Poco más de dos horas ha durado un Pleno municipal tenso que ha girado prácticamente en torno a un único tema: la sentencia que declara “no ajustados a Derecho” los despidos llevados a cabo en el marco del ERE del Ayuntamiento. Se ha tratado de una sesión monotemática gracias a la decisión de los grupos de la oposición de retirar todas sus propuestas, ruegos y preguntas en tanto en cuanto no se debatiera el asunto del Expediente de Regulación de Empleo, como así lo solicitaron al inicio del Pleno con carácter de urgencia. El gobierno, que sí aceptó ese debate, optó por dejarlo para el final lo que ha propiciado que el resto de partidos no haya participado en la sesión y se hayan dirimido con celeridad los demás asuntos a tratar.

Una actitud de la oposición que no ha pasado desapercibida por el ejecutivo, que les ha acusado de “preocuparse únicamente por los 260 trabajadores del ERE y no por los problemas de los 215.000 ciudadanos”. Ya metidos en materia, María José García-Pelayo se ha referido por fin a la sentencia del TSJA insistiendo, como ya hiciera ayer su primer teniente de alcaldesa, en que el alto tribunal “no tumba ni declara nulo” un Expediente que “seguirá su curso”. “Ustedes están trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es verdad -ha reprochado al resto de grupos-. En todo caso el TSJA no nos ha dado la razón a ninguno, ni a los sindicatos que pedían la nulidad ni a nosotros. No se nos ha condenado, solo se estima la demanda parcialmente por lo que el ERE sigue existiendo y pediremos aclaraciones de algunos extremos que no quedan claros en la sentencia”.

De esta forma, la primera edil repite el discurso de Antonio Saldaña centrando su objetivo en determinar si los despidos pueden seguir adelante en lo que respecta a los mayores de 59 años, ya que en algún punto del fallo el juez reconoce que el criterio de edad sí se ajusta a Derecho. Por lo demás, los populares siguen sin bajarse del burro y ya han dejado clara su intención de no readmitir a los afectados, planteándose en todo caso la indemnización, que es una de las posibilidades a las que pueden acogerse legalmente. Prueba de ello es que la moción presentada al alimón por PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida que exigía la readmisión de los despedidos ha sido rechazada de plano en virtud de la mayoría absoluta del PP, que también ha hecho caso omiso a la petición de dimisión del ejecutivo.

“LEVANTAR LA CIUDAD NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO”

“No nos hemos planteado la dimisión del gobierno ni el cese de los técnicos que participaron en la tramitación del ERE. Gobernar significa tomar decisiones y las seguiremos tomando. Estamos por levantar la ciudad y eso no se hace de un día para otro, pero lo conseguiremos”. En esta línea, la alcaldesa ha pedido a los socialistas que “no exijan dimisiones con tanta ligereza, pues ustedes no son los mejores precisamente en tramitar EREs”, en clara referencia al caso que ha salpicado a la Junta de Andalucía. “Dicen que no es justo que los ciudadanos vayan a pagar las indemnizaciones; ¿acaso es justo que hayan pagado 1.300.000 euros al año por los asesores del PSOE o que hayan soportado durante 18 años un Circuito de Velocidad que da pérdidas?”.

La oposición, por su parte, se ha reiterado en la exigencia de que sean readmitidos los 260 trabajadores perjudicados y de que el gobierno dimita por haber llevado a cabo unos despidos que no se ajustan a Derecho. “La sentencia es clara y supone un bofetón para el gobierno -concluye el concejal de IU Joaquín del Valle-. Lo más grave es la arbitrariedad a la hora de seguir los criterios en la que se ha incurrido según el juez; por ello, deben hacer un ejercicio de reflexión y rectificar”. Pedro Pacheco, líder de Foro Ciudadano, está convencido de que esta sentencia “pasará factura en las urnas” a los populares, al tiempo que ha anunciado que sus abogados están estudiando si el ERE podría conllevar consecuencias patrimoniales y penales para el gobierno. La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, ha criticado que el ejecutivo “siga sacando pecho solo por el hecho de que los despidos no son nulos”, acusándole de “no buscar el interés general sino el suyo propio”.