Una nueva crecida del río Guadalete ha provocado hoy viernes el corte de la carretera de La Ina y la recomendación de desalojo de las viviendas de Los Cejos del Inglés. De hecho, cuatro de las cinco familias residentes en la zona han vuelto a pasar la mañana recogiendo enseres y muebles antes de marcharse nuevamente de sus casas, apenas una semana después de haber retomado cierta normalidad. Se trata de un nuevo aumento del caudal provocado por la liberación de  agua de los pantanos, una medida “controlada” en todo momento y con la previsión de que dure poco tiempo.

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Poco más de dos horas ha durado un Pleno municipal tenso que ha girado prácticamente en torno a un único tema: la sentencia que declara “no ajustados a Derecho” los despidos llevados a cabo en el marco del ERE del Ayuntamiento. Se ha tratado de una sesión monotemática gracias a la decisión de los grupos de la oposición de retirar todas sus propuestas, ruegos y preguntas en tanto en cuanto no se debatiera el asunto del Expediente de Regulación de Empleo, como así lo solicitaron al inicio del Pleno con carácter de urgencia. El gobierno, que sí aceptó ese debate, optó por dejarlo para el final lo que ha propiciado que el resto de partidos no haya participado en la sesión y se hayan dirimido con celeridad los demás asuntos a tratar.

Una actitud de la oposición que no ha pasado desapercibida por el ejecutivo, que les ha acusado de “preocuparse únicamente por los 260 trabajadores del ERE y no por los problemas de los 215.000 ciudadanos”. Ya metidos en materia, María José García-Pelayo se ha referido por fin a la sentencia del TSJA insistiendo, como ya hiciera ayer su primer teniente de alcaldesa, en que el alto tribunal “no tumba ni declara nulo” un Expediente que “seguirá su curso”. “Ustedes están trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es verdad -ha reprochado al resto de grupos-. En todo caso el TSJA no nos ha dado la razón a ninguno, ni a los sindicatos que pedían la nulidad ni a nosotros. No se nos ha condenado, solo se estima la demanda parcialmente por lo que el ERE sigue existiendo y pediremos aclaraciones de algunos extremos que no quedan claros en la sentencia”.

De esta forma, la primera edil repite el discurso de Antonio Saldaña centrando su objetivo en determinar si los despidos pueden seguir adelante en lo que respecta a los mayores de 59 años, ya que en algún punto del fallo el juez reconoce que el criterio de edad sí se ajusta a Derecho. Por lo demás, los populares siguen sin bajarse del burro y ya han dejado clara su intención de no readmitir a los afectados, planteándose en todo caso la indemnización, que es una de las posibilidades a las que pueden acogerse legalmente. Prueba de ello es que la moción presentada al alimón por PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida que exigía la readmisión de los despedidos ha sido rechazada de plano en virtud de la mayoría absoluta del PP, que también ha hecho caso omiso a la petición de dimisión del ejecutivo.

“LEVANTAR LA CIUDAD NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO”

“No nos hemos planteado la dimisión del gobierno ni el cese de los técnicos que participaron en la tramitación del ERE. Gobernar significa tomar decisiones y las seguiremos tomando. Estamos por levantar la ciudad y eso no se hace de un día para otro, pero lo conseguiremos”. En esta línea, la alcaldesa ha pedido a los socialistas que “no exijan dimisiones con tanta ligereza, pues ustedes no son los mejores precisamente en tramitar EREs”, en clara referencia al caso que ha salpicado a la Junta de Andalucía. “Dicen que no es justo que los ciudadanos vayan a pagar las indemnizaciones; ¿acaso es justo que hayan pagado 1.300.000 euros al año por los asesores del PSOE o que hayan soportado durante 18 años un Circuito de Velocidad que da pérdidas?”.

La oposición, por su parte, se ha reiterado en la exigencia de que sean readmitidos los 260 trabajadores perjudicados y de que el gobierno dimita por haber llevado a cabo unos despidos que no se ajustan a Derecho. “La sentencia es clara y supone un bofetón para el gobierno -concluye el concejal de IU Joaquín del Valle-. Lo más grave es la arbitrariedad a la hora de seguir los criterios en la que se ha incurrido según el juez; por ello, deben hacer un ejercicio de reflexión y rectificar”. Pedro Pacheco, líder de Foro Ciudadano, está convencido de que esta sentencia “pasará factura en las urnas” a los populares, al tiempo que ha anunciado que sus abogados están estudiando si el ERE podría conllevar consecuencias patrimoniales y penales para el gobierno. La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, ha criticado que el ejecutivo “siga sacando pecho solo por el hecho de que los despidos no son nulos”, acusándole de “no buscar el interés general sino el suyo propio”.

El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.

Antonio Saldaña ha querido salir al paso de aquellos que han declarado desde esta mañana que el TSJA había anulado o tumbado el ERE del Ayuntamiento de Jerez: “Tenemos que ser responsables de las declaraciones que hacemos. Algunos han hablado demasiado rápido y no se ajusta a la realidad. El camino que se inició en este Ayuntamiento para poner orden sigue su curso. La sentencia del TSJA no declara nulo el ERE municipal. Tenemos el compromiso de poner orden en las cuentas. La situación que nos encontramos era muy mala con costes muy elevados, no asumibles en personal. Tuvimos que tomar decisiones. Estamos en un plan de ajuste y una de las patas que contempla ese plan es en materia de personal. Es una decisión necesaria para los intereses de Jerez y los jerezanos. No es una situación agradable para nadie”.

“La sentencia hay que analizarla con reflexión, prudencia y respeto por todas la partes. El TSJA ni tumba ni declara nulo el ERE Municipal, sino que confirma que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en la tramitación del expediente y la existencia de causas económicas”.

“El Ayuntamiento va a solicitar al Tribunal una aclaración de los conceptos de la sentencia. Una vez el Tribunal conteste se analizarán y valorarán las decisiones a tomar, pero el camino iniciado en el Ayuntamiento sigue su curso”

“Hasta que no se aclare la sentencia no sabremos el coste que habría para el Ayuntamiento asumir los despidos improcedentes, pero decisiones de hoy pueden suponer un importante ahorro en el futuro”

No ha faltado ni uno. Todos los grupos políticos de la oposición y los sindicatos con representación municipal han protagonizado una comparecencia conjunta en la que han expresado su absoluta satisfacción con la sentencia que tumba el ERE del Ayuntamiento, al tiempo que han cargado sin piedad contra un gobierno al que acusan de haber realizado “una caza de brujas política con dinero público”. Todos ellos han trasladado un discurso parecido con un claro mensaje común: la exigencia de que sean readmitidos todos los afectados y la dimisión del gobierno local por haber llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que no se ajusta a Derecho.

Los primeros en alzar su voz han sido los representantes de las organizaciones sindicales, empezando por Lola Vázquez, de CC OO, que ha puesto el acento en que “el pueblo no puede seguir pagando con dinero público los errores del partido que lo gobierna”. Así, son contrarios a que el Ayuntamiento abogue por indemnizar a los perjudicados en vez de readmitirlos, que es una de las posibilidades que plantea el fallo judicial. “Entendemos que ha sido un despido político”, ha incidido Alfonso Cárdenas, delegado de UGT, en la misma línea de lo expresado por los representantes de CGT, la ATM y CTP. El delegado de este último colectivo, Juan Manuel García Hurtado, ha cifrado en alrededor de 30 millones de euros los que tendría que desembolsar el Consistorio si se acoge a las indemnizaciones, y “todo por una cabezonería e incompetencia”.

El plato fuerte de la comparecencia, sin duda alguna, ha corrido a cargo de los líderes de la oposición que han pedido sin ambages la dimisión del ejecutivo. “Esta sentencia supone un mazazo sin precedentes para la derecha -ha apuntado Pedro Pacheco-. La Justicia no es un cachondeo y ha demostrado que el gobierno actuó sin escrúpulos y a sabiendas de que estaba haciendo una purga política. Este gobierno está ya deslegitimado”. De esta forma, se ha preguntado qué sucederá ahora con todo el dinero que se desembolsó a Deloitte, la empresa encargada de gestionar el ERE, al igual que Miriam Alconchel, secretaria local del PSOE, que ha calificado todo el proceso como “una persecución política del gobierno”.

“Con el dinero público no se pueden cometer fechorías ni pagar indemnizaciones. Tendrán que responder ante todo este gasto”. El concejal de IU, Joaquín del Valle, ha adelantado que la readmisión de los 260 despedidos será solicitada mañana viernes en el Pleno municipal, en un acto de “defensa” de toda la ciudadanía. “Éste no es un problema de ellos, es de todos los ciudadanos, de la administración pública. Están saqueando la ciudad  y no van a pagar indemnizaciones con nuestro dinero”. Como ya se ha publicado, el Ayuntamiento tiene cinco días para tomar una determinación que pase por readmitir a los despedidos, o bien indemnizarlos. Sea de un modo u otro, los sindicatos han puntualizado que la ejecución de la sentencia seguirá adelante, independientemente de que la administración recurra el fallo.

La plataforma de apoyo al pubelo saharaui -integrada por varios colectivos sociales- ha elevado hoy la voz para pedir a los partidos políticos que suscriban la moción que este viernes presentará Izquierda Unida en el Pleno Municipal contra las últimas sentencias para presos políticos en Marruecos. Como han explicado Jadi Omar Ghelane, Fadel Mohamed, Habiba Mohamed y Geli Sánchez “tienen que aprobar la moción para situar a Jerez en el carrillo de los derechos humanos y la justicia. Es el momento de tomar postura”.La iniciativa cobra relevancia en la ciudad, donde viven alrededor de 400 saharauis.

Con el objetivo de poner la mirada internacional en los 24 presos condenados entre 25 años y cadena perpetua, el colectivo ha iniciado una campaña de concienciación e información sobre la situación del pueblo saharaui después de 40 años bajo la tutela de Marruecos. El corto ‘Hijo de la nube’, ganador de un Goya, se proyectará en la Escuela de Arte de Jerez (4 de abril), en la UCA y en el Ateneo después de Semana Santa; en este mismo lugar, los días 18 y 19 de abril se han programado una serie de ponencias de miembros de la asociación de juristas y el 20 de abril se instalará una jaima en la plaza del Arenal donde los jerezanos podrán disfrutar de un té y música saharaui a la vez que se informan sobre la situación de los campamentos.

“Su delito fue defender la autodeterminación del Sáhara”, contaron. “Los han torturado arrancándoles las uñas de los pies, colgándolos y violándolos”, aseguraron. Igualmente, destacaron que fueron sometidos a un juicio militar cuando se trata de civiles.

Primer varapalo judicial para el Ayuntamiento en el caso del ERE municipal: el TSJA acaba de dictar sentencia declarando que los despidos llevados a cabo no se ajustaron a Derecho. De esta forma, el titular de la Sala de lo Social tumba en un primer asalto el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el gobierno popular y obliga a la administración local o bien a readmitir a los perjudicados o bien a indemnizarlos a razón de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades. En el primero de los casos, la readmisión iría acompañada por el abono de lo que los trabajadores han dejado de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia judicial, que se ha producido en el día de hoy.

Así lo ha explicado a este medio Antonio Ortega, el letrado que representa en el procedimiento al Colectivo de Trabajadores Progresistas, matizando que este fallo a nivel general será independiente de los que se puedan dictaminar a título particular. Es decir, aunque la sentencia afecta a los 260 trabajadores, muchos de éstos interpusieron aparte una demanda individual en el Juzgado de lo Social que sigue su curso y sobre la que el juez de turno podría declarar incluso nulo el despido en cuestión. Aunque ésta era precisamente la pretensión inicial, conseguir la nulidad del Expediente, Ortega se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia, a la que ha calificado de “triunfo” para los perjudicados.

No hay que olvidar que esa indemnización de 45 días por año trabajado supone una suma mucho más cuantiosa de lo esperado; a pesar de ello, muchos hubieran preferido la nulidad porque obligaría  a la readmisión sin matices. De esta forma, sin embargo, el Ayuntamiento tiene cinco días para decidir si restituye a los perjudicados en su puesto de trabajo o les indemniza, independientemente de que interponga el correspondiente recurso. La pelota, en cualquier caso, está en su tejado.

La plantilla de UTE Jerez afronta hoy su cuarto día de huelga sin tener noticia alguna del cobro de sus cinco salarios pendientes. Ni la empresa ni el Ayuntamiento les han comunicado hasta ahora algún avance en el conflicto por lo que los trabajadores “intentamos mantener la calma dentro de la desmotivación general que hay”, explica Miguel Jiménez, de CC OO.

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El primer encuentro organizado en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos de cara a la inminente huelga de Onda Jerez ha resultado decepcionante para la plantilla, ya que ha lamentado que solo la empresa (Jecomusa) se haya presentado y no el Ayuntamiento, lo que según los trabajadores ha obligado a aplazar la reunión a este jueves. Así lo ha confirmado el presidente del comité de empresa, Raúl Ruiz-Berdejo, criticando que el gobierno local “no haya tenido la decencia de presentarse”, lo que a su juicio constituye una clara prueba de “lo poco que le importa la huelga de Onda Jerez y el hecho de que la gente que no puede salir de casa no vaya a disfrutar de las procesiones por la tele”.

Curiosamente, la administración local ha emitido un comunicado en el que niega este punto, asegurando que ha estado presente en el encuentro a través de la abogada de Jecomusa y que finalmente éste se ha retrasado hasta mañana “en espera de respuesta a las gestiones que se están realizando”. En este sentido, afirma que los contactos para evitar los paros son continuos, en busca de una solución que pueda satisfacer a todas las partes, El representante de los trabajadores, por su parte, ha recordado que el personal únicamente pide un trato igualitario con respecto al resto de empleados municipales, pues no hay que olvidar que los de la radiotelevisión pública son los que sufren más retrasos e impagos de nóminas.

“Solo pedimos estar como los demás y que no nos marginen. El Ayuntamiento dice que no nos puede pagar por la deuda de la empresa con Hacienda y la Seguridad Social, pero eso no es excusa porque el Consistorio también tiene sus deudas y sin embargo a sus trabajadores y a los del resto de sus empresas sí les paga”. Hace unos días, el ejecutivo anunciaba que la nómina de febrero de la plantilla municipal no se podrá abonar hasta abril; los profesionales de Onda Jerez son conscientes de la situación de quiebra generalizada, pero lo que exigen precisamente es que al menos les informen y les den fechas concretas de pago, como en este caso.

Por otro lado, Ruiz-Berdejo ha alabado la actitud de los representantes de Jecomusa (empresa municipal que gestiona el servicio), que han conseguido financiación para liquidar lo que se debe a los trabajadores del mes de enero, y se han comprometido a mediar para que un representante expreso del Ayuntamiento se presente a la cita, como ellos demandan. Desafortunadamente, nada de ello impedirá que la huelga siga adelante mientras no exista una negociación y se cambien ciertos parámetros.

Como se recordará, la protesta se iniciará el Viernes de Dolores y está previsto que concluya el Domingo de Resurrección, con un seguimiento según el comité de empresa de entre el 90% y el 95% del personal. Como ha corroborado el presidente, tampoco se han pactado servicios mínimos por lo que la huelga será total. “Como la alcaldesa dice que no somos un servicio esencial no hemos pactado servicios mínimos. Consideramos que se está atentando contra nuestra dignidad y tomaremos las medidas que haga falta”.

En un escueto comunicado de seis líneas de extensión, el delegado de Personal y Seguridad del Ayuntamiento, Javier Durá, anuncia que no se abonará lo que resta de la nómina de febrero a la plantilla municipal hasta la primera semana del próximo mes de abril. Asegura también que en esa misma fecha se pagará también “una buena parte” del salario correspondiente a marzo.

Aunque todavía no se ha producido ninguna reacción oficial a este anuncio por parte de los representantes de los empleados del Consistorio, trabajadores municipales llevaban días denunciando el nuevo retraso en el cobro de sus nóminas, asegurando en muchos casos que solo habían percibido 450 euros de la del mes de febrero. Cabe reseñar que también que los sindicatos CC OO, UGT y CTP han convocado una protesta a las puertas del Ayuntamiento para este próximo viernes, a las 9.30 horas, coincidiendo con la celebración de una sesión plenaria.

En la convocatoria correspondiente, los sindicatos denuncian “los continuos retrasos en el cobro que sufre la plantilla municipal, las rebajas salariales y de derechos de la mayoría para mantener los privilegios que han  compadreado con unos pocos, despidos indiscriminados de 260 compañeros y compañeras y el flagrante incumplimiento de todos y cada uno de los compromisos del gobierno local”.