Aunque ya no quedaban dudas al respecto, los afectados por el ERE municipal han sido informados de manera oficial de que el TSJA ya tiene en sus manos la comunicación del Ayuntamiento en la que transmite su decisión de optar por indemnizar y no por readmitir a las 260 personas despedidas. Así lo han sabido esta misma mañana, como ha confirmado a este medio Antonio Ortega, que representa al Colectivo de Trabajadores Progresistas en el procedimiento. Según el letrado, la administración local emitió el correspondiente escrito el 2 de abril junto con su petición de aclaración, antes de saber por tanto si finalmente la sentencia debía hacerse extensiva o no a la totalidad de los perjudicados, como así ha sido. Como explica Ortega, el Consistorio se pronunció trasladando su intención de indemnizar porque si no lo hubiera hecho, una vez transcurrido el plazo impuesto por el Alto Tribunal automáticamente se hubiera visto obligado a readmitir a los despedidos. Leer noticia completa

El Ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Hacienda 289 facturas pendientes de pago a proveedores cuyo montante total asciende a 32.087.820 euros. De esta manera, el Consistorio acoge a la ampliación del Plan de Pago a proveedores aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero, por el que los proveedores pueden cobrar, a través del mecanismo de financiación y a partir del mes de junio, las facturas pendientes de pago con fecha anterior al 1 de enero de 2012.

En este nuevo listado se incluyen facturas antiguas de otros gobiernos municipales como una de más de 3 millones de euros correspondientes a Jerez 2002, quedando aún pagos pendientes; además, se han remitido facturas por más de 22 millones de euros correspondientes a la deuda con Cojetusa, la antigua concesionaria de transportes urbanos. También hay cerca de 100.000 euros que quedaron pendientes de otras legislaturas por eventos como la celebración del Espárrago Rock e incluso de la Parada Hípica de 2007.

El Ayuntamiento puntualiza que de estos 32 millones un total de 18,4 millones se destinan a entidades bancarias, si bien corresponden a facturas que estos bancos tienen endosadas por parte de las empresas proveedoras, como es el caso de parte de la deuda con Cojetusa, Espárrago Rock, Jerez 2002, entre otros. Por tanto, el pago se destina a saldar la deuda que el Ayuntamiento mantenía con estas empresas. En este sentido, hay que recordar que el pago a proveedores está dirigido en su totalidad a saldar deuda comercial, y en ningún caso deuda financiera, tal y como se establece en el Real Decreto. Esta deuda comercial incluye facturas que han sido endosadas por los proveedores a bancos, mediante operaciones de cesiones de crédito, que siguen siendo deuda comercial.

Desde el gobierno municipal han recordado que el Consistorio se acogió en 2012 al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno central, remitiendo tres listados de facturas que, entre mayo y julio, ascendieron a un total de 325.550.058,53 euros, siendo el segundo Ayuntamiento de España y el primero de Andalucía por volumen de deuda acumulada.

Hacen hincapié además en que el caso de Jerez fue muy complejo, debido principalmente al volumen de facturas y la antigüedad de las mismas, ya que en algunos casos se remontaba incluso a los años 90.

La ampliación del Pago a proveedores, aprobada por el Consejo de Ministros en más de 2.628 millones incluido en el Real Decreto Ley de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo incluye, como principal novedad, nuevos tipos de contratos que pueden acogerse a estos créditos ICO, las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los convenios, los contratos de arrendamiento de inmuebles, los contratos de colaboración público-privada así como determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.

La secretaria general del  PSOE en la provincia, Irene García, ha pedido a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “por dignidad política” cese de manera fulminante a todos los concejales y delegados de su gobierno que han participado en la elaboración del ERE, que pida perdón a los jerezanos y que presente su dimisión. García ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, tras mantener un encuentro con los representantes sindicales del Ayuntamiento (UGT, CC OO, CTP y Asociación de Técnicos Municipales) para valorar y analizar todo lo acontecido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado “no justado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo. García ha mostrado su preocupación por la “cacería política” que han sufrido los trabajadores afectados y por todo lo que ello conlleva para la ciudad y la provincia.

En este sentido, la socialista ha criticado que la alcaldesa, María José García-Pelayo, no haya mantenido aún un encuentro con los sindicatos “después de haber sufrido varios varapalos judiciales que le quitan la razón”, asegurando que “lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el PP, con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, supone una forma de actuar absolutamente indiscriminada, inmoral e ilegal”.  “Pero, sobre todo, -apunta- ha supuesto un auténtico calvario a las 260 personas y familias jerezanas a las que se les ha sometido a un juicio, basándose en la rumorología para criticar y desvirtuar la labor profesional de los trabajadores, algo que no es ético, ni serio, ni legítimo por parte de una persona que precisamente tiene que velar por los intereses generales de la ciudad”.

Por ello, la secretaria provincial ha reafirmado la petición del PSOE de que se readmita de forma inmediata a todos los trabajadores despedidos, calificando de “lamentable” que el gobierno del PP continúe “por un camino donde se le tumba por partida doble sus argumentos”, lo que supone “una auténtica burla a los ciudadanos que la alcaldesa intente eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la sentencia y, por tanto, muestra a las claras la actitud menos democrática y moral por parte de una representante política”. Asimismo, ha tachado de “agravio” y de una “ofensa de primera magnitud que no solo no respete y acate una decisión judicial, sino que al mismo tiempo quiera engañar a los ciudadanos diciendo que el fallo del TSJA es una sentencia declarativa”. Al respecto, ha aclarado que, en términos jurídicos, “todas las sentencias constatan unos hechos, lo ajustan a los preceptos legales que determinan la normativa y se ejecutan. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ejecutar”.

Hace apenas una semana que el Ayuntamiento presentó ante el TSJA un recurso de aclaración sobre la sentencia dictada en torno al ERE municipal y la respuesta ha sido prácticamente inmediata: el fallo es extensivo absolutamente a todos los trabajadores despedidos. Esto implica que el Consistorio está obligado o bien a readmitir o bien a indemnizar a los 260 perjudicados y no solo a los menores de 59 años, que era lo que se preguntaba el gobierno local en un principio. A pesar de que la sentencia era cristalina en este sentido, el ejecutivo decidió solicitar una aclaración amparándose en un punto en el que el juez reconocía que el criterio de edad a la hora de decidir a quiénes afectarían los despidos sí se ajustó a Derecho. Ahora, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su fallo inicial por lo que al Ayuntamiento no le quedará otra que tomar una determinación sobre la totalidad de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, al haberse tratado de una demanda colectiva.

Una noticia que ha sido confirmada por la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, que no obstante ha puntualizado que la sentencia no se hará efectiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Como se recordará, al margen de la citada solicitud de aclaración la administración local había optado también por recurrir el fallo del TSJA que declaraba que los despidos no se habían ajustado a Derecho, exigiendo la readmisión o indemnización de los perjudicados. “Hemos interpuesto el recurso de casación porque estamos convencidos de que el ERE se hizo correctamente, y defendemos esta actuación”, ha insistido la regidora, argumentando que solo cuando el Supremo desestime el recurso ratificando el fallo del tribunal andaluz, en el que caso de que lo haga, el ejecutivo tomará cartas en el asunto para ponerlo en práctica.

En ese momento será cuando el gobierno opte por indemnizar a los 260 afectados, pues la alcaldesa ha vuelto a dejar claro que no contemplan su readmisión. Otro punto que García-Pelayo ha querido matizar es el carácter “declarativo y no ejecutivo” de la sentencia. Es decir, en el caso de que finalmente las indemnizaciones se vayan a hacer efectivas, cada trabajador deberá interponer una demanda a título individual en el Juzgado de lo Social, con el fin de que el juez declare su despido improcedente y solo entonces se puedan tramitar las mismas. Como confirmaron fuentes municipales, el montante total de estas cuantías se elevaría a 7 millones de euros, lo que unido a los 5 ya desembolsados por este concepto alcanzaría los 12 millones.

El Ayuntamiento ha anunciado, ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), su intención de recurrir la sentencia dictada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al no estar conforme con el fallo y al entender que “no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas”. El Consistorio ha presentado el escrito de preparación del recurso de casación que tiene previsto interponer ante el Tribunal Supremo, tal como asegura a través de un comunicado.

Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de “optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo”. A la espera de que el TSJA de respuesta a la aclaración sobre el fallo de la sentencia, solicitada a través de un escrito el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento descarta ya la posibilidad de readmitir a los trabajadores al entender que “supone un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldos de los afectados 11 millones de euros cada año”. Asimismo, la readmisión supondría iniciar un nuevo ERE al ser una medida necesaria para reducir el coste de personal.

De esta manera, el Ayuntamiento entiende que el coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año, ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años. Asimismo, recuerda que ya se han abonado 5.257.000 euros en concepto de indemnizaciones, ya que la sentencia lo que hace es ampliar el período de 20 días a 45 días por año trabajado.

El Ayuntamiento confirma, por tanto, tras optar por la indemnización que “el ERE sigue su curso, ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un Plan de Ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio”.

En cuanto al recurso de casación, el Consistorio ha anunciado su preparación al no estar de acuerdo con el fallo de la sentencia y por entender que no ha habido arbitrariedad en la selección de las personas afectadas. El Gobierno recuerda que “esta decisión se ha tomado pensando en el interés general de los ciudadanos y ante la imposibilidad del Consistorio de soportar el elevadísimo coste de personal”.

Conforme a esto, recuerda que junto al despedido colectivo se han tomado otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal del Ayuntamiento en los Presupuestos de 2013 de los 82 millones de euros a 67 millones de euros.

El gobierno insiste en que el recurso se presenta tras no estar conforme con aspectos concretos de la sentencia ya que en la misma queda claro también que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales ni discriminación política ni ideológica. Asimismo, la sentencia considera que no se dan las causas para la nulidad del mismo al haberse cumplido con el período de consultas, al haberse aportado toda la documentación exigida por ley y al respetarse los derechos fundamentales.

En líneas generales, los letrados de los diferentes sindicatos con representación municipal han comparecido para mostrar su satisfacción con la sentencia del TSJA que declara que los despidos enmarcados en el ERE del Ayuntamiento no se ajustaron a Derecho. Sin embargo, tras una primera lectura positiva la práctica totalidad de los mismos (a excepción del abogado de la ATM, que ha declarado que lo estudiará en los próximos días) ha anunciado que recurrirá el fallo. La razón es sencilla: aunque el juez obliga a la readmisión o indemnización de los perjudicados, que era lo que todos ellos solicitaban de manera subsidiaria, siguen teniendo como objetivo fundamental el conseguir la nulidad de los despidos. Leer noticia completa

Poco más de dos horas ha durado un Pleno municipal tenso que ha girado prácticamente en torno a un único tema: la sentencia que declara “no ajustados a Derecho” los despidos llevados a cabo en el marco del ERE del Ayuntamiento. Se ha tratado de una sesión monotemática gracias a la decisión de los grupos de la oposición de retirar todas sus propuestas, ruegos y preguntas en tanto en cuanto no se debatiera el asunto del Expediente de Regulación de Empleo, como así lo solicitaron al inicio del Pleno con carácter de urgencia. El gobierno, que sí aceptó ese debate, optó por dejarlo para el final lo que ha propiciado que el resto de partidos no haya participado en la sesión y se hayan dirimido con celeridad los demás asuntos a tratar.

Una actitud de la oposición que no ha pasado desapercibida por el ejecutivo, que les ha acusado de “preocuparse únicamente por los 260 trabajadores del ERE y no por los problemas de los 215.000 ciudadanos”. Ya metidos en materia, María José García-Pelayo se ha referido por fin a la sentencia del TSJA insistiendo, como ya hiciera ayer su primer teniente de alcaldesa, en que el alto tribunal “no tumba ni declara nulo” un Expediente que “seguirá su curso”. “Ustedes están trasladando un mensaje a la ciudadanía que no es verdad -ha reprochado al resto de grupos-. En todo caso el TSJA no nos ha dado la razón a ninguno, ni a los sindicatos que pedían la nulidad ni a nosotros. No se nos ha condenado, solo se estima la demanda parcialmente por lo que el ERE sigue existiendo y pediremos aclaraciones de algunos extremos que no quedan claros en la sentencia”.

De esta forma, la primera edil repite el discurso de Antonio Saldaña centrando su objetivo en determinar si los despidos pueden seguir adelante en lo que respecta a los mayores de 59 años, ya que en algún punto del fallo el juez reconoce que el criterio de edad sí se ajusta a Derecho. Por lo demás, los populares siguen sin bajarse del burro y ya han dejado clara su intención de no readmitir a los afectados, planteándose en todo caso la indemnización, que es una de las posibilidades a las que pueden acogerse legalmente. Prueba de ello es que la moción presentada al alimón por PSOE, Foro Ciudadano e Izquierda Unida que exigía la readmisión de los despedidos ha sido rechazada de plano en virtud de la mayoría absoluta del PP, que también ha hecho caso omiso a la petición de dimisión del ejecutivo.

“LEVANTAR LA CIUDAD NO SE HACE DE UN DÍA PARA OTRO”

“No nos hemos planteado la dimisión del gobierno ni el cese de los técnicos que participaron en la tramitación del ERE. Gobernar significa tomar decisiones y las seguiremos tomando. Estamos por levantar la ciudad y eso no se hace de un día para otro, pero lo conseguiremos”. En esta línea, la alcaldesa ha pedido a los socialistas que “no exijan dimisiones con tanta ligereza, pues ustedes no son los mejores precisamente en tramitar EREs”, en clara referencia al caso que ha salpicado a la Junta de Andalucía. “Dicen que no es justo que los ciudadanos vayan a pagar las indemnizaciones; ¿acaso es justo que hayan pagado 1.300.000 euros al año por los asesores del PSOE o que hayan soportado durante 18 años un Circuito de Velocidad que da pérdidas?”.

La oposición, por su parte, se ha reiterado en la exigencia de que sean readmitidos los 260 trabajadores perjudicados y de que el gobierno dimita por haber llevado a cabo unos despidos que no se ajustan a Derecho. “La sentencia es clara y supone un bofetón para el gobierno -concluye el concejal de IU Joaquín del Valle-. Lo más grave es la arbitrariedad a la hora de seguir los criterios en la que se ha incurrido según el juez; por ello, deben hacer un ejercicio de reflexión y rectificar”. Pedro Pacheco, líder de Foro Ciudadano, está convencido de que esta sentencia “pasará factura en las urnas” a los populares, al tiempo que ha anunciado que sus abogados están estudiando si el ERE podría conllevar consecuencias patrimoniales y penales para el gobierno. La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, ha criticado que el ejecutivo “siga sacando pecho solo por el hecho de que los despidos no son nulos”, acusándole de “no buscar el interés general sino el suyo propio”.

El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.

No ha faltado ni uno. Todos los grupos políticos de la oposición y los sindicatos con representación municipal han protagonizado una comparecencia conjunta en la que han expresado su absoluta satisfacción con la sentencia que tumba el ERE del Ayuntamiento, al tiempo que han cargado sin piedad contra un gobierno al que acusan de haber realizado “una caza de brujas política con dinero público”. Todos ellos han trasladado un discurso parecido con un claro mensaje común: la exigencia de que sean readmitidos todos los afectados y la dimisión del gobierno local por haber llevado a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que no se ajusta a Derecho.

Los primeros en alzar su voz han sido los representantes de las organizaciones sindicales, empezando por Lola Vázquez, de CC OO, que ha puesto el acento en que “el pueblo no puede seguir pagando con dinero público los errores del partido que lo gobierna”. Así, son contrarios a que el Ayuntamiento abogue por indemnizar a los perjudicados en vez de readmitirlos, que es una de las posibilidades que plantea el fallo judicial. “Entendemos que ha sido un despido político”, ha incidido Alfonso Cárdenas, delegado de UGT, en la misma línea de lo expresado por los representantes de CGT, la ATM y CTP. El delegado de este último colectivo, Juan Manuel García Hurtado, ha cifrado en alrededor de 30 millones de euros los que tendría que desembolsar el Consistorio si se acoge a las indemnizaciones, y “todo por una cabezonería e incompetencia”.

El plato fuerte de la comparecencia, sin duda alguna, ha corrido a cargo de los líderes de la oposición que han pedido sin ambages la dimisión del ejecutivo. “Esta sentencia supone un mazazo sin precedentes para la derecha -ha apuntado Pedro Pacheco-. La Justicia no es un cachondeo y ha demostrado que el gobierno actuó sin escrúpulos y a sabiendas de que estaba haciendo una purga política. Este gobierno está ya deslegitimado”. De esta forma, se ha preguntado qué sucederá ahora con todo el dinero que se desembolsó a Deloitte, la empresa encargada de gestionar el ERE, al igual que Miriam Alconchel, secretaria local del PSOE, que ha calificado todo el proceso como “una persecución política del gobierno”.

“Con el dinero público no se pueden cometer fechorías ni pagar indemnizaciones. Tendrán que responder ante todo este gasto”. El concejal de IU, Joaquín del Valle, ha adelantado que la readmisión de los 260 despedidos será solicitada mañana viernes en el Pleno municipal, en un acto de “defensa” de toda la ciudadanía. “Éste no es un problema de ellos, es de todos los ciudadanos, de la administración pública. Están saqueando la ciudad  y no van a pagar indemnizaciones con nuestro dinero”. Como ya se ha publicado, el Ayuntamiento tiene cinco días para tomar una determinación que pase por readmitir a los despedidos, o bien indemnizarlos. Sea de un modo u otro, los sindicatos han puntualizado que la ejecución de la sentencia seguirá adelante, independientemente de que la administración recurra el fallo.

Primer varapalo judicial para el Ayuntamiento en el caso del ERE municipal: el TSJA acaba de dictar sentencia declarando que los despidos llevados a cabo no se ajustaron a Derecho. De esta forma, el titular de la Sala de lo Social tumba en un primer asalto el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el gobierno popular y obliga a la administración local o bien a readmitir a los perjudicados o bien a indemnizarlos a razón de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades. En el primero de los casos, la readmisión iría acompañada por el abono de lo que los trabajadores han dejado de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia judicial, que se ha producido en el día de hoy.

Así lo ha explicado a este medio Antonio Ortega, el letrado que representa en el procedimiento al Colectivo de Trabajadores Progresistas, matizando que este fallo a nivel general será independiente de los que se puedan dictaminar a título particular. Es decir, aunque la sentencia afecta a los 260 trabajadores, muchos de éstos interpusieron aparte una demanda individual en el Juzgado de lo Social que sigue su curso y sobre la que el juez de turno podría declarar incluso nulo el despido en cuestión. Aunque ésta era precisamente la pretensión inicial, conseguir la nulidad del Expediente, Ortega se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia, a la que ha calificado de “triunfo” para los perjudicados.

No hay que olvidar que esa indemnización de 45 días por año trabajado supone una suma mucho más cuantiosa de lo esperado; a pesar de ello, muchos hubieran preferido la nulidad porque obligaría  a la readmisión sin matices. De esta forma, sin embargo, el Ayuntamiento tiene cinco días para decidir si restituye a los perjudicados en su puesto de trabajo o les indemniza, independientemente de que interponga el correspondiente recurso. La pelota, en cualquier caso, está en su tejado.