La indignación ha calado hondo en el seno del Colegio de Abogados de Jerez, tras las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz que amenazaba con interponer una demanda judicial si los letrados no prestan el turno de oficio con garantías. Como ha recordado el decano, Marcos Camacho, es la Junta de Andalucía la responsable por ley de velar por este servicio y garantizar la asistencia de justicia gratuita a los ciudadanos. Por ello, el trabajo del Colegio de Abogados en este sentido depende exclusivamente de los medios que la administración ponga a su disposición.

“La Junta es la única que tiene competencias y la responsable de mantener el servicio. Tiene que pagar lo que cueste y si no lo hace nosotros adecuaremos la asistencia a lo que aporte. Hay que recordar que el Colegio no gana dinero con esto, lo hacemos por el bien de los ciudadanos”. Tan es así, que como apunta el decano es habitual que el organismo adelante parte del presupuesto para que el turno de oficio siga su curso, debido a los continuos retrasos en el pago por parte del gobierno autonómico. En estos momentos, por ejemplo, subraya que la administración les adeuda 65.000 euros que ellos mismos han puesto de su bolsillo. “Jamás hemos tenido ninguna queja del ciudadano, ya que prestamos el servicio con garantías, lealtad y dignidad pero con el dinero que ellos nos mandan“.

Aunque el delegado del Gobierno se ha comprometido a saldar la deuda con los letrados en abril, no ha incluido el 50% de gastos de infraestructuras relativos al pasado año que aún se adeuda. Cuando se llegue a esa fecha, además, Camacho insiste en que ya volverá a deberse todo lo correspondiente al primer trimestre de 2013. Si a ello se le suma la reducción de la subvención para los citados gastos en un 50% y en un 10% en las tarifas de los profesionales, el resultado sigue siendo muy poco ventajoso para que puedan prestar el servicio como hasta ahora. En resumidas cuentas, a pesar de la amenaza de la Junta las colas continuarán en el Colegio para la asignación de letrado en la asistencia gratuita, que podría demorarse hasta seis meses ya que se gestiona solo una vez a la semana, cuando antes se realizaba de manera diaria.

“DESCONSIDERACIÓN ABSOLUTA” HACIA LOS PROFESIONALES

“La demanda con la que amenazan no tiene ni pies ni cabeza y nos parece una desconsideración absoluta hacia nosotros. Es precisamente quien genera el incumplimiento el que amenaza ahora con llevarlo a los tribunales. Bastante tenemos nosotros con financiar de nuestro bolsillo el servicio”. Así las cosas, el conflicto no parece tener visos de solución e incluso podría recrudecerse, si en las próximas semanas la administración no cumple con el primero de los pagos comprometidos.