La segunda jornada del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha resultado igual de densa que la anterior, si bien los comparecientes han trasladado a la sala un mensaje meridianamente claro: la contratación de José López y Manuel Cobacho en Speed Festival y Emusujesa se realizó por orden directa de Pedro Pacheco sin concurso ni publicidad, sin contrato como tal en uno de los casos y sin que conste ningún soporte documental que avale una actividad al servicio de las dos sociedades durante ese periodo. Esto es a grandes rasgos lo declarado por los testigos que se han subido al estrado, empezando en orden de importancia por la ex alcaldesa Pilar Sánchez, que ostentaba el cargo de presidenta en ambas empresas municipales cuando Pacheco era vicepresidente en virtud del pacto de gobierno entre el PSOE y el PSA y se gestaron esas contrataciones.

A preguntas de la fiscal, lo primero que hizo Sánchez fue referirse a cómo se dio curso a estos contratos (dos de ellos en 2005 y un tercero en 2007), insistiendo en que según resolución de pleno del 18 de enero de 2005, tanto el número de asesores como sus retribuciones y nombramientos debían pasar por este órgano. Con posterioridad y siempre según la testigo, nunca se llevó a cabo resolución o acuerdo alguno que modificara el inicial, por lo que ninguna persona u órgano fuera del pleno estaba legitimado para este tipo de contrataciones. “Cuando se cesó a Pacheco en 2007 -contó Sánchez- se me pasaron a Alcaldía órdenes de transferencias bancarias a nombre de José López. Detectamos un documento extraño, indagamos y vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación ni expediente de contratación, por lo que lo pusimos en manos de nuestra asesoría jurídica”. Según su relato, varios técnicos fueron interrogados a este respecto, “y ninguno dio respuesta ni supo decir qué servicio estaba prestando López”.

Otro de los requisitos que presuntamente tampoco se cumplieron fue el de informar de las contrataciones a los consejos de administración de las empresas, que según Sánchez desconocían cualquier tipo de movimiento al respecto, así como de publicarlas convenientemente en el Boletín Oficial de la Provincia. Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, intentó desviar la atención poniendo el acento en los asesores municipales que había contratado Sánchez en su calidad de alcaldesa, algo que la jueza recordó que está siendo instruido en otra causa y por lo tanto no tenía lugar en ésta, e incluso equiparó la contratación del exdirector de Onda Jerez, Pedro Rollán, con las ahora juzgadas. “Hay cosas que no recuerdo, pero lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que cualquier contrato que yo hice tuvo su tramitación adecuada -recalcó la exedil-. Mis asesores iban a su puesto de trabajo todos los días y actuaban conforme a lo que dice la Ley”. 

EJECUTAR ÓRDENES SIN CUESTIONAR

En lo que respecta al resto de los testigos, el gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, fue el primero en declarar para ratificar que él recibió la orden de Pacheco de contratar a López y Cobacho y que no se planteó si se pudiera incurrir con ello en alguna irregularidad. “Mis funciones son ejecutar y no me corresponde cuestionar lo que se me está pidiendo”, subrayó. A preguntas de Juan Pedro Cosano, letrado del Ayuntamiento, reconoció que la contratación no cumplió con los requisitos de publicidad ni concurrencia ni en general con “las normas” que se deberían haber tenido en cuenta, en la misma línea del gerente siguiente de la citada sociedad, José Agüera, que sentenció que “la contratación de asesores es un mundo abierto”. En este sentido, ninguno de los interrogados supo responder a cómo pudieron darse órdenes de transferencia con anterioridad a la emisión de facturas a López, o por qué siguió cobrando como asesor de Pacheco a pesar de que éste acababa de ser cesado.

Dos de los técnicos interrogados con posterioridad reconocieron que, a instancias de Pilar Sánchez, realizaron un informe en el que se aludía a estas presuntas irregularidades en las contrataciones a pesar de que en algunos casos no tenían conocimiento al respecto. “No nos amenazaron para realizar el informe, pero desde luego no fue voluntario”, apostilló uno de ellos. Cayetano Gómez, gerente de Speed Festival por aquella época, declaró que más que existir un contrato para López lo que hubo fue “una carta, porque algo tenía que constar por escrito”, confesando que tampoco en esta ocasión se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. Un cargo del que al final el que fuera mano derecha de Pacheco acabó cesado “verbalmente”, como también confirmó Agüera.

Después de todo este rosario de declaraciones, la vista continuará este miércoles con nuevas y esperadas comparecencias como la de la secretaria del exalcalde, Mari Paz Cañero.

Más de cinco horas de juicio dan para mucho, máxime si en el banquillo se sienta uno de los políticos más carismáticos y polémicos de esta ciudad. La primera sesión de la vista contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho en el marco del ‘caso de los Asesores’ ha dejado frases para la posteridad que reflejan no solo la personalidad de los procesados, sino también dejan entrever cómo se hacían las cosas en el Ayuntamiento por aquellos años. La declaración del líder de Foro Ciudadano ha sido la última de la jornada pero la más esperada, y se puede resumir básicamente en que él tomaba una serie de decisiones “porque estaba legitimado” para ello, y a partir de ahí cualquier otra cuestión relativa a la gestión o pura “burocracia” se escapaba a su conocimiento. En respuesta a un corto y más bien descafeinado interrogatorio de la Fiscalía, Pacheco se ha explayado sobre el modo de contratación de los dos asesores puesto en tela de juicio, explicando que si bien es cierto que en general el pleno es el único órgano apto para nombrar y determinar el número de eventuales de confianza (asesores), en determinadas circunstancias ese acuerdo inicial puede dar lugar a otros posteriores que lo modifiquen.  Leer noticia completa

El gobierno local ha aprobado hoy en solitario y en un pleno extraordinario la revisión del plan de ajuste municipal para que el Ayuntamiento se pueda acoger a una ampliación del plan de pago a proveedores para poder abonar 289 facturas por valor de 32 millones de euros.

Todos los partidos de la oposición han votado en contra de esta revisión ante la que el delegado de Economía, Enrique Espinosa, ha querido lanzar el mensaje tranquilizador de que “no incluye nuevas medidas con respecto al plan de ajuste aprobado en marzo de 2012″. Es decir, que no habrá más recortes.

Hay que recordar que esta revisión es uno de los requisitos exigidos por el Gobierno central para que las administraciones puedan acogerse a los nuevos créditos ICO. Por eso, Espinosa no ha dudado en apuntar hoy que “estamos hablando de pagar 32 millones de euros a proveedores por deudas que están vencidas y no pagadas. Deudas que se corresponden con gobiernos anteriores y que en algunos casos se remontan a tiempos inmemoriales como los tres millones de euros correspondientes a una factura de Jerez 2002”.

Frente a eso, la oposición en bloque ha mostrado su disconformidad con la revisión y, en general, con el plan de ajuste, como ya hicieran hace un año. Así, el edil y portavoz de IU, Joaquín del Valle, ha insistido en que estas medidas “no son más que un paso más en el modelo ideológico del PP que busca reducir los servicios públicos y no tanto racionalizar o equilibrar las cuentas”. “Eso tendrá consecuencias negativas en el presente y en el futuro”, ha apuntado Del Valle antes de añadir que “cada paso pone en evidencia el fracaso de la política económica del PP. Lo único bueno es que ya solo quedan dos años de legislatura”.

Por su parte, la edil del Foro, Rocío Montero, ha denunciado que en este segundo bloque de facturas que se acogerán a los créditos ICO solo el 1,61% se va a destinar al pago a proveedores, ya que el resto serán para pagar a los bancos. Además, ha reprochado que este movimiento “es otra nueva operación de endeudamiento, y estamos a favor de pagar a los proveedores, pero no a cualquier precio y con intereses”. Montero también cuestionó cómo va a ser capaz de afrontar el gobierno del PP el pago de esta deuda cuando hoy por hoy “no han sido capaces de afrontar la actual, cuyos primeros plazos no se han abonado”.

En cuanto al portavoz del PSOE, Francisco Lebrero, ha insistido en el rechazo de su partido a estas medidas de ajuste que cargan sobre los trabajadores públicos la deuda municipal y que “solo es una patada hacia adelante a la que no sabemos cómo se hará frente luego”.

A este respecto, el delegado de Economía ha afirmado no entender “que no se quiera pagar a los proveedores por los servicios que ya han prestado al Ayuntamiento lo que permite garantizar la continuidad de las pymes y los puestos de trabajo”. Ante eso, el edil de IU le recordaba que “no se vota si pagar o no a proveedores, si no los medidas”.

Espinosa le ha respondido al Foro que “este pago a proveedores va destinado a pagar deuda comercial y en ningún caso deuda financiera. El hecho de que se pague a los bancos es porque los proveedores han endosado sus deudas con el Ayuntamiento y los bancos han anticipado ese dinero”.

Por último, por si quedaban dudas, al final de la escasa media hora de sesión plenaria, el delegado ha dejado claro que “independientemente del pago a proveedores este Ayuntamiento tenía que realizar un plan de ajuste ante la desastrosa situación económica que tenía”.

La alerta surgió cuando una vecina comprobó que a la puerta de la casa donde se encuentra la antena de telefonía aparcó una furgoneta, de la cual se bajaron varios operarios portando herramientas que subieron a la azotea. La noticia empezó a correr por el barrio y los vecinos se congregaron en el lugar. Una vez comprobado que se estaban realizando trabajos en la azotea se pusieron en contacto con los presidentes de las dos asociaciones, La Pita y El Pinar, que a su vez transmitieron lo ocurrido a  La Federación Local de Asociaciones de Vecinos Solidaridad.

Tal y como se les había aconsejado, los vecinos llamaron a la Policía Local por si era necesario levantar nuevamente acta. Fueron los agentes los que, hablando con los operarios, supieron que los trabajos que se estaban realizando eran de desmantelamiento de la conflictiva antena.

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La noticia la ha dado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el trascurso de una sesión plenaria: el cantaor jerezano José Mercé es candidato al Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

La regidora ha felicitado al artista y ha anunciado que en el próximo pleno se llevará una propuesta de adhesión de la Corporación del Ayuntamiento de Jerez a esta candidatura que ha sido presentada por Luis María Ansón y Caballero Bonald y aceptada por la Fundación que se encarga cada año de velar por el proceso y de acreditar las nombres de personas o instituciones que optan a este prestigioso galardón.

La candidatura de José Mercé al Premio Príncipe de Asturias de las Artes cuenta además con cartas de adhesión de nombres tan relevantes en el mundo de la cultura, como Federico Mayor Zaragoza, catedrático, político y presidente de la Fundación para una Cultura de Paz; el poeta, flamencólogo y crítico, Félix Grande; el escritor, periodista y crítico de arte flamenco, Manuel Martín Martín; el político y activista español, doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, Juan de Dios Ramírez Heredia; el pintor y escultor de proyección internacional, Cristóbal Gabarrón; el catedrático de Estadística e Investigación operativa e impulsor de la Cátedra de Flamenco de la Universidad de Sevilla, Rafael Infante Macías y el poeta, periodista de flamenco y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco, Emilio Jiménez Díaz, entre otros.

Mercé, que este viernes cumplirá 58 años, y que ya recibió en 2010 la Medalla de Andalucía, ha publicado ya 17 discos desde su debut en 1967, cuando a los trece años de edad se marchó a Madrid para grabar su primer trabajo acompañado a la guitarra por Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. Su último disco editado el pasado año es ‘Mi única llave’. En 2011 fue Premio de las Artes Escénicas por ser uno de los mayores fenómenos del flamenco y uno de sus grandes difusores por todo el mundo.

Según el reglamento de este galardón, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes debe reconocer a la persona, institución, grupo de personas o de instituciones cuya labor en la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas constituya una aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad.

El arquitecto Rafael Moneo en 2012, el director de orquesta Riccardo Mutti en 2011 y el escultor Richard Serra en 2010 han sido los últimos ganadores de los Príncipes de Asturias de las Artes. Hay que recordar que las otras categorías de estos premios son de la Comunicación y Humanidades, Letras, Deportes, Ciencias Sociales, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional y Concordia.

La Fundación Príncipe de Asturias convoca desde 1981 los Premios Príncipe de Asturias que, anualmente, son entregados por el Príncipe de Asturias, Presidente de Honor de esta institución, en un solemne acto académico que se celebra en Oviedo. Son objetivos primordiales de la Fundación consolidar los vínculos existentes entre el Principado y el Príncipe de Asturias y contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal.

La alcaldesa anuncia que se llevará a Pleno una propuesta de apoyo a la candidatura presentada por Luis María Ansón y Caballero Bonald

Dos familias de Jerez van a ser las primeras en acudir a la Oficina contra los Desahucios para presentar la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de las viviendas que les han embargado, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto ley sobre la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía.

A las 12.00 horas, el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, atendió a estas dos familias. Según han detallado a Europa Press fuentes de la mencionada delegación, se trata de María Dolores y su hija de 12 años, que no tuvieron que abandonar este pasado lunes su hogar después de que la plataforma ‘Stop Desahucios’ se personase en el juzgado logrando paralizar la orden de desahucio que estaba prevista para su vivienda, situada en la barriada de La Vid del municipio gaditano. A esta concentración ciudadana asistió el propio Cárdenas.

La segunda solicitud viene del portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Jerez, Lorenzo Barba, que también comparecía este pasado lunes ante el titular del juzgado para destacar el hecho de que la sentencia afectaría a una menor de edad.

El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes ha entrado en vigor este viernes tras ser publicado el jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas “en inminencia” de desahucio “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas”.

Muy duro ha sido el día hoy en el Centro Educativo Jerez, el nuevo colegio que tiene previsto arrancar su primer curso escolar en septiembre. Iberdrola Inmobiliaria, propietaria del edificio, ha rescindido de forma unilateral el contrato de alquiler con opción a compra que tenía con la empresa desde diciembre, según argumentan, por incumplimientos que la otra parte desmiente con rotundidad. Desde ayer Iberdrola tiene varios guardas de seguridad en las instalaciones que restringen el acceso y dan un trato “penoso” -según los directivos del colegio- al personal y los usuarios. Tanto la Policía Local como la Nacional se han personado en el edificio a petición de los responsables educativos en la tarde de este viernes.

Medio millón de euros invertidos en las instalaciones, 50 puestos de trabajo, aportaciones millonarias de socios pendiendo de un hilo y 200 preinscripciones escolares para iniciar el curso el año que viene, cifras que se podrían ir al traste si la decisión sigue adelante. Ha sido la multinacional la que ha anunciado hoy públicamente a través de un comunicado la rescisión del contrato “al no haberse cumplido en ese plazo determinadas condiciones pactadas entre ambas partes”. También lo ha hecho mediante burofax a la dirección del centro. Ante esta situación, la filial de Iberdrola ha reiniciado la comercialización del enorme edificio del Parque Empresarial.

Algunas de las cláusulas de ese contrato son la consecución de las licencias necesarias para obras y la homologación educativa por parte de la Junta de Andalucía que, si bien no está culminada aún, está en trámite según la dirección “e Iberdrola está informada de las gestiones”. “De repente para ellos el contrato no vale. Hemos pagado todo lo que nos han pedido, incluso hemos enviado un cheque mediante notario que han rechazado”, explica el gerente del centro, Javier Calvo, que mantiene la esperanza de una renegociación. Al parecer, “han empezado a cambiar bombines de las cerraduras y no nos dejan acceder a partir de la tercera planta”, añade. La única explicación que se rumorea en el centro es que “tengan otro inversor que dé más dinero y nosotros les estorbamos”.

“No entendemos nada”, asegura Calvo. “Un padre ha llegado a la puerta del colegio, ha dejado a su hija y se ha marchado, como siempre. El guardia de seguridad no la deja subir sola por ser menor y a nosotros nos pide el libro de familia para que pueda entrar”, cuenta Calvo, que no se explica que “se esté cometiendo un delito detrás de otro”.

“No nos vamos”

“Vamos a esperar a que nos echen, irnos es ridículo”, asegura, consciente de la repercusión negativa de esta situación para el proyecto y para las familias que han apostado por él, tanto de trabajadores como de futuros alumnos. “Si Iberdrola mantiene su decisión nos causaría un daño muy importante, aunque nos hemos puesto ya en marcha para realizar un plan de contingencia, y estamos reestructurando nuestro proyecto lo más rápido posible” para que pueda seguir adelante. “El Centro Educativo Jerez, aquí o en otro edificio, será una realidad”, mantiene. No obstante,es muy complicado que, si cambian de edificio, puedan mantener la fecha de arranque prevista el próximos septiembre ya que tendrían que iniciar de nuevo muchos trámites.

El ambiente en el centro, lógicamente, está lleno de nervios, incertidumbre y ordenadores metidos en cajas por si hubiera más problemas de acceso. “Tenemos ganas de llorar”, concluye Calvo.

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Tras haber pasado las últimas horas en los juzgados, los considerados cabecillas de la presunta red dedicada al robo de cobre que fue desmantelada ayer miércoles en la ciudad ingresarán de manera inmediata en prisión a la espera de juicio. Así lo ha decretado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2, en el que se ha iniciado la causa, aunque a partir de este momento será derivada al 4. Fuentes de la investigación han confirmado este punto, informando de que son cuatro los que, tras acogerse a su derecho a no declarar, serán trasladados a la cárcel. Se trata de D. B. A., J. G. D., D. R. C. y J. M. R., todos ellos delincuentes habituales de la zona para los que se ha fijado la prisión provisional dados sus numerosos antecedentes penales.

En concreto, el juez imputa a la mayoría de los 19 implicados uno o varios presuntos delitos de hurto cualificado por el montante económico y por el haber dejado desabastecido un servicio público como es el alumbrado (lo que actúa de agravante), junto con otro de pertenencia a grupo criminal (cuando existen indicios de un concierto entre varias personas para cometer un delito). En este caso, el magistrado considera que este último delito ha existido al haberse dado el mismo modus operandi en todos los robos cometidos, con la presunta participación de los mismos individuos. En la operación también se ha detenido a algunas personas que se supone que no participaron en el robo de cobre pero sí en la compra posterior del material, por lo que se les imputa un presunto delito de receptación.

LA OPERACIÓN

La bautizada como ‘operación Fema-Cooper’ permitió este pasado miércoles detener y poner a disposición judicial a concretamente 19 personas, a las que se considera integrantes de un grupo “perfectamente organizado y jerarquizado” responsable del robo de una gran cantidad del cableado de alumbrado público del Ayuntamiento de Jerez, y que habría llegado a dejar sin servicio a un 30% de la ciudad. Esto habría implicado que más de 80.000 ciudadanos se han podido ver afectados por la falta de alumbrado público a causa de eso. De la misma forma, se imputado al propietario de una chatarrería de La Barca de la Florida como presunto autor de un delito de receptación.

La operación tuvo lugar tras un intercambio de información entre el Grupo de Patrimonio de la Policía Nacional de Jerez y el Grupo Cobre de la Guardia Civil de Jerez para esclarecer la autoría de la sustracción del cableado del alumbrado público de la ciudad, llegando a la conclusión de que ambas unidades se encuentran trabajando en la misma línea de investigación, por lo que se optó por realizar un operativo conjunto y coordinado que permitiese la detención de lo que parecía ser “un grupo organizado, muy activo y con una gran capacidad de movimiento”.

Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

REPORTEROS JEREZ ha avanzado esta mañana que la Guardia Civil y la Policía Nacional habían llevado a cabo una importante operación conjunta que había culminado pasadas las siete de la mañana con la detención de alrededor de veinte personas en diferentes zonas de Jerez por su implicación en el robo de cobro. Esta tarde, en una rueda de prensa, ambos Cuerpos han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que se han  ofrecido más detalles de la misma.

Así, han informado de que la bautizada como ‘operación Fema-Cooper’ ha permitido detener y poner a disposición judicial a concretamente 19 personas, a las que se considera integrantes de un grupo “perfectamente organizado y jerarquizado” responsable del robo de una gran cantidad del cableado de alumbrado público del Ayuntamiento de Jerez, y que habría llegado a dejar sin servicio a un 30% de la ciudad. Esto habría implicado que más de 80.000 ciudadanos se han podido ver afectados por la falta de alumbrado público a causa de eso. De la misma forma, se imputado al propietario de una chatarrería de La Barca de la Florida como presunto autor de un delito de receptación.

La operación tuvo lugar tras un intercambio de información entre el Grupo de Patrimonio de la Policía Nacional de Jerez y el Grupo Cobre de la Guardia Civil de Jerez para esclarecer la autoría de la sustracción del cableado del alumbrado público de la ciudad, llegando a la conclusión de que ambas unidades se encuentran trabajando en la misma línea de investigación, por lo que se optó por realizar un operativo conjunto y coordinado que permitiese la detención de lo que parecía ser “un grupo organizado, muy activo y con una gran capacidad de movimiento”.

La investigación permitió identificar a los responsables de una serie de ventas de cable de cobre que despertaron las sospechas de los mismos, coincidiendo el material robado con la venta realizada. Una vez cotejado el cable e identificado por parte de los técnicos del alumbrado público, se procedió a centrar las investigaciones en este grupo de personas aunque sin descartar otras líneas de investigación.

Con las pesquisas ya avanzadas, se localizaron los domicilios de los investigados, se conoció su rutina, forma de operar, movimientos diarios, el rol que cada uno de los investigados desempeñaba “en lo que se demostró ser una organización perfectamente estructurada con el único fin de delinquir”, y localizando los establecimientos donde habían realizado las ventas del material robado.

En uno de estos locales habían realizado la mayoría de las transacciones, “siendo totalmente presumible que tenían conocimiento del origen ilícito de la mercancía y, por lo tanto, que su responsable podría ser autor de un delito de receptación, mientras que los responsables de los demás establecimientos habrían cometido diversas infracciones administrativas”.

VIOLENCIA, COACCIONES Y AMENAZAS

Los ahora detenidos poseen un amplio historial delictivo y, según los responsables de la operación, no dudaban en emplear la violencia, las coacciones y las amenazas sobre los empleados de los establecimientos, si las transacciones no se realizaban a su satisfacción.

En las primeras horas de este miércoles, se procedió por parte de los agentes de unidades de control de masas a realizar  un dispositivo de cierre sobre las barriadas donde residen los detenidos, todo ello para garantizar la seguridad de los agentes que realizarían las detenciones y en evitación de fugas o altercados. De esta manera se llevaron a cabo las 19 detenciones.

También se llevó a cabo la detención del responsable de la chatarrería investigada como responsable de un delito de receptación, interviniéndose 6.000 kilogramos de cable de cobre procedente del alumbrado público de la localidad y esclareciendo 61 robos de este material, que había llegado a dejar sin luz al 30% de las calles de la localidad.

Este tipo delictivo está ocasionando graves perjuicios a las instituciones de todos los ámbitos, puesto que la valoración de los daños va más allá del valor de los cables que se han cortado, ya que para poner de nuevo en servicio estas instalaciones se requiere la contratación de empresas especializadas, peticiones de material, abono de indemnizaciones a los usuarios afectados, etc. Además, en ocasiones, para reponer un corte de unos metros de cable es necesario reponer líneas enteras, que algunas veces son de kilómetros.

Además del perjuicio económico y social que este tipo de hechos delictivos suponen, éstos conllevan un gran peligro para la vida de los autores, puesto que el material que manipulan soporta corrientes de alta tensión de miles de voltios, no siendo extraño que se produzcan lesiones que en ocasiones suponen la muerte para quienes manipulan este material.