus propias reivindicaciones que son independientes de las de los letrados, especialmente en lo que a la Ley de Tasas se refiere. Como se recordará, a la huelga están llamados tanto magistrados como fiscales, aunque se prevé que estos últimos no la secunden en la misma medida que sus compañeros.

En cuanto a los abogados, su decano Marcos Camacho ha confirmado que se concentrarán mañana durante una hora a las puertas de los juzgados de Tomás García-Figueras, por lo que consideran un modelo de Justicia “impuesto y no negociado”. Algunas de sus reivindicaciones pasan por exigir que no se privatice el servicio, que se derogue la Ley de Tasas y que se dialogue con los directamente implicados en el funcionamiento del sistema de Justicia. Una jornada de protestas, por tanto, en la que cada colectivo se movilizará a su modo y luchará por defender una prioridades que parecen no ser las mismas según de quien se trate.

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Las tasas por recurrir para que se reconozca una incapacidad pueden alcanzar los 10.000 euros


Una persona que sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a luchar en los tribunales para que le reconozcan una incapacidad, puede llegar a pagar hasta 10.000 euros en recursos gracias a la recién estrenada Ley de Tasas. Así de contudente y así de crudo lo han planteado un grupo de graduados sociales jerezanos, que han decidido comparecer ante la opinión pública para expresar su frontal oposición a la nueva norma y adherirse así a jueces, abogados y procuradores, argumentando que divide definitivamente el sistema creando “una Justicia para ricos y otra para pobres”. Antonio Ortega es el portavoz de estos profesionales, que como subraya han declarado su postura a título individual, explicando que en el caso de la jurisdicción social las tasas no se abonan en primera instancia pero sí en segunda, estableciendo una brecha económica importante difícil de solventar.

“Creemos que es injusto que una ley impida a algunos ciudadanos acceder a los tribunalespara reivindicar un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva. Con esta norma lo único que hace el Gobierno es poner cortapisas y crear ciudadanos de primera y segunda categoría”. Como recuerda Ortega, la supuesta finalidad con la que nace la controvertida ley no es otra que la de descongestionar los juzgados y reducir la litigiosidad, algo que a su juicio debería conseguirse con la inclusión de más medios materiales y humanos y no “delimitando un derecho constitucional”. Según el experto, no hay que olvidar que las personas que recurren en el ámbito de lo social luchan por su medio de subsistencia bien sea en forma de pensión, salario laboral o prestación por desempleo.

Por ello, consideran especialmente injusto que en esas circunstancias estos ciudadanos deban abonar unas tarifas “abusivas” que les impedirán batallar por lo que es suyo. En este sentido, los comparecientes ponen como ejemplo el de un joven de 25 años que por un accidente laboral quede incapacitado de manera grave, y se vea obligado a recurrir tras haberle sido denegada la pensión. En este caso, teniendo en cuenta que la tasa a pagar sería proporcional al montante total de la cantidad que solicita percibir (durante los 40 años siguientes que le corresponderían trabajar), la cifra podría alcanzar los 10.000 euros, algo inasumible para la mayoría de demandantes. Por todo ello, este grupo de graduados sociales ha decidido unirse a las protestas del resto de colectivos, con la esperanza de que si el Gobierno no da marcha atrás en su determinación sean los tribunales los que acaben tumbando una ley que supone “una aberración a la Justicia”.

 

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Dependencia, cada vez más. Ley de Dependencia, cada vez menos


Escribo esta carta en nombre de las personas a las que atiendo y para las que trabajo, en su mayoría dependientes.

Están destruyendo logros por los que hemos luchado durante años y habíamos logrado conseguir, como la Ley de Dependencia. Los dependientes ya tienen suficiente pena y sus cuidadores, por regla general, suficiente fortaleza, dedicación, esfuerzo… Que, en una pequeñísima medida, se había podido compensar y con ello hacerles sentir que su trabajo era tenido en cuenta a nivel de ayuda. Ahora y con la inspección que están haciendo, las calificaciones de grado 3 pasan a ser de grado 1, por lo tanto sin derecho a acceder ni a centros de día, ni a residencias, ni a tener una atención suficiente a domicilio… Es curioso y llamativo que todos los dependientes de Salud Mental hayan mejorado hasta tal punto, o en su lugar no se calificó bien al principio, o también puede ser una manera de negarles en la práctica los recursos que por Ley les corresponden. Yo les aseguro a todos ustedes, aunque muchos ya lo sepan, que la carga emocional, física y de toda índole que supone cuidar de un dependiente no está pagada con nada y la irresponsable y frívola decisión de ir desposeyendo de ayudas a los que la necesitan me enfurece.

Me enfurece ver las caras tan tranquilas y los corazones, que adivino son de corcho, al firmar este tipo de recortes. Me enfurecen sus risas, mientras pisotean a los más necesitados. Me enfurece que se deje en manos de desaprensivos el cuidado de los débiles porque no los ven. Sé lo difícil que es ponerse en el pellejo de los otros, tener empatía, pero también sé porque lo veo que esa palabra no está en el diccionario de quienes nos gobiernan. Ante la desgracia y la enfermedad, cada vez más presente en la sociedad, es preciso poner ternura, comprensión, agrado, educación, sosiego, dedicación… Algo que hacemos diariamente los profesionales, porque estamos en contacto con ellos. Sería preciso que les tocara a los gobernantes para que, visto y sufrido en sus propias carnes, a lo mejor recapacitaran. Pero creo, señores, que tampoco, porque las penas con pan son menos.

CRISTINA ROSALES FONTCUBERTA. Psicoterapeuta y Trabajadora Social Psiquiátrica.

 

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Los funcionarios de Justicia denuncian trato “discriminatorio” con respecto a los jueces


A la plantilla de los juzgados jerezanos se le acumulan las protestas. Mientras se suceden los llamados ‘Viernes Negros’ por los recortes en materia judicial, ahora se une un nuevo calendario de movilizaciones que verá la luz en los próximos días contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como han explicado fuentes del Sindicato Profesional de Justicia a Reporteros Jerez, esta modificación, aprobada el pasado 11 de octubre, supone la eliminación de: seis días de permiso por asuntos particulares, vacaciones adicionales por antigüedad, la paga extraordinaria de Navidad y el abono del 100% del salario en los casos de baja temporal, además del establecimiento de movilidad geográfica obligatoria.

Unas medidas que el colectivo considera que constituyen una “agresión intolerable” a los derechos de una parte del funcionariado como son los secretarios judiciales, médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares. Y aquí precisamente está la raíz de su denuncia, ya que a una determinación de por sí “injusta” se añade el hecho de que sea aplicada solo a algunos de los funcionarios, excluyendo de ello a los jueces y magistrados. Según el SPJ, ello supone un trato “diferenciado y discriminatorio” puesto que estos últimos sí dispondrán de 12 días de permiso y se les abonarán entre 1.500 y 2.750 euros por las sustituciones, con lo que se compensará la eliminación de la paga extra.

Por todo ello, el funcionariado afectado está organizando un calendario de actuaciones de protesta a nivel nacional que serán secundadas por todo el personal jerezano. Los jueces, por su parte, amenazaron hace unas semanas con convocar una huelga que paralizase el sistema debido precisamente a estas reformas que también consideraban como un ataque a sus derechos. Después de que el Ministerio les haya excluido de los recortes más drásticos, todo parece indicar que los paros no se llevarán a término y ello al menos beneficiará a los ciudadanaos, que no verán mermada la asistencia.

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Ceain atiende a más de 50 personas tras la retirada de la tarjeta sanitaria para inmigrantes irregulares


El centro de acogida de inmigrantes, Ceain, ha visto incrementada notablemente la demanda de asesoramiento e información sobre los servicios sanitarios tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Desde el pasado 1 de septiembre el gobierno retiró el derecho a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular aunque varias comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía, se han opuesto a la medida con sus propios recursos.

“Aún es pronto para hablar de incidencias pero sí que hemos notado un crecimiento del 100% en peticiones de ayuda para los trámites”, asegura Francisco Morales desde el colectivo. El protocolo que siguen es el mismo que antes del 1 de septiembre: se deriva a los centros de slaud pertinentes y a los trabajadores sociales para que hagan el correspondiente informe. Así, el afectado puede conseguir un volante temporal que le permite tener asistencia médica. Medio centenar de inmigrantes han acudido solo en los últimos díez días a los servicios de Ceain para tratar de solucionar el trámite y resolver las dudas ante la nueva ley.

Tal y como ya anunciaron desde la Consejería de Salud, en Andalucía la situación seguirá como hasta ahora aunque desde instituciones como Ceain piden que se unifiquen los criterios en toda la comunidad.

Medio millar de personas

Ceain estima que alrededor de 500 personas se encuentran en Jerez de forma irregular y que su falta de asistencia médica puede tener consecuencias para ellos y para el resto de la población. “Los 1.500 millones de euros al año que dice el gobierno va a ahorrarse, no son reales ya que no contempla el impacto social de la medida y por consiguiente sus costos. Para empezar, disminuirá el control que se va a tener sobre las enfermedades infectocontagiosas al dejarse de detectar en consultas ambulatorias y previsiblemente aumentará las demandas de los servicios de urgencias, por parte de enfermos crónicos a los que no les quedará otra vía para ser atendidos”, indicaron a través de un comunicado ante la entrada en vigor de la normativa.

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