No ha faltado ni uno. Todos los grupos políticos de la oposición y los sindicatos con representación municipal han protagonizado una comparecencia conjunta en la que han expresado su absoluta satisfacción con la sentencia que tumba el ERE del Ayuntamiento, al tiempo que han cargado sin piedad contra un gobierno al que acusan de haber realizado “una caza de brujas política con dinero público”. Todos ellos han trasladado un discurso parecido con un claro mensaje común: la exigencia de que sean readmitidos todos los afectados y la dimisión del gobierno local por haber llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que no se ajusta a Derecho.

Los primeros en alzar su voz han sido los representantes de las organizaciones sindicales, empezando por Lola Vázquez, de CC OO, que ha puesto el acento en que “el pueblo no puede seguir pagando con dinero público los errores del partido que lo gobierna”. Así, son contrarios a que el Ayuntamiento abogue por indemnizar a los perjudicados en vez de readmitirlos, que es una de las posibilidades que plantea el fallo judicial. “Entendemos que ha sido un despido político”, ha incidido Alfonso Cárdenas, delegado de UGT, en la misma línea de lo expresado por los representantes de CGT, la ATM y CTP. El delegado de este último colectivo, Juan Manuel García Hurtado, ha cifrado en alrededor de 30 millones de euros los que tendría que desembolsar el Consistorio si se acoge a las indemnizaciones, y “todo por una cabezonería e incompetencia”.

El plato fuerte de la comparecencia, sin duda alguna, ha corrido a cargo de los líderes de la oposición que han pedido sin ambages la dimisión del ejecutivo. “Esta sentencia supone un mazazo sin precedentes para la derecha -ha apuntado Pedro Pacheco-. La Justicia no es un cachondeo y ha demostrado que el gobierno actuó sin escrúpulos y a sabiendas de que estaba haciendo una purga política. Este gobierno está ya deslegitimado”. De esta forma, se ha preguntado qué sucederá ahora con todo el dinero que se desembolsó a Deloitte, la empresa encargada de gestionar el ERE, al igual que Miriam Alconchel, secretaria local del PSOE, que ha calificado todo el proceso como “una persecución política del gobierno”.

“Con el dinero público no se pueden cometer fechorías ni pagar indemnizaciones. Tendrán que responder ante todo este gasto”. El concejal de IU, Joaquín del Valle, ha adelantado que la readmisión de los 260 despedidos será solicitada mañana viernes en el Pleno municipal, en un acto de “defensa” de toda la ciudadanía. “Éste no es un problema de ellos, es de todos los ciudadanos, de la administración pública. Están saqueando la ciudad  y no van a pagar indemnizaciones con nuestro dinero”. Como ya se ha publicado, el Ayuntamiento tiene cinco días para tomar una determinación que pase por readmitir a los despedidos, o bien indemnizarlos. Sea de un modo u otro, los sindicatos han puntualizado que la ejecución de la sentencia seguirá adelante, independientemente de que la administración recurra el fallo.

Dicen los que la conocen que se una magistrada de lo más escrupulosa en su trabajo, de ésas que le gusta lo que hace y que no deja nada a la improvisación. Pero Ana María Orellana Cano, que ha presidido el tribunal que ha dictaminado que el ERE del Ayuntamiento de Jerez no se ajusta a Derecho, es, además, una jerezana con un largo currículum. Son muchos los que vaticinan que seguirá subiendo escalones en una carrera judicial más que prometedora a pesar de los años que ya lleva en ella. 

Actualmente preside la sección Primera de la sala de lo social del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). Estudió la carrera de Derecho en la facultad de Jerez, obteniendo el número uno de su promoción y siéndole concedido el Premio Extraordinario Fin de Carrera al Mejor Expediente Académico en la promoción 1980-1985. Aprobó las oposiciones de Judicatura en 1987 y lleva en la jurisdicción social desde el año 1990. Fue el número 1 de la segunda promoción de magistrados especialistas del Orden Jurisdiccional Social en febrero de 1990 y compatibilizó la carrera judicial con sus funciones docentes universitarias. Ha sido también premio extraordinario por sus estudios universitarios, Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, autora de textos legales y una estudiosa permanente del Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.

Primer varapalo judicial para el Ayuntamiento en el caso del ERE municipal: el TSJA acaba de dictar sentencia declarando que los despidos llevados a cabo no se ajustaron a Derecho. De esta forma, el titular de la Sala de lo Social tumba en un primer asalto el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el gobierno popular y obliga a la administración local o bien a readmitir a los perjudicados o bien a indemnizarlos a razón de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades. En el primero de los casos, la readmisión iría acompañada por el abono de lo que los trabajadores han dejado de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia judicial, que se ha producido en el día de hoy.

Así lo ha explicado a este medio Antonio Ortega, el letrado que representa en el procedimiento al Colectivo de Trabajadores Progresistas, matizando que este fallo a nivel general será independiente de los que se puedan dictaminar a título particular. Es decir, aunque la sentencia afecta a los 260 trabajadores, muchos de éstos interpusieron aparte una demanda individual en el Juzgado de lo Social que sigue su curso y sobre la que el juez de turno podría declarar incluso nulo el despido en cuestión. Aunque ésta era precisamente la pretensión inicial, conseguir la nulidad del Expediente, Ortega se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia, a la que ha calificado de “triunfo” para los perjudicados.

No hay que olvidar que esa indemnización de 45 días por año trabajado supone una suma mucho más cuantiosa de lo esperado; a pesar de ello, muchos hubieran preferido la nulidad porque obligaría  a la readmisión sin matices. De esta forma, sin embargo, el Ayuntamiento tiene cinco días para decidir si restituye a los perjudicados en su puesto de trabajo o les indemniza, independientemente de que interponga el correspondiente recurso. La pelota, en cualquier caso, está en su tejado.

Nuevo capitulo en la trama de los ERE en Andalucía, y en este caso con la ciudad de Jerez como uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma responde a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, quien ha ordenado más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudan a declarar al juzgado.

Se han producido una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas. Y es que, a estas alturas del caso, ya nadie cree que lo descubierto por entonces se limitara solo a Mercasevilla.

Según ha podido confirmar Reporteros Jerez, en esta segunda fase de la operación por los EREs fraudulentos, se han producido más de una docena de detenciones en diferentes puntos de Andalucía: cinco en Sevilla, tres en Jaén, una en Granada, una en Almería y tres en la provincia de Cádiz. Entre estas últimas, una en Jerez, que las fuentes consultadas aseguran que se trataría de JC.G.T, hijo del empresario titular de Uniter Seguros en la calle Larga.

LOS DELITOS

Todos los detenidos han sido acusados de cometer presuntamente numerosos delitos: contra la hacienda pública, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La investigación apunta que podrían ser responsables de diferentes firmas que habrían intermediado entre empresas y la administración autonómica para facilitar expedientes de regulación de empleo (ERE) a trabajadores. Éstos habrían accedido, así, a prejubilaciones que en una parte habría subvencionado la Junta. También se señala que las comisiones de las empresas intermediarias podrían haber alcanzado los 50 millones de euros.

La ’operación Heracles’, que es como se ha bautizado a la operación llevada a cabo este miércoles, es un paso muy importante en la investigación de la Guardia Civil al fraude de las ayudas al empleo en la Junta de Andalucía. El principal imputado continúa siendo el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero.

La operación ha comenzado en Jerez sobre las ocho de la mañana bajo la dirección de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con apoyo de agentes de la provincia. Han sido alrededor de 20 los que han estado en la ciudad. Antes de a las oficinas de Uniter Seguros, han llevado a cabo un registro en una vivienda.

El Grupo Municipal Socialista, a través de un comunicado, acusa al gobierno municipal de “discriminar y favorecer el amiguismo” en el Ayuntamiento “con su descerebrada y caótica política de personal que ha sido objeto de denuncia por parte de este grupo de la oposición”. Recuerda que “ya advirtió de las irregularidades detectadas” en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “un documento que se realizó a conveniencia del PP para obtener voluntades a base de complementos en el sueldo para determinados nombramientos afines al PP”. Y añade que “esta práctica también se llevó a cabo en la aplicación del ERE, en el que el Gobierno de la señora Pelayo aplicó despidos de forma arbitraria para compensar posteriormente a sus afines en puestos privilegiados del organigrama municipal”.

Recuerda también que de todo ello dio cuenta tanto en las alegaciones presentadas a los Presupuestos Municipales de 2013 como en las alegaciones que se presentó a la RPT.

En lo que respecta a las alegaciones al Presupuesta Municipal, apunta que alertó de diversos contenidos de estas partidas por estimar que no cumplen con la legislación vigente. En concreto, destacó que  el Presupuesto “incumple el Plan de Ajuste aprobado por el gobierno del PP en marzo de 2012; incumple lo exigido en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado y, por último, advirtió que la plantilla presupuestaria y el documento de Relación de Puestos de Trabajo del Presupuesto contiene adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen con la legislación reguladora”.

Apunta que los Presupuestos Generales del Estado respecto a las retribuciones del personal municipal establece que para el año 2013 “no se podrá incrementar la masa salarial y tampoco podrá existir incrementos de las retribuciones de los empleados públicos, salvo que el incremento obedezca a los supuestos casos específicos”. Añade que si se analiza el Capítulo I de gastos del Presupuesto de 2012 y se compara con el Presupuesto de 2013, “encontramos que la RPT ha supuesto un incremento de las retribuciones de un gran número de empleados y ello se demuestra ya que  la aplicación de la eliminación de los pluses del convenio suponía un importe de 15,8, lo que sumado a la reducción de 10,3 millones por el ERE, supondría  una reducción de 26,1 millones  y finalmente se ha quedado en una reducción de gastos de personal del Ayuntamiento de 14,4 millones,  lo que quiere decir que la RPT ha supuesto una subida de retribuciones de alrededor de 12 millones de euros”. Todo ello, apostilla, “teniendo en cuenta que ha habido empleados municipales que han visto reducidas sus retribuciones, la cuantía de incrementos retributivos es aún superior a los 12 millones de euros”.

En cuanto a las alegaciones presentadas en lo que respecta a personal, explica que “se detectó que la plantilla presupuestaria y el documento  de Relación de Puestos del Presupuesto contienen adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen la legislación reguladora”.  Concreta que en la documentación del Anexo de Personal del Presupuesto “aparecen empleados municipales adscritos a puestos de la RPT sin que haya sido como consecuencia  de la superación de los sistemas de provisión contenidos en la ley, es decir, el concurso y la Libre Designación”.

En cuanto a las alegaciones presentadas a la RPT, el Grupo Municipal Socialista aclara que en su día se denunció “la arbitrariedad en la valoración de los puestos, ya que existen puestos excepcionalmente valorados sin existir en el expediente  justificación alguna sobre ello, con lo que es evidente que el reparto de puestos se ha hecho a dedo”.

Además, el PSOE denunció que la RPT “contiene una adscripción de puestos de manera directa a todos los empleados, sin justificar porqué a unos trabajadores le dan un puesto más valorado que a otros, al margen de denunciar que los incrementos retributivos eran “arbitrarios e injustificados”.  “El gobierno de la señora Pelayo ha utilizado la RPT como un instrumento para premiar a los empleados afines al PP  en detrimento del resto del personal”, sentencia.

“La política de gestión de recursos humanos emprendida  por este gobierno municipal está siendo una caza de brujas para despedir y para premiar y castigar a los empleados que se quedan. Está haciendo del ‘amiguismo’ a política laboral del Ayuntamiento y mucho nos tememos que los próximos nombramientos vayan en la misma línea para favorecer a personal cercano a ese partido”, concluye.

La segunda semana de huelga de la plantilla de Iberia en el Aeropuerto de Jerez comienza con malas noticias para los viajeros, pues nada menos que el 50% de los vuelos programados se verán suspendidos desde hoy lunes hasta el próximo viernes. La parte positiva de todo ello es que estas cancelaciones se han producido con algo de antelación, por lo que la mayoría de los afectados han tenido el tiempo suficiente para recurrir a otra alternativa. Así lo ha confirmado el delegado de CC OO en la compañía a nivel local, José Miguel Delgado, que ha destacado la ausencia de incidentes en una mañana en la que los perjudicados se han vuelto a concentrar en su lugar de trabajo, como lo harán cada uno de los días de paros.

Como se recordará, la huelga ha sido convocada en toda España tras la decisión de Iberia de abrir un Expediente de Regulación de Empleo que supondrá la pérdida de 3.807 puestos de trabajo. En el caso de Jerez, se verán en la calle 12 de los 40 empleados con los que cuenta el aeropuerto, destacando la supresión de todas las plazas de técnicos de mantenimiento. En estos momentos, Delgado ha informado de que las negociaciones siguen estancadas a la espera del pronunciamiento del mediador que ha facilitado el Gobierno central para que se intenten acercar posturas. Sin embargo, los representantes de los trabajadores se muestran poco optimistas y aseguran que lo que determine esta persona “no será vinculante y a la empresa le dará igual”.

Lo último que ha trascendido en este sentido, según el delegado sindical, es que la dirección “quiere salirse del convenio colectivo”, algo que no hace sino empeorar sus expectativas. Así las cosas, la plantilla continuará con los paros de lunes a viernes en semanas alternas, que irán acompañados de sus correspondientes concentraciones. En el aeródromo jerezano, hoy, mañana martes y el miércoles están cancelados los dos vuelos de la mañana y seguirán adelante los de la tarde, mientras que el jueves y el viernes será justo al contrario.

El 100% de la plantilla de Iberia en el Aeropuerto de Jerez ha secundado una huelga que se prolongará hasta el próximo viernes, dentro de un calendario de protestas que incluye paros durante tres semanas alternas. Los 40 empleados (a excepción de los servicios mínimos) se han concentrado a las puertas del aeródromo contra un ERE que a nivel nacional supondrá la supresión de 3.807 puestos de trabajo. En el caso de Jerez, la compañía despedirá a tres técnicos de mantenimiento, cuatro administrativos y cinco agentes de servicios auxiliares. Como ha explicado el delegado local de CC OO en Iberia, José Miguel Delgado, se da la circunstancia de que esos son los únicos tres mecánicos de los que dispone la empresa, por lo que esta medida conllevará importantes perjuicios también para los usuarios.

“Al no tener mecánico, cualquier problema que se produzca no podrá ser atendido en el momento. En casos graves, mandarán a alguien del Aeropuerto de Sevilla que tardará en llegar como mínimo una hora, por lo que la calidad del servicio será mucho más baja“. Según Delgado, después de cinco meses de negociaciones ambas partes habían cerrado un principio de acuerdo, que de buenas a primeras se vino al traste tras un consejo de administración de la firma en el que se decidió no suscribir el documento. “Han comenzado a desmantelar Iberia y ahora mismo no tenemos perspectivas de futuro”.

A pesar de ello, mantienen un halo de esperanza y confían en que la huelga haga mella en la directiva y ésta se replantee su postura. Además, el delegado sindical asegura que la plantilla está dispuesta a bajarse el sueldo o asumir cualquier otro sacrificio, antes de asistir al despido masivo de compañeros. Mientras todo esto se dirime, los usuarios deberán emplear altas dosis de paciencia pues los paros se repetirán la primera y la tercera semana de marzo, de lunes a viernes.

La plantilla que la empresa Iberia tiene en el aeropuerto de Jerez, compuesta por unos 40 trabajadores, está convocada a una concentración prevista el lunes a la puerta del aeródromo, coincidiendo con el inicio de la huelga de la próxima semana prevista a nivel nacional, para rechazar el ERE planteado por la empresa que amenaza los puestos de trabajo de más de 3.800 trabajadores en todo el país.

Esta protesta, que también se repetirá el viernes, día 22 de febrero, está prevista, según han explicado los delegados sindicales de CC OO en el citado aeropuerto, desde las 12.00 hasta las 15.00 horas.

En el caso del aeropuerto jerezano, el ERE planteado afectaría a 12 trabajadores: cuatro administrativos, cinco agentes de servicios auxiliares (AGSA) y tres técnicos de mantenimiento de aeronaves, sin olvidar, como ha destacado CC OO, que la intención de la empresa es reducir el salario del resto de manera considerable. “unas reducciones de la nómina que van desde el 11 por ciento para el personal de tierra a más del 20 por ciento en el caso de los pilotos y azafatas”, han explicado los responsables sindicales.

Foro Ciudadano de Jerez ha expresado nuevamente su convencimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considerará nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha afectado a 260 trabajadores municipales y cuya vista oral tuvo lugar este viernes en Sevilla. Según esta organización política, y en consonancia con los sindicatos que han presentado la demanda colectiva ante el Alto Tribunal andaluz, “ha quedado demostrado y acreditado fehacientemente ante la Justicia que los despidos masivos tramitados por el PP, que ayer volvió a retratarse con su cara más despiadada ante la plantilla municipal y la opinión pública, están injustificados y han constituido una auténtica purga política”.

Apunta que la prueba de ambas cosas es que “ni ha habido causas económicas que avalen la decisión, pues el Ayuntamiento cerró el pasado año con superávit en el balance presupuestario ajustado; ni tampoco ha habido criterios objetivos al seleccionar la lista de afectados por una decisión sin precedentes en la historia democrática de la ciudad. Pero es que, por si fuera poco, la supuesta voluntad negociadora del gobierno local del PP impidió toda alternativa a los despidos pese a las propuestas que pusieron sobre la mesa sindicatos y oposición”, asegura en un comunicado.

Y añade que ”lo más cínico y nocivo de todo en este serial de despropósitos” es el hecho de que Foro Ciudadano haya comprobado y denunciado que “el gobierno local del PP despidió a 260 trabajadores municipales para conseguir supuestamente un ahorro de 10,3 millones, si bien en paralelo ha aumentado las retribuciones con la RPT del Ayuntamiento por importe de unos 12 millones; una vergonzosa realidad que se ha comprobado con la presentación del Presupuesto municipal para 2013″.

Al margen de lo anterior, desde Foro Ciudadano se insiste en reclamar al gobierno local del PP que cumpla “escrupulosamente” con sus obligaciones con la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento y sus empresas concesionarias, “que en muchos casos, como los de Onda Jerez, acumulan dos nóminas sin cobrar”.

Los representantes de los 260 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento han salido satisfechos tras la celebración del juicio que ha tenido lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En una vista densa que ha durado alrededor de seis horas, los letrados de los distintos sindicatos han expuesto los motivos por los que consideran que el proceso no se ha ajustado a Derecho, solicitando la nulidad de los despidos. Como han declarado fuentes sindicales a la salida, a su parecer ha quedado demostrado que el Expediente se ha llevado a cabo “sin ningún criterio” y con una falta total de negociación con los trabajadores.

“El Ayuntamiento no ha podido demostrar la objetividad de los criterios que se han seguido”, argumentaban, explicando que los directores de área que han comparecido han reconocido que no fueron consultados a la hora de seleccionar los nombres que debían engrosar esa ‘lista negra’. Por parte del gobierno local, ha comparecido entre otros el primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, cuyo testimonio a juicio de los sindicatos no ha aportado ningún dato que pueda rebatir la afirmación de que los despidos se realizaron “a dedo”.

Mientras la vista se celebraba, decenas de los afectados seguían el devenir del juicio en la misma sala del alto tribunal, ya que se habían desplazado hasta Sevilla para ello, mientras que a las puertas del Consistorio jerezano se celebraba otra concentración que han respaldado otra treintena de extrabajadores del Ayuntamiento. Entre los afectados cundía la sensación de que “es el día de la justicia, el día en el que se empieza a poner fin a estos meses muy duros que hemos pasado, llenos de incertidumbre”. Y es que la mayoría se han mostrado confiados en que los tribunales tumben el ERE que “ha traído mucho drama a 260 familias”, como explicaba Eloy, uno de los despedidos.

Entre ellos hay división de sensaciones a la hora de enfrentarse a la posibilidad de qué pasará si la justicia les da la razón. Algunos, como Manuel, que lleva 25 años en el Consistorio, tiene muy claro que “no tengo ningún problema en volver, porque lo que quiero es poner un plato de comida en la mesa”. Otros ya tienen otros trabajos o las ganas de empezar por otro lado, como Fernando, y lo que esperan es que “la sentencia me abre la puerta a negociar una mejor salida con ellos, y tener la satisfacción de que la justicia les dice que no han hecho las cosas bien”.

Otros apuntaban que también hay mucha incertidumbre entre la plantilla que se quedó en el Ayuntamiento por el resultado de este juicio, sobre todo porque la primera edil, María José García-Pelayo, “ya ha dicho que hará otro, y no saben cómo les puede afectar”. “Eso no nos preocupa a los que ya estamos fuera y que ya hemos pasado por eso”, explican. Precisamente la alcaldesa ha vuelto a mostrar su confianza en la justicia, y en que respaldará sus tesis de que el procedimiento para los despidos “se ha tramitado adecuadamente”. “Ahí están los informes que lo avalan”, ha dicho.

Y ha vuelto a dejar claro que aunque esperan una sentencia favorable “si no lo es haremos otro hasta que sí que la justicia nos dé la razón”. “Lo siento, porque es una decisión dura, pero no es un antojo, sino que existe la necesidad de hacerlo”, ha argumentado la alcaldesa, que ha añadido que “habrá que estudiar el procedimiento a seguir si hay que hacer otro ERE, porque si el juez dice que este proceso no ha sido válido no sé cual se haría entonces”.