La Federación de Vecinos Solidaridad ha hecho hoy un nuevo llamamamiento a la Junta de Andalucía para que atienda las peticiones de los habitantes de La Asunción, La Plata, La Constancia y La Vid sobre la rehabilitación de viviendas. “El delegado de Vivienda, Manuel Cárdenas, dijo que las obras se iban a empezar en 15 días y ya van dos meses. Hay que hacerlo ya, hay peligro de que se desplomen los rechos cuando vuelva a llover”, recuerda el presidente del colectivo, Sebastián Peña.

Los representantes vecinales han denunciado que “la Junta de Andalucía tiene proyectos de Cooperación Internacional en el extranjero donde están rehabilitado viviendas. Sabemos que en países como Marruecos hay muchas necesidades pero aquí también hay asuntos urgentes”, indican. “No es lógico que se completen antes proyectos fuera de nuestras fronteras”, insisten. Desde Solidaridad recuerdan que “no se puede vivir en 20 metros cuadrados con 20 puntales, como están en La Asunción”.

Peña ha explicado que los vecinos de la calle Raboatún han recibido a personal de la Junta de Andalucía solicitándoles que firmaran un documento para que, en vez de rehabilitar el bloque entero -obra para la que la administración no dispone de liquidez- solo se reformen los techos de la vivienda más afectada. “Se han negado a firmar, claro”, asegura Peña.

“Necesitamos que la Junta actúe de una vez. Si hace falta, iremos todos a Sevilla a manifestarnos a la puerta de la Consejería”, afirma el presidente vecinal.

Una vez más, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez han vuelto a cruzarse acusaciones con respecto a las políticas sociales. Hace unos días la delegada de Igualdad y Salud, Isabel Paredes, pedía medidas a la administración autonómica para hacer frente a las necesidades de los colectivos y hoy es la Junta de Andalucía la que expresa su postura. A través de un comunicado, la Delegación Provincial de Bienestar Social indica que “llama la atención que la señora Paredes presuma de que el Ayuntamiento jerezano haya pagado 25.000 euros a 12 asociaciones de personas con discapacidad de una deuda cercana a los 150.000. Es decir, han pagado menos del 25% y aún tienen que abonar 115.000 euros; desde luego no es motivo para sacar pecho, aunque entendemos que pueda ser un intento de desviar la atención de otros problemas del Consistorio de los cuales se han hecho eco los medios estos días”.

Según continúan, “la popular hace un profundo ejercicio de hipocresía y cinismo al arremeter contra las políticas que se desarrollan desde Andalucía en relación a este colectivo, cuando es precisamente la Junta la que está teniendo que realizar enormes esfuerzos para poder afrontar los recortes del Gobierno de España en materia de dependencia, y que se han traducido este año 2012 en 89 millones de euros menos para la comunidad, que, además, en 2013 volverá a recortar 120 millones. Por el contrario, para el próximo año la Junta ha presupuestado en materia de Salud y Bienestar Social un total de 1.108 millones de euros”.

Explican desde el ente provincial que “una de las modificaciones unilaterales que el Gobierno de España ha hecho a la Ley de la Dependencia ha sido reducir en un 15% las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, así como eliminar la cotización a las cuidadoras. Frente a esa reducción por parte de la administración del Estado, la Junta fijó en un 13,2 % dicha reducción para minimizar el perjuicio causado”.

Más compromiso

“Frente a ello, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con las personas con discapacidad (485.098 con discapacidad reconocida en Andalucía), a pesar de los recortes en políticas sociales del Gobierno de Mariano Rajoy que la señora Paredes sin duda conoce y, como se deduce de su silencio, comparte. En las actuales circunstancias, mantener las prestaciones de los usuarios y usuarias es el mejor ejemplo de la apuesta de Andalucía por la Dependencia, sobre todo cuando las medidas estatales, como el techo de gasto impuesto por el Gobierno a las comunidades autónomas, no dejan mucho margen de maniobra a las regiones”.

Aseguran que “la voluntad decidida de la Junta de Andalucía es mantener las prestaciones y priorizar el pago a las entidades sociales pese a las dificultades que tiene la administración autonómica derivadas de los recortes sociales del Gobierno de España que, además de en Dependencia, amenazan con extenderse a otros ámbitos en forma de copago que ya prepara el Ejecutivo central, como los de transporte sanitario, los dietoterápicos y el material ortoprotésico”.

El Ayuntamiento de Jerez se garantizará el próximo martes la celebración del Gran Premio de España de motociclismo hasta el próximo año 2015 en las instalaciones del Circuito de Jerez. Será en dicha fecha cuando se proceda a la firma de los acuerdos, la cual tendrá lugar a las 13 horas del próximo martes en las instalaciones del trazado de velocidad de la carretera de Arcos.

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Aunque insisten en que no es de su competencia, la Delegación municipal de Educación “asumirá en la medida de lo posible” el mantenimiento del elevador del colegio García Lorca, que lleva tres años sin funcionar. Como ha confirmado hoy Lidia Menacho, “no podemos mirar hacia otro lado sabiendo que hay dos niños que lo necesitan, a pesar de que ese gasto no es de nuestra responsabilidad”.

La edil, que ya dijo este lunes que era un asunto de la administración autonómica, ha destacado que “el Ayuntamiento tiene muy poquitas competencias en los centros escolares”, limitadas a “obras menores y vigilancia”. Ha insistido, igualmente, en que “después reclamaremos el coste a la Junta de Andalucía”. Se da la circunstancia de que hay otros colegios, como el Torresoto, donde el mantenimiento del elevador está costeado por el ente municipal. La diferencia con el CEIP García Lorca es que este último fue instalado por la Junta mientras que en Torresoto fue el Ayuntamiento el que costeó el dispositivo por las necesidades de una alumna.

Menacho asegura que se ha reunido “en varias ocasiones” con la asociación de madres y padres de alumnos del colegio y que “el mantenimiento de ese ascensor lo asumió durante un tiempo el ISE (Infraestructuras y Servicios Educativos, de la Junta) y otra temporada el colegio con sus propios recursos. El Ayuntamiento, nunca”. No obstante, entiende que “siempre empujen a la administración más cercana”.

Menacho ha explicado que “mientras que el Ayuntamiento invierte en los centros escolares, la Junta no aparece por Jerez. A esta ciudad no han llegado el Plan Ola 1 ni el 2″. “Lo que no podemos consentir es -continúa la concejal popular- que los niños resulten perjudicados por esta dejadez”.

Ni de uno ni de otro. Fuentes de la Delegación municipal de Educación aseguran que “el Ayuntamiento no tiene competencias relativas al mantenimiento de ascensores sino de obra menor de los edificios y su vigilancia”. De hecho, van a enviar un escrito a los directores de los colegios jerezanos delimitando las responsabilidades municipales. El Consistorio pasa la pelota, por tanto, a la Junta de Andalucía, que fue la administración que instaló el elevador en el CEIP García Lorca cuando era imprescindible cubrir las necesidades de uno de sus alumnos hace varios años. Se da la circunstancia de que una vez cubierta la garantía por parte del fabricante, fue el Ayuntamiento -durante la legislatura de la socialista Pilar Sánchez- la que se hizo cargo del mantenimiento técnico del elevador durante dos años.

Por su parte, la Junta de Andalucía insiste en que todo lo relativo al mantenimiento de los centros escolares de Infantil y Primaria pasa por manos del ente local. “La Junta instala elevadores en los centros cuando es necesario para los alumnos. Si es en un instituto, se hace cargo la administración autonómica pero si es en un colegio, la competencia de su mantenimiento es siempre municipal”, aseguran. Es más, destacan que “es lo que dice la ley”. Y el asunto regresa al tejado del Consistorio.

Como ha publicado Reporteros Jerez, actualmente hay dos alumnos que necesitan utilizar el elevador, que lleva tres cursos sin funcionar debido a la falta de mantenimiento. Después de cartas, faxes, solicitudes y escritos a las dos administraciones públicas, la asociación de madres y padres del centro ha decidido emprender desde hoy una recogida de firmas en el centro y en toda la zona sur para pedir que alguien, le corresponda a quien le corresponda, se haga cargo de la situación. A esta tierra de nadie en la que ahora mismo se encuentra el elevador hay que sumarle que el centro no puede asumir los costes ya que lleva desde el año 2007 sin recibir la subvención municipal.

La Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud, ha solicitado a la Junta de Andalucía que adopte las medidas necesarias para hacer sostenible la atención a la discapacidad. La petición la ha realizado Bienestar Social, Igualdad y Salud tras la decisión adoptada por las asociaciones de no celebrar este año los actos conmemorativos del Día Mundial de la Discapacidad.

En este sentido, la Delegación confirma que esta decisión fue trasladada al Ayuntamiento en el transcurso de una reunión que mantuvo la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, con los colectivos, tras la que se convocó, con carácter extraordinario, la Mesa del Consejo Local de Bienestar Social, órgano que ha tomado la decisión de suspender el calendario de actos previsto con motivo de la efeméride.

El Ayuntamiento lamenta que se haya producido esta situación que ha llevado a los colectivos a no celebrar el Día Mundial de la Discapacidad ante las medidas adoptadas por las administraciones.

Ante esta situación, la Delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, pide a la Junta que adopte las medidas oportunas para hacer sostenible la discapacidad.

Isabel Paredes pide al delegado provincial de Salud y Bienestar Social que convoque el Consejo provincial de la Discapacidad “para analizar la situación, proponer alternativas al problema existente y de esta forma plantear, entre todos, nuevos retos para solucionar la situación”.

“Debemos trabajar todos de la mano, administraciones  colectivos, uniendo esfuerzos, para propiciar soluciones que garanticen la sostenibilidad en la atención, que debe ser el objetivo prioritario”, incide Isabel Paredes.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, también insiste en que “el gobierno ha tomado medidas precisamente para garantizar la sostenibilidad y ahora es la Junta la que debe articular estas medidas”.

También Isabel Paredes declara que “no se puede mantener esta situación de incertidumbre” y le pide a la Junta que explique qué medidas va a llevar a cabo en materia de discapacidad a partir del decreto de julio de 2012 del gobierno central para hacer sostenible la atención a la discapacidad.

Cada mañana, Pilar de los Ríos y Juan Carlos López, padres de una alumna del colegio García Lorca, pasan junto al elevador antes de subir las escaleras para ayudar a su hija a llegar a clase acarreando su maleta. Hace tres años que el ascensor instalado en el centro no funciona porque ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía se hacen cargo de su mantenimiento mientras que dos alumnos se enfrentan cada día a los peldaños -a pesar de que se lo desaconsejan los médicos- para poder sentarse en sus pupitres dos plantas más arriba.

“Las administraciones se pasan la pelota unas a otras y nada”, asegura la presidenta de la asociación de madres y padres del centro, Paqui Pliego. Lo más difícil en estos casos, que es contar con el ascensor, ya lo tienen por lo que es menos comprensible aún esta situación. Tanto la dirección del colegio como la AMPA han remitido escritos, hecho peticiones y solicitudes a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento sin que, en todo este tiempo, haya aparecido un técnico de ascensores por el recinto. La plataforma elevadora -no es un ascensor al uso- funcionó durante cuatro años: la mitad del mantenimiento estaba cubierta por la garantía y la otra mitad la aportó el Ayuntamiento.

“Mi temor es que mi hija se caiga por las escaleras y se haga más daño”, explica Pilar de los Ríos. La niña lleva dos años con un corsé por un problema de columna y no es aconsejable que suba y baje escalones cuatro veces al día ni que lleve peso alguno. Así, antes de las nueve de la mañana y a las dos de la tarde sus padres la acompañan a clase y la recogen. “No quiero que otros niños tengan que ayudarla ni interferir en el trabajo de los profesores”, asegura su madre. “No van a hacer nada hasta que pase algo, como casi ocurre con la cornisa del patio hace unas semanas”, recuerda. Además de esta alumna, otro compañero con problemas en un pie y su familia también contemplan con impotencia cada día el ascensor inutilizado, “muerto de risa”.

Campaña de recogida de firmas

Sin saber ya a quién recurrir, la asociación de padres del colegio ha decidido emprender una campaña de recogida de firmas en el centro, en el barrio y en toda la zona sur para reclamar que las administraciones se hagan cargo de una vez por todas del mantenimiento del elevador. “Llevaremos las firmas a donde haga falta hasta que nos escuchen”, asegura convencida Fátima García desde la AMPA.

Hay otros colegios de la ciudad donde el Ayuntamiento instaló un elevador y se está haciendo cargo ahora de su mantenimiento. En el García Lorca fue la Junta de Andalucía la que abonó el dispositivo por la necesidad de un alumno que utilizaba silla de ruedas. Otro problema añadido para el centro es que no pueden hacerse cargo ellos directamente del mantenimiento del ascensor ya que no reciben aportación municipal alguna para gastos como éste desde el año 2007.

“Ya era hora”. Así de contundente es la valoración que realiza Encarni Barrios, la presidenta del comité de empresa de Acasa, la concesionaria de la ayuda a domicilio, del convenio que por fin han firmado la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, y que permitirá dar garantías a la continuidad del servicio y al pago de las empleadas que llevan cuatro años soportando retrasos en la nómina y “muchas fatigas”.

Según Barrios, “las dos administraciones tenían que entenderse, así se lo dijimos desde el principio, y al final parece que el sentido común ha llegado y que han puesto todos de su parte para que se mantengan los puestos de trabajo y para que los usuarios de este servicio puedan tener la tranquilidad de que seguirán estando atendidos”.

La presidenta del comité reconoce que la noticia de que a partir del 3 de diciembre entra en vigor este nuevo acuerdo que permite incluso acudir a los bancos para que adelanten el dinero para las nóminas gracias a las tomas de razón ha alegrado al colectivo, que casi no se cree que “vayamos a empezar a cobrar a tiempo”.

Y sobre la razón que ha impedido que hasta ahora no se hubiera llegado a un acuerdo similar, Barrios tiene claro “antes de ahora no ha habido voluntad, por ninguna de las dos partes, porque ahora todos se ponen las medallas pero han tardado mucho en arreglarlo. Y todos tienen la culpa: la Junta porque es la que tiene que dar el servicio, y el Ayuntamiento porque lo gestiona”.

El Sercla en Jerez ha acogido la firma del acuerdo entre trabajadores y empresa Urbaser que pone formalmente punto y final al conflicto laboral que originó la huelga de basuras en la ciudad y que se prolongó durante 21 días.

La delegada provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Angelines Ortiz, ha reseñado que esta firma del convenio correspondiente permite que “el conflicto acabe de la mejor manera posible”, y que por esa razón saludan elmismo. Ha apuntado que se ha tratado de “un verdadero ejercicio de responsabilidad de los trabajadores y de la empresa”, y ha añadido que,como autoridad laboral, siente una gran “satisfacción de que ERE se retire, lo que permite mantener el empleo en los momentos que estamos atrevesando”. Y también se ha mostrado satisfecha de que “hayan utilizado el Sercla, porque demuestra que es un instrumento útil que está a disposición, con agentes mediadores”.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Fernando López Gil, ha insistido en que “en este conflicto nuestras competencias eran éstas, la intermediación laboral y que no ocurriera nada en relación con la salubridad, pero respetando a lo que ellos tienen derecho como trabajadores con su protesta”. Y aprovechó para “pedir disculpas a la ciudadanía que ha sufrido consecuencias, pero se firma un acuerdo que es bueno para todos”. “Todos sacrifican un poco y se logra consenso”, ha apostillado.

López Gil ha apuntado, asimismo, que “lo mejor es el mantenimiento del empleo, era premisa básica; Ha sido posible porque hay firma de acuerdo y los trabajadores ceden parte de beneficios para mantener empleo”.

Y ha concluido asegurando que “esto tenía que haberse resuelto mucho antes, se ve con el acuerdo al que han llegado que podía haber hecho”, apostillando que “no se ha llevado bien el conflicto”, en clara referencia a la gestión del mismo que ha hecho el Ayuntamiento.

Diez familias jerezanas están a la espera desde hace semanas de la resolución de su solicitud de plaza en el centro ocupacional de Afanas para adultos con discapacidad intelectual. No es habitual que a estas alturas del año la Junta de Andalucía no haya contestado aún los expedientes por lo que la situación de las familias empieza ya a ser angustiosa.

“Esto supone un deterioro para los usuarios. La persona se queda aislada, encerrada en casa sin actividad propia para sus necesidades”, explica la gerente de Afanas, Gemma Fernández. “Pierden sus habilidades y su capacidad de relación. Y además es un trastorno para las familias, son personas que necesitan apoyo para su vida diaria y sus familiares tienen que salir a trabajar. Es un frenazo para el itinerario de estas personas discapacitadas”, asegura. Las plazas del centro ocupacional para estos usuarios mayores de 18 años, mientras tanto, siguen vacantes a la espera de la respuesta de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En el centro “no tenemos respuesta oficial, pero ya todos sabemos como está la situación en general”, indica Fernández respecto a las trabas económicas.

Precisamente, más de 20 organizaciones sociales de la provincia como Afanas van a participar mañana en una manifestación en la plaza de San Juan de Dios, en Cádiz, contra los retrasos y la desidia de la administración en asuntos sociales. La protesta está convocada por la federación Feaps.