Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, expertos en temas laborales como Valeriano Gómez, Concha Gutiérrez, Isabel López i Chamosa y Manuel de la Rocha estudiarán la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERE del Ayuntamiento de Jerez y vendrán a la ciudad a reunirse con los afectados antes de que interpongan las demandas individuales. Así se lo han transmitido a la diputada jerezana Mamen Sánchez en el transcurso de una reunión en el Congreso. 

Los diputados socialistas están a la espera de que se conozca  la sentencia del Tribunal Supremo, la primera que va a tener lugar en España sobre un ERE que aplica una administración pública y que puede estar acompañada de varios votos particulares, “algo excepcional e indicativo de las discrepancia que se han podido producir en el debate jurídico”, comenta la diputada jerezana. Será a partir de ver la sentencia y de conocer la concurrencia de los hechos y las causas, cuando los socialistas estudiarán cuáles son los contenidos más destacados que se pueden argüir en las demandas individuales.

Mamen Sánchez ha agradecido a sus compañeros la total disposición para desplazarse a Jerez con el fin de mantener una reunión con los trabajadores afectados y poder exponerles sus conocimientos en este tipo de procedimientos, por si a cada uno de ellos les puede ser útil en sus demandas individuales.

Sánchez mostró su incredulidad y su rechazo por que el Ayuntamiento haya gastado en junio casi 900 000 euros en gratificaciones, horas extras, productividad… “¿No decía la alcaldesa que no había dinero? Sí lo hay, la cuestión es dónde lo gasta. Ya sabemos cuáles son las prioridades de Pelayo. No son las barriadas, los colegios, los parques, las calles, poner en marcha planes de empleo para los casi 34 000 jerezanos que no tienen trabajo, arbitrar medidas para ayudar a las decenas de miles de personas que están en la pobreza… no, el dinero, que lo tiene, lo gasta en otras cosas”.

Los diputados han aprovechado la reunión para volver a criticar la reforma laboral del PP a la que califican como “uno de los mayores ataques al derecho del trabajo que ha permitido los contratos de extinción en la administración pública y la que ha judicializado las relaciones laborales”. A juicio de Valeriano Gómez “lo más efectivos en el mundo laboral son los acuerdos que nacen de la libertad negociadora de las partes y eso está desapareciendo”.

Los socialistas también han denunciado que a la reforma laboral, que devalúa los derechos de los trabajadores, el Gobierno está añadiendo “un ataque directo a todas las medidas que exteriorizan los conflictos laborales, tanto las manifestaciones, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, como las huelgas, mediante la aplicación coordinada del artículo 315.3 del Código Penal.  Por ello, el PSOE  empieza por instar al Gobierno a garantizar que el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores “no sea vaciado de contenido por mor de la actuación concertada del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, a través de las fuerzas de Seguridad y el Ministerio Fiscal, privando a los trabajadores de un instrumento legítimo y necesario en defensa de sus intereses”.

La diputada nacional Mamen Sánchez se ha comprometido con los despedidos en el ERE del Ayuntamiento a abordar la actual situación y analizar con expertos del Grupo Socialista del Congreso  la sentencia del Tribunal Supremo, un compromiso adquirido en el transcurso de una reunión que le fue demandada por los trabajadores, y en la que estuvo acompañada de dos miembros del Grupo Municipal Socialista, Luis Flor y Ainhoa Gil. Sánchez explicó que ha habido otras sentencias, favorables a los trabajadores, en procesos muy similares al vivido en Jerez. Destacó, entre ellas, la de la empresa pública Tragsa, en la que la Audiencia Nacional dio la razón a los empleados, al entender que no se habían respetado los méritos y las capacidades de los trabajadores a la hora de decidir a quiénes se despedía y a quiénes no. 

Según la diputada socialista, “la Audiencia Nacional, habla  en la sentencia de  Tragsa de la  obligatoriedad de exigir a las administraciones públicas una precisión mucho mayor que a cualquier empresa privada a la hora de elegir a los afectados, con el fin de anular cualquier posibilidad de adoptar decisiones arbitrarias o discrecionales”.

“Hay que recordar que el despido de los 260 trabajadores municipales se lleva a cabo porque el Ayuntamiento se acoge, voluntariamente, a un plan para pagar a los proveedores. Por supuesto, los proveedores tienen todo el derecho a cobrar, pero lo que no se puede hacer es sacrificar a 260 familias para ello. La primera medida que Pelayo ofreció al Ministerio fue despedir trabajadores; otros ayuntamientos, no obstante, han puesto planes de ajuste en marcha sin que hayan despedido a nadie”, señala  Mamen Sánchez.

La diputada Jerezana  se ha comprometido  con los trabajadores a mantenerles informados de cuantas gestiones lleve a cabo, así como a participar en la plataforma que crearán los afectados por el ERE.

Los representantes de los trabajadores agradecieron a la diputada nacional y al PSOE su apoyo, “fundamental para desmontar ante la opinión pública la farsa que ha sido este ERE”. Señalaron que las consecuencias del fallo del Tribunal Supremo son “gravísimas”, por cuanto abre la puerta a que se adopten medidas similares en cualquier ayuntamiento de España, además de frenar las contrataciones.

Los afectados, que anunciaron a la diputada y a los concejales socialistas que se constituirán en plataforma en unos días, también lamentaron que el ERE haya supuesto que Jerez se encuentre peor atendida, que los ciudadanos tengan peores servicios y que se estén dando casos de privatización.

El candidato a la Alcaldía de Foro Ciudadano de Jerez, Raúl Ramírez, ha anunciado este martes el compromiso “desde ya” de esta organización política para readmitir en su puesto de trabajo del Ayuntamiento a todo aquel empleado afectado por el ERE municipal perpetrado por el PP que en la vía jurídica individual logre que su despido sea declarado improcedente o no ajustado a derecho. Porque, entre otras cosas, “Jerez no es ni será nunca el cortijo de María José García-Pelayo para hacer y deshacer a su antojo”. 

“Queremos dejar claro ante la opinión pública nuestro posicionamiento radicalmente contrario a que un Ayuntamiento pague con dinero público despidos improcedentes, por lo que los afectados tienen que saber desde este momento que no solo nos opondremos de manera frontal sino que, si depende de este grupo político, y esperemos que así lo quieran los jerezanos, estos trabajadores serán readmitidos el día después de que se conozca la sentencia”, ha expresado Ramírez, quien entiende que este anuncio ofrece “certidumbre” y “garantía jurídica” a decenas de padres y madres de familia que viven una situación “terrible y desoladora” al haber sido “dañados por una decisión injusta, desproporcionada y sectaria”. “Aunque el PP se empeñe en destrozar y denostar a los empleados municipales, éstos son tan trabajadores como cualquier otro”, ha añadido, para a continuación afirmar: “Más quisieran muchos componentes del gobierno del PP haberse dedicado en cuerpo y alma a Jerez como lo ha hecho nuestra plantilla municipal”.

Ante los medios, Raúl Ramírez ha recordado que la alcaldesa Pelayo y su equipo de gobierno acumulan en este año tres sentencias por vulneración de derechos fundamentales de otros tantos funcionarios por nombrar altos cargos a dedo, y al menos otras tres sentencias en contra por despidos improcedentes, en la FAR, en el PTA y de una antigua trabajadora de Jereyssa. En estos tres casos, ha dicho, “el PP ha optado por pagar mayor indemnización en lugar de readmitir a estos trabajadores a los que la Justicia les ha dado la razón”. Del mismo modo, ha proseguido, “en lo que va de legislatura han pasado por Personal hasta siete directores de departamento, y los seis primeros han ido dimitiendo en cascada en vistas de las tropelías que se estaban cometiendo y las que quedaban por llegar”. “El PP argumentará lo que quiera y podrá escudarse en lo que quiera pero lo cierto es que la alcaldesa Pelayo colocó a 307 trabajadores en el año y medio que estuvo en la Alcaldía con anterioridad, todo un récord en tan poco tiempo, y en estos tres años de legislatura los ha salvado de la quema de su ERE y ha provocado el mayor caos en recursos humanos de la historia democrática de este Ayuntamiento”, ha enfatizado en su comparecencia pública.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha convalidado este miércoles la extinción colectiva de contratos en el Ayuntamiento de Jerez, al entender que existe “causa económica por insuficiencia presupuestaria y financiera” según la Ley 3/2012. En un comunicado, el TS recuerda que en el recurso relativo al expediente de regulación de empleo (ERE), que afectó a 260 trabajadores sobre un total de 1.305, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había declarado no ajustado a derecho el cese por insuficiencia de los criterios de selección de los afectados.

El Supremo ha estimado el recurso presentado por el Consistorio jerezano y declara “ajustado a derecho” el despido por estimar “suficientes” los criterios invocados y por apreciar causa económica según la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores introducida por la Ley 3/2012.

Esto es insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes, a la vista de la situación económico-financiera del Ayuntamiento según los hechos declarados probados.

El Gobierno local considera “muy importante” que la sala de lo social del Tribunal Supremo haya estimado y declarado “ajustado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Ayuntamiento de Jerez. En el comunicado remitido por el Tribunal Supremo al Ayuntamiento de Jerez y enviado a los medios de comunicación, se admite el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) “por estimar suficientes los criterios invocados y por apreciar causa económica según la Disposición Adicional Vigésimo del Estatuto de los Trabajadores introducida por la ley 3/2012 a la vista de la situación económica-financiera del Ayuntamiento según los hechos declarados probados”.

El Ejecutivo recuerda que “ésta fue una medida dolorosa que hubo que tomar ante la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, siendo absolutamente necesaria y no arbitraria”. A la espera de que se notifique la sentencia, el Gobierno local destaca la importancia de la decisión del Tribunal Supremo ya que evidencia “que el ERE fue ajustado a derecho, y que, por tanto, este se hizo cumpliendo la ley, sin que se produjese arbitrariedad alguna”.

El Gobierno local lamenta “las descalificaciones vertidas por los partidos de la oposición desde que se conociera la sentencia del TSJA” y pide “respeto” en un asunto tan serio como es el tener que haber realizado un ERE en el Ayuntamiento “por una situación que podía haberse evitado si los gobiernos anteriores hubieran gestionado con control del gasto”.

La portavoz municipal de Foro Ciudadano de Jerez, Rocío Montero, ha salido al paso del nuevo “dispendio” y “disparate contable” del gobierno local al aprobar un gasto de más de 600.000 euros de dinero público para contratar a notificadores para Jereyssa. Según señala, en pleno proceso de absorción de la empresa de recaudación y servicios por el Ayuntamiento, un consejo de administración de dicho ente público aprobó el pasado lunes los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación del servicio de notificaciones de Jereyssa para este año y el próximo ejercicio. Una decisión que “ni compartimos, ni entendemos, sobre la que ya votamos en contra el pasado año, y sobre la que volvemos a oponernos frontalmente”, ha mantenido la concejala y diputada de Foro. En este punto, ha añadido que es “totalmente incoherente e ilógico que se haya despedido a 260 empleados públicos del Ayuntamiento con el ERE arbitrario del PP y Pelayo, y ahora se quiera contratar, aunque sea externamente, a más de 20 personas para que acometan esta función”.

“El gobierno local ha martilleado a la opinión pública hablando una y otra vez de que sobraba personal en el Ayuntamiento y que la plantilla estaba sobredimensionada, pero una y otra vez se demuestra que el problema es organizativo y que, en todo caso, quienes van sobrando son los representantes del PP, que prácticamente no dan una en la mayoría de decisiones importantes que adoptan”, ha recalcado Rocío Montero. El pliego de condiciones, que está ‘colgado’ en la web de Jereyssa, recoge una partida de 545.710 euros (más IVA) para dos años por el mencionado servicio de notificaciones para la empresa municipal, lo que pone de relieve una vez más que “el PP se ha empeñado de desmantelar el Ayuntamiento y entregar por piezas toda la gestión a manos privadas”. “Es indecente dedicar esta cantidad en dos años (más de 100 millones de las antiguas pesetas) a nuevas contrataciones cuando se está esperando la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERE que promovió y ejecutó la alcaldesa García Pelayo hace más de año y medio”, ha mantenido.

“Si en estos momentos aún desconocemos, porque nadie del gobierno local es capaz de explicarlo razonadamente por qué tanto empeño en liquidar una empresa modélica y con unas cotas de excelencia tan elevadas como Jereyssa, menos lógico es todavía que se quiera contratar a personal externo mientras se han producido despidos masivos en el Ayuntamiento y se le ha dado un buen tajo a la nómina de los empleados de Jereyssa en estos años”, ha profundizado Rocío Montero. Desgraciadamente, ha dicho, estas prácticas “no son ni mucho menos nuevas”, si bien “es verdad que de un tiempo a esta parte el equipo de gobierno popular está desatado y ha emprendido una política de tierra quemada que va a dejar al Ayuntamiento como un páramo de cara al futuro equipo de gobierno que sustituya al actual, claramente incapacitado políticamente como vemos una y otra vez para llevar a Jerez a la senda de la recuperación”.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, y el subdelegado del gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, han recibido en el Ayuntamiento al delegado sindical de la empresa Buytrago en Jerez, Joaquín Vega, y al secretario local de Comisiones Obreras, Rafael Tejada.

Los trabajadores de la empresa, dentro de la ronda de contactos que están manteniendo con instituciones y partidos políticos, le han dado toda la documentación y han informado a la alcaldesa y al subdelegado del Gobierno de la situación en la que se encuentra actualmente la empresa de transportes. También les han informado de los contactos que se están manteniendo en la Mesa de Negociación con la empresa.

Ambas partes se han comprometido a mantener reuniones periódicas, en las que el comité de empresa informará puntualmente a la alcaldesa y al subdelegado del Gobierno del resultado de las negociaciones que se vayan manteniendo con la empresa. Igualmente, ambos dirigentes se han ofrecido a participar en las reuniones que mantengan los trabajadores con las distintas administraciones.

Los representantes del comité  han informado también a García-Pelayo y a Javier de Torre que el ERE de carácter extintivo planteado por la empresa afecta a casi mil trabajadores a nivel nacional y a 600 trabajadores autónomos independientes. En la delegación jerezana son medio centenar los trabajadores afectados, entre los 37 de carácter fijo y 15 autónomos.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha librado un exhorto al juzgado decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a fin de que, a la vista del informe médico aportado, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos sea reconocido por un médico forense “para que informe si el mismo puede comparecer” en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a fin de recibirle declaración como imputado “atendidas sus condiciones físicas y cognitivas”. En un auto la magistrada Mercedes Alaya toma esta decisión después de que el abogado de Ruiz-Mateos, Marcos García-Montes, haya elevado un escrito al Juzgado en el que asegura que su cliente “sufre graves problemas físicos y de salud que le imposibilitan desplazarse” a Sevilla, por lo que pide que se le tome declaración en los juzgados de Pozuelo de Alarcón “al ser el mismo el más cercano a su lugar de residencia”. En el auto, la juez acuerda también suspender “por ahora” la comparecencia de los peritos de la Intervención General del Estado prevista inicialmente para el próximo 1 de abril.

Izquierda Unida ha querido mostrar su más absoluto rechazo al ERE extintivo que pretende la empresa de transportes Buytrago, con los efectos que éste tendrá en los trabajadores de su delegación en Jerez, y su máxima solidaridad con los empleados afectados por esta medida, “que es consecuencia de una reforma laboral que, lejos de perseguir el objetivo de la creación de empleo, facilita despidos como los que Buytrago planea llevar a cabo”.

Tras la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores de la empresa en la ciudad, IU Jerez se pregunta si el sorprendente descenso de la actividad (el lunes de realizaron 900 expediciones, el martes sólo 100 y hoy apenas fueron cinco) “responde al propósito de encontrar una justificación al ERE que la empresa parece acometer sobre su plantilla en Jerez, desviando el trabajo a otras agencias de forma deliberada con objeto de reducir la carga de trabajo de su personal en la ciudad”.

Por último, Izquierda Unida Jerez condena la forma de proceder de la empresa, “tomando decisiones sin informar debidamente a los legítimos representantes de los trabajadores y sumiendo al conjunto de la plantilla en Jerez (32 trabajadores contratados y 18 subcontratados) en la más absoluta indefensión e incertidumbre”.

Transportes Buytrago prevé plantear un expediente de regulación de empleo (ERE) este próximo lunes a los sindicatos con presentación en la compañía, que temen que el ajuste pueda afectar a la práctica totalidad de la plantilla de la empresa, compuesta por algo más de mil empleados directos. En Jerez, concretamente, cuenta con 32, además de 18 autónomos, una plantilla que, lógicamente, teme ahora por su futuro laboral.

La empresa, que ha cesado su actividad, presentará este ajuste después de que se haya acogido al preconcurso de acreedores.

Los sindicatos confían en que en la reunión prevista para el lunes la compañía detalle la situación que atraviesa la empresa y sus planes de futuro, con la esperanza de que presente un plan de viabilidad.

La empresa se ha enfrentado a un repentino cese de actividad de transporte por la falta de contratación de los clientes habituales. La plantilla jerezana ya había denunciado la incertidumbre que padece a causa de esta situación.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha remitido hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la información relativa a las contrataciones realizadas para la promoción de la ciudad en Fitur 2004, con informes del secretario general del Ayuntamiento certificando que se ajustaban a la legislación, así como el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se dispone el archivo de la causa. Por otro lado, la regidora ha solicitado a la presidenta de la Junta de Andalucía que le remita  información de interés para todos los jerezanos como es la documentación relativa a los Expedientes de Regulación de Empleo en empresas de la ciudad que están siendo investigados por la jueza Alaya, así como los expedientes relacionados con el Plan Bahía Competitiva.

En el escrito remitido hoy la alcaldesa expresa que tras las declaraciones realizadas públicamente por la presidenta de la Junta, y a pesar de no haberse recibido ninguna petición formal al respecto, se le envía la documentación relativa a la participación de Jerez en Fitur 2004 “para que usted tenga conocimiento de los mismos y así poder eliminar la dudas que manifiesta tener en los medios de comunicación”.

La regidora explica en la carta remitida hoy que “en los documentos que le envío, adjunto el auto del juez de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con fecha de 30 mayo de 2011, en el se dispone el archivo de la causa por “inadmisibilidad y, subsidiariamente por desestimación”.

En el mismo auto, en su punto décimo, se expresa textualmente que “no aparecen indicios suficientes para imputar delitos a María José García-Pelayo”. Asimismo, este auto aclara que “no basta una mera irregularidad administrativa o la discordia interpretativa de las normas, porque sí así se hiciera se correría el riesgo de criminalizar toda la actividad administrativa”.

La  documentación remitida hoy a Susana Díaz incluye informe del secretario general del Ayuntamiento y, a su vez, secretario del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, sobre la contratación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2004, en el que se concluye que “el procedimiento para la contratación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2004, se adecua a la legislación vigente”. Asimismo se adjunta un segundo informe relativo a la contratación de los servicios de acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid con ocasión del espectáculo ecuestre a celebrar durante FITUR 2004. El citado informe, firmado también por el secretario general del Ayuntamiento, acredita que el procedimiento para la contratación de los servicios mencionados “se adecua a la legislación vigente”.

Toda esta documentación ha sido remitida junto a una carta en la que la alcaldesa solicita por escrito y formalmente a la presidenta de la Junta que remita al Consistorio toda la información sobre los expedientes de regulación de empleo en empresas de la ciudad, “atendiendo a la importante repercusión social de las causas y, por la directa vinculación de fondos públicos con la generación de empleo en la ciudad”.

En la carta enviada hoy, la regidora solicita a la presidenta de la Junta “que remita a este Ayuntamiento los expedientes de tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo que se llevaron a cabo en empresas jerezanas y que están siendo investigados por la juez Alaya con numerosas imputaciones de responsables técnicos y políticos de la Junta de Andalucía, así como los expedientes relacionados con el Plan Bahía Competitiva por el que fondos públicos destinados a la generación de empleo supuestamente fueron desviados a otros fines y por el que también se encuentran imputados responsables técnicos y políticos de la Junta de Andalucía”.

Información al grupo municipal de IU

Asimismo, en el día de hoy, y en respuesta a su escrito de 5 de marzo, se ha remitido al portavoz del grupo municipal de IU, Joaquín del Valle, tanto el auto de 30 de mayo de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que  se declara la inadmisión de la denuncia formulada contra el Ayuntamiento de Jerez por las contrataciones realizadas para Fitur 2004, el informe del secretario del Ayuntamiento que señalaba que “cabe concluir  que el procedimiento para la contratación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2004 se adecua a la legislación vigente”.

El portavoz del Gobierno, Antonio Saldaña, ha adjuntado a esta documentación un escrito en el que se recuerda a Joaquín del Valle que IU formaba parte de la Corporación en 2004 y que  destaca que “como tal, tenía un vocal representante en el Consejo Rector del Organismo Autónomo Instituto de Promoción de la Ciudad. Con fecha 24 de marzo de 2004, se celebró sesión del mismo, a la que su representante estuvo citado y, en consecuencia tuvo a su disposición, desde el momento de la convocatoria, los expedientes que fueron objeto de tratamiento en la sesión”.

También se le ha remitido a Joaquín del Valle una copia de la carta enviada hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía “con el ruego de que a través de su Partido Político, en coalición de gobierno con el Partido Socialista de Andalucía, facilite que por parte de la Junta de Andalucía se ponga a disposición de este Ayuntamiento la información allí requerida”.