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Uno de cada tres abogados tiene serios problemas para seguir ejerciendo

La Junta de Andalucía ha anunciado el abono del primero de los pagos que se adeudan al Colegio de Abogados correspondientes al turno de oficio. Un soplo de aire fresco en medio de un ambiente enrarecido que sin embargo resulta insuficiente para que el organismo jerezano continúe prestando el servicio de justicia gratuita con garantías. El decano, Marcos Camacho, sigue calificando la situación de “grave” con un dato esclarecedor, como el que uno de cada tres letrados atraviesa por serios problemas para seguir ejerciendo. Como ha explicado, muchos despachos están reduciendo sus plantillas y ello se une al drama sufrido por los profesionales del turno de oficio, que en muchos de los casos han llegado a poner dinero de sus propios bolsillos.

En este sentido, los continuos recortes unidos a los impagos por parte de la administración autonómica han provocado, según Camacho, que ya se eleven a tres los meses de espera de cualquier ciudadano para que se le designe un letrado de manera gratuita. “Han reducido los baremos de justicia gratuita (lo que cobran lo abogados) un 10% y han bajado hasta un 50% la aportación para gastos de infraestructuras -recuerda el decano-. Aún nos deben varios pagos relativos al ejercicio anterior, así que si sumamos todo ello el resultado es que baja la calidad en la prestación”. En la actualidad, las atenciones a usuarios del turno de oficio se han reducido a un día a la semana, con lo que las colas en el Colegio durante los miércoles llegan a alcanzar las 100 personas.

A pesar de ello y de las presiones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que amenazó con llevar el problema a los tribunales, los abogados jerezanos insisten en que no es posible prestar el servicio con la misma calidad que se ha venido ofreciendo hasta el momento. Otra de las cuestiones que ha supuesto la puntilla para un colectivo que se considera maltratado por la administración es la consabida Ley de Tasas, cuyos efectos se están dejando notar sobre todo en asuntos civiles y contenciosos, donde son muchos los ciudadanos que están desistiendo de interponer recursos ante las elevadas tarifas que ello conlleva. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, se plantea promover un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una norma que a su juicio vulnera uno de los derechos fundamentales más elementales que existen.

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