El gobierno local lo tiene meridianamente claro; por ello, pese a la decisión de la Junta de Andalucía de requerir la anulación de 11 nombramientos de altos cargos municipales por su “arbitrariedad”, el Ayuntamiento seguirá adelante y prepara un escrito de alegaciones con el que oponerse frontalmente a la determinación autonómica. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha ratificado lo que ya adelantara ayer Antonio Saldaña defendiendo unos nombramientos que se han realizado “siguiendo criterios jurídicos y no políticos, de acuerdo con los técnicos de la Junta”. No obstante, la edil ha recalcado que se trata de “decisiones de transición”, en tanto en cuanto el Consistorio no disponga de los funcionarios necesarios para la reestructuración total de la plantilla. Leer noticia completa

El Grupo Municipal Socialista asegura que la resolución de la Junta de Andalucía en la que ordena anular el nombramiento a dedo de 11 altos cargos del Ayuntamiento por parte del PP confirma la arbitrariedad con la que actúa el Gobierno municipal y la chapuza de su gestión en materia de personal, que ya fue objeto de denuncia por parte de este grupo municipal. De hecho, la decisión de la Junta se atiene estrictamente al cumplimiento de la legalidad y, por tanto, cuando una decisión adoptada por la Junta Local de Gobierno no cumple con la ley como es el caso, el incumplimiento es rotundo y no porque el PP le quiera dar el carácter de provisionalidad a esos nombramientos, la ilegalidad se puede permitir.

“Lo que es ilegal, por tanto, no se puede acordar con técnicos de la Junta”, tal y como ha declarado Saldaña, porque “la ley está para cumplirla en todos sus términos y no se puede trasladar la responsabilidad de estos hechos a la Administración autonómica”. “Es obvio que el PP confunde  la manera arbitraria y no ajustada a derecho que tiene de resolver los temas de personal, la RPT (Relación de Puesto de Trabajo) y los nombramientos de altos cargos. Y, como muestra de ello, cabe recordar por ejemplo el nombramiento de un consejero en la sociedad que gestiona los Montes de Propios (Ememsa) y que el Juzgado de lo Mercantil declaró nulo tras la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista”.

La decisión de la Junta no se puede considerar “ni una bronca política ni un ataque a Jerez”, sino que “evidencia la arbitrariedad de las decisiones municipales de la que el PP sigue dando muestras de forma permanente en esta legislatura”.

Los procedimientos de acceso al empleo público son por capacidad, libre concurrencia y publicidad, con lo que  la provisión de puestos de trabajo son para los empleados públicos que ya tienen la condición de funcionarios. “La rumorología, a la que tanto aludir al Gobierno de la señora Pelayo, no es ningún criterio objetivo para la gestión en la Administración”. Las fuerzas sindicales, entre éstas la ATMJ, recurrió el procedimiento y ha tenido una resolución favorable. “La Junta ha tomado una decisión para velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, algo que el PP no termina de aceptar ni de asumir”, finaliza el PSOE en su comunicado.

Mezclar fútbol y política no ha sido habitualmente una buena idea. De sobra es sabido que el fenómeno futbolísitico ha servido para que minorías oprimidas ideológicamente  tomaran voz a costa del deporte rey. En Inglatera la corriente ‘Hooligan’ tuvo en sus inicios unas bases más políticas que deportivas, y así podríamos viajar desde España hasta Italia, pasando por Grecia o Rusia. Leer noticia completa

La organización agraria COAG Cádiz ha recalcado hoy que suscribe la denuncia expresada por los representantes nacionales de COAG, Asaja, UPA, las Cooperativas Agroalimentarias de España y de la asociación de destiladores Adevin, que han solicitado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, una reunión para analizar los movimientos comunitarios del lobby de bebidas espirituosas para modificar el reglamento regulador de estas bebidas en lo que respecta a la elaboración de brandy y analizar las previsibles repercusiones negativas para el sector vitivinícola español.

El secretario general de COAG Cádiz, Miguel Pérez, lamenta estas presiones para cambiar la definición actual del producto a nivel comunitario y para permitir la creación de una nueva categoría (el ‘blend brandy’) en el que sería posible permitir el uso de hasta un 49 por ciento de otros alcoholes agrícolas de procedencia distinta a la uva.

Pérez denuncia que este movimiento “va en contra de todas las reivindicaciones históricas de los viñistas del Marco de Jerez, que siempre han luchado por tener un mayor peso en la elaboración del brandy y han reclamado que se garantizara que una parte del alcohol destilado para hacer este producto tuviera su origen en la Denominación”.

El secretario general también recuerda que de salir adelante esta iniciativa “el brandy se desvirtuaría a sí mismo como producto, ya que dejaría de atender a los consumidores que apuestan por él porque creen en el origen vínico y que saben que solo por eso es un producto de mayor calidad que otros”.

“Por sentido común un vaivén comercial no puede hacer que se modifique la normativa de productos como el que se regula bajo el término brandy, ya que desvirtuamos la tradición y la historia en la que se sustentan las distintas indicaciones geográficas”, añade Pérez.

La organización agraria también quiere poner de relieve los perjuicios económicos que esta medida puede acarrear a los viñistas del Marco de Jerez, ya que “también vendemos uva fuera de la Denominación de Origen, y si tras el cambio de la normativa hay miles de hectáreas de viñedo de otras regiones productoras sin salida comercial volverán a competir con nosotros y a saturar el mercado”.

Por otra parte, hay que recordar otra consecuencia aún más directa, ya que actualmente el vino de la Tierra de Cádiz puede abastecerse de uva de fuera del Marco de Jerez en un 15%, pero hasta ahora la uva de esta zona productora es la elegida por los operadores al cien por cien porque es competitiva. “No sabemos qué ocurriría si hay disponible uva de fuera a precios más bajos, pero las empresas podrían traerla entonces de otras zonas históricamente destiladoras”.

Por todo lo anterior, desde COAG Cádiz nos sumamos a la petición al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que fije cuanto antes una reunión para analizar la situación.

 Postura “radicalmente contraria” de la Junta

Por su parte, el consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, calificó ayer de “aberración” la posible existencia de una propuesta para que se reduzca a la mitad el porcentaje de destilados de vino necesarios para la elaboración del brandy y se sustituya por alcoholes procedentes de la destilación de subproducto.

A la salida del Consejo Consultivo de Agricultura celebrado ayer en Madrid, el consejero defendió una postura “radicalmente contraria” a la propuesta y lo ha hecho “con la misma rotundidad” con la que minutos antes había defendido una normativa europea para el uso de envases irrellenables de aceite de oliva en las mesas de los restaurantes.

Aunque desconoce si existe la propuesta, el titular andaluz de Agricultura no descarta que basándose en el dicho “cuando el río suena, quizás pueda existir algún documento en algún despacho” y, de existir ese planteamiento, Planas sospecha que haya sido promovido por “los mismos que se oponen a los envases irrellenables”.

Las tres manifestaciones convocadas en Puerto Real, Antequera y Córdoba por los sindicatos UGT y CC OO bajo el lema ‘Por el empleo’ ya caminan desde el lunes por la mañana hacia Sevilla, donde tienen previsto llegar el jueves para celebrar una asamblea desde la que reclamarán un plan especial de empleo. Leer noticia completa

La Consejería de Turismo y Comercio patrocinará las carreras de caballos que se celebran tradicionalmente en el mes de agosto en Sanlúcar. Así lo ha hecho saber el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Manuel Cárdenas, al presidente y al gerente de la Sociedad de Carreras de Caballos, Rafael Hidalgo y Hermenegildo Mergelina,respectivamente, durante el transcurso de una reunión celebrada hoy en la sede de la Delegación territorial. Leer noticia completa

El año 2005 fue fatídico para la producción de azúcar en la comarca de Jerez. Ese año las políticas europeas cambiaron las reglas del juego, abarataron los precios y obligaron a muchos productores de remolacha a abandonar el cultivo. Como consecuencia, la empresa Ebro, propietaria de las dos azucareras que todavía existían en la ciudad, tuvo que cerrar apenas unos pocos años después, en 2008, una de las factorías, la de Guadalcacín. Leer noticia completa

Que la emblemática iglesia de Santiago se cae a trozos no es una expresión exagerada sino el reflejo de una realidad que ha llegado a tal punto, que el Ayuntamiento se ha visto obligado a intervenir de urgencia en un patrimonio cuya rehabilitación es responsabilidad de la Junta. Durante una visita a un templo prácticamente en ruinas, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha anunciado que la Junta de Gobierno ha acordado la caducidad de la licencia de obras de emergencia de la administración regional (después de 4 años de paralización total), al tiempo que ha emitido una notificación a la Diócesis con una orden de ejecución con el fin de que “lidere la remodelación” del templo. Como ha explicado la primera regidora, esto no significa que los trabajos “se hagan de hoy para mañana”, sino que se desarrollarán en tres fases que empezarán con lo más inminente: el cerramiento externo, mantenimiento y vigilancia de obra y medidas de seguridad para evitar la caída de cascotes u otros objetos a la vía pública.

La segunda de las fases será la considerada ‘urgente’, y estará centrada en la consolidación estructural de la iglesia, para lo que será necesario nada menos que un millón de euros. Como detalló el obispo diocesano, José Mazuelos, también presente en la visita, ésta era la fase que estaba acometiendo la Junta desde 2006 y que nunca terminó, después de que las obras se paralizaran en 2009 al entrar la constructora en concurso de acreedores. Desde ese momento comenzó un proceso judicial que ha dejado el proyecto absolutamente en el aire, con la consecuencia añadida de que según el obispo “el que haya estado paralizado tanto tiempo ha conllevado que lo que se hizo hasta entonces no ha servido de mucho, como nos ha confirmado el arquitecto”. La tercera y última fase se compondrá de otra serie de obras de menor envergadura como el revestimiento, carpintería, acabados y suelo, todo ello costeado en un principio por la propia Diócesis.

“Nosotros asumimos la responsabilidad y buscaremos financiación -declaró Mazuelos-. Desde aquí agradezco la preocupación del Ayuntamiento, porque nosotros teníamos las manos atadas y no podíamos entrar por el tema judicial. El Ayuntamiento se ha sensibilizado ante una situación de emergencia y ha decidido actuar. Hoy empieza nuestra movilización, y hacemos un llamamiento a los católicos, hermandades, flamencos y todos los jerezanos para que juntos podamos sacar esto adelante”. García-Pelayo, por su parte, confirmó que la administración local colaborará en la rehabilitación aunque no precisó si “será de manera directamente económica o no”. Lo que sí recalcó es la “obligación tanto moral como institucional, desde el punto de vista del patrimonio cultural” del Consistorio, que “no podía quedarse de brazos cruzados ante la paralización”.

“LA IGLESIA NO HA SIDO FAVORECIDA POR LA JUNTA”

Durante su intervención, Mazuelos leyó una carta de la Diócesis en la quedaba reflejado con absoluta claridad su particular tirón de orejas a la administración regional, empezando por la escasa aportación económica de ésta para la preservación de los templos de Jerez. “La Junta ha destinado 2,5 millones para una primera fase que por mala suerte ha estado paralizada más de tres años y ahora para terminarla, hay que gastar 1 millón más. En los últimos diez años, ha destinado 4 millones de euros para nuestro patrimonio (incluyendo esos 2,5) frente a los 23 millones invertidos por los católicos, más lo aportado por hermandades y cofradías para cada templo. No podemos decir por ello que la Iglesia haya sido favorecida por la Junta… Hay dos razones para el mantenimiento del patrimonio: una es la espiritual, puesto que igual que se levantan polideportivos para el culto al cuerpo también se ha de hacer lo mismo con el desarrollo espiritual, favoreciendo la libertad religiosa y a unos ciudadanos que pagan sus impuestos. La otra razón es que se trata de un bien cultural, por lo que lo destinado no es un regalo sino el cumplimiento de una obligación”.

Así las cosas, y a pesar de que el obispo reconoce que los tiempos son realmente complicados para conseguir financiación, este día supone el “pistoletazo de salida” como él mismo subrayó para un proyecto que requerirá la ayuda de todos los jerezanos que contribuirán de esta forma  al renacimiento de una de las iglesias más señeras e imprescindibles en el patrimonio cultural y espiritual de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el reconocimiento de la factura de mes de abril presentada por la empresa Acasa por un importe de 572.717,79 euros. Este reconocimiento permitirá al Ayuntamiento anticipar el dinero que la Junta de Andalucía debería haber abonado para el servicio de ayuda a domicilio y abonar  a las trabajadoras de Acasa las nóminas de enero y febrero. La primera nómina se pagará entre hoy y mañana, y la segunda la próxima semana.

La alcaldesa, María José-García Pelayo, acompañada de Isabel Paredes, el pasado 3 de mayo mantuvo un reunión con las trabajadoras en la que ya explicó con claridad que la Junta de Andalucía había realizado una transferencia, el pasado 26 de abril, de 595.810 euros, pero que debido a un embargo de la Seguridad Social a la empresa, Acasa no pudo pagar nóminas. Ante esta situación, García-Pelayo expuso a la trabajadoras (en la citada reunión) que gracias a la toma de razón, una vez que la empresa presentase la factura de abril y ésta fuese reconocida (hecho aprobado en la Junta de Gobierno Local de hoy), el Ayuntamiento volverá a anticipar, de nuevo, el dinero de las transferencias de la Junta para abonar las nóminas. “El Ayuntamiento está a cero euros con la empresa, que sí que debe un total de 1.191.000 de euros en concepto de nóminas a los trabajadores”, ha recordado Isabel Paredes.

Gracias a la toma de razón del nuevo convenio, el Ayuntamiento ya ha transferido 3.356.844 euros (a los que se sumarán los 572.717,79 últimos) mientras que la deuda actual de la Junta de Andalucía asciende 1.826.618 de euros correspondientes al segundo semestre de 2012 y del primer semestre de 2013.

La delegada ha subrayado que, tras el reconocimiento de la factura de abril, actualmente el Ayuntamiento no tiene factura pendiente alguna con la empresa concesionaria actual. “Seguimos trabajando para que el servicio, una vez finalizado el concurso de licitación el pasado 10 de mayo, lo preste una nueva empresa; hay empresas muy fuertes en el sector interesadas en la concesión de este servicio; se trata de cuatro empresas punteras y fuertes; que son referentes en este sector lo que permitirá, una vez se adjudique el servicio, recuperar la normalidad, un objetivo por el que este Gobierno municipal ha trabajado muy duro desde el inicio de la legislatura”, ha recalcado.

En este sentido, Isabel Paredes ha recordado  el enorme esfuerzo económico del Gobierno municipal a la vez que ha lamentado “la situación que está atravesando las trabajadoras por las reiteradas demoras de la Junta con las transferencias”.  Para la delegada no hay que olvidar que uno de los principales problemas que tiene actualmente el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad “es que la empresa Acasa, a la que se le adjudicó el servicio el anterior Gobierno del PSOE, no tiene solvencia suficiente para ir afrontando los pagos si se producen retrasos, como está sucediendo hasta el momento, con los ingresos que debe efectuar la Junta de Andalucía”, ha apostillado.

Las secciones sindicales de CC OO, UGT, ATMJ y CTP, que representan al 53% de la plantilla municipal, se reunieron este lunes con Antonio Maíllo, director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, por su competencia en las directrices técnicas que rigen las relaciones entre la entidad autonómica y las administraciones locales. En este sentido, los sindicatos pusieron en su conocimiento “las gravísimas irregularidades que está llevando a cabo el Gobierno municipal en materia de personal mediante actuaciones absolutamente arbitrarias amparadas en informes, a nuestro entender, confeccionados a tal fin”, resaltan en un comunicado. Tal como insisten, se trata de informes que “benefician directamente al que lo suscribe y en otros incluso llegan a contradecirse entre ellos, según convenga aplicar un criterio o el contrario en los diversos expedientes”. Por eso acusan al ejecutivo de “arbitrariedad”, e insisten en subrayar que “la gravedad es de tal magnitud que de estas actividades pudieran derivarse acciones penales, cuestión que está siendo estudiada por parte de estas secciones sindicales”.

Por otro lado, destacan que durante la reunión “se nos confirmó lo que ya sospechábamos, que la alcaldesa mintió cuando afirmó públicamente que la RPT municipal se había consensuado con la Junta de Andalucía, extremo que negó taxativamente Maíllo”. Una circunstancia ante la que el responsable de esta Dirección General de la Junta, se comprometió a facilitar cuanta información y documentación se le requiriera.

Maillo, según los representantes sindicales, también “reconoció que cuando llegaron a su conocimiento algunas de nuestras denuncias  ante la Delegación Provincial sobre los extremos ilegales de la RPT, ya habían transcurrido los plazos legales para interponer los oportunos recursos ante los órganos jurisdiccionales competentes”. A tenor de lo cual, no han ocultado su sorpresa  al “comprobar cómo la Junta de Andalucía desconoce la  realidad de las actuaciones que se están llevando de aplicación de la RPT, sobre todo porque la que le remite el Ayuntamiento es  intencionadamente parcial, sesgada y manipulada, con  patente incumplimiento de la obligación de transparencia”.

Las secciones sindicales citadas concluyen al respecto que “la obstinada realidad del día a día en la gestión de recursos humanos, nos obliga a seguir denunciando las arbitrariedades de sus decisiones”.