El Informe anual publicado por SEPI correspondiente al ejercicio 2012 ha confirmado las fragilidades del operador postal público, entre ellas, y la más importante, la deuda que el Estado mantiene con Correos desde 2008 por un montante de 208 millones de euros, correspondientes a la prestación del Servicio Postal Universal que Correos tiene encomendado realizar.

Este informe no hace sino dar la razón a las reiteradas exigencias de CC OO a los distintos Gobiernos, sobre la cobertura financiera anual de la prestación postal pública. “El sistema imperante hasta el momento, que la Ley Postal 2010 del PSOE no resolvió y el actual Gobierno mantiene, consistente en el acentuado retraso en el pago, supone un lastre para el operador lo que le impide invertir en desarrollo y proyecto al tener que financiar y adelantar con recursos propios, servicios cuya financiación corresponden al Estado”, aseguran desde el sindicato.

Por otro lado, si bien el informe cita la crisis económica y el efecto sustitución electrónica como las dos grandes causas de la caída de la demanda, para CC OO existen otras grandes amenazas para el operador, entre ellas, “la saña con que la Comisión Nacional de la Competencia está tratando a Correos con la imposición de multas millonaria para beneficiar a los intereses de lobbies, la sustitución de la factura física por la electrónica sin tener en cuenta que no beneficia a los ciudadanos sino a los planes de ahorro de los grandes cliente y la ‘neutralidad’ que la Administración está teniendo a la hora de volver a adjudicar contratos -el último el efectuado por la Agencia Tributaria- a operadores privados acostumbrados a bajar los precios para ganarlos cuando han demostrado reiteradamente que no tienen capacidad para cumplirlo”

CC OO viene demandando en sus propuestas públicas la enorme necesidad de diversificación de Correos porque “como demuestran los datos, la principal fuente de ingresos proviene del envío postal tradicional, mientras áreas de negocio como la paquetería, principal fuente de ingresos en otros operadores postales europeos, supone sólo el 2% del negocio de Correos”. El sindicato señala que el primordial problema de Correos se debe a los ingresos, “provocado por la deuda del Estado y su falta de diversificación”, y, no lo es en ningún caso, como el propio informe reconoce, “los costes excesivos de su plantilla como algunas fuentes claramente interesadas tratan de engañar a los ciudadanos. Para CC OO, “si los poderes públicos hacen los deberes, Correos puede ser una empresa clave en la salida de la crisis de nuestro país y útil a los ciudadanos”.

El Gobierno ha dado ‘luz verde’ a la subida de impuestos especiales al alcohol, con un alza del 10%, y al tabaco, una medida que permitirá recaudar unos 700 millones de euros anuales, según ha confirmado este viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prenda posterior al Consejo de Ministros.

“Subimos los gravámenes de la tributación sobre aquellos consumos como el alcohol y el tabaco, que son los dos grandes consumos especiales que se deducían de la presentación de estabilidad”, señaló el titular de Hacienda.

De esta forma, el ministro ha desvelado que finalmente se subirá un 10% el impuesto que grava las bebidas espirituosas (como el brandy de Jerez), que pasará de 8,30 euros por litro de alcohol puro a 9,13 euros por litro, lo que supone un incremento de 83 céntimos.

Dicha subida impositiva tendrá impacto únicamente en este tipo de bebidas, ya que, según apuntó, esta medida “no afectará ni al vino ni a la cerveza”.

Rechazo del sector

Tras confirmarse este anuncio, la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) ha tachado la tan temida subida de impuestos especiales de “discriminatoria y desastrosa”.

“No encontramos explicación a esta medida. Si lo que se buscaba era recaudar más, lo lógico hubiera sido gravar también al sector que más gana, y la cerveza lleva creciendo desde el 2010. Al igual que paga más IRPF quién más gana, o más impuestos quién más contamina, esto debería aplicarse al que más grados de alcohol vende, en esta caso, la cerveza, pero no es así”, ha lamentado el director ejecutivo de FEBE, Bosco Torremocha en un comunicado.

El sector considera que esta decisión es “irresponsable y discrimatoria”, ya que ahonda en la injusta e inexplicable discriminación fiscal, que sufre la industria de las bebidas espirituosas con respecto a otras bebidas con alcohol, como la cerveza.

“Se va a conseguir el efecto contrario al pretendido. Además, esta medida afectará negativamente al impuesto de sociedades y al IRPF, ya que muchas empresas se verán obligadas a cerrar y a despedir gente. Un despropósito”, ha afirmado Torremocha, que ha señalado que “esta medida conseguirá el efecto contrario al pretendido”.

Por eso, el sector de bebidas espirituosas ha considerado que esta subida de impuestos especiales ha de abordarse “necesariamente de manera transitoria”, y debería de estar condicionada a que desde su fecha de entrada en vigor hasta la fecha de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 se realice un estudio de impacto de este incremento impositivo sobre el sector y su repercusión en el consumo.

FEBE, además, insta al Gobierno a que se realicen análisis y estudios periódicos para determinar si esta medida contribuye a incrementar el fraude y las prácticas ilícitas en relación con la comercialización de bebidas espirituosas.

Respecto a las razones de ‘externalidades negativas’, referente al potencial daño que el consumo puede causar a la sociedad, aducido por el Gobierno para aumentar los impuestos especiales, el sector “no entiende que esto se determine desde el Ministerio de Hacienda, y exige que se solicite el dictamen del Ministerio de Sanidad”.

Impacto en el sector hostelero

La federación ha subrayado además que el 80% de las bebidas espirituosas se comercializan a través de la hostelería (frente al 60% de la cerveza), por lo que cualquier medida impositiva que se aplique al sector, contribuirá “inexorablemente” a reducir aún más el consumo, lo que impactará directamente en el sector hostelero, cuya actividad acumula pérdidas cercanas a un 20% desde que se inició la crisis en 2008.

Respecto a las consecuencias sobre el mercado laboral, FEBE ha alertado de que una posible subida de impuestos especiales provocará un recorte adicional de unos 35.000 empleos vinculados a la resturación, hostelería y ocio nocturno.

La televisión municipal, Onda Jerez, se juega hoy sus futuro desde las 11 de mañana, que es cuando estaba prevista en el juzgado de lo mercantil de Cádiz la junta de acreedores en la que el gobierno de María José García-Pelayo tratará de hacer firme el principio de acuerdo con el principal acreedor del ente público, la Seguridad Social, para garantizar su supervivencia y dejar atrás el fantasma de la disolución.

Hay que recordar que desde el gobierno municipal ya anunciaron días atrás el acercamiento con la Seguridad Social -a la que se le adeudan cinco millones de euros- gracias a la propuesta de reducción del coste de Onda Jerez en un 70% que pusieron sobre la mesa desde el mismo comité de empresa.

La propia alcaldesa, María José García-Pelayo, ha explicado después que sobre esta propuesta ha sido necesario introducir algunas modificaciones para propiciar el acuerdo y evitar el cierre de Onda Jerez, “al entender que se trata de un servicio público de gran arraigo en la ciudad y que puede seguir prestándose a un menor coste para el Ayuntamiento, si se hace un esfuerzo por parte de todos”.

En concreto, la regidora popular ha explicado que en las modificaciones introducidas en la propuesta del gobierno se contempla un ERTE de un año, en lugar de dos años, con el fin de que en un año puedan analizarse los resultados obtenidos. Sería aplicable a toda la plantilla en períodos de rotación de seis meses. También se aplicaría una rebaja salarial del 20%.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) se ha alegrado de que los esfuerzos y el compromiso de la plantilla de Onda Jerez RTV hayan tenido recompensa, tras el anuncio realizado el pasado jueves por el Ayuntamiento, en el que apuesta por la continuidad de la radio y televisión pública a través de un acuerdo con Seguridad Social.

Desde la APJ se insta al gobierno local, al que agradece que haya tenido en cuenta las propuestas que les hicieron llegar los trabajadores, a que los recortes que se acuerden no contribuyan a mermar la dignidad laboral de la plantilla, ni tampoco a reducir la calidad de la cadena pública. “Y es que hay que recordar que los trabajadores de Onda Jerez RTV llevan meses padeciendo continuos retrasos en el pago de sus nóminas”, dicen desde la APJ.

La alcaldesa Maria José García-Pelayo, acompañada del primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña; la delegada de Medio Ambiente y Deportes, Felisa Rosado; el delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, Antonio Real y el consejero de Ememsa, José Manuel Díez han realizado una visita a los Montes de Propios de Jerez, en la que también han estado presentes los consejeros de esta empresa municipal, para asistir al desarrollo de la actividad del descorche, que en esta época del año se lleva a cabo en este espacio natural municipal. Leer noticia completa

Las tres manifestaciones convocadas en Puerto Real, Antequera y Córdoba por los sindicatos UGT y CC OO bajo el lema ‘Por el empleo’ ya caminan desde el lunes por la mañana hacia Sevilla, donde tienen previsto llegar el jueves para celebrar una asamblea desde la que reclamarán un plan especial de empleo. Leer noticia completa

Este miércoles 22 de mayo se cumplen dos años de las últimas elecciones municipales, unos comicios que han pasado a la historia local porque la composición del pleno municipal dio la vuelta como un calcetín: de una mayoría absoluta del PSOE a una mayoría absoluta del PP, sin medias tintas. En este ecuador de la legislatura, el equipo de gobierno ha hecho balance asegurando que el 86% de los proyectos con los que llegaron en 2011 ya están ejecutados o en marcha. No obstante, ponen el acento en que “queda mucho por hacer” y que “no somos triunfalistas”.

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La secretaria de Política Social del PSOE y diputada socialista, Trinidad Jiménez, ha advertido en rueda de prensa en la sede del PSOE-A de Jerez, en la que ha estado acompañada por la secretaria general del PSOE jerezano, Miriam Alconchel, y de la diputada Mamen Sánchez, de las consecuencias “tan negativas” que va a tener el proyecto de Reforma de Régimen Local sobre la gestión de servicios sociales en los ayuntamientos, y ha mostrado su preocupación  sobre la posibilidad de que se apruebe una ley que “quiere acabar con la autonomía local y que pretende privatizar la gestión de los servicios sociales”. “Se trata -añadió- de dos cuestiones que son fundamentales para la convivencia de los ciudadanos, porque los ayuntamientos es una de las instituciones que la Constitución le otorga directamente la gestión de los servicios que pueden favorecer la vida y el desarrollo de las personas”.

La diputada socialista abundó en que con esta normativa “el Gobierno del PP pretende restar competencias a los ayuntamientos y cercenar los servicios públicos sociales  para dárselos  a las diputaciones, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes”. Al respecto, aclaró que el 90 por ciento de los ayuntamientos de España tienen menos de 20.000 habitantes, por lo que cuestionó “qué va a ocurrir con aquellos ciudadanos que viven en esos municipios, ya que no van a tener derecho a tener un ayuntamiento que se ocupe directamente de sus problemas, de la ayuda a domicilio, de las escuelas infantiles, de la gestión de los servicios a mujeres maltratadas, de la prevención de la violencia de género, centros de acogida, etc”. Por ello, Jiménez se preguntó “quién se va a ocupar de todos esos servicios, cómo lo van a hacer y si se va a perder empleo entre el personal que se dedica esos servicios”.

La diputada socialista  advirtió que “en el fondo las diputaciones se verán obligadas a contratar a una empresa privada para gestionar esos servicios”, por lo que aseguró que el PSOE está “enormemente preocupado” y es por ello por lo que se ha puesto en marcha una campaña para sensibilizar a todos los colectivos sociales y a la ciudadanía para evitar que está ley llegue a implantarse. “Es una ley que atenta contra la autonomía local, pero sobre todo contra la gestión directa de lo servicios públicos fundamentales para los ciudadanos”, apuntó.

Trinidad Jiménez concluyó en que “en este momento en que está en cuestión la labor de los políticos y que existe un descrédito muy  fuerte, lo más importante es poner en valor aquellos servicios públicos que nos permite directamente gestionar y serles útiles a los ciudadanos”. Así, incidió en que “si el Gobierno de Rajoy pretende quitarnos esa gestión directa, la distancia entre la ciudadanía y los políticos será aún mayor, por eso queremos evitar ese deterioro y frenar esa pérdida de confianza , porque queremos ponernos directamente a trabajar con la gente para recuperar esa capacidad de poder resolver los problemas de los ciudadanos”.

MIRIAM ALCONCHEL Y MAMEN SÁNCHEZ

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, ha hecho hincapié en el deterioro que supondría la aplicación de esta reforma en la prestación de los servicios sociales y ha reafirmado la defensa del PSOE en la autonomía municipal, “entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad y apuesta por  potenciar la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo”.

La diputada socialista Mamen Sánchez, por último, ha denunciado el retroceso que están sufriendo las políticas sociales desde que gobierna el PP con continuos ajustes y recortes, a pesar del aumento de la demanda de los servicios sociales por parte de la ciudadanía. Sánchez criticó que “el PP no concibe que las políticas sociales vengan de las administraciones públicas, sino que piensan que tienen que venir de la beneficencia”.

El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de transmitir hoy las consideraciones del gobierno local sobre la sentencia judicial que condena a Pedro Pacheco. El popular no ha tenido pelos en la lengua y siempre manteniendo “el respeto por la Justicia” ha cargado contra alguien a quien ya de antemano supone muerto políticamente, a pesar de que el líder del Foro ha mostrado su intención de seguir batallando en la vida pública.

“Lamentamos que alguien que ha sido alcalde tantos años y ahora concejal termine su vida política de esta forma- ha sentenciado-. Esto no es bueno para Jerez. Se le condena por delitos muy graves y por haber utilizado el dinero público, que como recalcamos es de todos los jerezanos, para un beneficio personal”. Es por eso que el ejecutivo lo único que pide ahora a Pacheco es que “respete a la ciudad y su condena no la pague con ésta, ya que está en deuda con los jerezanos. Lo que hace falta es honestidad, ilusión y trabajar por el futuro de la ciudad”, apostilla.

Casi un 42% de la población activa de Cádiz está en paro. Lo dicen los últimos datos de la EPA, que no solo arrojaban que la tasa de desempleo en la provincia era la más alta, sino también que 234.600 personas no encuentran un trabajo en ella.

Ese el principal motivo que han esgrimido los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, para convocar la manifestación del Primero de Mayo que ha recorrido las calles de la capital como acto central en la provincia, y a la que han acudido varios centenares de jerezanos en los cuatro autobuses fletados por las centrales, en tren o en sus vehículos particulares. En total, en la protesta que ha partido ya pasadas las 12.15 de la mañana de la plaza de España y ha avanzado hasta la Subdelegación del Gobierno en Puerta Tierra han participado unas 10.000 personas según los sindicatos convocantes; un dato que se rebaja a apenas 2.000 personas si se le pregunta a la Policía Nacional.

Han sido, en definitiva, miles de voces que se han alzado pidiendo soluciones para el paro, reprochando los recortes “que nos están asfixiando más”, o criticando que “se pague la deuda de los bancos con los fondos de sanidad y educación”. Además de las grandes centrales sindicales también han estado buena parte de las minoritarias; representantes de colectivos como Attac, Asociación Pro Derechos Humanos, Izquierda Anticapitalista o la Plataforma Social de Cádiz; así como integrantes de colectivos en lucha como las trabajadores de la ayuda a domicilio en Jerez (Acasa) con cuatro nóminas sin cobrar o los de las ambulancias de la provincia.

En la cabecera, los representantes sindicales encabezados por los secretarios generales de CC OO y UGT en Cádiz, Dolores Rodríguez y Salvador Mera, que portaban una pancarta con el lema ‘No tienen límite. 1 de Mayo. Lucha por tus derechos‘. Estos no solo han tenido duras palabras para los recortes y para la ausencia de soluciones a la lacra del paro, sino que han alertado de que se avecinan “más recortes, ajustes y reformas, más pérdida de derechos sociales y laborales”. En concreto, Rodríguez se refirió a la prestación por desempleo que puede sufrir otro tijeretazo. “En un momento en el que hace tanta falta es cuando menos se apuesta por ello, y por eso quieren acortar el tiempo de desempleo”, dijo antes de recordar que también están en peligro los convenios colectivos.

Por todo ello, reclamaron que la gente se eche a la calle, a que diga “basta ya” porque “es más necesario que nunca que se movilicen y peleen. No podemos conformarnos con los 426 euros”.

También se refirieron al reclamado pacto de Estado por el empleo, y apuntaron que trabajarán de la mano de todas las partes para que “se toque y se palpe”.

El PSOE-A de Jerez advierte de las consecuencias negativas que va a tener la reforma local que va a emprender el Gobierno central en la prestación de servicios sociales, ya que va a suponer según la formación un recorte significativo en la prestación de estos servicios y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.  ”La reforma planteada por el Gobierno del PP supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la administración local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios”.

Según el PSOE, el Gobierno pretende hacerlo además en un momento en que las cifras de pobreza en el país y en la ciudad son cada día más dramáticas. En un contexto como el actual, apuntan a que es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral. Y esta primera atención se realiza de manera habitual en los servicios sociales municipales, además de por las ONG de acción social. “Concretamente, el Gobierno pretende limitar extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por completo el sistema actual”. 

De llevarse a cabo en los términos planteados en el anteproyecto, aseguran, la reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado (trabajadores y educadores sociales) que hasta ahora trabajaba en los ayuntamientos. Asimismo, aseguran que se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales. Por todo ello, el PSOE-A de Jerez  reafirma su defensa de la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad, al tiempo que apuesta por  potenciar la red pública de Servicios Sociales de Atención Primaria.