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El TSJA recibe la notificación de que el Consistorio optará por las indemnizaciones

Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos.

La medida, no obstante, no puede aplicarse hasta que la sentencia no sea firme; para ello, el TSJA debe resolver antes el recurso contra el fallo interpuesto por el Ayuntamiento, así como el de los perjudicados. Como se recordará, el ejecutivo decidió recurrir mostrando su disconformidad con la sentencia, que determinaba que los despidos no se habían ajustado a Derecho. Los abogados de los trabajadores, por su parte, también optaron por un recurso pero situando su argumentación en el lado opuesto: el ERE no solo no se había ajustado a Derecho, sino que era nulo exigiendo la readmisión de los demandantes. De esta forma, hasta que todo ello no se dirima el tribunal no dictará una sentencia definitiva. Ortega, por su parte, ha adelantado que los diferentes sindicatos personados en la causa (CTP, CGT, UGT, CC OO y ATM) presentarán un recurso conjunto lo que podría contribuir a agilizar en algo el proceso. 

En el caso de que al final ninguno de ellos prospere y las indemnizaciones deban hacerse efectivas, cabe destacar que la sentencia es “declarativa”, lo que significa que afecta a intereses generales pero no a los individuales, que tendrán que dirimirse de manera personal en los juzgados de lo social. En este sentido, el profesional consultado afirma que “no es usual” que un ayuntamiento o cualquier otra empresa anuncie su intención de no abonar lo que corresponda hasta que cada trabajador consiga su sentencia individual que lo ratifique. “Es algo que se hace cuando no hay dinero, con el fin de ganar tiempo”, determina.

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