La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, acompañada de Marcos Camacho, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, ha presentado el balance de la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) que nació hace dos años, gracias al convenio firmado por los representantes de ambas instituciones, con el objetivo de apoyar a las familias con dificultades para hacer frente a las ejecuciones hipotecarias.

Isabel Paredes ha recordado que la OIH es una iniciativa pionera propuesta por el Colegio de Abogados que se ha visto reforzada como recurso “gracias a dos leyes del Gobierno central cruciales para buscar una solución alternativa a la inminente ejecución hipotecaria”: el decreto 6/2012 de medidas urgentes de  protección de deudores hipotecarios y, sobre todo, por la ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, mediante la reestructuración de la deuda y el alquiler social, y otras medidas como la dación en pago; la quita de la deuda; las cláusulas abusivas; la suspensión de los lanzamientos durante dos años a personas en exclusión social y la creación del Fondo Social de Viviendas.

En la ciudad, ha añadido Isabel Paredes “hay algunas instituciones que se encargan de la atención de personas con dificultades de vivienda que luego vienen derivadas a los Servicios Sociales, y a veces sin tiempo ya para evitar un desahucio”. La  única oficina de la ciudad “que dispone de un turno específico de oficio gratuito y donde los expedientes son tramitados por especialistas es la OIH”, ha asegurado. En este sentido, la delegada ha mencionado los nuevos perfiles de usuarios atendidos, perfiles que ha calificado de heterogéneos: parejas jóvenes con hijos a cargo; mujer separada cuyo exmarido no cumple el convenio regulador por el que se hace cargo de la hipoteca, aunque en todos los casos existe un denominador común; una situación de paro que no les permite hacer frente al pago de la hipoteca. “Son familias que necesitan respuesta adecuadas, que tienen autonomía y que no necesitan tutelaje”.

Por la OIH han pasado 1.800 familias. De ellas 454 se interesaron por los servicios de la OIH, de las que 187 cumplieron los requisitos; 15 familias se han acogido al Fondo Social de Viviendas (convenio de adhesión de 2013 con la FEMP); 146 familias solicitaron una vivienda de emergencia y 992 pidieron información general sobre vivienda. “El Fondo Social de Viviendas en un proceso lento porque deciden las oficinas centrales; hay muy buena relación con las entidades”, ha anunciado.

Ahora la OIH está dando información sobre cláusulas abusivas, atendiendo la demanda de los usuarios. “En la ciudad, nadie que ha acudido al sistema establecido ha sufrido un desahucio como propietario de vivienda. Distintos son los desahucios por alquileres, por locales o segunda vivienda. La ley1/2013 dice que si la persona propietaria se encuentra en una situación de vulnerabilidad se paraliza la ejecución hipotecaria con un informe del trabajador social que certifica esa situación; la función social de la vivienda prima, por ello además hemos incrementado las ayudas de alquiler y por primea vez hemos puesto en marcha un reglamento para las viviendas de emergencia; un reglamento que garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades en la entrega de estas viviendas”, ha añadido.

Isabel Paredes ha afirmado que en 2011 se produjeron 300 lanzamientos, 250 en 2012 y 228 en 2013, esto significa que se han reducido en un 80 % los lanzamientos respecto a 2011. “El Juzgado no facilita los datos separados de si son locales, segundas viviendas o de alquiler”, han añadido la delegada. La dotación de la OIH fue de 50.000 euros pero solo se han gastado el 20% del presupuesto, que no llega a los 10.000 euros. La delegada ha desmentido que la OIH haya derivado personas a la PAH “todo lo contrario”  ha dicho, tras explicar que este organismo deriva su servicio, al parecer, a un letrado de El Puerto y también se pide el pago de una cuota. “En muchos casos no llegan usuarios de la PAH totalmente desorientados. Y por supuesto, la OIH es gratuita”, ha reiterado.

Marcos Camacho ha recordado que la OIH nació como un proyecto pionero en España de la mano del Ayuntamiento y del Colegio de Abogados. “La OIH es una ventana que se ha abierto a muchas familias que han visto peligrar un derecho tan esencial como la vivienda”. Los grandes números de familias interesadas revelan “la necesidad de crear una iniciativa como la OIH”, ha explicado. El decano ha comentado el funcionamiento del procedimiento. La OIH recibe al usuario en la delegación municipal, recaba la documentación y es derivado al Colegio de Abogados, si tiene interés en ello. “En ese momento entra en el turno de pro bono del Colegio de Abogados, que es voluntario, y  donde hay 45 abogados. El abogado se pone al servicio del usuario. Tras la ley de 1/2013 los bancos son más proclives a negociar. De los 95 asuntos recibidos, la solución se produce en el 50% de los casos. Entran unos 45 por año. Nuestro interés es llegar acuerdos donde la familia no pierda la vivienda”. Hay varias fórmulas: dación en pago y alquiler social. Se han producido seis daciones, 13 reestructuraciones de deuda (bajada de la hipoteca o ampliación del plazo) y se han cerrado 23 casos sin acuerdo. “Son personas que llegan con un problema inminente de embargo de subasta; ocurre también que cuando no sentamos con el banco hay avalistas y el banco tira de los avalistas; en otras casos se llegan a diferentes acuerdos particulares. Nosotros estamos muy satisfechos de prestar este servicio a la ciudad de Jerez”, ha enfatizado.

Cada vez son más los jerezanos que, dada la situación económica, tienen derecho a solicitar los servicios de una abogado de oficio de ahí a que el número de solicitudes siga creciendo un año más en el Colegio de Abogados de Jerez. Su decano, Marcos Camacho, estima que terminarán el ejercicio con un nuevo incremento del 10% que se suma al del 28% registrado en 2012 con respecto a 2011.

El panorama es complejo para la institución, que se enfrenta además a importantes retrasos en los pagos por parte de la Junta de Andalucía. En los primeros meses de 2013, la administración autonómica abonó lo adeudado del año anterior (a falta de 70.000 euros correspondientes a gastos de infraestructuras) pero a día de hoy, superado el ecuador del ejercicio, los abogados de oficio aún no han cobrado la asistencia prestada en lo que va de año. “Con la confianza puesta en el calendario de pagos de la Junta, hemos hecho el esfuerzo de recuperar la normalidad en las designaciones”, ha asegurado Camacho en la celebración del Día de la Justicia Gratuita. A pesar de los problemas, hasta junio de 2013 el número de solicitantes aumentó un 5%.

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Cerca de medio centenar de abogados se han concentrado a las puertas de los juzgados de García-Figueras para protestar por la nueva Ley de Tasas, que se aprobará el próximo miércoles. Se trata de una protesta que han secundado letrados de toda España para reivindicar un derecho de los ciudadanos que consideran usurpado con esa norma. “la ley atenta contra el principio del derecho a la justicia de los ciudadanos -argumenta Marcos Camacho, decano del colegio de abogados de Jerez- Ahora hay justicia para ricos y justicia para pobres. Consideramos que es muy perjudicial y no vemos que este sea el camino para arreglar el sistema”.

Camacho ha pedido al ministro Gallardón que fomente el diálogo entre todos los operadores jurídicos, acusándole de haber creado una ley sin el beneplácito de los directamente implicados. “Esta claro que el sistema, tal y como está planteado, no funciona, pero necesitamos una reforma integral y no la aprobación de esta norma”.

Como se recordará, hasta 1.200 euros tendrá que abonar el ciudadano para interponer recursos en los juzgados que hasta ahora eran gratis. Una obligación creada en el marco de la nueva Ley de Tasas del ministro Gallardón, que ha indignado no solo al usuario de a pie sino también a la abogacía. Bajo el lema ‘No a las tasas, Justicia para todos’, los profesionales exigen la retirada de unas tasas que a su juicio tendrán un efecto disuasorio para los ciudadanos.

Según los letrados, la medida supone una vulneración del derecho de defensa y pretende reducir los costes de la Justicia gratuita a costa de los pequeños y medianos despachos de abogados, que son los que más se resentirán con el pago de estas tasas. Como ejemplo, mencionan la incoherencia que supone el hecho de que para impugnar una multa de tráfico de 100 euros, el interesado deba pagar un canon de 200. El sector considera, por tanto, que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y “no el sistema de asistencia jurídica gratuita”.

En la actualidad, apuntan a que el llamado turno de oficio da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos en todo el país y apenas supone el 6,5% del gasto en Justicia de las administraciones públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, están convencidos de que la nueva ley perjudica no solo a sus bolsillos sino también a los de los ciudadanos, y han presentado alegaciones en el Congreso con el fin de que se paralice la aplicación de la norma y el sistema siga siendo ‘justo’ y con todas las garantías.