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La nueva conexión entre juzgados y prisiones de la provincia facilita más de 2.400 comunicaciones desde su implantación en 2013


El Sistema de Comunicaciones Seguras puesto en marcha por la Junta en 2013 ha permitido ya la realización de 2.404 comunicaciones entre los juzgados y las prisiones de la provincia, la mayoría de ellas relacionadas con citaciones, traslados, liquidaciones de condena y otros asuntos que afectan a la población reclusa. La Consejería de Justicia e Interior ha ido implantando en todas las provincias andaluzas este primer sistema informático integral que permite mejorar la eficacia de la conexión entre los centros penitenciarios y los juzgados y agilizar la tramitación de los asuntos más frecuentes relacionados con los internos.

Del total de comunicaciones realizadas hasta la fecha en la provincia de Cádiz, 1.621 se han notificado desde los órganos judiciales al centro penitenciario, mientras que 783 se han llevado a cabo desde las prisiones a los juzgados y tribunales.

Esta nueva herramienta informática, en cuyo desarrollo colaboran también el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Interior, tiene por objeto establecer un sistema seguro de envío y recepción entre los órganos judiciales y los centros penitenciarios. La aplicación de este sistema es de una gran utilidad para los órganos judiciales, ya que garantiza la seguridad de la información que contienen las comunicaciones y permite un ahorro de tiempo en los envíos y de los costes que acarrean,  suponiendo al mismo tiempo un alivio de la carga de trabajo que soportan los juzgados.

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El teléfono se ‘enreda’ desde Jerez


¿Quién ha dicho que en Jerez no se innova? El campo de las comunicaciones es un ejemplo. En el caso que nos ocupa, sólo hay que imaginar un servicio que permita disfrutar de las virtudes de la telefonía fija pero sin sus limitaciones. Y no hay que buscar muy lejos para encontrarlo. La  firma jerezana RGS Informática (www.rgsinformatica.com) está actualmente migrando a empresas de la telefonía tradicional a la denominada telefonía IP.

Esta consultoría de informática y comunicaciones es pionera en la zona en la implementación de una centralita que no existe físicamente, con el ahorro de costes, mantenimiento e instalación que ello conlleva. Tal circunstancia otorga al servicio enormes posibilidades, ya que los teléfonos IP se conectan directamente a la centralita virtual a través de Internet y, con la configuración  adecuada, puede disponerse de cuantos terminales (teléfonos IP) se necesiten en cada oficina.

El sistema requiere la contratación de tantas extensiones como teléfonos vayan a tenerse en la oficina, y portar los números telefónicos actuales al operador de voz sobre IP -si no queremos perder nuestro teléfono-, o contratar nuevos números de teléfono en caso de ser necesarios. Cada extensión tiene su propio canal de comunicación o línea, lo que significa que una empresa podrá estar manteniendo conversaciones simultáneas “con sus dos, cinco o tantos teléfonos de que disponga en su oficina”. Esto es algo que no ocurre con las líneas RDSI -explican desde RGS Informática-, ya que “si contratas una RDSI por 29 euros aproximadamente, que provee dos líneas o canales de comunicación, más los costes de las llamadas a fijos que suelen ser de un importe parecido al coste de la línea, “estarás desembolsando en torno a unos 60 euros por dos canales de comunicación y las llamadas a fijos de esos dos canales, pero en el momento que haya dos comunicaciones simultáneas, no se podrá llamar o recibir llamadas, y si además dispone de una centralita deberás asumir los costes de alquiler o reparaciones en caso de ser propietario de la misma”.

Tal hecho no ocurre con las centralitas IP, pues “no hay limitación en cuanto a canales de comunicación, ni tampoco limitación geográfica”. Tal es así que “puedo tener en mi oficina un teléfono, y otro en mi casa, conectado a la misma centralita. Desde mi casa puedo llamar al exterior, mostrando el número de mi oficina como remitente de la llamada, y recibir las llamadas que se hagan a la oficina también en el teléfono de mi casa”. Únicamente basta con configurar una extensión y el teléfono en nuestro domicilio particular.

MOVILIDAD

Desde la firma explican que las “opciones para empresas que tengan varias delegaciones son infinitas, ya que con este sistema es como si los teléfonos estuvieran  físicamente en la misma ubicación”. Además, permite “mejorar los servicios de la empresa y facilita la movilidad, ya que si me cambio de oficina, sólo tengo que volver a conectar el teléfono a Internet e inmediatamente dispongo del servicio”. Otra ventaja es que las comunicaciones son gratuitas entre las diferentes extensiones, independientemente del lugar en el que se encuentren, con lo que se puede hablar entre extensiones a coste cero, e incluso realizar conferencias entre todas o varias extensiones con el servicio de sala de conferencias, también de forma gratuita.

El teléfono móvil no queda excluido de este sistema, ya que, mediante una aplicación, puede configurarse en un smartphone una extensión de la centralita adicional, con el que estaría conectado a la oficina mediante la extensión asignada al teléfono móvil, “donde además puede hacer y recibir llamadas externas o internas (extensiones) como si estuviera en la oficina”.

“Los costes para un ejemplo típico de oficina con tres usuarios usando simultáneamente el teléfono sería de 25 euros al mes todo incluido (37 euros para cinco usuarios), siendo el ahorro mayor conforme más usuarios tenga una empresa. Y sin ningún tipo de compromiso de permanencia”, concluyen.

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Implantado en la provincia el primer sistema telemático de comunicación entre juzgados y prisiones impulsado por la Junta


La Consejería de Justicia e Interior ha implantado en la provincia de Cádiz el primer sistema informático integral para que los órganos judiciales puedan enviar directamente a las cárceles, vía telemática, las comunicaciones dirigidas a los reclusos. Esta novedosa herramienta informática agiliza y mejora la eficacia de las comunicaciones entre los centros penitenciarios y los órganos judiciales de la provincia.

Este Sistema de Comunicaciones Seguras puesto en marcha por la Junta ha permitido ya la realización de 86 comunicaciones entre las prisiones y los juzgados gaditanos, la mayoría relacionados con citaciones, traslados, liquidaciones de condena, mandamientos de libertad y otros asuntos que afectan a los reclusos.

Sin embargo, desde el pasado mes de junio se ha dado un impulso a este nuevo sistema con el uso generalizado de la aplicación en todos los órganos de la jurisdicción penal de Cádiz. Además, próximamente se va a extender también al centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, un uso que hasta ahora se limitaba a las prisiones Puerto I, Puerto II y Puerto III.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha puesto de relieve que con la implantación de estas nuevas herramientas “se están dando más pasos para que la Administración mejore su funcionamiento y su eficacia, al tiempo que se ahorran costes y se cumple el objetivo de ser más austeros”.

Como destaca López Gil, “los avances tecnológicos y las nuevas apuestas son un signo de este gobierno, que pese a la coyuntura actual no descansa en la búsqueda de soluciones que mejoren el trabajo de los profesionales de la justicia”. Tampoco olvida el beneficio que todo eso supone para la ciudadanía, “ya que ése es nuestro principal objetivo como lo demuestra también el esfuerzo que se hace por garantizar otros servicios como el de la asistencia jurídica gratuita”.

Almería, con 933 comunicaciones entre juzgados y centros penitenciarios, y Jaén, con 870, son las dos provincias que acumulan más notificaciones, ya que fueron las primeras donde se puso en marcha el Sistema de Comunicaciones Seguras. A continuación, les sigue Cádiz, y luego Málaga, con 56, Córdoba, con 54, Granada, con 49, y Sevilla, con 20.

La nueva herramienta informática, en cuyo desarrollo colaboran también el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Interior, tiene por objeto establecer un sistema seguro de envío y recepción entre los órganos judiciales y los centros penitenciarios. La aplicación de este sistema es de una gran utilidad para los órganos judiciales, a los que garantiza la seguridad de la información que contienen las comunicaciones, permite un ahorro de tiempo en los envíos y de los costes que acarrean, y supone un alivio de la carga de trabajo que soportan.

Una vez que haya sido plenamente implantada en todas las provincias andaluzas, el Sistema de Comunicaciones Seguras facilitará que exista una comunicación más fluida entre los órganos de la jurisdicción penal (Audiencias provinciales, juzgados de lo penal, instrucción, violencia, vigilancia penitenciaria y mixtos) y cualquier centro penitenciario.

Apuesta por las nuevas tecnologías judiciales

Este proyecto para mejorar las comunicaciones entre los juzgados y las cárceles forma parte de la apuesta del Gobierno andaluz por promover el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia en Andalucía, con el objetivo de mejorar el funcionamiento y ofrecer más agilidad y eficacia a este servicio público.

Este sistema se suma a otros proyectos tecnológicos impulsados por la Consejería de Justicia e Interior y que están cosechando resultados positivos, como es el sistema de comunicaciones judiciales vía telemática, Lexnet, el sistema de interconexión y consultas de los juzgados en el ámbito penal, “Eemat” o el nuevo sistema de gestión de documentación y archivos judiciales “Jara”.

La planificación tecnológica judicial está orientada ahora hacia la organización y distribución del trabajo que requerirá la futura implantación nueva oficina judicial y fiscal en Andalucía, sobre la base de dos objetivos fundamentales como son la interconexión de todos los órganos judiciales y la implantación del expediente judicial electrónico.

Con ese fin, la Junta está desarrollando el Nuevo Sistema de Gestión Procesal Adriano, que permitirá el paso del sistema de información actual, al que sólo pueden acceder los órganos judiciales ubicados en una misma sede, a otro conectado y digitalizado al que pueden acceder todos los juzgados y tribunales de la comunidad, desde el primer escrito hasta el archivo del expediente.

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Los profesionales claman por un sistema judicial “digno”


Los juzgados de Tomás García-Figueras han registrado un intenso movimiento desde el mediodía por la protesta en la que, por vez primera, han unido fuerzas los jueces, fiscales, abogados, secretarios y el resto del funcionariado con el fin de reivindicar un sistema judicial “digno” para profesionales y ciudadanos. Juntos, pero no revueltos, puesto que si bien el lema de la concentración llamaba a la unidad “contra el ataque a la independencia judicial”, los magistrados han querido hacer un aparte para desvincularse del resto, dejando claro que cada colectivo se mueve por sus propios intereses.

Así, el juez decano, Juan José Parra, ha querido puntualizar que, como ya publicara Reporteros Jerez, los profesionales que representa no son contrarios a una Ley de Tasas como tal, puesto que para descongestionar el nivel de litigiosidad sí se hace necesaria la imposición de una tarifa a la hora de interponer recursos. Sin embargo, los magistrados abogan por unas tasas “disuasorias” de cantidades que nada tienen que ver con los 1.200 euros que se han de pagar en algunos casos. Además de ello, Parra ha recordado las reivindicaciones de los jueces como la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria del Consejo y la Fiscalía, el aumento de la planta con jueces y fiscales o la determinación de la carga de trabajo.

La plataforma que aglutina a los diversos sindicatos del funcionariado público del sistema judicial, por su parte, sí ha puesto el acento en la “naturaleza abusiva y perturbadora” de la Ley de Tasas, mostrando su oposición a la privatización del Registro Civil, la falta de financiación y medios materiales y humanos y la ausencia de modernización de los juzgados. Esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas contra todo ello, incluyendo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que culminará el 19 de enero con la entrega de las rúbricas en el Ministerio de Justicia, junto con un apagón informático que tendrá lugar en toda la red nacional el 20 de diciembre.

El decano del Colegio de Abogados, Marcos Camacho, ha estado presente en la concentración y ha abogado por la unidad de todos los colectivos contra lo que considera una “degradación” del sistema por parte del ministro Gallardón, adalid de unas reformas que han indignado a todos por igual. Aunque reconoce que cada grupo profesional ha resultado perjudicado de una manera específica, ha insistido en la necesidad de hacer un frente común argumentando que “hoy no es el día para las reivindicaciones de cada uno”.

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Los profesionales de la Justicia unen sus fuerzas ante los juzgados jerezanos


Jueces, fiscales, secretarios, abogados, personal de administración… Todos ellos harán frente común el miércoles en los juzgados jerezanos de Tomás García-Figueras para protestar por lo que consideran “tropelías” contra el sistema como la nueva Ley de Tasas. Es la primera vez que la comisión interasociativa que reúne a los primeros se alía con la Plataforma de Justicia de Andalucía que representa al funcionariado, con el fin de reivindicar unos derechos que comparten todos. Como argumentan desde la citada plataforma, los profesionales “no pueden permanecer impasibles” ante una serie de medidas que ponen en peligro no solo sus puestos de trabajo sino también todo el sistema de garantías jurídicas.

En concreto, los perjudicados aluden a la “devastadora” Ley de Tasas, por la que se obliga al ciudadano a pagar unas tarifas “abusivas” para interponer recursos hasta ahora gratuitos, o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a su juicio les impone unas condiciones laborales “pésimas”. Junto a ello, aluden a la bajada de las retribuciones, la carencia de medios y de financiación, la falta de oposiciones, el despilfarro y la escasa modernización del sistema. Todo un rosario de argumentos que han llevado a los diversos colectivos a unir sus fuerzas en defensa del servicio público de Justicia, con un calendario de movilizaciones que arranca ya con una recogida de firmas en todos los partidos judiciales de la provincia.

Junto a ello, el miércoles 12 está prevista una multitudinaria concentración a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García-Figueras, que será llevada a cabo de manera simultánea en otras zonas cercanas como Cádiz y Algeciras. Otra de las protestas se producirá el próximo dia 20 en forma de apagón informático, que se realizará a las 12.00 horas en la red de los órganos judiciales de toda España. El calendario de movilizaciones tendrá su cita más importante el día 19, cuando una manifestación estatal culminará en el Ministerio de Justicia, con la entrega de todas las firmas recabadas.

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Los jueces jerezanos amenazan con ponerse en huelga ante los recortes del Gobierno


No corren buenos tiempos para el sistema judicial, que ha sufrido con especial intensidad los recortes emprendidos por el Gobierno. Ahora, a las protestas de los funcionarios se han sumado las de jueces y fiscales, que consideran usurpados sus derechos a raíz de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteadas por el Ministerio. Un indignado Juan José Parra, decano de los magistrados de la ciudad, compareció esta mañana tras la Junta General de Jueces y advirtió de que los profesionales adoptarán medidas drásticas contra lo que supone “un ataque a la independencia judicial”.

“Las propuestas de reforma de este ministro nos quitan la categoría de autoridad y nos convierten en peleles -sentenció-. No se trata de una reclamación salarial; sentimos que existen al menos cinco puntos en los que directamente se nos ataca”. En concreto, se refirió a la ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España, la falta de inversión en esta materia, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema y la carencia de un estudio real que determine la carga de trabajo en cada juzgado, dada la saturación existente.

Además de esto, también aludió a los recortes salariales y estatutarios “brutales” y a la “descoordinación general” en la gestión judicial, lo que ha llevado a que jueces de toda España se unan para hacer frente común en las protestas. En lo que se refiere a los 24 pertenecientes al Partido Judicial de Jerez, esta mañana acordaron por unanimidad que darán a las autoridades un margen de 15 ó 20 días para que reconsideren el Anteproyecto de Ley propuesto. Si sigue adelante, los magistrados emprenderán acciones de presión que empezarán con una huelga y paros de la actividad a lo que, según Parra, también se adherirán los fiscales por encontrarse en similar situación.

Todo ello, supondrá una paralización de la administración que tendrá importantes consecuencias para el ciudadano. “Se dará una situación bastante grave -reconoció el magistrado-. En este sentido lamentamos el perjuicio que ello pueda causar, pero tenemos que luchar porque las nuevas medidas supondrán un retroceso de todos los derechos ya conseguidos”.

 

 

 

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