La decisión de la Junta de Andalucía de cerrar todos los registros civiles de la comunidad ha levantado ampollas entre el funcionariado, que por boca del Sindicato Profesional de la Justicia de Jerez ha criticado duramente una medida “unilateral” y “perjudicial para los ciudadanos”. Según el colectivo, la decisión fue adoptada el pasado 23 de enero sin tener en cuenta la oposición de todas las organizaciones sindicales, alegando motivos económicos. Una justificación que no terminan de entender los afectados, que argumentan que el coste de este servicio ya estaba presupuestado con 2,3 millones de euros. Una vez que se ha suprimido, han preguntado a la administración cuál será el destino de esa partida “pero no han sabido o no han querido contestar”.

Una circunstancia que ha indignado al SPJ, que lamenta el “notable perjuicio” que esta reducción causará a los usuarios. En esta línea, señalan a las personas de la tercerda edad como las afectadas, alegando que deberán aguardar colas de horas durante la mañana para la expedición de certificaciones de fe de vida, una gestión que en la tarde se realiza en cinco minutos. También sufrirán un revés aquellos que por motivos laborales no puedan acudir al registro en horario mañanero y, en general, todos los que soliciten cualquier tipo de trámite, pues las esperas se auguran largas. Los ciudadanos, no obstante, no serán los únicos perjudicados ya que el sindicato asegura que la iniciativa conllevará un aumento de la sobrecarga de trabajo del personal.

“De nada han servido las decenas de informes realizados por jueces y secretarios judiciales de toda Andalucía, solicitando que no se procediera a esta medida pues se estaba prestando un servicio modélico”, se lamentan. “Además, conllevará una inevitable dilación y retraso en la gestión de temas importantes como la averiguación de datos registrales en el caso de los bebés robados”. Junto a todo ello, tampoco olvidan el nuevo recorte de retribuciones que supondrá para el personal, que ya en 2013 afronta otra reducción del 5% en el salario con lo que se eleva a un 20% menos lo que percibirán cada mes. “La Junta pone así su granito de arena en la carrera por desmantelar un servicio público y que culminará el Gobierno central con la privatización de los registros”, sentencian.

El nombramiento de la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, como cargo de la Consejería de Educación ya es un hecho, tal como adelantara este medio hace varios meses.

En concreto, la socialista será la nueva directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, un nombramiento de libre designación que publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 2 de enero. La orden firmada por la consejera del ramo, Mar Moreno, para este nombramiento tiene fecha de 29 de noviembre de 2012.

La designación de Sánchez llega a pesar de los problemas judiciales de la exregidora. No en vano, hay que recordar que recientemente la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez emitió un auto en el que ordena la apertura del juicio oral contra ella por la presunta contratación irregular de cinco militantes socialistas en calidad de asesores en su etapa como alcaldesa (2005-2011). El juicio por esta causa podría celebrarse en torno al mes de mayo.

Tampoco hay que olvidar que Sánchez continúa imputada en el llamado ‘caso PTA’ por posibles irregularidades en la ayuda que pudo concederse a la empresa Tecnología Innovación Sanitaria S.L, para comprar suelo en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA).

Sea como fuere, la principal incógnita que se abre con el nombramiento de Sánchez es que ocurrirá en el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Jerez. De hecho, las fuentes consultadas por este medio en diversas ocasiones han apuntado que, aunque no es incompatible, Sánchez renunciaría a su acta de concejal. En caso de que eso ocurriera la siguiente en la lista es Margarida Ledo, aunque tampoco está claro que sea ella la que tome posesión en caso de que la exsecretaria general del PSOE de Jerez abandone la escena local y, de paso, la Diputación de Cádiz.

Una persona que sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a luchar en los tribunales para que le reconozcan una incapacidad, puede llegar a pagar hasta 10.000 euros en recursos gracias a la recién estrenada Ley de Tasas. Así de contudente y así de crudo lo han planteado un grupo de graduados sociales jerezanos, que han decidido comparecer ante la opinión pública para expresar su frontal oposición a la nueva norma y adherirse así a jueces, abogados y procuradores, argumentando que divide definitivamente el sistema creando “una Justicia para ricos y otra para pobres”. Antonio Ortega es el portavoz de estos profesionales, que como subraya han declarado su postura a título individual, explicando que en el caso de la jurisdicción social las tasas no se abonan en primera instancia pero sí en segunda, estableciendo una brecha económica importante difícil de solventar.

“Creemos que es injusto que una ley impida a algunos ciudadanos acceder a los tribunalespara reivindicar un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva. Con esta norma lo único que hace el Gobierno es poner cortapisas y crear ciudadanos de primera y segunda categoría”. Como recuerda Ortega, la supuesta finalidad con la que nace la controvertida ley no es otra que la de descongestionar los juzgados y reducir la litigiosidad, algo que a su juicio debería conseguirse con la inclusión de más medios materiales y humanos y no “delimitando un derecho constitucional”. Según el experto, no hay que olvidar que las personas que recurren en el ámbito de lo social luchan por su medio de subsistencia bien sea en forma de pensión, salario laboral o prestación por desempleo.

Por ello, consideran especialmente injusto que en esas circunstancias estos ciudadanos deban abonar unas tarifas “abusivas” que les impedirán batallar por lo que es suyo. En este sentido, los comparecientes ponen como ejemplo el de un joven de 25 años que por un accidente laboral quede incapacitado de manera grave, y se vea obligado a recurrir tras haberle sido denegada la pensión. En este caso, teniendo en cuenta que la tasa a pagar sería proporcional al montante total de la cantidad que solicita percibir (durante los 40 años siguientes que le corresponderían trabajar), la cifra podría alcanzar los 10.000 euros, algo inasumible para la mayoría de demandantes. Por todo ello, este grupo de graduados sociales ha decidido unirse a las protestas del resto de colectivos, con la esperanza de que si el Gobierno no da marcha atrás en su determinación sean los tribunales los que acaben tumbando una ley que supone “una aberración a la Justicia”.

FOTOS: MANUEL BRENES

Los juzgados de Tomás García-Figueras han registrado un intenso movimiento desde el mediodía por la protesta en la que, por vez primera, han unido fuerzas los jueces, fiscales, abogados, secretarios y el resto del funcionariado con el fin de reivindicar un sistema judicial “digno” para profesionales y ciudadanos. Juntos, pero no revueltos, puesto que si bien el lema de la concentración llamaba a la unidad “contra el ataque a la independencia judicial”, los magistrados han querido hacer un aparte para desvincularse del resto, dejando claro que cada colectivo se mueve por sus propios intereses.

Así, el juez decano, Juan José Parra, ha querido puntualizar que, como ya publicara Reporteros Jerez, los profesionales que representa no son contrarios a una Ley de Tasas como tal, puesto que para descongestionar el nivel de litigiosidad sí se hace necesaria la imposición de una tarifa a la hora de interponer recursos. Sin embargo, los magistrados abogan por unas tasas “disuasorias” de cantidades que nada tienen que ver con los 1.200 euros que se han de pagar en algunos casos. Además de ello, Parra ha recordado las reivindicaciones de los jueces como la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria del Consejo y la Fiscalía, el aumento de la planta con jueces y fiscales o la determinación de la carga de trabajo.

La plataforma que aglutina a los diversos sindicatos del funcionariado público del sistema judicial, por su parte, sí ha puesto el acento en la “naturaleza abusiva y perturbadora” de la Ley de Tasas, mostrando su oposición a la privatización del Registro Civil, la falta de financiación y medios materiales y humanos y la ausencia de modernización de los juzgados. Esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas contra todo ello, incluyendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que culminará el 19 de enero con la entrega de las rúbricas en el Ministerio de Justicia, junto con un apagón informático que tendrá lugar en toda la red nacional el 20 de diciembre.

El decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, ha estado presente en la concentración y ha abogado por la unidad de todos los colectivos contra lo que considera una “degradación” del sistema por parte del ministro Gallardón, adalid de unas reformas que han indignado a todos por igual. Aunque reconoce que cada grupo profesional ha resultado perjudicado de una manera específica, ha insistido en la necesidad de hacer un frente común argumentando que “hoy no es el día para las reivindicaciones de cada uno”.

Jueces, fiscales, secretarios, abogados, personal de administración… Todos ellos harán frente común el miércoles en los juzgados jerezanos de Tomás García-Figueras para protestar por lo que consideran “tropelías” contra el sistema como la nueva Ley de Tasas. Es la primera vez que la comisión interasociativa que reúne a los primeros se alía con la Plataforma de Justicia de Andalucía que representa al funcionariado, con el fin de reivindicar unos derechos que comparten todos. Como argumentan desde la citada plataforma, los profesionales “no pueden permanecer impasibles” ante una serie de medidas que ponen en peligro no solo sus puestos de trabajo sino también todo el sistema de garantías jurídicas.

En concreto, los perjudicados aluden a la “devastadora” Ley de Tasas, por la que se obliga al ciudadano a pagar unas tarifas “abusivas” para interponer recursos hasta ahora gratuitos, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a su juicio les impone unas condiciones laborales “pésimas”. Junto a ello, aluden a la bajada de las retribuciones, la carencia de medios y de financiación, la falta de oposiciones, el despilfarro y la escasa modernización del sistema. Todo un rosario de argumentos que han llevado a los diversos colectivos a unir sus fuerzas en defensa del servicio público de Justicia, con un calendario de movilizaciones que arranca ya con una recogida de firmas en todos los partidos judiciales de la provincia.

Junto a ello, el miércoles 12 está prevista una multitudinaria concentración a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García-Figueras, que será llevada a cabo de manera simultánea en otras zonas cercanas como Cádiz y Algeciras. Otra de las protestas se producirá el próximo dia 20 en forma de apagón informático, que se realizará a las 12.00 horas en la red de los órganos judiciales de toda España. El calendario de movilizaciones tendrá su cita más importante el día 19, cuando una manifestación estatal culminará en el Ministerio de Justicia, con la entrega de todas las firmas recabadas.

Lo que hasta ahora no era más que una simple amenaza se puede tornar muy pronto en realidad si la Junta de Andalucía no cumple sus compromisos con los abogados jerezanos. Tras una concurrida asamblea a la que asistieron más de 100 letrados, los profesionales que ejercen el turno de oficio han decidido lanzar un ultimátum a la administración autonómica para que les abone todos los atrasos: es decir, lo correspondiente al año vigente. El plazo, como ha explicado el decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, expira el viernes. Si antes del día 1 no han cobrado, restringirán el servicio de tal forma que solo asistirán a los ciudadanos un día a la semana, frente a los cinco laborables de la actualidad.

“Si la Junta no responde al comunicado que vamos a remitirle -argumentó el decano-, adecuaremos la prestación del servicio a los fondos recibidos, por lo que asistiremos solo un día o unas horas. Hay que recordar que no nos han pagado nada en todo el año”. El montante total de la deuda supera el millón de euros, lo que a juicio de los interesados justifica esta medida e incluso una más drástica que no dudarán en adoptar si el 15 de enero persisten los impagos. “Si en esa fecha seguimos sin cobrar, estaremos imposibilitados para prestar el servicio”. O, lo que es lo mismo, los jerezanos se quedarán sin justicia gratuita nada más empiece el año.

Camacho quiso puntualizar, no obstante, que los letrados garantizarán la asistencia al detenido, “paguen o no paguen”. En el resto de los casos, los ciudadanos sin recursos o con presupuesto limitado se verán despojados del derecho de tutela judicial efectiva. “El ambiente entre los compañeros está muy caldeado -justificaba el titular del Colegio-. De hecho, hemos llegado a un acuerdo intermedio porque había algunos que querían tomar decisiones más drásticas. La verdad es que a nosotros nos duele no asistir a todos los ciudadanos”. Aunque el peor de los escenarios no llegue a cumplirse, el simple hecho de que los abogados del turno de oficio reduzcan a un día el servicio implicará que se ralenticen los procesos hasta el punto de que la mera designación de letrado suponga una espera de seis meses, cuando lo habitual es que no supere los 30 días.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra, calificaba la concentración frente a los juzgados de Tomás García-Figueras de “histórica”. Y no le faltaba razón si se tiene en cuenta que es la primera vez que los diversos profesionales de la Justicia hacen frente común para impedir lo que ellos consideran “abusos en toda la regla”. Jueces, abogados, fiscales, secretarios y procuradores protagonizaron una protesta que congregó a un centenar de personas para mostrar su total disconformidad, entre otras cosas, con la controvertida Ley de Tasas que tiene en jaque no solo a ellos sino a toda la ciudadanía. Una ley cuya aplicación, de momento, ha quedado en suspenso pero que supondrá un radical aumento de los costes en los procedimientos para los interesados.

En virtud de la norma del ministro Gallardón, todo aquel litigante que desee interponer un recurso deberá pagar unas tasas que pueden alcanzar los 1.200 euros, lo que según los profesionales dividirá el sistema en “justicia para pobres, y justicia para ricos”. “Nosotros apostamos por la eliminiación de la ley -explicó Parra-. No obstante, se pueden propugnar unas tasas disuasorias pequeñas, pero nunca este gravamen”. En concreto, aludió a la posibilidad de fijar unas tarifas que oscilaran entre los 30 y los 50 euros, dependiendo del tipo de recurso que se quiera interponer. Manuel Ferrer, diputado segundo del Colegio de Abogados, apoyó las palabras del juez insistiendo en que para su colectivo ha supuesto “un palo enorme” la aprobación de una ley que según advierte obstaculizará el acceso a la Justicia de un buen número de ciudadanos.

Junto a esta reivindicación, Parra señaló otras tantas que comparten todos los representados en la protesta como el aumento de plantilla, la determinación de carga de trabajo en relación a la población que se asista, mayor agilidad en la organización y una inversión adecuada al servicio público que se presta. El cabeza visible de los abogados quiso recordar, por su parte, la “precaria” situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, que no han cobrado un solo euro por los servicios prestados en lo que va de año y a los que se les acaba de reducir el sueldo en un 10%. Por todo ello, los abogados se plantean incluso dejar de prestar este servicio, algo que podrían oficializar de manera definitiva en la inmente asamblea que llevarán a cabo el próximo martes.

La madrugada del 22 de noviembre de 1995 tuvo lugar el que puede considerarse, sin lugar a dudas, uno de los episodios más negros de la crónica de sucesos de Jerez: el terrible asesinato del joven Juan Holgado. Su corazón dejó de latir a causa de una treintena de cobardes puñaladas en la gasolinera de Martín Ferrador en la que trabajaba. Han pasado 17 años y todavía no hay culpables.

El caso copó horas de radio y televisión en todo el país, ocupó portadas de periódicos nacionales y sirvió de base para un libro y para una película. Durante todo este tiempo, la familia no se ha cansado de pedir justicia de todas las formas imaginables. Más allá de la mediática infiltración de su padre en los bajos fondos de Jerez para encontrar pruebas que incriminasen a los presuntos autores del asesinato (sobre la que giró el film dirigido por Benito Zambrano), ha protagonizado concentraciones de protesta, huelgas de hambre y hasta un plante a las puertas del Congreso de los Diputados. Todo, siempre, con un mismo objetivo: que se hiciese justicia. Pero no lo ha logrado.

La madre, Antonia Castro, se mantiene todavía firme en la consecución de ese objetivo. Y no duda en llamar a todas las puertas posibles para conseguirlo. Sin desfallecer, pese los altibajos, los cada vez menos apoyos que recibe, los problemas de salud y la realidad de una familia desestructurada por culpa de este caso. De hecho, y tras una complicada separación de su marido, Francisco Holgado, mantiene con éste continuos contenciosos en los juzgados, con órdenes de alejamiento incluidas.

PROTESTA

Este jueves ha estado a las puertas de los juzgados de Tomás García Figueras acompañada por un grupo de amigos, vecinos y el secretario local del PA, Santiago Casal. Se cumplían 17 años del asesinato de su hijo y han aprovechado para protagonizar un nuevo acto reivindicativo para exigir que no se cierre el caso. Cabe recordar a este respecto, que el delito correspondiente prescribe a los 20 años (es decir, dentro de tres) y Antonia Castro quiere se retome la investigación.

“No pienso quedarme quieta”, ha dicho. Lo tiene claro: “Llevo 17 años luchando y lo seguiré haciendo mientras me queden fuerzas. Mi fe en el que está arriba puede con todo. Haré lo que haga falta, iré donde sea, porque lo único que quiero es que se haga justicia con mi hijo y poder descansar en paz”.

Hasta 1.200 euros tendrá que abonar el ciudadano para interponer recursos en los juzgados que hasta ahora eran gratis. Una obligación creada en el marco de la nueva Ley de Tasas del ministro Gallardón, que ha indignado no solo al usuario de a pie sino también a la abogacía. Como han confirmado desde el Colegio de Abogados de Jerez, los letrados se sumarán a las movilizaciones emprendidas a nivel nacional y el próximo lunes se concentrarán a las doce del mediodía frente a los juzgados. Bajo el lema ‘No a las tasas, Justicia para todos’, los profesionales exigirán la retirada de unas tasas que a su juicio tendrán un efecto disuasorio para los ciudadanos. Es decir, como explicó el decano jerezano Marcos Camacho, “muchas personas renunciarán a recurrir pero no porque no lleven razón, sino simple y llanamente porque no tengan dinero para ello”.

Según los letrados, la medida supone una vulneración del derecho de defensa y pretende reducir los costes de la Justicia gratuita a costa de los pequeños y medianos despachos de abogados, que son los que más se resentirán con el pago de estas tasas. Como ejemplo, mencionan la incoherencia que supone el hecho de que para impugnar una multa de tráfico de 100 euros, el interesado deba pagar un canon de 200. El sector considera, por tanto, que las tasas deben tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, es el funcionamiento de la Administración de Justicia y “no el sistema de asistencia jurídica gratuita”.

En la actualidad, apuntan a que el llamado turno de oficio da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos en todo el país y apenas supone el 6,5% del gasto en Justicia de las administraciones públicas, cerca de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones que han gastado el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello, están convencidos de que la nueva ley perjudica no solo a sus bolsillos sino también a los de los ciudadanos, y han presentado alegaciones en el Congreso con el fin de que se paralice la aplicación de la norma y el sistema siga siendo ‘justo’ y con todas las garantías.