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La Fiscalía recurre la sentencia contra Pacheco para que se le condene también por falsedad documental


Si Pedro Pacheco se apresuró a informar a los pocos minutos de conocer la sentencia por el ‘caso de los Asesores’ de que recurriría el fallo ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía no se ha quedado atrás y ha anunciado un recurso de casación que se materializará en los próximos días. El motivo no es otro que su descontento con cierto aspecto de la sentencia, pero obviamente en sentido opuesto al del exalcalde: el Ministerio quiere que se amplíe la condena, añadiendo el delito de falsedad documental. Una consideración que no resulta novedosa, ya que tanto en su calificación inicial como en sus conclusiones finales la fiscal Anticorrupción se ratificó en solicitar para Pacheco, López y Cobacho una condena no solo por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, sino también por el de falsedad documental. La jueza de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Lourdes Marín, los condenó sin embargo por los dos primeros, absolviéndoles del último.

Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.

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La Fiscalía reduce su petición a 6 años de cárcel para Pacheco, aunque “nadie puede hacer lo que le dé la gana con lo público”


El juicio por el ‘caso de los Asesores’ contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho ha quedado visto para sentencia después de una última sesión extensa en la que cada parte ha expuesto sus conclusiones y alegato final. Llamativa aunque esperada ha sido ha sido la reducción de penas solicitada por la Fiscalía, que ha pasado de pedir 17,8 años de cárcel y 28 de inhabilitación para el exalcalde, a 6 y 10 respectivamente. En lo que se refiere a los otros dos procesados, ha fijado su petición en 4,5 años de cárcel para ambos y 8 de inhabilitación para López y 7 para Cobacho. Los delitos imputados, no obstante, siguen siendo los mismos: presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, con la salvedad de que se han sustituido los tres de cada tipo atribuidos a Pacheco y los dos a López por uno solo pero continuado. La fiscal Anticorrupción, Virginia Alonso, ha protagonizado un dilatado discurso centrado en la presunta impunidad con la que los acusados, especialmente el líder de Foro Ciudadano, hacían y deshacían como creían conveniente dentro del ámbito municipal. Leer noticia completa

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“No tiene sentido que Pilar Sánchez no conociera los contratos en empresas de las que era presidenta”


La sesión más tediosa hasta el momento del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha dejado sobre la mesa el vacío existente en cuanto a la contratación, cobro y actividades que realizaban José López y Manuel Cobacho dentro de las sociedades Speed Festival y Emusujesa. Diversos técnicos y personal de estas empresas han comparecido en la vista para corroborar la presencia de ambos en estos organismos y la existencia de reuniones en el marco de su papel como asesores, si bien nadie ha podido concretar qué se gestaba en las mismas, por qué en alguno de los casos no existía un contrato como tal, cuál era la razón para que se cobrara por estos trabajos antes de facturar o por qué no hay documentación que acredite ninguna labor al respecto. Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Antonio Fernández Vera, secretario del consejo de administración de Speed Festival, que ha sembrado la duda en torno a ciertos aspectos legales relacionados con la gestión de la empresa y ha señalado con un dedo casi ‘acusador’ a la exalcaldesa, Pilar Sánchez, y presidenta de ambas sociedades por aquel entonces.

“Speed Festival estaba sujeto a otra legislación, por lo que no hacían falta los requisitos de concurrencia ni publicidad a la hora de contratar”, ha justificado el antiguo secretario y colaborador cercano a Pacheco, reconociendo que algunos nombramientos no estaban sujetos a los acuerdos del consejo de administración por lo que nunca se llegó a levantar acta sobre ellos. Un punto que fue del todo rebatido por el abogado de la acusación particular, Juan Pedro Cosano, quien aseguró que “por Ley, en las sociedades mercantiles en las que participa una administración pública en al menos el 50% regirán los principios de publicidad y concurrencia”. Pero lo más destacado del testimonio de Fernández fueron sus alusiones directas a Pilar Sánchez, afirmando que durante el pacto “había una vigilancia recíproca sobre la actividad de cada parte”. “Entiendo francamente improbable, por no decir imposible, que la presidenta de la sociedad no estuviera al tanto de quién trabajaba allí ni lo que hacía. Ella despachaba continuamente con el gerente, y no tiene sentido que no tuviera conocimiento de nada”.

Otra de las comparecencias más esperadas fue la del miembro de la ejecutiva socialista Luis de Flor, que en su calidad  de coordinador de Servicios Turísticos entre 2005 y 2007 certificó una serie de reuniones de trabajo mantenidas con López como asesor de Speed Festival, con el fin de abordar la “planificación y la promoción turística” del parque de ocio. Sin embargo, a preguntas de Cosano Flor reconoció que todos estos encuentros se realizaron “en bares” y sin que se realizara informe alguno por escrito sobre ello. En la misma línea se expresó Antonio Junquera, antiguo director de Jerez Centro Comercial, que declaró haberse reunido a menudo con López como asesor de Emusujesa aunque no supo concretar su contenido.

VIAJES Y ENCUENTROS

En cuanto al resto de testigos, la primera en subir al estrado fue la secretaria de Pacheco y estrecha colaboradora Mari Paz Cañero, que al igual que otra secretaria y el jefe de ordenanzas de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo corroboró la presencia “continua” de los dos asesores en la GMU así como el mantenimiento de diversas reuniones con el entonces delegado. Unas reuniones de las que, una vez más, no se llevaron a cabo informes, actas o documentos de los que se desprenda su contenido. Cañero confirmó incluso que estas labores de asesoramiento requirieron de viajes fuera de Jerez, aunque declaró “no saber” quién pagaba esos desplazamientos. Igual de ‘desconocedora’ se mostró la secretara del gerente de Speed Festival, Julia Simo, que explicó que ella se limitaba a “preparar las órdenes de pago”, sin saber cómo es que muchas de las transferencias a López se produjeron antes de que se emitieran las facturas.

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Pilar Sánchez: “Cuando llegué a la Alcaldía vi con absoluta claridad que se hacían pagos sin contraprestación alguna”


La segunda jornada del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha resultado igual de densa que la anterior, si bien los comparecientes han trasladado a la sala un mensaje meridianamente claro: la contratación de José López y Manuel Cobacho en Speed Festival y Emusujesa se realizó por orden directa de Pedro Pacheco sin concurso ni publicidad, sin contrato como tal en uno de los casos y sin que conste ningún soporte documental que avale una actividad al servicio de las dos sociedades durante ese periodo. Esto es a grandes rasgos lo declarado por los testigos que se han subido al estrado, empezando en orden de importancia por la ex alcaldesa Pilar Sánchez, que ostentaba el cargo de presidenta en ambas empresas municipales cuando Pacheco era vicepresidente en virtud del pacto de gobierno entre el PSOE y el PSA y se gestaron esas contrataciones.

A preguntas de la fiscal, lo primero que hizo Sánchez fue referirse a cómo se dio curso a estos contratos (dos de ellos en 2005 y un tercero en 2007), insistiendo en que según resolución de pleno del 18 de enero de 2005, tanto el número de asesores como sus retribuciones y nombramientos debían pasar por este órgano. Con posterioridad y siempre según la testigo, nunca se llevó a cabo resolución o acuerdo alguno que modificara el inicial, por lo que ninguna persona u órgano fuera del pleno estaba legitimado para este tipo de contrataciones. “Cuando se cesó a Pacheco en 2007 -contó Sánchez- se me pasaron a Alcaldía órdenes de transferencias bancarias a nombre de José López. Detectamos un documento extraño, indagamos y vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación ni expediente de contratación, por lo que lo pusimos en manos de nuestra asesoría jurídica”. Según su relato, varios técnicos fueron interrogados a este respecto, “y ninguno dio respuesta ni supo decir qué servicio estaba prestando López”.

Otro de los requisitos que presuntamente tampoco se cumplieron fue el de informar de las contrataciones a los consejos de administración de las empresas, que según Sánchez desconocían cualquier tipo de movimiento al respecto, así como de publicarlas convenientemente en el Boletín Oficial de la Provincia. Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, intentó desviar la atención poniendo el acento en los asesores municipales que había contratado Sánchez en su calidad de alcaldesa, algo que la jueza recordó que está siendo instruido en otra causa y por lo tanto no tenía lugar en ésta, e incluso equiparó la contratación del exdirector de Onda Jerez, Pedro Rollán, con las ahora juzgadas. “Hay cosas que no recuerdo, pero lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que cualquier contrato que yo hice tuvo su tramitación adecuada -recalcó la exedil-. Mis asesores iban a su puesto de trabajo todos los días y actuaban conforme a lo que dice la Ley”. 

EJECUTAR ÓRDENES SIN CUESTIONAR

En lo que respecta al resto de los testigos, el gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, fue el primero en declarar para ratificar que él recibió la orden de Pacheco de contratar a López y Cobacho y que no se planteó si se pudiera incurrir con ello en alguna irregularidad. “Mis funciones son ejecutar y no me corresponde cuestionar lo que se me está pidiendo”, subrayó. A preguntas de Juan Pedro Cosano, letrado del Ayuntamiento, reconoció que la contratación no cumplió con los requisitos de publicidad ni concurrencia ni en general con “las normas” que se deberían haber tenido en cuenta, en la misma línea del gerente siguiente de la citada sociedad, José Agüera, que sentenció que “la contratación de asesores es un mundo abierto”. En este sentido, ninguno de los interrogados supo responder a cómo pudieron darse órdenes de transferencia con anterioridad a la emisión de facturas a López, o por qué siguió cobrando como asesor de Pacheco a pesar de que éste acababa de ser cesado.

Dos de los técnicos interrogados con posterioridad reconocieron que, a instancias de Pilar Sánchez, realizaron un informe en el que se aludía a estas presuntas irregularidades en las contrataciones a pesar de que en algunos casos no tenían conocimiento al respecto. “No nos amenazaron para realizar el informe, pero desde luego no fue voluntario”, apostilló uno de ellos. Cayetano Gómez, gerente de Speed Festival por aquella época, declaró que más que existir un contrato para López lo que hubo fue “una carta, porque algo tenía que constar por escrito”, confesando que tampoco en esta ocasión se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. Un cargo del que al final el que fuera mano derecha de Pacheco acabó cesado “verbalmente”, como también confirmó Agüera.

Después de todo este rosario de declaraciones, la vista continuará este miércoles con nuevas y esperadas comparecencias como la de la secretaria del exalcalde, Mari Paz Cañero.

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Pacheco: “No sé si había contratos ni cómo se pagaba; no entraba en esas minucias”


Más de cinco horas de juicio dan para mucho, máxime si en el banquillo se sienta uno de los políticos más carismáticos y polémicos de esta ciudad. La primera sesión de la vista contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho en el marco del ‘caso de los Asesores’ ha dejado frases para la posteridad que reflejan no solo la personalidad de los procesados, sino también dejan entrever cómo se hacían las cosas en el Ayuntamiento por aquellos años. La declaración del líder de Foro Ciudadano ha sido la última de la jornada pero la más esperada, y se puede resumir básicamente en que él tomaba una serie de decisiones “porque estaba legitimado” para ello, y a partir de ahí cualquier otra cuestión relativa a la gestión o pura “burocracia” se escapaba a su conocimiento. En respuesta a un corto y más bien descafeinado interrogatorio de la Fiscalía, Pacheco se ha explayado sobre el modo de contratación de los dos asesores puesto en tela de juicio, explicando que si bien es cierto que en general el pleno es el único órgano apto para nombrar y determinar el número de eventuales de confianza (asesores), en determinadas circunstancias ese acuerdo inicial puede dar lugar a otros posteriores que lo modifiquen.  Leer noticia completa

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Pedro Pacheco se enfrenta a 17 años de cárcel por el ‘caso de los Asesores’


Uno de los casos de presunta corrupción política más mediáticos escribe a partir de este lunes su capítulo más importante con el inicio de un juicio en el que se sentará en el banquillo Pedro Pacheco, acompañado de José López y Manuel Cobacho. El conocido como ‘caso de los Asesores’ salió a la luz en 2009, a raíz de una denuncia interpuesta por la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por unas presuntas contrataciones’a dedo’ realizadas por su antecesor en el cargo, a favor de los otros dos imputados en la causa. Tras varios años de instrucción, la Sección Octava de la Audiencia provincial acoge la primera sesión de la vista, en la que el líder de Foro Ciudadano se enfrenta a 17 años y 8 meses de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documentalLeer noticia completa

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