Jerez debe apostar por políticas, por medidas, por proyectos que la conviertan en una ciudad referente para las familias. Así lo ha expresado el portavoz y candidato popular Antonio Saldaña, tras un encuentro mantenido con la Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz. Leer noticia completa

El diputado nacional del Partido Popular, Aurelio Romero, ha valorado como muy positiva para Jerez la decisión del Gobierno de Rajoy de bajar los impuestos, cumpliendo así el presidente Rajoy su palabra y su compromiso electoral. Romero ha destacado que la bajada de impuestos del Gobierno favorece a las familias y a las rentas más bajas de Jerez, explicando que tres de cada cuatro jerezanos se benefician, desde el pasado 1 de enero, de una rebaja del 23 por ciento en el IRPF como mínimo, con la que el PP devuelve los esfuerzos y sacrificios de estos años de crisis para salvar la situación económica del país, “a lo que se suma –ha añadido- la revalorización de las pensiones que ya son efectivas también”. El diputado ha señalado que la bajada de impuestos “ya es efectiva”, favoreciendo a las familias -especialmente a las “rentas más bajas”-, a autónomos y pymes de Jerez y la provincia”.

Romero ha detallado que aquellos contribuyentes jerezanos que declaren menos de 12.000 euros anuales, “no van a tener que pagar nada”. Asimismo, aquellos contribuyentes que declaren menos de 18.000 euros anuales van a beneficiarse de una rebaja anual del 31% y los que declaren menos de 24.000 euros al año van a favorecerse de una rebaja anual del 23%.

Asimismo, el dirigente popular ha dicho que “por primera vez en cinco años, el Gobierno de la Nación no subirá las tarifas del peaje de las autopistas en 2015”, una nueva medida “en beneficio del ahorro de las familias y a favor de la actividad económica”.

Romero ha resaltado también los “beneficios sociales” de la reforma fiscal, detallando las ayudas de 100 euros al mes para madres trabajadoras, para familias con hijos, para familias con padres o abuelos con discapacidad, para familias numerosas y con categoría especial y el aumento de las deducciones por hijos, padres o abuelos con discapacidad. “Estas deducciones –ha comentado- podrán ser acumulables hasta un total de 6.000 euros anuales”, lo que califica como “una aportación histórica en beneficios de las familias jerezanas”.

Por otro lado, Romero ha apuntado que otros de los sectores beneficiados son los autónomos, con medidas importantes de carácter general y especialmente para los que declaran menos 12.000 euros año. Así, para el tipo general, la bajada de retenciones pasa del 21 al 19%, y para aquellos autónomos que declaren menos de 12.000 euros al año, la rebaja será del 21 al 15%, una medida que “ya se aplica desde el pasado julio”, suponiendo un ahorro de 300 euros en 2014 y de 600 euros en 2015. A ello, se suma la bajada de 5 puntos en el impuesto de sociedad, pasando del 30 al 25% y que podría bajar hasta el 20%, lo que va a beneficiar a 15.000 empresas en la provincia, así como una fiscalidad reducida del 15% para nuevos emprendedores.

El diputado jerezano ha hecho hincapié en que la bajada de impuestos del Gobierno favorece a las familias y a las rentas más bajas, mientras que el bipartito PSOE-IU de la Junta de Andalucía no aceptó la reforma fiscal del PP para Andalucía, que hubiese supuesto 45 millones de ahorro para las familias de la provincia.

Por último, ha recordado que la propuesta presentada por Juanma Moreno contemplaba “la bajada de los tramos autonómicos del IRPF que permitirá ahorrar una media de 400 euros a los bolsillos de los jerezanos”, así como “deducciones a familias numerosas, reducciones por gastos de guardería, por adquisición de libros y material incluyendo a universitarios, deducciones en el pago de intereses de préstamos para post grados, por inversión en vivienda habitual en núcleos rurales, o bajadas de los impuestos de sucesiones y transmisiones, entre otros”.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, acompañada de Marcos Camacho, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, ha presentado el balance de la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) que nació hace dos años, gracias al convenio firmado por los representantes de ambas instituciones, con el objetivo de apoyar a las familias con dificultades para hacer frente a las ejecuciones hipotecarias.

Isabel Paredes ha recordado que la OIH es una iniciativa pionera propuesta por el Colegio de Abogados que se ha visto reforzada como recurso “gracias a dos leyes del Gobierno central cruciales para buscar una solución alternativa a la inminente ejecución hipotecaria”: el decreto 6/2012 de medidas urgentes de  protección de deudores hipotecarios y, sobre todo, por la ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, mediante la reestructuración de la deuda y el alquiler social, y otras medidas como la dación en pago; la quita de la deuda; las cláusulas abusivas; la suspensión de los lanzamientos durante dos años a personas en exclusión social y la creación del Fondo Social de Viviendas.

En la ciudad, ha añadido Isabel Paredes “hay algunas instituciones que se encargan de la atención de personas con dificultades de vivienda que luego vienen derivadas a los Servicios Sociales, y a veces sin tiempo ya para evitar un desahucio”. La  única oficina de la ciudad “que dispone de un turno específico de oficio gratuito y donde los expedientes son tramitados por especialistas es la OIH”, ha asegurado. En este sentido, la delegada ha mencionado los nuevos perfiles de usuarios atendidos, perfiles que ha calificado de heterogéneos: parejas jóvenes con hijos a cargo; mujer separada cuyo exmarido no cumple el convenio regulador por el que se hace cargo de la hipoteca, aunque en todos los casos existe un denominador común; una situación de paro que no les permite hacer frente al pago de la hipoteca. “Son familias que necesitan respuesta adecuadas, que tienen autonomía y que no necesitan tutelaje”.

Por la OIH han pasado 1.800 familias. De ellas 454 se interesaron por los servicios de la OIH, de las que 187 cumplieron los requisitos; 15 familias se han acogido al Fondo Social de Viviendas (convenio de adhesión de 2013 con la FEMP); 146 familias solicitaron una vivienda de emergencia y 992 pidieron información general sobre vivienda. “El Fondo Social de Viviendas en un proceso lento porque deciden las oficinas centrales; hay muy buena relación con las entidades”, ha anunciado.

Ahora la OIH está dando información sobre cláusulas abusivas, atendiendo la demanda de los usuarios. “En la ciudad, nadie que ha acudido al sistema establecido ha sufrido un desahucio como propietario de vivienda. Distintos son los desahucios por alquileres, por locales o segunda vivienda. La ley1/2013 dice que si la persona propietaria se encuentra en una situación de vulnerabilidad se paraliza la ejecución hipotecaria con un informe del trabajador social que certifica esa situación; la función social de la vivienda prima, por ello además hemos incrementado las ayudas de alquiler y por primea vez hemos puesto en marcha un reglamento para las viviendas de emergencia; un reglamento que garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades en la entrega de estas viviendas”, ha añadido.

Isabel Paredes ha afirmado que en 2011 se produjeron 300 lanzamientos, 250 en 2012 y 228 en 2013, esto significa que se han reducido en un 80 % los lanzamientos respecto a 2011. “El Juzgado no facilita los datos separados de si son locales, segundas viviendas o de alquiler”, han añadido la delegada. La dotación de la OIH fue de 50.000 euros pero solo se han gastado el 20% del presupuesto, que no llega a los 10.000 euros. La delegada ha desmentido que la OIH haya derivado personas a la PAH “todo lo contrario”  ha dicho, tras explicar que este organismo deriva su servicio, al parecer, a un letrado de El Puerto y también se pide el pago de una cuota. “En muchos casos no llegan usuarios de la PAH totalmente desorientados. Y por supuesto, la OIH es gratuita”, ha reiterado.

Marcos Camacho ha recordado que la OIH nació como un proyecto pionero en España de la mano del Ayuntamiento y del Colegio de Abogados. “La OIH es una ventana que se ha abierto a muchas familias que han visto peligrar un derecho tan esencial como la vivienda”. Los grandes números de familias interesadas revelan “la necesidad de crear una iniciativa como la OIH”, ha explicado. El decano ha comentado el funcionamiento del procedimiento. La OIH recibe al usuario en la delegación municipal, recaba la documentación y es derivado al Colegio de Abogados, si tiene interés en ello. “En ese momento entra en el turno de pro bono del Colegio de Abogados, que es voluntario, y  donde hay 45 abogados. El abogado se pone al servicio del usuario. Tras la ley de 1/2013 los bancos son más proclives a negociar. De los 95 asuntos recibidos, la solución se produce en el 50% de los casos. Entran unos 45 por año. Nuestro interés es llegar acuerdos donde la familia no pierda la vivienda”. Hay varias fórmulas: dación en pago y alquiler social. Se han producido seis daciones, 13 reestructuraciones de deuda (bajada de la hipoteca o ampliación del plazo) y se han cerrado 23 casos sin acuerdo. “Son personas que llegan con un problema inminente de embargo de subasta; ocurre también que cuando no sentamos con el banco hay avalistas y el banco tira de los avalistas; en otras casos se llegan a diferentes acuerdos particulares. Nosotros estamos muy satisfechos de prestar este servicio a la ciudad de Jerez”, ha enfatizado.

Jerez también está siendo escenario de uno de los efectos más duros y crueles de la crisis. No en vano, afecta a niños, pequeños con nombres y apellidos cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones obvias, al igual que el nombre del centro educativo donde ha sido detectado el problema, aunque se sospecha que puede no ser el único. Y, aunque se tratan de casos puntuales, han encendido las luces de alarma en buena parte de la comunidad educativa de la ciudad, que se ha puesto manos a la obra para darles solución con el tacto y la discreción que requiere un asunto tan delicado como éste.

La alarma saltó semanas atrás, cuando desde el profesorado del centro educativo en cuestión se detectó que había niños que acudían a clase sin haber cenado ni desayunado. En un principio se trataba, lógicamente, de una sospecha, pero acabó confirmándose con el tiempo. Los docentes trasladaron la consiguiente preocupación a la dirección del colegio, primero, y a la Asociación de Madres y Padres (Ampa), después. Para entonces ya no quedaban dudas de tan dura realidad y se decidió hablar con los padres de los niños afectados, que, según las fuentes consultadas, serían cuatro.

Los padres acabaron reconociendo la situación, después de haber intentado de ocultarla durante un tiempo por vergüenza, según ha podido saber REPORTEROS JEREZ. No son, ni mucho menos, familias desestructuradas ni con problemas de adaptación social o conflictivas. Podrían considerarse familias ‘normales’ y que hasta no hace mucho tenían una situación económica sin excesivas estrecheces.

El centro educativo ya se ha puesto manos a la obra para intentar ayudarles. Así, por ejemplo, a través del Ampa se está trabajando para conseguirles alimentos y productos de primera necesidad, con el objetivo de encontrar así una solución a corto plazo y que los pequeños no vuelvan a clase sin haber cenado ni desayunado. También tratan de facilitarles una solución a más largo plazo, que les permita una mayor estabilidad, en este caso a través del decreto ley aprobado recientemente por la Junta de Andalucía y que garantiza que todos los niños de la región hagan al menos tres comidas al día. Han comenzado las gestiones y trámites administrativos necesarios para que puedan acogerse al plan autonómico correspondiente.

El concejal del grupo municipal socialista José Manuel Jiménez ha pedido a la alcaldesa que se ocupen las viviendas del parque público municipal, que actualmente estén sin vender y se encuentren desocupadas. A través de un comunicado, Jiménez ha recordado que cientos de familias jerezanas no tienen una vivienda digna y que debido a la difícil situación en la que se encuentran, carecen de medios para acceder a ellas. Por ello, y dado que el Ayuntamiento cuenta con un parque municipal de viviendas públicas, insta al gobierno a que busque las fórmulas adecuadas para que las familias puedan acceder a viviendas desocupadas en relación a su coyuntura social y económica. Leer noticia completa

La Junta de Gobierno Local celebrada esta semana ha aprobado la resolución de las bonificaciones de las tasas de agua, alcantarillado y basura y la concesión de las subvenciones para los beneficiarios de las mismas residentes en las comunidades de propietarios que cuentan con contadores colectivos. Hay que recordar que en febrero de este año se aprobó de forma definitiva la modificación de las ordenanzas fiscales de las tasas de agua, alcantarillado y basura, que recoge  como novedad la posibilidad de bonificación en los supuestos de cuotas de suministros colectivos o comunitarios y la apertura de plazo extraordinario para llevarlo a cabo.

El gobierno municipal afirma que entendía que era necesaria esta modificación “ya que suponía una discriminación hacia las personas que, viviendo en bloques con contadores comunitarios no pudieran beneficiarse de las bonificaciones a pesar de que, por sus circunstancias familiares, sí tuvieran derecho a las mismas”. Así desde Jereyssa se arbitró un sistema para que estas personas y familias pudieran acceder a esta bonificación. Una vez aprobada esta modificación se abrió un plazo extraordinario de solicitud para que estos posibles beneficiarios presentaran las mismas.

Igualmente, cabe recordar que se aprobó en Pleno la modificación de la convocatoria ordinaria, cuyo plazo terminó el pasado 30 de septiembre y que tendrá vigencia para el año 2014. Así como que, de oficio, se puedan conceder la concesión de bonificaciones de oficio durante todo el año para personas en situación económica especialmente desfavorecida. Estas bonificaciones se concederán cuando los técnicos de los Servicios Sociales Municipales lo estimen conveniente, por motivos excepcionales, pudiendo instar a su concesión de oficio mediante informe motivado al respecto.

El Ayuntamiento recibirá 105.640,28 euros para financiar las Ayudas Económicas Familiares incluidas en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el 2013 recogidos en el Decreto contra la exclusión social al que se adhirió el Consistorio jerezano el pasado 17 de mayo. Hay que recordar igualmente que el Ayuntamiento se incorporó a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y al Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el 2013 el pasado 21 de mayo. Leer noticia completa

El secretario de Políticas Sociales del PSOE, José Manuel Jiménez, ha salido a la palestra para rebatir los datos aportados por el gobierno local en torno a las ayudas a los más desfavorecidos, acusando al ejecutivo de dejación de funciones. En concreto, el que fuera concejal ha asegurado que el Ayuntamiento “está dejando tirados en la cuneta a miles de jerezanos”, al no adoptar las medidas necesarias y depositar el grueso de la asistencia en manos de las entidades sin ánimo de lucro. “Cáritas atendió el pasado año a 90.000 personas, lo que supone casi el 50% de la población, frente a los 25.000 que atendieron los servicios municipales. El gobierno fía las políticas sociales a las instituciones, pero es él quien tiene que responder y no se puede esconder tras ellas”.

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El caso creó una gran expectación debido a la cantidad de personas afectadas, ya que alrededor de 100 familias perdieron buena parte de sus ahorros por haberse dejado engatusar presuntamente por un vendedor de pólizas postizo. Esta semana, la Audiencia Provincial de Jerez acoge el inicio de la celebración del juicio que arranca el martes y se podría prolongar varias semanas. En el banquillo de la Sección Octava se sentará Carlos B. N., acusado de un presunto delito continuado de falsedad en documento, otro continuado de estafa y otro de apropiación indebida. Un rosario de imputaciones para las que el fiscal solicita 9 años de prisión.

Como han informado fuentes del caso, el modus operandi del procesado se centraba supuestamente en la venta de pólizas de seguros de inversión falsas en nombre de la compañía AXA, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento. Cuando los beneficiarios se dispusieron a retirar lo invertido, nunca pudieron recuperarlo. Las pérdidas de cada perjudicado oscilan entre los 2.000 y los 180.000 euros por persona, alcanzando una cifra global de más 2,5 millones. Ello provocó la ruina de un centenar de familias de Jerez y Rota, que ahora confían en que se haga justicia y el conocido como ‘estafador del seguro’ pague por lo que presuntamente ha hecho.

Junto a Carlos B. N., que permanece en prisión desde 2009 por esta causa, se sentará en el banquillo un colaborador suyo acusado de haberle facilitado una cuenta en la que ingresaba todo el botín que había ido estafando presuntamente a estas familias. El abultado número de perjudicados, junto a la cantidad de testigos llamados a declarar, hará que la vista se prolongue durante días e incluso semanas, aunque la sesión más importante será la primera de ellas, en la que declare el principal imputado.