Hasta ahora, el ciudadano que se veía inmerso en un procedimiento judicial ya tenía bastante con los costes típicos derivados de éste, algunas veces incluso astronómicos. Sin embargo, al Gobierno central no le ha parecido suficiente y ha decidido incrementar esas cuantías mediante la Ley de Tasas, por la cual el  interesado deberá pagar cantidades que oscilan de media entre los 50 y los 750 euros por la interposición de los recursos que requiera. Los colegios de abogados de toda España han puesto el grito en el cielo ante una ley que considerán del todo injusta, puesto que “impedirá el acceso a la Justicia de los menos pudientes”.

Así lo ha explicado el decano de los letrados de Jerez, Marcos Camacho, que se ha sumado a las protestas organizadas por el territorio nacional contra esta medida. “Con ello, lo que conseguirán es que la gente no recurra pero no porque no lleve razón, sino porque no tenga dinero. Además, resulta incongruente porque se supone que la ley nace para amortizar los costes de la justicia gratuita, pero lo hará a costa de los demás”. Es decir, los acogidos al turno de oficio no abonarán estas tasas pero sí el resto, lo que perjudicará gravemente a los pequeños despachos de abogados, que previsiblemente perderán clientes y con ello sus ingresos.

De esta obligación, quedarán exentos únicamente los asuntos penales. Los otros, en una u otra medida se verán afectados con ejemplos ilustrativos como las apelaciones civiles o contenciosas, que pueden alcanzar los 500 euros o las casaciones, que abarcan entre 600 y 1.200 euros. En lo social, los recursos de súplica y casación hasta ahora gratuitos costarán entre 500 y 750 euros.

A la plantilla de los juzgados jerezanos se le acumulan las protestas. Mientras se suceden los llamados ‘Viernes Negros’ por los recortes en materia judicial, ahora se une un nuevo calendario de movilizaciones que verá la luz en los próximos días contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como han explicado fuentes del Sindicato Profesional de Justicia a Reporteros Jerez, esta modificación, aprobada el pasado 11 de octubre, supone la eliminación de: seis días de permiso por asuntos particulares, vacaciones adicionales por antigüedad, la paga extraordinaria de Navidad y el abono del 100% del salario en los casos de baja temporal, además del establecimiento de movilidad geográfica obligatoria.

Unas medidas que el colectivo considera que constituyen una “agresión intolerable” a los derechos de una parte del funcionariado como son los secretarios judiciales, médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares. Y aquí precisamente está la raíz de su denuncia, ya que a una determinación de por sí “injusta” se añade el hecho de que sea aplicada solo a algunos de los funcionarios, excluyendo de ello a los jueces y magistrados. Según el SPJ, ello supone un trato “diferenciado y discriminatorio” puesto que estos últimos sí dispondrán de 12 días de permiso y se les abonarán entre 1.500 y 2.750 euros por las sustituciones, con lo que se compensará la eliminación de la paga extra.

Por todo ello, el funcionariado afectado está organizando un calendario de actuaciones de protesta a nivel nacional que serán secundadas por todo el personal jerezano. Los jueces, por su parte, amenazaron hace unas semanas con convocar una huelga que paralizase el sistema debido precisamente a estas reformas que también consideraban como un ataque a sus derechos. Después de que el Ministerio les haya excluido de los recortes más drásticos, todo parece indicar que los paros no se llevarán a término y ello al menos beneficiará a los ciudadanaos, que no verán mermada la asistencia.

La batalla judicial contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en el Ayuntamiento de Jerez ya se ha iniciado después de que el sindicato mayoritario en la plantilla municipal, la CGT, haya presentado esta mañana en Sevilla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la primera de las demandas colectivas contra este proceso.

Según han explicado fuentes jurídicas de este sindicato, la demanda insiste en que no existe causalidad entre los despidos y las razones económicas esgrimidas por el gobierno local, ya que los criterios que recogía la nueva reforma laboral y que justificaban los ERE en el caso de las empresas privadas no se pueden aplicar en el caso de la administración.

El documento presentado hoy en Sevilla también habla de irregularidades recabadas a lo largo del proceso, no solo por la mala fe durante el periodo de negociación, sino también por la falta de información entregada a los representantes de los trabajadores en las consultas y por no haber dado ni siquiera un plazo oficial de alegaciones. Y se centra también en la arbitrariedad, falta de imparcialidad y subjetividad de los criterios aplicados para seleccionar a los afectados por la medida.

Ahora se abre un plazo de dos meses para esta demanda y, además, en caso de que sea admitida por el TSJA se paralizará el proceso que tiene cada uno  los 260 afectados por lo despidos para presentar su demanda individual.