La plantilla del servicio de ayuda a domicilio ha anunciado hoy públicamente su deseo de que la empresa que actualmente ostenta la concesión, Acasa, se marche. Las trabajadoras aseguran que “un mes más que Acasa sigue significa un mes más de retraso en los cobros para nosotras”. El colectivo, que lleva años de conflicto laboral, acumula otra vez cuatro nóminas sin cobrar a pesar de la operación de préstamo llevada a cabo por el Ayuntamiento con una entidad bancaria italiana para adelantar parte de los fondos.

Los salarios de octubre, diciembre, la paga extra y el mes de enero -además de otros atrasos y las liquidaciones de empleadas que han terminado sus contratos- aún no están en las cuentas de las trabajadoras, que se sienten muy desilusionadas con la situación. Como explicó la presidenta del comité, Encarna Barrios, “hasta el 20 de marzo no habrá dinero de la Junta”. El comité “ha hecho todo lo que ha podido, hemos ido a todas partes, hemos llamado a todas las puertas posibles”, aseguró destacando que “aquí hay tres culpables: la Junta, el Ayuntamiento y Acasa”.

La primera vez que se ha cobrado mediante la operación de crédito, la Seguridad Social ha embargado más de 600.00 euros por lo que la cantidad -el banco solo adelante 1,7 millones de los 2,3 que componen el pago- solo ha dado para dos nóminas y media. Acasa tiene la concesión prorrogada hasta el próximo 28 de febrero, una situación que se repite desde junio.

Ayuno de 24 horas

La sección sindical de CGT ha organizado para las próximas 24 horas un ayuno de las trabajadoras en la plaza del Arenal. Desde las 15.00 horas de hoy y hasta la misma hora del sábado, un grupo de empleadas permanecerán al raso y sin comer para hacer visible su reivindicación. Según ha explicado Esther Hidalgo, “unas 30 personas nos quedarmos a dormir por la noche y el resto del día el número será variable. De brazos cruzados no nos vamos a quedar”.

La Junta de Andalucía ha anunciado el abono del primero de los pagos que se adeudan al Colegio de Abogados correspondientes al turno de oficio. Un soplo de aire fresco en medio de un ambiente enrarecido que sin embargo resulta insuficiente para que el organismo jerezano continúe prestando el servicio de justicia gratuita con garantías. El decano, Marcos Camacho, sigue calificando la situación de “grave” con un dato esclarecedor, como el que uno de cada tres letrados atraviesa por serios problemas para seguir ejerciendo. Como ha explicado, muchos despachos están reduciendo sus plantillas y ello se une al drama sufrido por los profesionales del turno de oficio, que en muchos de los casos han llegado a poner dinero de sus propios bolsillos.

En este sentido, los continuos recortes unidos a los impagos por parte de la administración autonómica han provocado, según Camacho, que ya se eleven a tres los meses de espera de cualquier ciudadano para que se le designe un letrado de manera gratuita. “Han reducido los baremos de justicia gratuita (lo que cobran lo abogados) un 10% y han bajado hasta un 50% la aportación para gastos de infraestructuras -recuerda el decano-. Aún nos deben varios pagos relativos al ejercicio anterior, así que si sumamos todo ello el resultado es que baja la calidad en la prestación”. En la actualidad, las atenciones a usuarios del turno de oficio se han reducido a un día a la semana, con lo que las colas en el Colegio durante los miércoles llegan a alcanzar las 100 personas.

A pesar de ello y de las presiones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que amenazó con llevar el problema a los tribunales, los abogados jerezanos insisten en que no es posible prestar el servicio con la misma calidad que se ha venido ofreciendo hasta el momento. Otra de las cuestiones que ha supuesto la puntilla para un colectivo que se considera maltratado por la administración es la consabida Ley de Tasas, cuyos efectos se están dejando notar sobre todo en asuntos civiles y contenciosos, donde son muchos los ciudadanos que están desistiendo de interponer recursos ante las elevadas tarifas que ello conlleva. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, se plantea promover un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una norma que a su juicio vulnera uno de los derechos fundamentales más elementales que existen.

La decisión de la Junta de Andalucía de cerrar todos los registros civiles de la comunidad ha levantado ampollas entre el funcionariado, que por boca del Sindicato Profesional de la Justicia de Jerez ha criticado duramente una medida “unilateral” y “perjudicial para los ciudadanos”. Según el colectivo, la decisión fue adoptada el pasado 23 de enero sin tener en cuenta la oposición de todas las organizaciones sindicales, alegando motivos económicos. Una justificación que no terminan de entender los afectados, que argumentan que el coste de este servicio ya estaba presupuestado con 2,3 millones de euros. Una vez que se ha suprimido, han preguntado a la administración cuál será el destino de esa partida “pero no han sabido o no han querido contestar”.

Una circunstancia que ha indignado al SPJ, que lamenta el “notable perjuicio” que esta reducción causará a los usuarios. En esta línea, señalan a las personas de la tercerda edad como las afectadas, alegando que deberán aguardar colas de horas durante la mañana para la expedición de certificaciones de fe de vida, una gestión que en la tarde se realiza en cinco minutos. También sufrirán un revés aquellos que por motivos laborales no puedan acudir al registro en horario mañanero y, en general, todos los que soliciten cualquier tipo de trámite, pues las esperas se auguran largas. Los ciudadanos, no obstante, no serán los únicos perjudicados ya que el sindicato asegura que la iniciativa conllevará un aumento de la sobrecarga de trabajo del personal.

“De nada han servido las decenas de informes realizados por jueces y secretarios judiciales de toda Andalucía, solicitando que no se procediera a esta medida pues se estaba prestando un servicio modélico”, se lamentan. “Además, conllevará una inevitable dilación y retraso en la gestión de temas importantes como la averiguación de datos registrales en el caso de los bebés robados”. Junto a todo ello, tampoco olvidan el nuevo recorte de retribuciones que supondrá para el personal, que ya en 2013 afronta otra reducción del 5% en el salario con lo que se eleva a un 20% menos lo que percibirán cada mes. “La Junta pone así su granito de arena en la carrera por desmantelar un servicio público y que culminará el Gobierno central con la privatización de los registros”, sentencian.

El delegado de Presidencia y primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, fue el encargado ayer de transmitir las dudas del gobierno local respecto al anuncio del consejero de Turismo sobre la ruptura de las negociaciones con Ryanair para traer nuevos vuelos al aeropuerto de Jerez. Saldaña puso sobre la mesa que “ha habido interferencias extrañas y vamos a estar muy pendientes de esas conexiones porque nos llegan informaciones de que se han desviado a otros aeropuertos andaluces”.

“La Junta se tiene que unir al trabajo del Ayuntamiento y la Diputación para traer vuelos porque, con Junta o sin ella, tarde o temprano, Jerez tendrá más vuelos”, espetó Saldaña sobre la polémica abierta hace ya dos semanas. A su juicio, “la Junta se ha convertido en portadora de malas noticias para los jerezanos y crea una situación de alarmismo. Nosotros vamos a seguir trabajando con quien sea necesario para que el aeropuerto siga adelante”.

Recuperación del vuelo con Madrid de la mañana

Además, el portavoz municipal anunció que la reserva para reanudar los vuelos Jerez-Madrid de las siete de la mañana “ya está hecha y comenzarán a operar en marzo”. No pudo concretar más detalles salvo que será la compañía Iberia directamente o su filial Air Nostrum las que se harán cargo de la conexión.

El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha anunciado hoy que el gobierno andaluz ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de junta de gobierno local de septiembre de 2012 por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Según ha explicado hoy López Gil, la Junta ha realizado un informe jurídico que apunta que la normativa elaborada por el gobierno de Jerez es contraria a ley, ya que esta, como norma general, establece que los puestos deben ser ocupados por funcionarios y solo con carácter excepcional por laborales. Sin embargo, según el delegado, en el caso de Jerez casi todos los puestos recogidos en la RPT tienen la doble adscripción para funcionarios o laborales, y en el caso de 181 casos concretos ha apuntado que hay un claro incumplimiento de la norma general.

Por este motivo han decidido acudir a los tribunales, aunque afirma que “esta vía se abre para iniciar un diálogo y buscar el consenso al que como administraciones debemos llegar para subsanar los posibles errores”. “No está en nuestro ánimo paralizar la RPT, por eso seremos colaboradores con el Ayuntamiento,”, argumenta el representante de la Junta.

Hay que recordar que también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) contra esta Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el gobierno municipal y dirigida a regular la estructura funcional y organizativa de la plantilla.

Según han informado desde el sindicato que agrupa a los técnicos, el Alto Tribunal andaluz ha admitido a trámite la demanda porque “ha encontrado indicios de que se habrían cometido determinados actos ilegales relacionados con la falta de negociación sindical y la arbitrariedad de la determinación, clasificación y valoración de los puestos de trabajo, entre otros”.

La indignación ha calado hondo en el seno del Colegio de Abogados de Jerez, tras las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz que amenazaba con interponer una demanda judicial si los letrados no prestan el turno de oficio con garantías. Como ha recordado el decano, Marcos Camacho, es la Junta de Andalucía la responsable por ley de velar por este servicio y garantizar la asistencia de justicia gratuita a los ciudadanos. Por ello, el trabajo del Colegio de Abogados en este sentido depende exclusivamente de los medios que la administración ponga a su disposición.

“La Junta es la única que tiene competencias y la responsable de mantener el servicio. Tiene que pagar lo que cueste y si no lo hace nosotros adecuaremos la asistencia a lo que aporte. Hay que recordar que el Colegio no gana dinero con esto, lo hacemos por el bien de los ciudadanos”. Tan es así, que como apunta el decano es habitual que el organismo adelante parte del presupuesto para que el turno de oficio siga su curso, debido a los continuos retrasos en el pago por parte del gobierno autonómico. En estos momentos, por ejemplo, subraya que la administración les adeuda 65.000 euros que ellos mismos han puesto de su bolsillo. “Jamás hemos tenido ninguna queja del ciudadano, ya que prestamos el servicio con garantías, lealtad y dignidad pero con el dinero que ellos nos mandan“.

Aunque el delegado del Gobierno se ha comprometido a saldar la deuda con los letrados en abril, no ha incluido el 50% de gastos de infraestructuras relativos al pasado año que aún se adeuda. Cuando se llegue a esa fecha, además, Camacho insiste en que ya volverá a deberse todo lo correspondiente al primer trimestre de 2013. Si a ello se le suma la reducción de la subvención para los citados gastos en un 50% y en un 10% en las tarifas de los profesionales, el resultado sigue siendo muy poco ventajoso para que puedan prestar el servicio como hasta ahora. En resumidas cuentas, a pesar de la amenaza de la Junta las colas continuarán en el Colegio para la asignación de letrado en la asistencia gratuita, que podría demorarse hasta seis meses ya que se gestiona solo una vez a la semana, cuando antes se realizaba de manera diaria.

“DESCONSIDERACIÓN ABSOLUTA” HACIA LOS PROFESIONALES

“La demanda con la que amenazan no tiene ni pies ni cabeza y nos parece una desconsideración absoluta hacia nosotros. Es precisamente quien genera el incumplimiento el que amenaza ahora con llevarlo a los tribunales. Bastante tenemos nosotros con financiar de nuestro bolsillo el servicio”. Así las cosas, el conflicto no parece tener visos de solución e incluso podría recrudecerse, si en las próximas semanas la administración no cumple con el primero de los pagos comprometidos.

Las promesas incumplidas por parte de la Junta de Andalucía en materia educativa según el PP son flagrantes, y más aún en el caso de Jerez donde se adeudan nada menos que 3.336.259 euros de inversión comprometida y no ejecutada. Así lo ha puesto de manifiesto la coordinadora local de los populares, Lidia Menacho, en una comparecencia en la que ha tildado de “desastroso” el año dejado atrás en lo que a educación y administración autonómica se refiere, aportando el dato general de que en Andalucía el 40% de los centros requieren de una mejora de sus instalaciones.

En esta ciudad, por contra, ha fijado esa necesidad en el 100%, denunciando el hecho de que planes como el OLA “sigan sin aparecer”, puesto que aún no se ha ejecutado el 97,8% de lo previsto. Otro de los ‘ausentes’ es el Plan de Calidad, que como recuerda Menacho después de cuatro años será finiquitado con una inversión a nivel regional de 164 millones de euros, con los que “se hubieran construido 80 colegios nuevos”. A todo ello se suma el hecho de que la delegada provincial del ramo, Cristina Saucedo, “no haya pisado ningún centro de Jerez ni conozca por tanto la realidad educativa de la ciudad”. En resumidas cuentas, un total abandono de los socialistas a juicio del Partido Popular, que repercute directamente en la calidad educativa que se presta.

“Andalucía se ha convertido en noticia a nivel nacional por tener el mayor fracaso escolar, con un 32%, así como el mayor abandono escolar temprano. Desde el PP queremos dejar claro que el sistema educativo necesita compromisos, e instamos a la delegada a que diga cuándo y qué cantidad piensa invertir en Jerez”. En esta línea, la coordinadora local también se ha referido a la delicada situación de los colegios concertados, a los que la Junta no abona un euro desde septiembre, dentro de lo que considera un “castigo y hostigamiento a los padres”. Una coyuntura parecida a la que están viviendo las guarderías, víctimas de continuos impagos y que ya acumulan dos meses de retrasos; las empresas encargadas de los comedores, cuyo servicio también se está resintiendo por el mismo motivo o la propia universidad gaditana, a la que la Junta debe 40 millones de euros.

ÚLTIMO PAGO A RESPUESTAS AUXILIARES

Pero como todo no podían ser malas noticias, Menacho ha confirmado que el Ayuntamiento ha liquidado otro de los pagos pendientes a la empresa Respuestas Auxiliares, encargada de la limpieza en colegios y dependencias municipales. En concreto, se trata de 100.000 euros que sumados a los que ya se han abonado este mes hacen un total de 350.000 euros. Con ellos, el Consistorio confía en que la concesionaria salde su deuda con las trabajadoras y éstas puedan percibir la nómina de diciembre y la tregua, por el momento, siga su curso.

El Gobierno local manifiesta su “total confianza en el proceso de elaboración de la RPT, un documento que se ha elaborado cumpliendo la más absoluta legalidad y con total transparencia”. El Ejecutivo local recuerda además que el documento cuenta con el respaldo jurídico de las administraciones legitimadas para recurrir el texto si no se ajusta a derecho, ya que ni la Junta de Andalucía, a través de la Delegación del Gobierno andaluz, ni el Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno, han recurrido la RPT en el plazo que marca la ley.

Por tanto, el segundo teniente alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, ante la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) de la demanda presentada por el sindicato ATMJ contra la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Junta de Gobierno local el pasado 19 de julio de 2012, muestra “absoluta tranquilidad ante lo que considera una práctica normal dentro del proceso si no se está de acuerdo con el documento aprobado”.

El delegado recuerda además la voluntad de diálogo y negociación puesta de manifiesto desde el principio por el Gobierno local con la convocatoria de 26 reuniones pese a no ser necesario por ley un acuerdo para su aprobación.

Javier Durá destaca además que “con la admisión CCa trámite de esta demanda, los representantes de la ATMJ tendrán que explicar a los magistrados determinadas situaciones retributivas incomprensibles y desorbitadas con las que se encontró este Gobierno local al comienzo de la actual legislatura en materia de Personal”.

Precisamente, el delegado explica que la RPT “es un documento histórico que viene a poner orden en el caos organizativo que había en el Ayuntamiento, por carecer de este documento, además de poner fin a las arbitrariedades retributivas”. Igualmente, permitirá hacer carrera administrativa en el Ayuntamiento. Por último, recuerda que “el documento dota al Consistorio de una estructura profesional reconocida y organizada”.

Ayer al mediodía, dos exdirectivos y un exsocio del Jerez Industrial suscribieron en la Notaría de Dª Dolores Conesa Lorenzo la escritura de constitución de la Fundación Deportiva Jerezana, y la constitución de un patronato sobre la misma.

Esta fundación se constituye con visión de futuro, para servir de apoyo deporte de Jerez en general y al Jerez Industrial en particular, facilitándole salvar escollos que se encontró en el pasado.

La fundación entrará en funcionamiento tan pronto la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía proceda a inscribirla en el Registro de Fundaciones, lo que ocurrirá a lo más tardar en poco más de un mes.

Solo un día después de que comenzaran las obras de urgencia en los pisos apuntalados de La Asunción, los operarios se han trasladado para hacer lo propio a varios edificios de las barriadas de La Vid y La Constancia. Otras dos zonas con solera de las mas castigadas en Jerez por el paso de los años y la desidia de las autoridades, que ahora encuentran una pequeña recompensa con esas ejecuciones con las que se sustituirá la forja de los inmuebles y se retirarán los puntales. Como en el caso de La Asunción, los trabajos durarán unos 20 días tras lo que los residentes podrán volver a sus viviendas. La rehabilitación integral, sin embargo, tendrá que seguir esperando.

En La Constancia, los vecinos de las calles Manuel Lara Jerezano y Pedro Romero mostraban su alivio por el inicio de las obras, si bien desde la asociación vecinal tachaban de “migajas” el proyecto, tras años de esperar otro de mayo envergadura. “Si se hubiera llevado a cabo el convenio de rehabilitación firmado con la Junta, que debería haberse ejecutado de 2009 a 2011, hoy estaría totalmente rehabilitado el barrio. Por ello, no cesaremos en la lucha entendiendo que los compromisos adquiridos deben cumplirse”.

En La Vid, ha sido solo un matrimonio de pensionistas el desalojado durante el tiempo que dure la remodelación. Como recordó la presidenta de la comunidad, María García, el bajo de esta pareja lleva varios años en un estado deplorable, hasta el extremo de que los ancianos veían la tele a diario entre puntales. “Hemos luchado mucho por esto -declaraba- y no sabemos cómo nunca ha pasado una tragedia”. Por ello, y a falta de la rehabilitación total, al menos respiran aliviados sabiendo que de ahora en adelante sus vidas no correrán peligro.