El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha mantenido un encuentro con representantes del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen del Marco de Jerez (Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez), y en el marco de este encuentro el representante del gobierno andaluz se mostró esperanzado respecto al futuro de este sector siempre que vaya de la mano de la innovación y de la adaptación a los actuales mercados y consumidores.

Tal como apuntó el consejero, “soy optimista aún en el contexto actual siempre y cuando cada uno haga bien su tarea, sus deberes”, porque “si los hacemos todos estoy convencido de que tenemos futuro”.

En concreto, para Planas la herramienta de la promoción es la mejor que puede utilizar el Marco de Jerez para mantener su competitividad y reconocimiento en los mercados y ha expresado su voluntad de seguir trabajando conjuntamente con el sector, “para que esta medida sea más y mejor utilizada por las empresas y cooperativas vitivinícolas”.

De hecho, ha destacado el alto grado de aceptación del programa de promoción del vino en terceros países por parte de las empresas y cooperativas de esta zona productora, que han utilizado el 87% del total de subvenciones pagadas en el período de aplicación del Programa de Apoyo Nacional, suponiendo un montante de más de 9,7 millones de euros.

También tuvo palabras para la otra pata sobre la que, a su juicio, se sustenta la posibilidad del jerez de ser competitivo y abrir nuevos mercados. Así, se refirió a la innovación y dejó claro que “el vino de Jerez tiene una tradición consolidada pero es muy importante adaptarse al entorno actual”.

En la reunión mantenida con los representantes de la Denominación de Origen se abordaron otros de los temas que más preocupan al sector como las sanciones de competencia, la necesidad de modificar el pliego de condiciones por los problemas de comercialización detectados en las pequeñas bodegas así como la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Así, Planas insistió en el compromiso de la administración andaluza para trasladar al Gobierno central de cara a la negociación de la PAC (Política Agraria Común) en Europa la necesidad de contar con unas reglas de competencia “más flexibles y ajustadas” a la situación del sector agroalimentario.

De esta forma, el consejero reclacó que la intención del gobierno andaluz es defender que las reglas de competencia del denominado “paquete lácteo” (menos restrictivas y que permiten pactar precios mínimos que hagan rentable la producción) se “extiendan” al sector agroalimentario. No en vano, tal como apuntó ante la atenta mirada del presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq, esta situación “preocupa mucho” al sector vitivinícola de Jerez.

Así, confió en que la próxima negociación de la PAC (el próximo 11 de abril vuelve a haber una cita trascendental en Bruselas) consiga “adaptar” dichas normas para evitar la “repetición de los episodios del pasado”, cuando llegaron expedientes sancionadores tanto para las bodegas como para los viñistas.

“Mirar con buenos ojos” Vinoble

Por último, el consejero de Agricultura se ha comprometido a “mirar con buenos ojos” la colaboración de la Junta de Andalucía con la próxima edición de Vinoble, que tendrá lugar en Jerez en junio de 2014.

Planas no pasó por alto la “importancia” de la cita y aseguró que “si hay posibilidades” esperan poder colaborar con la próxima edición.

Las trabajadoras de Acasa esperan poder cobrar parte de las nóminas adeudadas a partir de este martes. Si todo marcha según los plazos previstos por las tomas de razón y los trámites bancarios, la empresa podría recibir mañana los más de 700.000 euros que la Junta de Andalucía abonó la pasada semana y automáticamente el dinero pasará a las cuentas de las empleadas.

La duda a estas alturas es cuánto dinero se les pagará ya que en otras ocasiones se ha destinado una parte importante al pago de otras deudas, como la Seguridad Social. Lo que está claro es que no serán ni por asomo los cinco salarios adeudados a día de hoy. En el mejor de los casos, el dinero aportado por la Junta alcanzaría para dos nóminas y media, a no ser que el Ayuntamiento también ponga de su parte.

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La plantilla del servicio de ayuda a domicilio vive este miércoles su último día de huelga. Y lo ha hecho esta mañana protagonizando una manifestación por las calles del centro de la ciudad que ha acentuado, más si cabe, los problemas del tráfico debido a la instalación de los palcos de Semana Santa.

Las trabajadoras han permanecido apostadas a las puertas del Ayuntamiento y a las doce del mediodía han partido de la plaza del Arenal hacia Esteve, Honda, Larga y Alameda Cristina para regresar de nuevo al punto de origen. Es el acto final de la huelga que las ha tenido en la calle estos tres últimos días: el lunes en la puerta de su empresa, el martes en las oficinas de la Junta de Andalucía y hoy en el centro.

El comité de empresa ha enviado, además, un escrito rubricado por la plantilla a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, donde le explican su delicada situación y le preguntan acerca del futuro de los servicios de dependencia.

Hay que recordar que esta huelga ha afectado a 800 usuarios ya que los servicios mínimos solo han atendido a las 300 personas con mayor grado de dependencia.

Sin nás noticias del cobro

Las empleadas supieron el lunes a través de los sindicatos que la Junta de Andalucía había efectuado el pago de algo más de 700.000 euros para este servicio, dinero que aún no ha llegado al bolsillo de las trabajadoras. Ese día comenzó el proceso de las tomas de razón con el banco que se puede alargar hasta una semana, incluso más debido a los festivos. El colectivo decidió de forma mayoritaria mantener los paros ya que, aunque todo el dinero fuera destinado a nóminas, no cubriría las cuatro que ya tienen acumuladas y que están a punto de convertirse en cinco con la del mes de marzo.

Las trabajadoras de Acasa han decidido seguir adelante con la huelga que ha comenzado hoy y que durará tres días pese al pago que ha hecho la Junta de Andalucía de 700.000 euros. Según explica la presidenta del comité de empresa, Encarnación Barrios, “con este abono ahora se inicia el proceso de tomas de razón con el banco y demás. El dinero puede tardar en llegar a nuestras cuentas una semana”.

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No pueden más. Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio han convocado huelga para los días 25, 26 y 27 de marzo (Semana Santa) ante los reiterados impagos que siguen sufriendo. A día de hoy, son cuatro ya las nóminas acumuladas con una media -dados sus bajos sueldos- de 2.500 euros por cada empleada.

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La Consejería de Justicia e Interior ha abonado hoy el segundo pago de 7,4 millones al Consejo Andaluz de Abogados para continuar liquidando los gastos generados por el turno de oficio del año 2012. De esta cantidad 1,3 millones corresponden a los letrados de Cádiz, que ya ven sufragados los servicios de dos trimestres del año pasado.

Este nuevo pago beneficiará a los más de 7.000 letrados andaluces que participan en el turno de oficio. Tras el abono de estos 7,4 millones y de otra cantidad similar liquidada también a principios de febrero -2,4 millones en Cádiz en total-, correspondientes a los servicios prestados por los letrados en el primer y segundo trimestre del pasado año, el Gobierno andaluz tiene previsto pagar una última cuota de 6,5 millones el próximo mes y culminar así el total del turno de oficio de 2012 justificado por los colegios.

Este nuevo abono responde al compormiso contraído por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, en una reunión con representantes de los letrados andaluces a primeros de año paracerrar un calendario de pago que liquidara definitivamente estos servicios de justicia gratuita. El consejero ha destacado el cumplimiento y el esfuerzo que está realizando la Junta para atender estos pagos con la mayor celeridad pese a las dificultades económicas actuales, abonando en apenas tres meses 21’3 millones de euros a los abogados andaluces.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente cofinanciará junto a la Unión Europea, dentro del programa LiderA, un total de 12 proyectos de emprendedores de Jerez que contribuirán al desarrollo y diversificación de la economía de la zona. Los proyectos suman una inversión total de 482.569 de euros, de los cuales serán subvencionados 203.000 euros. La puesta en marcha de estas iniciativas permitirá la creación o consolidación de 28 puestos de trabajo.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, ha destacado la importancia de la aprobación de estos proyectos financiados con inversión público-privada en una coyuntura económica como la actual, ya que estas inversiones crearán empleos estables y de calidad y servirán además para impulsar el tejido económico y promover el desarrollo del medio rural.

Los proyectos han sido seleccionados por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR)  Campiña de Jerez y aprobados en la mañana de hoy en Jerez por el consejo territorial, órgano de toma de decisiones de los GDR en el que están representados todos los agentes sociales, económicos y políticos de cada territorio rural.

Las iniciativas empresariales abarcan en su mayoría la modernización de riegos y la adquisición de maquinaria para mejorar las instalaciones agrarias y hacerlas más competitivas. Asimismo destacan dos proyectos presentados por asociaciones de mujeres rurales que persiguen la formación de dicho sector en el mundo agrícola.

Grupos de Desarrollo Rural

Los GDR son entidades privadas compuestas por un importante número de agentes de los territorios, que participan en la gestión y ejecución del Programa LiderA, financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, y apoyan, a través de fondos públicos, los diferentes programas de diversificación económica con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural y fijar la población al territorio. En la provincia de Cádiz existen 5 GDR (Alcornocales, Campiña de Jerez, Litoral de la Janda, Sierra de Cádiz y Costa Noroeste de Cádiz).

En el día internacional de la justicia social, representantes de las ONGD andaluzas se han concentrado esta mañana en Córdoba, Jerez y Sevilla ante la grave situación en que se encuentra el trabajo de cooperación que realizan con más de 70 países del Sur por la deuda que mantienen con ellas las administraciones públicas. La principal deudora en esta comunidad, la Junta de Andalucía, debe a los países empobrecidos, a través del trabajo de las ONGD, más de 37 millones de euros; más de 20, reconocidos por la propia Junta como deuda del año 2011 o anterior, y 17 millones de la convocatoria de ayudas de cooperación internacional de 2012.

Detrás de esta cifra hay millones de personas de países del Sur que no cuentan con los recursos comprometidos por el Gobierno Andaluz para salir de la pobreza, y que debían destinarse a actuaciones para reducir el hambre, la pobreza o la mortalidad infantil; mejorar el acceso al agua potable y a saneamiento básico, la educación o una sanidad adecuada; actuar contra la desigualdad entre hombres y mujeres o hacia la libertad en la gestión de los propios recursos naturales, como tierras cultivables o recursos mineros.

Bajo el lema “La Junta de Andalucía deja tirada la cooperación internacional”, varios cientos de personas se han manifestado literalmente tiradas a las puertas de diferentes sedes de la administración autonómica. Cada una de ellas portaba un letrero que representaba los diferentes tipos de actuaciones señaladas en su labor de cooperación con otros países, que sólo en 2011 sirvió para mejorar las condiciones de vida de 12,5 millones de personas. En Jerez, la concentración se ha realizado en la Alameda Cristina, ante la sede de la Oficina Tributaria de la Junta de Andalucía, acudiendo representantes de la Asociación Madre Coraje e Intermón Oxfam, organizaciones integradas a la Coordinadora de ONGDs de la provincia de Cádiz.

RETROCESO DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA

Con esta nueva protesta, las ONGD han querido resaltar que la situación es insostenible y atenta contra los derechos humanos. Más allá de la deuda, las organizaciones andaluzas muestran su rechazo al retroceso que vive la cooperación al desarrollo en Andalucía, reflejada en varios aspectos.

Entre ellos, el retroceso presupuestario: la AOD de la Junta de Andalucía se ha reducido en casi un 30% respecto a 2012, lo que la sitúa en el 0,17% del presupuesto total de la comunidad, muy lejos del comprometido 0,7%.

Por otra parte, resulta grave que, sumado a lo anterior, el nivel de ejecución sea muy inferior a lo presupuestado. Como ejemplo, la convocatoria de ayudas de 2012: de los 45 millones previstos de dotación en la orden, tan sólo se han comprometido 17. Es decir, el presupuesto se ha recortado en más de un 66% en su ejecución.

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LA CAONGD SOBRE EL IMPACTO DE LOS IMPAGOS EN SUS ONGD 

La Coordinadora Andaluza de ONGD ha realizado una encuesta entre sus ONGD federadas para determinar en qué medida se han visto afectadas por los impagos de proyectos y programas de cooperación aprobados por las administraciones públicas (y, en menor medida, por la disminución de ingresos privados) entre 2010 y 2012. Entre las conclusiones más significativas de esta encuesta se encuentran los siguientes datos:

• El 84% de las ONGD tuvo menos ingresos públicos en 2012.
• El 86% de las ONGD tuvo menos ingresos privados (provenientes de empresas, donaciones, cuotas de personas socias…) en 2012.
• Cada ONGD cuenta con una deuda por ingresar, la mayor parte de administraciones públicas, de cinco millones de euros a día de hoy; en 2011 la media era de 860.000 euros, y en 2010, de 307.000 euros.
• Las ONGD han iniciado acciones de cooperación, e incluso finalizado, sin haber recibido ingresos comprometidos: cada una de ellas tiene como media dos programas o proyectos de lucha contra la pobreza en esta situación.
• En el lado opuesto y más grave para la población de los países empobrecidos, cada ONGD ha dejado de realizar una media de 3,5 proyectos por los impagos.
• El 14,3% de las ONGD ha optado por endeudarse para no dejar de realizar las acciones de cooperación acordadas con las organizaciones y comunidades con las que cooperan, y han solicitado créditos para iniciar los proyectos no pagados.
• El número de personas socias ha disminuido desde 2010 para el 58,3 % de las ONGD.
• La mitad de las organizaciones calculan que podrán seguir funcionando un año como máximo sin recibir lo que las administraciones públicas les adeudan; el 23,5% del total no conseguirá resistir más de seis meses.

 Como consecuencia de la crisis:

• El 75% de las ONGD ha reducido su personal; la mitad del total ha aplicado reducciones salariales a sus trabajadores/as.
• El 41,4% de las ONGD ha tenido que abandonar su trabajo en algún país o región del Sur.
• El 26% ha tenido que cerrar su sede en Andalucía.
• El 86% ha disminuido su actividad en los países empobrecidos.
• El 76,5% ha disminuido sus actividades en Andalucía.

La Delegación de Salud y Bienestar Social de Cádiz ha emitido un comunicado en el que responde a las acusaciones a de los familiares de los ancianos residentes en el geriátrico Suite La Marquesa, que ayer denunciaban mala atención a los usuarios, y en él asegura que la Dirección de la Inspección puede confirmar “tras un riguroso reconocimiento de las instalaciones, que, pese a las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa concesionaria, la higiene de los residentes es correcta, las alimentación es la adecuada a sus necesidades y está, por tanto, programada, y que los posibles problemas de salud de las personas de La Marquesa están debidamente atendidos por un equipo de médicos y enfermeras”.

Según la Junta, el pasado jueves la Inspección decidió acudir a la residencia ante un escrito anónimo “y pese a que este documento, repartido sin firma ni procedencia conocida de familiares o trabajadores, podría carecer de credibilidad, tres inspectoras de esta Delegación se personaron en Jerez para comprobar la veracidad de lo expresado en el documento, siempre pensando en el bienestar de los residentes”.

De esta forma, la Inspección de Servicios Sociales de esta Delegación insiste en que hasta el día de ayer no había recibido “ni una denuncia oficial por escrito de familiares sobre la supuesta desatención que reciben los residentes de dicho centro”. Argumentan además que en la mencionada Inspección se reciben llamadas telefónicas demandando asesoramiento de familiares de residentes de toda la provincia, y “en el caso de La Marquesa, solo se ha tenido un requerimiento del pasado 12 de febrero”. Salud y Bienestar Social entiende que “en caso de que los graves hechos relatados fueran ciertos, tendrían en su poder numerosas denuncias oficiales de allegados”.

Además de todo lo anterior, desde la administración han querido insistir en que la Inspección de Servicios Sociales “realiza una labor impecable para evitar cualquier situación de falta de atención a residentes de centros de mayores de la provincia”. En este sentido, la Delegación lamenta el desprestigio que “ha pretendido promover un escrito cobarde, ya que es anónimo y, sobre todo, la innecesaria alarma social entre la población”. Acciones como esta, que parecen responder a intereses nada claros, solo causan una angustiosa preocupación a los familiares de los residentes en este centro, al tiempo que cuestiona la profesionalidad de una plantilla cuya dedicación está fuera de toda duda”.

Por último, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social ha querido atribuir esta “desagradable rumorología”  a un ambiente laboral enrarecido y, en este sentido, confía y desea que la concesionaria actúe en consecuencia para paliar esta situación lo antes posible, “porque no es de recibo que se intente utilizar a los mayores en un conflicto entre empresa y trabajadores”.

“Hemos constatado muchas de las denuncias”

La primera reacción de los familiares de los ancianos residentes tras el comunicado de la Junta ha sido de indignación, sobre todo porque como han recalcado reiteradamente “la denuncia que hemos realizado no parte de ningún escrito anónimo que nos haya podido llegar o que esté circulando por el centro, sino que nos hemos quejado de situaciones que hemos podido constatar con nuestros propios ojos cuando vamos a visitar a nuestros mayores”.

Estos familiares han insistido a este medio en que “nunca han puesto en duda la profesionalidad de la plantilla”, sino que miran a la dirección del centro cuando denuncian que “la calidad y cantidad de la comida que se da a los usuarios es peor, y no sabemos qué y cuándo habrán inspeccionado desde la Junta, pero parece que no han visto cómo los ancianos permanecen sin asear durante horas y horas por la mañana sin poder ser atendidos. Nosotros, que vamos a visitarlos, sí lo hemos comprobado”.

Respecto a su denuncia, muestran los comprobantes de que el pasado día 12 se hicieron envíos vía fax de su escrito tanto a la Delegación Provincial como a la Dirección General de Personas Mayores en Sevilla. “Y están firmados por un buen número de familiares, con nombres y DNI, por lo que está claro que cuando la Junta habla de un escrito anónimo debe estar confundida”, lamentaron. Recordaron además que también han presentado queja ante el Defensor del Ciudadano y Bienestar Social en Jerez.

En este punto, y pese a la decepción de la respuesta de la administración, apuntan que van a esperar unos días por si obtienen una respuesta oficial a su escrito de denuncia y, en caso contrario, “iremos más allá en nuestras denuncias y llamaremos a las puertas que sean necesarias, porque la situación del centro y de nuestros mayores no es adecuada, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Un grupo de familiares de los ancianos que viven en la residencia Suite La Marquesa han recogido en un escrito que ya han enviado a la directora general de Personas Mayores de la Junta de Andalucía, María José Rico, todas las anomalías que han detectado en el cuidado de estos usuarios y de las que culpan a la dirección del centro, que arrastra problemas económicos desde 2010 y que ahora negocia la venta de la empresa.

En el documento, enviado el pasado día 12 de febrero, los familiares de los usuarios del centro lamentan las irregularidades en el cuidado de los 184 usuarios del centro. Y dejan muy claro que “las quejas no van dirigidas a los 114 empleados, que han demostrado por encima de todo su responsabilidad con los mayores aún sin estar cobrando sus nóminas, sino que se debe a los constantes engaños de la dirección del centro”.

Tanto es así que incluso apuntan que la plantilla convocó una huelga el pasado día 7 de febrero de la que los familiares no sabían nada porque “la dirección coaccionó con el despido a los trabajadores si nos informaban de la huelga”.

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