La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha mantenido una reunión informativa con los presentantes del nuevo comité de empresa de Ingesan en UTE con Macrosad, entidad responsable de la gestión del servicio de ayuda a domicilio, para presentar el calendario de pagos de la deuda de la anterior concesionaria Acasa con estos empleados.

La delegada ha explicado que con este plan se pone de manifiesto la voluntad “máxima” del Ayuntamiento de Jerez de cumplir su compromiso y asumir la deuda que dejó la anterior concesionaria. El Ayuntamiento abonará la cantidad de 1.301.500 euros en nueve pagos a lo largo de 2014; “un dinero que ya se pagó pero que no llegó a las trabajadoras por desvío de Acasa, no por este Gobierno municipal”, ha subrayado. Con este dinero, se podrá liquidar completamente la deuda  pendiente con las trabajadoras y que corresponde a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio (más extra) de 2013. Cabe recordar que el Ayuntamiento ya abonó dos pagos de 124.000 y 125.000 euros, en octubre y noviembre, respectivamente, también de la deuda de Acasa.

Ahora, el plan de pagos quedará recogido en un documento que, tras consensuarse en la reunión matenida, será rubricado por el Ayuntamiento y el comité de empresa y posteriormente se elevará al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Jerez. “El Ayuntamiento sigue haciendo un esfuerzo económico para garantizar el servicio de ayuda a domicilio. Se ha cumplido uno de los objetivos que el Gobierno Municipal se marcó al inicio de la legislatura, la normalización del servicio de ayuda a domicilio. Han sido numerosos meses los que hemos trabajado codo con codo con las trabajadoras del servicio, que han estado puntualmente informadas de todos los pasos que el gobierno ha realizado, el acuerdo de esta reunión es un ejemplo más. Otro de plan de pagos no sería asumible dada la situación actual del Ayuntamiento”, ha afirmado.

La delegada, a petición del comité, ha dado  a conocer la situación de las transferencias de la Junta de Andalucía. A día de hoy, la Junta de Andalucía tiene pendiente el pago de 1.367.720 euros de 2013. Falta por abonar el mes de agosto (273.544 euros), septiembre y octubre (547.088 euros) y noviembre y diciembre (547.088) euros. Isabel Paredes ha explicado que la Junta de Andalucía ha liquidado en estos días, a través de los préstamos del ICO, “que son los que de verdad van a crear sostenibilidad, gran parte del primer semestre de 2013″, ha subrayado. “Desde el Ayuntamiento estamos dotando de medidas que hacen sostenible el sistema de dependencia”. Cuando entramos en el Gobierno municipal nos encontramos una deuda de 1.700.000 euros fruto del desvío que el anterior Gobierno municipal del PSOE hizo del dinero de que debía haber sido empleado en pagar el servicio de ayuda a domicilio. Gracias a la constancia y el esfuerzo económico del nuevo Gobierno municipal del PP se ha logrado la firma de un nuevo convenio y de una adenda con la toma de razón que permitió adelantar el dinero para pagar las nóminas de 2012 y 2013 ante los retrasos de las transferencias de la Junta”, ha señalado la delegada.

También ha destacado la importancia de que, por primera vez, se llevó a Pleno una propuesta para que el dinero de las transferencias del servicio fuesen finalistas. Hecho que no bastó ya que “en julio tuvimos que asumir, a través de Comujesa, el servicio para evitar su desaparición y la de los puestos de trabajo por las deudas de Acasa. A partir de entonces encontramos una empresa que se ha hecho cargo del servicio. Con todo ello se pone de manifiesto la voluntad política de este Gobierno municipal de mantener el servicio porque día a día lo estamos dotando de medidas que lo hacen sostenible”, ha apostillado.

Isabel Paredes, delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, ha mantenido una reunión informativa con los representantes del nuevo comité de empresa de Ingesan en UTE con Macrosad, entidad responsable de la gestión del servicio de ayuda a domicilio.  La delegada, en primer lugar, felicitó a la nueva presidenta y al resto de componentes del comité (9 CGT, 3 CCOO y 1 UGT) surgido de las elecciones celebradas el pasado 30 de octubre. Isabel Paredes informó al comité de la situación de los impagos que todavía faltan de la antigua concesionaria Acasa. “Seguimos sin saber la cuantía exacta que se adeuda a cada trabajador. Es nuestra intención ir liquidando esta deuda de la anterior empresa; pero conviene recordar que mantenemos abierta la vía judicial”, ha asegurado.

Del mismo modo, la delegada trasladó al comité la situación de los impagos de la Junta de Andalucía. “A fecha de hoy todavía nos deben 2.426.865 euros de cinco resoluciones tres del primer semestre y dos del segundo semestre de 2013  por un importe de 2.876.837 euros, ya que sólo nos han pagado 449.971 euros. Y seguimos sin conocer el importe de la tercera resolución del segundo semestre porque no hay resolución aún  y tampoco sabemos la fechad de ingreso de la deuda pendiente”.

Isabel Paredes presentó al comité la nueva Guía de Actuación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio que ha sido elaborada por los servicios técnicos de la Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud. “Es un protocolo de actuación muy completo que es fruto de la experiencia en la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, y va dirigido tanto a las auxiliares de ayuda a domicilio, como profesionales fundamentales en la atención directa al usuario”, explicó la delegada.

Con este protocolo se pretende recoger y transmitir la información adecuada y necesaria sobre aquellos aspectos del servicio que les afecta directamente, “con objeto de facilitar la práctica diaria y contribuir a mejorar entre todos la calidad de la atención, y los derechos y obligaciones de trabajadores y usuarios”, añadió.

El protocolo, por ejemplo, aborda el tratamiento, la cortesía, y las relaciones que deben mantener en la prestación del servicio, además de la coordinación, las actuaciones de carácter doméstico, entre otros aspectos del servicio. “Queremos mantener la máxima colaboración para solucionar cualquier problema que pueda surgir garantizando un servicio de calidad”, subrayó.

Los representantes de Foro Ciudadano de Jerez, Pedro Pacheco y Rocío Montero, han mantenido un encuentro con el presidente y el secretario del comité de empresa del transporte urbano, José María Romero y Juan González, respectivamente, para analizar la situación en la que se encuentra actualmente el servicio de autobuses y advertirles de que, a poco menos de dos meses para que se cumpla el plazo fijado por el gobierno local del PP para llevar a cabo la municipalización, “todavía no han dado ni un paso adelante ni han hecho nada para que sea viable jurídica y técnicamente”. Después de agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho la plantilla de los autobuses en los últimos tiempos, con una rebaja salarial de 20% incluida, para normalizar el servicio y tratar de recuperar viajeros, tanto Pacheco como Montero han alertado de que “no vemos ningún movimiento por parte del gobierno del PP tendente a la gestión directa definitiva de los autobuses porque desde que se aprobó la municipalización en el pleno de junio pasado a propuesta de Foro no solo no se ha avanzado en nada sino que en el segundo Plan de Ajuste del Ayuntamiento aprobado en septiembre no se menciona para nada dicho rescate y explotación directa”. Los representantes de los trabajadores, que han asegurado que “no bajamos la guardia y estamos expectantes”, han advertido en el transcurso del encuentro en el grupo municipal que sería “lamentable que no se llegase al final del procedimiento después de todos los esfuerzos que hemos hecho y tras comprobarse que el servicio es más económico y eficiente gestionado de manera directa”.

Más concretamente, el ahorro anual que está conllevando la gestión directa mediante el secuestro es de alrededor de 1,5 millones de euros al año, “lo que podría incrementarse aún más si se suprime el beneficio industrial, como hemos mantenido desde hace tres años”, han reiterado desde Foro. “Nosotros dijimos desde antes de las municipales que lo más idóneo en estos momentos de crisis y con una empresa concesionaria que incumplía el pliego y que no tenía músculo financiero era la municipalización. El PP tardó dos años en rectificar y ahora vemos cómo es muy probable que nunca cumplan con este acuerdo porque no están haciendo nada para que sea posible”, ha afirmado Pedro Pacheco. En este sentido, ha preguntado por “las resoluciones de los expedientes sancionadores que se abrieron a Urbanos Amarillos, por el encaje de la municipalización en el nuevo Plan de Ajuste, por la audiencia necesaria que hay que dar previamente a la concesionaria como paso previo al rescate, por la inclusión de la plantilla dentro de la RPT y la homogeneización salarial… Muchos trámites y pasos que de no cumplirse harían que el gobierno del PP se saltase la legalidad”. “Independientemente de las medidas que adopte la empresa concesionaria, el Ayuntamiento ya tendría que haber dado pasos para iniciar el procedimiento porque de otro modo es imposible que el servicio este municipalizado desde el próximo 1 de enero como se prometió a la plantilla. Ni los pasos se están dando ni el Plan de Ajuste aprobado por la derecha, el PP, y que fiscaliza el Ministerio de Hacienda lo permite”, ha dicho.

El servicio de autobuses, que en 30 de las 40 primeras semanas de gobierno del PP en Jerez se mantuvo de huelga, ha experimentado cierta mejoría en el último año y medio gracias a la eficiente gestión de dos técnicos municipales al frente de la explotación y, sobre todo, a los esfuerzos hechos por la plantilla de trabajadores. De hecho, tras tocar fondo sumando apenas 3 millones de usuarios al año, se ha logrado remontar en casi un millón. Muy lejos, en todo caso, de los 9,9 millones de viajeros que se llegaron a conseguir hace una década. “Los jerezanos estaban orgullosos de un servicio de autobuses que rozaba la excelencia y ahora ven cómo tienen que conformarse con autobuses de tercera mano, a los que van a tener que ponerle estampitas de santos para evitar males mayores”, ha aseverado Pacheco, antes de reiterar a los representantes del comité “todo el apoyo y colaboración de Foro”. Este grupo político ha vuelto a reclamar cuestiones básicas para los autobuses como recuperar la subvención estatal anual de unos 800.000 euros que serviría para renovar “en condiciones” la flota, e introducir medidas de promoción e incentivación como un bonobús solidario para desempleados y el acceso gratuito a los autobuses con destino al centro en fines de semana.

El comité de empresa del geriátrico de Jerez Suite La Marquesa, el cual es UGT el único sindicato con representación, denuncia ante la inspección de trabajo que no les han pagado el sueldo de junio y julio “como represalia por haber denunciado judicialmente atrasos de varios meses que estuvieron sin cobrar”. Recuerda al respecto que hasta el momento “hay un total de unas 30 trabajadoras afectadas por el impago de las últimas mensualidades y se está a la espera de más sentencias favorables”, y afirma que “esto conlleva a un trato discriminatorio dentro de la empresa”.

Apunta, asimismo, que este geriátrico se encuentra a la espera de un cambio de empresa “que parece que no va a llegar nunca”. Añade que “la firma que se está haciendo cargo del geriátrico, aunque aun no sea oficial, es el Grupo Reif, el cual tiene más geriátricos en la provincia”. Añade que la misma incluso “intentó convencer a las trabajadoras de que quitaran la demanda, llegando a amenazar con despido a las trabajadoras que habían reclamado”.

Pero las denuncias del comité de empresa sobre el mencionado Grupo Reif no se quedan ahí: “Están ocurriendo muchas irregularidades como cambios de categoría sin comunicar al comité, quitando pluses salariales incluso cambiando el horario a trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de hijos, este último punto ya ha sido solucionado mediante denuncia a la Inspección de Trabajo y a la comisión paritaria del convenio”.

Foro Ciudadano ha mantenido un encuentro de trabajo con los representantes del comité de empresa de Urbaser, la concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos, en el que la formación ha trasladado a los trabajadores la propuesta que elevará al próximo Pleno ordinario del presente mes de junio para reclamar al gobierno local la renegociación y actualización de los acuerdos con Urbaser por la prestación de estos servicios, además de un plan de choque integral de limpieza en el municipio.

Ambas partes han coincidido en los últimos días en denunciar públicamente la mala situación del servicio, una realidad que aseguran que “está afectando a una ciudad más sucia por día que pasa, pese a que el PP quiere aparentar que no hay problema alguno y se empeña en distorsionar esta realidad que salta a la vista en las calles”, según apunta Foro Ciudadano en un comunicado. De hecho, ha dicho la edil Rocío Montero, “querían destrozar la propuesta en la junta de portavoces celebrada hoy, y que fuese como ruego al Pleno, diciendo que ya no hay nada que negociar con Urbaser, lo que demuestra la nula sensibilidad de este equipo de gobierno ante los problemas reales de la ciudadanía”.

Los representantes de los trabajadores han denunciado que el déficit en la prestación del servicio ha sido constante desde 2011 pero especialmente tras el recorte del año pasado en 4 millones de euros del presupuesto anual, lo que provoca, como ejemplo, que haya zonas de la ciudad en las que “deben salir 24 carritos de barrido y sólo lo hagan 7 o 8”. Por no hablar del mundo rural, “donde la limpieza acude cada 24 o 25 a cada pedanía, pues sólo hay una brigada cuando hace unos años había tres que cubrían cada ELA y barriada rural una vez a la semana”. Pese a que Urbaser “ha ingresado de una tacada y gracias a los polémicos y lesivos créditos ICO aprobados por el PP, previo salvaje Plan de Ajuste, unos 90 millones de euros por deudas atrasadas fundamentalmente desde 2008, el servicio está peor que nunca y Jerez más sucia que nunca, ya que la plantilla no da abasto”, señala Foro Ciudadano.

Varapalo considerable al Ayuntamiento del comité de empresa de Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura en la ciudad. Se ha producido en forma de comunicado de los propios representantes de los trabajadores de la mencionada empresa, que han querido decir la suya en el debate que se ha abierto en las últimas horas sobre el servicio. De hecho, aseguran en el mismo que la petición de Foro Ciudadano de renegociar la situación de la limpieza en Jerez “no es nada descabellada, ya que, según dicen, desde que empezó la crisis en 2008 han sido sometidos “a recortes, incluso dos años antes, desde el año 2006″.

El comité explica que, recientemente, la dirección de Urbaser y Ayuntamiento mantuvieron hace pocos días una reunión en la que el gobierno local señaló que los colectivos vecinales “no paraban de trasladar quejas por la falta de limpieza y el servicio deficiente que se está prestando en la ciudad”. Apunta al respecto que “no es de recibo que tanto la alcaldesa como la delegada de medio ambiente puedan decir que la limpieza ha mejorado, que se ha realizado una reestructuración y que si hay algún problema es puntual, ya que los operarios de Urbaser toman las vacaciones en julio y agosto”.

Añade que la delegada de Medio Ambiente “muestra un desconocimiento total de los acuerdos firmados entre este Ayuntamiento y su Delegación con Urbaser y sus trabajadores, ya que el personal citado trasladó sus vacaciones al año natural para reducir costes y sus vacaciones se cogen desde enero hasta diciembre”. Y explica en este sentido que “con esta reducción del presupuesto, el Ayuntamiento también anuló la contratación de la eventualidad, el personal se ha mermado en unos 150 trabajadores, y al presupuesto se le han rebajado más de 4 millones de euros, los cuales hemos abonado hasta la última ‘peseta’ los trabajadores”.

Afirma igualmente que solo una brigada acude a trabajar a cada pedanía “cada 22 ó 24 días”. Y va más allá sobre la calidad del servicio que se presta: “En lo referente al barrido manual (carritos) hay que decir que, sobre el papel, el Ayuntamiento ha hecho una reestructuración impresionante, cada dos días todas las zonas de Jerez se barren, pero evidentemente esto sólo es sobre el papel, la realidad es muy diferente, y la frecuencia de un peón de barrido en la mísma zona es como mínimo de cinco días.

Sigue señalando que “ésta es la historia que vendieron en noviembre del pasado año tanto la alcaldesa como la delegada de Medio Ambiente: 4 millones y pico menos de presupuesto, 150 operarios menos y la limpieza será mucho más efectiva  y más barata para los ciudadanos”.

“Esto es sólo el principio, cuando llegue el otoño y la ciudad comience otra vez con la dinámica diaria empezarán a aflorar, como en primavera, problemas por todos lados, porque el personal es insuficiente, los vehículos están ‘cansados’, los recorridos son excesivos…”, apostilla.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada por los delegados de Personal y Seguridad, Javier Durá, y Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, y técnicos municipales, ha mantenido hoy una reunión con el comité de empresa de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, de cuya gestión se hizo cargo la empresa municipal COMUJESA el pasado lunes tras aprobar la Junta de Gobierno Local el encargo de su gestión y ser ratificado, el mismo día, por el consejo de administración de la empresa municipal.  Leer noticia completa

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha mantenido esta mañana una reunión con los representantes del comité de empresa de Onda Jerez para informarles del desarrollo de las negociaciones con la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social de cara a la Junta de Acreedores, prevista para el próximo lunes 24 de junio. Leer noticia completa

El Juzgado de lo Social número 2 de Jerez ha dado la razón al Ayuntamiento de Jerez en el juicio por la huelga de basura al desestimar la demanda interpuesta por el comité de empresa de Urbaser contra el propio Consistorio y la Empresa de Transformación Agraria, Tragsa, al “no constatar probada la vulneración del derecho a la huelga ni la libertad sindical”. “En conclusión, ratificamos que la decisión y actuación del Ayuntamiento de Jerez y la actuación posterior de Tragsa no vulneraron el derecho a la huelga, ni la libertad sindical, como así informó en juicio el Ministerio Fiscal”, se señala en la mencionada sentencia.

Igualmente, se recoge que “el derecho a la huelga no es un derecho absoluto y debe ponerse en relación con otros derechos constitucionales, como es el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución, que además señala en su número 2 que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

En este sentido, el texto recoge que la alcaldesa tenía plena competencia para actuar para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía, así como que estaba suficientemente probado que existía una alerta sanitaria, motivada en su origen por los insuficientes servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía, la duración de la huelga de basura y la acumulación de residuos en las calles, una situación que empeoraría por la alerta de lluvias.

La sentencia establece que “la huelga tuvo una enorme repercusión en los ciudadanos y en los medios de comunicación, que no fue menor por la intervención de Tragsa. La huelga fue efectiva ya que se acordó la retirada del Expediente de Regulación de Empleo planteado para 125 trabajadores de la concesionaria de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, aunque con recortes en el convenio colectivo. En conclusión, ratificamos que la decisión y actuación del Ayuntamiento de Jerez y la actuación posterior de Tragsa no vulneraron el derecho de huelga, ni la libertad sindical”.

El auto judicial también establece claramente que se estima “la condición de autoridad sanitaria de la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez en materia de salud pública y la plena competencia de este municipio para velar en su territorio por la protección y la promoción de la salud de la población, realizando las intervenciones necesarias para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía. Ello sin perjuicio de la competencia de la Junta de Andalucía en esta materia”.

La jueza entiende, por tanto, que “el llamamiento por el Ayuntamiento a la empresa Tragsa tiene amparo jurídico” ya que se trata de una empresa que actúa “con especial prioridad en aquellos casos que son urgentes o se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaran”, quedando probado que “nos encontramos, por tanto, con un medio propio instrumental que fue aportado por el Estado al Ayuntamiento en su relación de cooperación, acreditándose que se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ayuntamiento”.

La sentencia deja patente que existía, en el momento en que el Ayuntamiento llama a la empresa Tragsa, una situación de alerta sanitaria en el municipio. “Estimamos probado la existencia de una alerta sanitaria, tanto por la acumulación de basuras, como su prolongación en el tiempo, y la amenaza de lluvias en alerta amarilla”.

La jueza aclara que “es público y notorio, se resaltó en todos los medios de comunicación locales y nacionales que existía una importante acumulación de basura y residuos, parte de la basura estaba en los contenedores pero la mayoría en el suelo de la vía pública, bolsas de basuras rotas, desperdicios por el suelo, cristales…lo que dificultada la recogida”.

“En este estado de cosas era imposible que los servicios mínimos pudieran recoger en estos primeros días los residuos al ritmo del 50% de la recogida habitual con los medios ordinarios que tenía Urbaser”, quedando claro cuando la empresa Tragsa utiliza maquinaria pesada y medios como pala cargadora, retrocargadoras o camiones para retirar los residuos acumulados en las calles.

Ante la alerta sanitaria, el auto establece igualmente que “no existe un contrainforme de ningún organismo público de la Junta de Andalucía o de otra autoridad, ni ningún informe privado, que contradiga, cuestione o anule” lo afirmado por los técnicos municipales. Es más, la sentencia establece que no se emitieron por parte de la Junta de Andalucía certificaciones sobre la posible situación de riesgo para la salud durante los días de la huelga.

En la sentencia se deja igualmente claro que por parte de la Junta de Andalucía no se aportó informe oficial técnico sobre la situación de salubridad ni consta que tales informes fuesen elaborados, lo que hubo fueron declaraciones en prensa del delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y del responsable del Servicio de Salud Pública, Andrés Rabadán. Así la sentencia dice textualmente: “Dichos documentos no dejan de ser noticias de prensa, de manifestaciones a los periodistas, vertidas por estos al papel. Es cierto que aluden a que no existe riesgo de salubridad, pero no existe ningún informe oficial técnico de la Junta de Andalucía aportado a autos que así lo acredite, ni consta que tales informes se elaboraran. Incluso a nuestro juicio algunas declaraciones vertidas en prensa son plenamente desafortunadas”.

La comparación es más que acertada para explicar la situación en la que se encuentra la plantilla de Jereyssa, la empresa municipal encargada de la recaudación de impuestos y, por tanto, de recabar el dinero que sirve para hacer frente al pago de las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento de Jerez. “Somos los que generamos el petróleo, por nuestras manos pasa el dinero, pero luego nos marginan y no nos dan ni para la gasolina”.

Así se han quejado hoy a este medio desde el comité de empresa de Jereyssa, cuyos responsables han denunciado que a estas alturas de abril a los empleados de este ente no se les ha terminado de abonar la nómina del mes de febrero, “y sin embargo desde el gobierno local ya han tomado la decisión y están empezando a abonar la de marzo a los trabajadores del Ayuntamiento”.

Desde esta plantilla denuncian la discriminación que supone esta decisión que, como recalcan, afecta también a otros muchos cientos de trabajadores de otras empresas municipales, de patronatos como el Zoobotánico y de las entidades locales autónomas. “Todos tenemos familias, gastos y necesidades, y el ejecutivo ha optado por no dedicar el dinero a pagar todas las nóminas, sino a otros gastos como la luz o sabe Dios”, se lamentan.

De hecho, destacan que “no están cumpliendo los compromisos de pagar a todos por igual ni el tan mencionado criterio de prelación de pagos, porque por lo que estamos viendo para ellos solo hay que pagar en primer lugar las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento. Exclusivamente. Se ve que el resto no somos de la misma categoría”.

Por si esto fuera poco, los representantes de los trabajadores de Jereyssa ponen de relieve “lo frustrante que es que por tus manos pase el dinero, como ha ocurrido en estos meses con el plan de pago personalizados de impuestos; que sepamos lo que se está ingresando; y sin embargo luego no haya dinero para que podamos cobrar nuestro sueldo”.

Por último, reclaman al ejecutivo local que “si va a destinar el dinero a otros pagos, al menos se reúna con los comités de empresa de los entes afectados y les dé una explicación al respecto e informe de un calendario de pagos. Es lo menos que merecemos”.