La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez considera que la concesión administrativa de la gestión del ciclo integral del agua a Aqualia y Traina “debe ser penalizada por los tribunales”, al considerar que se ha podido incurrir en “desagravio a la ciudadanía” o “prevaricación”.

Así han valorado la noticia de la firma ayer del contrato de adjudicación de la concesión administrativa del ciclo integral del agua con representantes de las empresas Aqualia y Traina, que asumirán la gestión durante los próximos 25 años a cambio del abono de un canon de 80 millones de euros.

El Consistorio ha firmado hoy lunes con los representantes legales de Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., y de Tratamiento Industrial de Aguas S.A, el contrato que adjudica la concesión del servicio de  abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración, en el término municipal de Jerez, a dichas entidades. Cabe recordar que esta adjudicación definitiva fue aprobada en Junta de Gobierno Local el pasado 15 de marzo.

Esta concesión administrativa, adjudicada mediante la firma de este contrato con Aqualia S.A. y Traina S.A., se concreta en un canon de  80.100.000 euros. Igualmente, la empresa se compromete por contrato a realizar una inversión anual de 1.000.000 de euros en el capítulo de mejoras. Una vez firmado el contrato, la empresa tendrá un plazo de dos meses para aportar el 50% del canon mientras que el resto lo abonará en el plazo máximo de un año.

El anuncio lo ha realizado el gobierno local a través de un comunicado. En el mismo señala que, “con la contratación de Aqualia, cabecera de FCC, y tercera empresa del mundo para la gestión del agua”, cumple su objetivo de “contratar a una empresa fuerte y solvente que pueda garantizar el funcionamiento del servicio con normalidad”.

El gobierno municipal recuerda también que el pliego de condiciones garantiza que el recibo del agua no subirá por encima del IPC durante los próximos 25 años “salvo que otra  administración competente decida crear algún tipo de canon y el Ayuntamiento se vea obligado a aplicarlo, con o sin concesión”. Asimismo se mantendrán las bonificaciones existentes tanto para personas en situación de especial dificultad económica, como para pensionistas y familias numerosas.

Incide también en que se garantiza la estabilidad de la plantilla tanto de Ajemsa como de Imesapi ya que existe una carta de garantías que, además de garantizar sus puestos de trabajo, asegura el mantenimiento de las mismas condiciones laborales, respetando las categorías profesionales, la antigüedad y los salarios, entre otros derechos.

El gobierno local hace hincapié igualmente en que esta medida, “que se ha tomado, pensando en el interés general de la ciudad, para sanear las cuentas municipales y poder hacer frente a la deuda heredada de gobiernos anteriores, garantiza la calidad, el precio, el control ciudadano de la gestión y el patrimonio”.

La asamblea de trabajadores de Urbanos Amarillos ha ratificado en las dos convocatorias celebradas hoy (mañana y tarde) el acuerdo propuesto por el Ayuntamiento de reducción del 20% de la masa salarial, que se desglosa a razón de un 12,4% de reducción en cuanto a retribuciones y un 7,6% en lo que respecta a condiciones laborales, de índole social y amortización de puestos de trabajo. Ello conlleva también el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas y la congelación del IPC.

Así lo ha explicado el gobierno local, que ha añadido que el acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, ya que en la actualidad el servicio se encuentra intervenido por el Ayuntamiento, con lo que el acuerdo ratificado por los trabajadores contempla la revisión anual.

El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha subrayado “el esfuerzo e implicación de los trabajadores de Urbanos Amarillos a la hora de llegar a este acuerdo, cuya base ha sido el diálogo y la comunicación fluida entre ambas partes, en la misma línea del que ha propiciado que hoy tengamos una nueva red de autobuses urbanos que la propia Mesa de Movilidad ha calificado de exitosa y que entró en vigor en vísperas de la pasada Navidad”.

En este sentido, Agustín Muñoz, ha destacado que “esta reducción del 20% del coste de la masa salarial en ningún momento va a suponer una merma en la calidad del servicio público de autobuses”. El delegado ha recordado también “el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento cumpliendo con las medidas recogidas en el plan de ajuste de reducción del presupuesto con las concesionarias manteniendo en todo momento la calidad del servicio y velando por el interés general de la ciudad”.

La negociación de este acuerdo entre Ayuntamiento, representado por los técnicos nombrados para la intervención del servicio, Cornelio Vela y Mila Pérez, y los representantes de los trabajadores de Urbanos Amarillos se inició a comienzos de diciembre.

“Garantizar el futuro y la paz social”

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Urbanos Amarillos, José María Romero, ha manifestado que “nos comprometimos antes del secuestro de mayo de 2012 con la alcaldesa a que íbamos a trabajar para levantar el servicio de autobuses, si el Ayuntamiento aportaba soluciones, y hemos puesto todo de nuestra parte para que así sea porque también hemos visto compromiso por parte del Gobierno”.

Asimismo, ha destacado que “tanto el Ayuntamiento como los trabajadores hemos tenido claro desde el principio que había que velar por el interés del ciudadano prestando un servicio de calidad y optimizando al máximo los recursos”. Igualmente, ha comentado que “con este acuerdo se ha evitado un ERTE y hemos garantizado nuestro futuro, porque antes del “secuestro” no teníamos nada”.

En la misma línea, el secretario del comité de empresa, Juan González, añade que “hay otras formas de hacer las cosas y aceptado este acuerdo que hemos trabajado desde el diálogo y no desde las medidas de presión. Ha sido fundamental la paz social a la que hemos llegado y que ha propiciado que tengamos este acuerdo sin perjuicio para la ciudad. De hecho, es un acuerdo que se ha negociado a la baja para la parte trabajadora, pero que garantiza el futuro del servicio, dada esta paz social y la buena voluntad entre ambas partes”.

La Junta de Gobierno Local de carácter extraordinario celebrada hoy lunes ha dado el visto bueno al inicio del procedimiento de contratación del servicio de limpieza de colegios y de dependencias municipales. Como ya anunció la delegada de Educación y Juventud, Lidia Menacho, el objetivo  es adjudicarlo a una empresa que garantice la normalidad en el funcionamiento de estos servicios.

La delegada Lidia Menacho destaca que “el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo muy importante por acometer los pagos pendientes a las concesionarias. Para este equipo de Gobierno es una prioridad absoluta el funcionamiento de los servicios, y por ello ya anunciamos días atrás que se licitaría de nuevo este servicio de limpieza”.

Cabe recordar que el servicio lo presta actualmente Respuestas Auxiliares. Los impagos a la plantilla se han sucedido y, tras una huelga meses atrás, las trabajadoras han vuelto a amenazar con otra.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, se reunirá este próximo jueves con los representantes del comité de empresa de Ajemsa, de los partidos políticos de la oposición y de la Coordinadora del Agua para informarles del proceso para la licitación de la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración en el término municipal de Jerez. Al menos así lo ha anunciado el gobierno municipal a través de un comunicado.

En el mismo se señala también que la primera edil informará a los representantes de la oposición en el transcurso de la Junta de Portavoces y después mantendrá sendas reuniones con el comité de empresa y los representantes de la Coordinadora. En las reuniones estarán presentes también los tenientes de alcalde, Antonio Saldaña, Enrique Espinosa y Felisa Rosado.

Cabe recordar a este respecto que la empresa Aqualia, de FCC, ha sido la única en presentar una oferta para hacerse con la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración.

La alcaldesa ya explicó el lunes, tras la presentación de la oferta, que el proceso se ha hecho con “absoluta transparencia y cumpliendo estrictamente la legalidad”. Igualmente, ha vuelto a recordar que el pliego de condiciones garantiza el compromiso del Ayuntamiento de no subir el agua por encima del IPC, garantiza la calidad del servicio y la estabilidad de la plantilla.

Para la regidora, “es muy importante que una gran empresa como Aqualia haya presentado una oferta para la concesión de la gestión del agua, ya que supone que el Ayuntamiento de Jerez está recuperando la confianza y la credibilidad ante las empresas”.

La concesión del servicio es una de las medidas que está adoptando el gobierno municipal para paliar la situación económica del Ayuntamiento con el objetivo de que éste deje de ser un lastre para la ciudad. Según apunta en el mismo escrito del gobierno local, “esta concesión supondrá un balón de oxígeno para las arcas municipales ya que permitirá pagar deudas que han generado los gobiernos anteriores, lo que contribuirá a sanear las cuentas públicas”.

IPC

Y se insiste de nuevo en que, conforme a esta premisa, el nuevo pliego, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 30 de noviembre, tras ser revisado el anterior pliego por la Comisión Técnica del Agua, se ha realizado recogiendo el compromiso del gobierno municipal de que la tarifa no subirá por encima del IPC, “salvo que la Junta de Andalucía decida crear algún tipo de canon, al ser la competente, y el Ayuntamiento tenga que aplicarlo en el recibo, lo que ocurriría también si no hubiera concesión”. Se recoge asimismo el compromiso del mantenimiento de las bonificaciones existentes en el recibo del agua.

Igualmente, se garantiza en el pliego “el mantenimiento de la calidad del servicio así como las inversiones necesarias para garantizar esa calidad”. A este respecto, la alcaldesa ha comentado que “los números de Aqualia le respaldan, ya que es la tercera empresa de gestión de agua del mundo, estando presente en 17 países de cuatro continentes y en 1.100 municipios con una población atendida que supera los 28 millones de habitantes.  “Queda, por tanto, más que contrastada su capacidad para gestionar el servicio del agua y mantener la calidad del servicio que ofrece actualmente Ajemsa”, ha añadido.

La plataforma contra la privatización de la gestión del agua sigue trabajando a la espera de que hoy se conozca si se ha presentado alguna empresa al concurso público en el segundo intento del Ayuntamiento. En el caso de que haya candidata, la plataforma llevará a cabo el recurso judicial contra la concesión con varios argumentos de peso. Uno de ellos es la titularidad del manantial de Tempul, que corresponde a la Junta de Andalucía.

“Aunque hay una concesión al Ayuntamiento de Jerez desde los años 60, las competencias son de la Junta”, explican desde la coordinadora. “El manantial tiene licencia para embotellar agua mineral por lo que, legalmente, una empresa privada podría montar una embotelladora para ganar dinero. Es aberrante”, explican. En el pliego esta circunstancia “no aparece por lo que hay un vacío legal”. Otra cuestión de peso del recurso es que no todos los municipios a los que les afecta -las siete pedanías- han aceptado la fórmula. Torrecera, Guadalcacín y Estella la rechazaron.

En el caso de que alguna empresa acepte las condiciones del segundo pliego, la plataforma pondría en marcha la maquinaria judicial. Para ello, emitirán “un bono solidario”, es decir, participaciones de 1 euro para poder correr con los gastos del recurso, de entorno a 1.500 euros.

Los miembros de la plataforma ciudadana recuerdan que en otras ciudades cercanas, como San Fernando o Huelva, las tarifas del agua han subido muy por encima del IPC tras la privatización. Indican también que “mientras que en Europa se están rescatando los servicios, en España se quieren privatizar. Es una alta traición al pueblo”.

 Jornadas ciudadanas

El Campus de Jerez será escenario este martes 15 de enero (a partir de las 18.00 horas) de las jornadas ‘El agua no es un negocio’, donde se presentará la iniciativa europea ‘El agua es un derecho humano’. Esta primera parte del acto contará con la presencia de especialistas como Luis Babiano (gerente de Aeopas y miembros del consejo científico de Attac), Jaime Morell (del consorcio de Aguas de Sevilla) y Fernando Antón (secretario general del sector nacional de Aguas de CC OO).

Otra mesa redonda abordará ‘Por qué y para qué privatizar la gestión del agua. La situación en la provincia de Cádiz’, donde se abordarán experiencias de otras localidades cercanas como Medina o Villamartín con esta fórmula de gestión privada. Participarán en ella miembros de diversos colectivos como la plataforma Apemsa no se vende (El Puerto), Ecologistas en Acción, Federación de Vecinos Solidaridad y Facua, entre otros.

Los temores de los trabajadores del servicio de emergencias del 061 se han confirmado y el helicóptero dejará de operar en la provincia desde el 16 de septiembre hasta abril incluido, es decir, siete meses y medio. Tal y como publicó Reporteros Jerez hace unas semanas, la plantilla intuía que los recortes podían llegar hasta la supresión de la prestación de este servicio.

Según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y tal y como le han trasladado a los representantes sindicales, solo ha salido a concesión para el periodo del 1 de mayo al 15 de septiembre tanto para 2013 como para 2014, de forma que el resto del tiempo la provincia no dispondrá de dispositivo propio de emergencias aéreas. Eso sí, durante los cuatro meses y medio contratados habrá equipo humano fijo para el helicóptero de forma permanente, una de las reclamaciones más demandadas del colectivo. La fórmula adoptada hasta ahora solo contaba con equipo fijo para determinadas fechas del año, como las vacaciones de verano, los puentes, el Gran Premio de Motociclismo o la Romería del Rocío, entre otros, por considerarlo momentos preferentes dentro del calendario en la provincia. El resto del año era el personal de emergencias de tierra el que embarcaba si surgía un aviso aéreo.

Según explican desde la plantilla, “el pliego de condiciones para la concesión del servicio es muy exigente para unos pocos meses” por lo que incluso albergan dudas de que alguna empresa participe en el concurso público. El actual contrato termina el 31 de diciembre.

Nuevo reparto

Ante este nuevo panorama, el territorio de la provincia de Cádiz quedaría repartido de forma que los helicópteros de emergencias más cercanos pudieran darle cobertura durante los siete meses que no hay helicóptero aquí. Así, el Campo de Gibraltar pasaría a ser zona de acción del dispositivo aéreo de Málaga mientras que el resto de la provincia dependería de Sevilla. No todas las provincias andaluzas disponen de helicóptero de emergencias sanitarias.

Como explica César Sáez, del Sindicato Andaluz de Médicos de Emergencias (SAME), “hasta ahora, en función de si había equipo fijo de helicóptero o no, se cubría toda la provincia en horario de orto a ocaso, así como traslados interhospitalarios emergentes interprovinciales (por ejemplo, un traslado de cualquier hospital de la provincia a Córdoba para transplante, o un paciente quemado grave a la unidad de quemados de Sevilla, incluso a Granada, etcétera…). Estos pacientes, antes de mayo, y después de septiembre, tendrán que esperar a que vengan a recogerlos de Sevilla o Málaga”. Y eso, “si están disponibles, claro, pues hay que tener en cuenta que el más cercano, que es Sevilla, es el que más actividad tiene, además de que también cubre Huelva”. Esta decisión, además, implica una pérdida de puestos de trabajo.

Este servicio aéreo de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) estaba pendiente de la construcción de un nuevo helipuerto junto al Hospital de Jerez que, ante estos recortes, lógicamente, queda en segundo plano. No obstante, la intención de la empresa es tenerlo terminado a lo largo de 2013, aunque sin fecha concreta. Actualmente, el helicóptero tiene su base en el aeropuerto, una ubicación que no es la idónea ya que el personal que lo atiende cuando no hay equipo fijo está en el recinto hospitalario.

La Junta de Gobierno Local ha declarado este martes desierto el concurso para la adjudicación de la concesión del servicio integral del agua. El gobierno municipal afirma que en los próximos días se reunirá la Comisión Técnica del Agua, creada para hacer un seguimiento de la concesión del servicio, para analizar y seguir el desarrollo del procedimiento.

También explica que se estudiarán las alternativas en el seno de la comisión técnica, ya que, según asegura, ha habido empresas que han mostrado su interés en concurrir a la licitación, “si bien han manifestado la posibilidad de que se atienda a la petición de flexibilizar las condiciones de pago, manteniendo el mismo canon”.

Cabe recordar que la privatización de la gestión del agua es una de las iniciativas más importantes anunciada por el Ayuntamiento para paliar la grave asfixia económica que padece.

El gobierno local ha vuelto a ganar tiempo en el proceso de adjudicación de la gestión de la empresa Aguas de Jerez. Y es que tal como se ha podido comprobar la Secretaría General del Ayuntamiento no firmó hasta el pasado viernes 19 de octubre la prórroga del plazo para la presentación de ofertas en la licitación de la concesión a la que había dado luz verde la Junta Local de Gobierno. Eso se ha traducido en que no fue hasta el día de ayer cuando esta ampliación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De esta forma, los 15 días de plazo que se supone que debían finalizar hoy apenas han empezado a correr, por lo que la fecha real en la que expira este proceso es la del 7 de noviembre. Ese día las empresas que quieran optar a hacerse con la concesión ya deben haber presentado sus propuestas. Claro que la culminación del proceso aún tardará un poco más, ya que no será hasta 10 días después, el 17 de noviembre, cuando se abran de forma oficial las plicas de las ofertas.

La cuestión no es baladí, sobre todo porque los ERE en las empresas municipales están a la espera de saber si este proceso de adjudicación se realiza o si queda desierto. Sin olvidar que los 80 millones que llegarían a las arcas municipales con esta concesión son más que fundamentales en las cuentas que ha hecho el ejecutivo local y para salir del atolladero económico en el que se encuentra la ciudad.

Hay que recordar que esta prórroga del plazo para la adjudicación se aprobó después de que, como explicó el gobierno de María José García-Pelayo, algunas de las empresas interesadas (dos de ellas en concreto) solicitaran información adicional y tiempo para estudiarla.

La junta de gobierno local ha dado luz verde a un proyecto que se vislumbra como uno de los más ambiciosos de la legislatura. El Ayuntamiento de Jerez pretende convertir el Depósito de Sementales en “una gran superficie polifuncional en torno al caballo” y ya está dando los primeros pasos para hacerlo realidad.

El proceso es largo y complejo pero las partes implicadas -Consistorio jerezano y Ministerio de Defensa, actual propietario del recinto- parecen tenerlo claro. En primer lugar hay que firmar un protocolo de colaboración entre las dos administraciones que derivará en un convenio definitivo antes de final de año. El resultado será que el Ministerio hará una concesión (sin perder la titularidad) del recinto al Ayuntamiento de Jerez, que le permitirá a éste, a su vez, sacar a concurso público la gestión del espacio mediante la fórmula de la colaboración público-privada. “Será un centro ecuestre con actividades paralelas, formativas, de ocio, museísticas y también comerciales”, asegura la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Según la primer edil, “el Ayuntamiento no podía permitir que esas instalaciones cayeran en desuso” ya que, junto con Ifeca y el Parque González Hontoria “pueden ser un pulmón turístico para la ciudad“. Con esta fórmula público-privada,”el Ayuntamiento no aportará un solo euro”.

Al parecer, según confirmó el delegado Francisco Cáliz, “ya hay inversores interesados en el proyecto”. Aunque no quiso dar más detalles, “son personas de la ciudad y también de fuera, porque la inversión es importante”.

Modificación del PGOU

A raíz de la rúbrica del convenio definitivo, hay dos plazos a tener en cuenta: un año para el concurso público y dos años para hacer una modificación puntual del PGOU “de forma que una parte del recinto sea equipamiento público y otra tenga uso lucrativo”. Ese uso lucrativo, que puede ser comercial o residencial, por ejemplo, “se reservará al Ministerio de Defensa” y será en torno al 15% de los más de 22.000 metros cuadrados disponibles. No hay que olvidar que el recinto está situado en una de las mejores zonas de Jerez. El resto del espacio pasará a manos del Ayuntamiento como equipamiento público más de siete décadas después de que se cediera para uso militar.

Otro de los puntos del acuerdo es que, antes de que se regularice la situación, el Ayuntamiento podrá hacer uso de las instalaciones “como aparcamiento de coches oficiales o para celebrar eventos”.