Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

“Otra nueva jornada en la calle reclamando lo nuestro”. Así explicaba esta mañana Diego Navarro, portavoz de los antiguos trabajadores de Williams & Humbert, las protestas que están protagonizando por todo el centro, y frente a cada una de las sucursales de La Caixa en Jerez, para reclamar soluciones al impago de sus pensiones tras el ERE por el que se prejubilaron.

Y es que tras siete meses de espera, y después de que a principios de enero tuvieran que presionar para cobrar in extremis las pensiones de cuatro meses que se les adeudaba, al colectivo de trabajadores afectados a estas alturas del año ya se les deben de nuevo tres mensualidades, con el agravante de que ellos sí que tienen que pagar de forma obligatoria sus cuotas del convenio especial con la Seguridad Social para no perder todos los derechos para su jubilación. Y eso asciende a nada menos que 800 euros por cabeza sin que estén cobrando lo que les corresponde.

“Estamos asfixiados, y algunos incluso mucho peor que eso, con familias a nuestro cargo y sin saber por donde salir”, apunta Navarro, que ha recordado que la aseguradora de la entidad bancaria (VidaCaixa) asumió el compromiso de pago tras la firma de la póliza con los trabajadores y con el beneplácito de la Junta de Andalucía “y ahora no está cumpliendo y está dejando en la estacada a 40 familias”.

Según se quejan, no hay coordinación entre la entidad bancaria y el gobierno regional para despejar de una vez los problemas, cumplir los compromisos y evitar más impagos a los pensionistas. En concreto, reprochan que aunque los afectados han realizado en el menor tiempo posible los trámites para adaptarse al nuevo sistema establecido vía decreto para el pago de las pensiones, la administración está actuando con “una lentitud inexplicable” y tampoco han servido para desbloquear la situación las reuniones mantenidas con los responsables políticos y de la entidad bancaria.

Precisamente mañana tendrán en Madrid una reunión, a instancias de las centrales sindicales, con los responsables de VidaCaixa para pedirles que busquen una solución.

Además, también están a la espera de conocer la respuesta de la entidad bancaria a la propuesta que le ha hecho llegar la administración regional a La Caixa para facilitar el pago a estos pensionistas. “La delegada provincial de Empleo, Angelines Ortiz, nos ha informado de este trámite y estamos a la espera de ver cómo acaba”, apunta el portavoz de los afectados, que hoy han vuelto a llenar de pancartas y pitidos el centro de Jerez.

La secretaria general del  PSOE en la provincia, Irene García, ha pedido a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “por dignidad política” cese de manera fulminante a todos los concejales y delegados de su gobierno que han participado en la elaboración del ERE, que pida perdón a los jerezanos y que presente su dimisión. García ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, tras mantener un encuentro con los representantes sindicales del Ayuntamiento (UGT, CC OO, CTP y Asociación de Técnicos Municipales) para valorar y analizar todo lo acontecido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado “no justado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo. García ha mostrado su preocupación por la “cacería política” que han sufrido los trabajadores afectados y por todo lo que ello conlleva para la ciudad y la provincia.

En este sentido, la socialista ha criticado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, no haya mantenido aún un encuentro con los sindicatos “después de haber sufrido varios varapalos judiciales que le quitan la razón”, asegurando que “lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el PP, con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, supone una forma de actuar absolutamente indiscriminada, inmoral e ilegal”.  “Pero, sobre todo, -apunta- ha supuesto un auténtico calvario a las 260 personas y familias jerezanas a las que se les ha sometido a un juicio, basándose en la rumorología para criticar y desvirtuar la labor profesional de los trabajadores, algo que no es ético, ni serio, ni legítimo por parte de una persona que precisamente tiene que velar por los intereses generales de la ciudad”.

Por ello, la secretaria provincial ha reafirmado la petición del PSOE de que se readmita de forma inmediata a todos los trabajadores despedidos, calificando de “lamentable” que el gobierno del PP continúe “por un camino donde se le tumba por partida doble sus argumentos”, lo que supone “una auténtica burla a los ciudadanos que la alcaldesa intente eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la sentencia y, por tanto, muestra a las claras la actitud menos democrática y moral por parte de una representante política”. Asimismo, ha tachado de “agravio” y de una “ofensa de primera magnitud que no solo no respete y acate una decisión judicial, sino que al mismo tiempo quiera engañar a los ciudadanos diciendo que el fallo del TSJA es una sentencia declarativa”. Al respecto, ha aclarado que, en términos jurídicos, “todas las sentencias constatan unos hechos, lo ajustan a los preceptos legales que determinan la normativa y se ejecutan. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ejecutar”.

Hace apenas una semana que el Ayuntamiento presentó ante el TSJA un recurso de aclaración sobre la sentencia dictada en torno al ERE municipal y la respuesta ha sido prácticamente inmediata: el fallo es extensivo absolutamente a todos los trabajadores despedidos. Esto implica que el Consistorio está obligado o bien a readmitir o bien a indemnizar a los 260 perjudicados y no solo a los menores de 59 años, que era lo que se preguntaba el gobierno local en un principio. A pesar de que la sentencia era cristalina en este sentido, el ejecutivo decidió solicitar una aclaración amparándose en un punto en el que el juez reconocía que el criterio de edad a la hora de decidir a quiénes afectarían los despidos sí se ajustó a Derecho. Ahora, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su fallo inicial por lo que al Ayuntamiento no le quedará otra que tomar una determinación sobre la totalidad de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, al haberse tratado de una demanda colectiva.

Una noticia que ha sido confirmada por la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que no obstante ha puntualizado que la sentencia no se hará efectiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Como se recordará, al margen de la citada solicitud de aclaración la administración local había optado también por recurrir el fallo del TSJA que declaraba que los despidos no se habían ajustado a Derecho, exigiendo la readmisión o indemnización de los perjudicados. “Hemos interpuesto el recurso de casación porque estamos convencidos de que el ERE se hizo correctamente, y defendemos esta actuación”, ha insistido la regidora, argumentando que solo cuando el Supremo desestime el recurso ratificando el fallo del tribunal andaluz, en el que caso de que lo haga, el ejecutivo tomará cartas en el asunto para ponerlo en práctica.

En ese momento será cuando el gobierno opte por indemnizar a los 260 afectados, pues la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que no contemplan su readmisión. Otro punto que García-Pelayo ha querido matizar es el carácter “declarativo y no ejecutivo” de la sentencia. Es decir, en el caso de que finalmente las indemnizaciones se vayan a hacer efectivas, cada trabajador deberá interponer una demanda a título individual en el Juzgado de lo Social, con el fin de que el juez declare su despido improcedente y solo entonces se puedan tramitar las mismas. Como confirmaron fuentes municipales, el montante total de estas cuantías se elevaría a 7 millones de euros, lo que unido a los 5 ya desembolsados por este concepto alcanzaría los 12 millones.

La secretaria general del PSOE-A de Jerez y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha advertido en rueda de prensa del “elevado coste” que va a suponer para las arcas municipales el recurso que el gobierno municipal va a presentar al Tribunal Supremo contra la sentencia del ERE y ha acusado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de “derrochar dinero público para dilatar un proceso ilegal y arbitrario”.

Ha asegurado que, con este recurso, la alcaldesa “vuelve a dar una patada adelante y juega a la confusión y al despiste, aunque  lo más grave es que está jugando con los sentimientos de los trabajadores afectados por el ERE, prolongando su sufrimiento y el de sus familias”. Ha denunciado, no obstante,  que la alcaldesa “siga  en sus trece para consumar los despidos de un ERE que el Alto Tribunal Andaluz ha dicho que es  no ajustado a derecho y arbitrario”, por lo que ha insistido que el Grupo Municipal Socialista va a seguir “defendiendo la readmisión de los trabajadores despedidos”.

Al respecto, Alconchel ha explicado que “la sentencia es lo bastante explícita y deja abierta la vía a dos opciones: la readmisión o la indemnización”. Pero, ante todo, ha señalado que “el fallo judicial está cargado de argumentos que podrían certificar la nulidad de un procedimiento al asegurar que se actuó con mala fe y que los despidos se hicieron de forma arbitraria, sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.

“El TSJA -añadió- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y  razón de ser. Pero no sólo lo dice el TSJA, sino que el informe de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2012 dejó claro que faltaba documentación que acreditara la aplicación objetiva de los criterios del ERE”. Por ello, ha lamentado que el PP  y la alcaldesa, “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del TSJA, anuncie que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”.

“Con dinero público  -denunció-  el gobierno del PP y de la señora Pelayo han llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”.

De hecho, Alconchel ha explicado que se ha destinado casi 55.000 euros a Deloitte por el ERE, casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar  lo que costará  la defensa jurídica que, según las consultas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, podrían elevarse a un cuarto de millón de euros.

Al coste económico, Alconchel dijo que hay que añadir la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaba en la calle. Y ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, aseguró.

Han tenido que echarse de nuevo a la calle. Y es que tras siete meses de espera, y después de que a principios de enero tuvieran que presionar para cobrar in extremis las pensiones de cuatro meses que se les adeudaba, el colectivo de trabajadores afectados por el último ERE realizado en las bodegas Williams & Humbert sigue sin encontrar solución a sus problemas.

Tanto es así que a estas alturas del año ya se les deben de nuevo tres meses, con el agravante de que ellos sí que tienen que pagar de forma obligatoria sus cuotas del convenio especial con la Seguridad Social para no perder todos los derechos para su jubilación. Y eso asciende a nada menos que 800 euros por cabeza sin que estén cobrando lo que les corresponde.

Por este motivo, este colectivo de extrabajadores de Williams & Humbert ha vuelto a protagonizar hoy una protesta tanto ante la sede del gobierno andaluz en la alameda Cristina como a las puertas de una oficina de La Caixa en Jerez, ya que es la aseguradora de esta entidad bancaria (VidaCaixa) la que asumió el compromiso de pago tras la firma de la póliza con los trabajadores y con el beneplácito de la Junta de Andalucía.

Según se quejan, no hay coordinación entre la entidad bancaria y el gobierno regional para despejar de una vez los problemas, cumplir los compromisos y evitar más impagos a los pensionistas. En concreto, reprochan que aunque los afectados han realizado en el menor tiempo posible los trámites para adaptarse al nuevo sistema establecido vía decreto para el pago de las pensiones, la administración está actuando con “una lentitud inexplicable” y tampoco han servido para desbloquear la situación las reuniones mantenidas con los responsables políticos y de la entidad bancaria.

Como denuncian, a día de hoy son los únicos afectados por procesos de prejubilación afectados por el decreto que no están cobrando sus pensiones cada mes.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que la Junta de Andalucía aprobó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que Nueva Rumasa  llevó a cabo en la región y que éstos se acogieron “perfectamente” a la legalidad, insistiendo en que se realizaron sin “ningún tipo de irregularidad”.

Sale así al paso de las informaciones que vinculaban algunos de los expedientes en empresas de los Ruiz-Mateos con la trama de los ERE que investiga actualmente la jueza Alaya.

En concreto, Nueva Rumasa llevó a cabo cinco ERE en cuatro compañías del grupo, concretamente en Dhul (Granada), en la que se realizaron dos, en las  bodegas Garvey y Zoilo Ruiz-Mateos (Jerez) y en el Hotel Cervantes  (Torremolinos, Málaga). Dichos ERE, según ha precisado la familia, se realizaron para rejuvenecer las plantillas de cada una de las compañías, sustituyendo íntegramente el personal que se prejubilaba por personas más jóvenes.

La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las “relaciones” que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el “alimento” del que se nutrían todas las partes de la trama.

La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Prejubilaciones fraudulentas

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría ‘Hermes Consulting’ y ‘Maginae Solutions’ habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de “intermediación” en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Sobre el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, la juez atribuye de nuevo a Lanza la obtención de la financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una “comisión del 19 por ciento” y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos “cuñados” del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las “relaciones” entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos”, porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un “conseguidor de financiación pública y negocios de interés”. Así, explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, “cobrando supuestamente” tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero “en la casa de los señores Ruiz Mateos”.

Foro Ciudadano de Jerez ha expresado en un comunicado su petición para que el gobierno de García Pelayo solicite a la mayor brevedad una demanda por daños y perjuicios contra la consultora Deloitte por haber percibido unos 60.000 euros de las arcas municipales a mediados del pasado año para asesorar y tramitar un ERE que la Justicia ha probado que “no se ajusta a derecho” y que es “absolutamente arbitrario”. El partido considera que la consultora debía articular “cuáles eran los criterios objetivos y jurídicos” que debían regir la inclusión de afectados en la lista negra del despido colectivo en el Ayuntamiento, pero la sentencia del TSJA “ha tumbado esa fachada de transparencia y legalidad de los populares con la estimación de la demanda colectiva presentada por los trabajadores”. “Si realmente la empresa asesoró, el Ayuntamiento ya está tardando demasiado en reclamar a Deloitte una indemnización por las consecuencias de haber desarrollado un trabajo claramente dañino y nocivo que va a costar a todos los jerezanos la friolera de unos 25 millones de euros”, reclama el Foro.

“Cada día que pasa sin que el desgobierno local del PP pida responsabilidades a la consultora hace pensar que Deloitte bien pudo informar a la alcaldesa Pelayo que si no era capaz de acreditar y demostrar la objetividad de los despidos perdería la demanda judicial, como así ha ocurrido, y ésta hizo caso omiso”. Si Deloitte informó y asesoró correctamente al Ayuntamiento, ha insistido Foro Ciudadano, y este hizo después “una chapuza que contravenía la Constitución y las Leyes estaríamos hablando de posibles delitos penales muy graves, como el de prevaricación, que deben ser puestos cuanto antes en conocimiento del Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción”. Y es que, así las cosas, la postura seguida por el PP “no afecta ya sólo a los 260 trabajadores despedidos sino que es un asunto que atañe a toda la ciudad, ya que esta nefasta y temeraria gestión va a suponer un coste de unos 25 millones de euros que pagaremos todos los ciudadanos si finalmente se opta por la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades”.