El comité de empresa del geriátrico de Jerez Suite La Marquesa, el cual es UGT el único sindicato con representación, denuncia ante la inspección de trabajo que no les han pagado el sueldo de junio y julio “como represalia por haber denunciado judicialmente atrasos de varios meses que estuvieron sin cobrar”. Recuerda al respecto que hasta el momento “hay un total de unas 30 trabajadoras afectadas por el impago de las últimas mensualidades y se está a la espera de más sentencias favorables”, y afirma que “esto conlleva a un trato discriminatorio dentro de la empresa”.

Apunta, asimismo, que este geriátrico se encuentra a la espera de un cambio de empresa “que parece que no va a llegar nunca”. Añade que “la firma que se está haciendo cargo del geriátrico, aunque aun no sea oficial, es el Grupo Reif, el cual tiene más geriátricos en la provincia”. Añade que la misma incluso “intentó convencer a las trabajadoras de que quitaran la demanda, llegando a amenazar con despido a las trabajadoras que habían reclamado”.

Pero las denuncias del comité de empresa sobre el mencionado Grupo Reif no se quedan ahí: “Están ocurriendo muchas irregularidades como cambios de categoría sin comunicar al comité, quitando pluses salariales incluso cambiando el horario a trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de hijos, este último punto ya ha sido solucionado mediante denuncia a la Inspección de Trabajo y a la comisión paritaria del convenio”.

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha comparecido para anunciar que su administración acaba de ingresar una inyección de 1,3 millones de euros en los servicios de justicia gratuita de la provincia. Un soplo de aire fresco para los ‘maltratados’ abogados del turno de oficio, que en el caso de Jerez han percibido 255.000 euros. El delegado se vanaglorió de la iniciativa, con la que destacó que la Junta “cumple el compromiso contraído” con los profesionales “afrontando el pago en tiempo y forma pese a la crisis”. Estas palabras, sin embargo, no han calmado los ánimos de los letrados del Colegio de Abogados de Jerez que, a través de su decano, Marcos Camacho, han querido puntualizar que aún existen ciertas cantidades pendientes de cobro.

En concreto, según el decano la Junta ha ingresado todo lo correspondiente a las tarifas pendientes del pasado año, pero no así en lo relativo a los gastos en infraestructuras, de los que demandan el 50% del último trimestre. Asimismo, recuerdan que a estas alturas aún no han cobrado ni un céntimo de lo perteneciente al año vigente. “Consideramos que este pago no cumple las expectativas -recalcó Camacho-, por no mencionar nuestro total rechazo a la orden por la que se nos baja el 10% del salario”. Ésa es la cuestión que verdaderamente les quita el sueño; a pesar de sus protestas, la medida se ha puesto en marcha desde el 1 de octubre.

López Gil también se refirió a ello justificándolo en que se trata de un “ajuste moderado de carácter temporal y reversible”, que se ha adoptado con el fin de “hacer sostenible este servicio”. Los abogados, como es lógico, lo ven desde otra óptica totalmente distinta y argumentan que la situación de los responsables del turno de oficio se ha vuelto “insostenible” a raíz de ello. De hecho, como ya publicara Reporteros Jerez, muchos de estos letrados se han visto obligados a costear parte de los procedimientos de sus propios bolsillos. Como la perspectiva no mejora para ellos, el decano ha confirmado que en los próximos días se reunirán para organizar posibles actos reivindicativos.