La Federación de Vecinos Solidaridad ha propuesto la presentación de una moción contra el proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, moción que llevará al próximo pleno municipal el grupo de Izquierda Unida por la vía de urgencia. Según explican desde el colectivo vecinal, la futura ley -que sigue su trámite en el Senado- “echa por tierra derechos que los ciudadanos hemos conseguido en ciudades como Jerez. Prácticamente nos pueden expropiar nuestras azoteas para colocar antenas”.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Jerez sobre la legalidad de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en una nueva sentencia que, según informa el propio Consistorio a través de un comunicado, ”desestima en su totalidad el recurso presentado por un ex empleado municipal”. Y apunta al respecto que “se trata de la cuarta sentencia en este sentido, tras los recursos interpuestos anteriormente”.

La sentencia, con fecha 7 de abril de 2014, se reitera en los argumentos que fundamentan las tres sentencias anteriores del TSJA, esto es, que ha existido negociación real de la RPT por lo que no se ha vulnerado el derecho de negociación de los sindicatos y que la constitución de la Mesa General de Negociación se ha ajustado a Derecho.

El Alto Tribunal estima igualmente que es correcta la utilización indistinta de puestos para funcionarios y laborales y considera que todos los puestos están suficientemente valorados de manera individualizada.

La principal novedad de la sentencia dictada por el TSJA se refiere a que desestima la pretensión del demandante que reclamaba un puesto en la ‘categoría de técnico’, a pesar ser auxiliar administrativo, ya que había asumido esas funciones. El Tribunal niega que pueda prosperar esa pretensión ya que “la RPT no es un instrumento para cambiar de grupo profesional”.

El delegado de Seguridad y Personal, Javier Durá, declara a este respecto que “la RPT no puede corregir de manera automática situaciones que son fruto de la desorganización en materia de personal arrastrada durante años”.

Durá también reitera que la “RPT es un documento que permite establecer un marco legal que permite una respuesta ajustada a derecho a través de la promoción interna por lo que se está trabajando desde la delegación de Personal para poner en marcha los procesos oportunos”.

Cabe recordar que en el plazo de alegaciones de la RPT, muchos empleados municipales solicitaron el cambio de grupo profesional en base a la realización de funciones de mayor nivel o por estar en posesión de titulaciones académicas superiores. Estas alegaciones fueron desestimadas por el Ayuntamiento por la misma razón que ahora confirma el TSJA en su sentencia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor del Ayuntamiento en el recurso de apelación interpuesto por Urbanos Amarillos contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez dictada el pasado 23 de julio de 2013. Cabe recordar que la citada sentencia estimó parcialmente el acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jerez por el que se acordaba requerir a Urbanos Amarillos al cumplimiento de sus obligaciones de pago asumidas en el contrato de ‘Gestión del Servicio de Transporte Colectivo de Jerez de la Frontera’, manteniendo la obligación del pago de los autobuses adquiridos al Ayuntamiento (en el momento de la firma del contrato de concesión) así como la amortización en 15 años del canon de amortización.

El recurso de apelación interpuesto por Urbanos Amarillos se realiza respecto de la obligación de abono de los 1,9 millones de euros correspondientes a la compra de la flota de vehículos del servicio existente en el momento de la firma del contrato para hacerse con la concesión en 2011. En su recurso, mantiene que debe abonar dicho importe pero no en el momento inicial de la firma del contrato, sino en el plazo de 12 años, según su oferta económica, habiéndose producido la adquisición desde la firma del contrato, si bien el pago se va a producir en los primeros 12 años de la concesión, sin que la base 21 del pliego de condiciones defina cuándo debe producirse el abono.

El TSJA, según se recoge en la sentencia, afirma que “no se discute en el caso de autos la obligación de adquirir 18 autobuses de la flota” que tiene Urbanos Amarillos, “como así se expresa en la cláusula tercera del contrato firmado y en las cláusulas 21 y 24.16 del pliego de condiciones, quedando fijado el precio en 1,9 millones de euros”. De esta manera, reza la sentencia del TSJA, “teniendo Urbanos Amarillos la obligación de adquirir los autobuses, debe entenderse, a falta de especificación de plazo para dicho pago en el contrato y en el pliego, que el pago debe efectuarse a la firma del contrato” para añadir además que “en el momento que se perfecciona el contrato y se adquiere la titularidad de los autobuses, como indica Urbanos Amarillos que se ha producido, surge la obligación del pago del precio, por lo que el recurso debe ser desestimado”.

El TSJA ha procedido asimismo a imponer las costas del proceso a Urbanos Amarillos.

Cabe recordar que el juzgado de lo Contencioso desestimó el pasado 26 de diciembre de 2013 el recurso de Urbanos Amarillos contra el secuestro del servicio de autobuses urbanos por ajustarse éste a derecho.

La sentencia consideró que no hubo indefensión de la concesionaria y que el Gobierno local actuó para preservar un servicio esencial para la ciudad. La ejecución del secuestro del servicio se llevó a cabo en mayo de 2012 para dar normalidad y estabilidad al mismo.

El importe de esta adquisición de 21 autobuses Iveco Pegaso, tras un proceso de subasta pública en el que el Ayuntamiento de Jerez fue pionero, fue de 200.000 euros y contribuyó a la mejora sustancial en la prestación del servicio y a la puesta en marcha de la nueva red de líneas a finales de diciembre de 2012.

Dicta el dicho popular que ‘dos no se pelean si uno no quiere’. En el entorno futbolístico jerezano los dimes y diretes entre el Xerez CD y el Xerez DFC no ha llevado la sangre al río en ningún momento por la diplomacia que los protagonistas ha puesto en momentos puntuales. Sin embargo, el buen estar puede estar próximo a romperse. Leer noticia completa

La Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur han hecho balance del primer año de la privatización del servicio del agua en Jerez. A través de un comunicado, aseguran que “se confirma la única razón que movió al equipo de gobierno popular, para vender Ajemsa; la de hacer “caja fácil” para invertir en campaña electoral, a sabiendas de la difícil situación que vive la ciudad y de la hipoteca que supone a todos los jerezanos, un pago extra que montará más de cuatro mil euros, en los próximos 25 años”.

A solo un año de la privatización de Ajemsa, las consecuencias negativas para Jerez se hacen notar de forma sustancial. “Aun no es nada con lo que nos espera, es solo la punta de un enorme iceberg que nos llevará al naufragio a todos los ciudadanos”, han afirmado.

Para esta Coordinadora, los daños se apuntan en distintas vertientes:

Menos calidad del servicio en general: se han dejado de cubrir trabajos de mantenimiento cotidianos que antes se ejecutaban desde Ajemsa, directamente a los usuarios y han centralizado operaciones de cobros, recobros y trámites ordinarios, de forma que los jerezanos tienen que desplazarse más y hacer grandes colas, en una oficina mal ubicada, con problemas de acceso y aparcamiento.

Pérdida de empleo y de derechos laborales: esta privatización se ha cobrado ya varios puestos directos de trabajo y ha provocado regulaciones de empleo en empresas con servicios de mantenimiento subcontratado con Ajemsa. Se han cargado el Convenio Colectivo conseguido por la plantilla, durante décadas, para acabar en el Convenio Marco Nacional de Aguas, a mucha distancia del existente y que no llega ni a mileurista. Además de no reconocer el obligado Plan de Pensiones, como tal.

Aumento de los recibos: la carga de imposición de pago a los ciudadanos en la “factura del agua”, ha supuesto el 25% de incremento, desde que la señora alcaldesa iniciara el proceso de privatización, a principio de 2012, por lo que una familia media de cuatro miembros que pagaba habitualmente unos 55 – 60 euros, no consigue actualmente bajar de los 80 euros. Primero fue una subida de la recogida de la basura domiciliaria del 50%; más tarde una subida a todo el recibo del 3,4%, sin justificación técnica de equilibrio de costes reales, como antesala generosa, a la firma de la licitación con la empresa privada; el pago obligado del IVA a conceptos que antes por ser pública, no se imponía, sobre alcantarillado y depuración de las aguas y por último la subida del IPC del 2013, a partir de enero del 2014.

Deshumanización del servicio: el trato o relación con los usuarios, convertidos desde la privada en meros clientes, se ha deformada considerablemente, hasta el punto de perderse la cercanía entre sus operarios y la ciudadanía y deteriorarse su imagen, hasta el extremo de haberse dado “casos de amenazas o aptitudes agresivas y violentas hacia su plantilla”, sobre todo en los que hacen tareas de procesos de corte de suministros por débito. En este proceso, los cambios han sido muy bruscos y donde antes los avisos, así como los aplazamientos eran repetitivos y persuasores, por teléfono y con visitas a los domicilios; ahora, la empresa privada, ajustándose a norma, solo espera los quince días previstos y ejecuta sin miramiento.

La Coordinadora entiende que “el Ayuntamiento sigue siendo quien tiene la competencia, aunque haya vendido la gestión, por lo que es el que tiene que garantizar a sus ciudadanos todos los derechos reconocidos como tal y el del agua es un hecho confirmado en la mismísima Organización de las Naciones Unidas, por lo que la gestión del agua urbana tiene en todo momento que ser auspiciada por las ordenanzas y decretos municipales; no puede delegar en una empresa privada tal competencia. Significa que, tiene que administrar este servicio de forma que el derecho al agua, llegue a todos sus ciudadanos sin discriminación alguna; apoyado en el principio que le otorga y obliga esa competencia legal, en el derecho de los ciudadanos y en el desarrollo del Pliego de Condiciones”, continúan.

Denuncia esta coordinadora que el Pliego de Licitación con Aqualia ha sido violado en lo que llevamos de privatización. “Más bien es una responsabilidad que demandamos a la alcaldesa por no haber creado la STM, unidad de vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Pliego y que se recogía en la misma redacción del mismo; por otro lado, la Alcaldesa ha regalado a Aqualia tres sueldos que puede montar más de trescientos mil euros anuales, asumiendo tres altos cargos que obligatoriamente por cumplimiento del Pliego, tendría que haber tomado Aqualia. En cuanto a la propia empresa privada, denunciamos que haya pasado un primer año de contrato, sin haber invertido un solo euro en mejora de infraestructuras, habida cuentas de que el Pliego bien que recogía que se invertiría un millón de euros cada año; consideramos una falta grave que debiera conocer de primera mano la alcaldesa, por lo que su silencio le hace cómplice del incumplimiento de Pliego”.

La Junta de Gobierno Local extraordinaria ha aprobado una primera fase del proyecto de remodelación del Cementerio Municipal, que es una de las tres grandes actuaciones recogidas en el convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura con un importe global de 5,3 millones de euros. Esta primera fase consiste en la construcción de dos nuevos bloques de 210 nichos cada uno, con un presupuesto aproximado de 200.000 euros.

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La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha afirmado que el Ayuntamiento ha cuadriplicado la atención de los Servicios Centrales de Servicios Sociales con más personal porque la falta de respuesta de la Junta de Andalucía a los problemas de la ciudadanía ha hecho que la situación actual sea complicada. Los recortes de la Junta “han provocado que la ciudadanía se dirija a los Servicios Sociales municipales porque son los únicos que dan repuestas, y que la situación sea complicada”, ha afirmado.

En este sentido, la delegada ha recordado que los recortes de la Junta están haciendo mella en la intervención social. Por ejemplo, “la transferencia para la contratación de personal para la atención a las personas en situación de dependencia es 183.103 euros en 2014. No ha variado respecto a 2013 pero sí varía con respecto a 2012 cuando la Junta aportaba 354.888 euros, es decir estamos sufriendo un recorte de 171.785 euros menos”, ha explicado. Esta política de “tijeretazos de la Junta”, ha subrayado Isabel Paredes, también afecta al servicio de ayuda domicilio. “La Junta ha emitido una resolución de 2.245.160 de euros para el primer semestre de 2014, pero al día de hoy ni siquiera ha pagado el primer bimestre del servicio que asciende a 723.184 euros”, ha añadido.

Otro ejemplo del recorte de la Junta es el que afecta  a los equipos tratamiento familias con menores. “Hemos perdido 23.670 euros en este convenio que tenemos con la Junta, porque el presupuesto de un presupuesto de 290.088 en 2013 hemos pasado a un presupuesto de 266.418 en 2014″.

En base a esta situación, Isabel Paredes ha criticado la falta de respuesta del Gobierno autonómico a las demandas de la ciudadanía en temas sociales como la aprobación de una renta básica (Andalucía y Canarias son las únicas comunidades que no la poseen), una nueva Ley de Servicios Sociales con itinerarios de inclusión social, demandas que sumadas a la anulación de la convocatoria de subvenciones, a la falta de concertación de plazas asistenciales y al impago de las subvenciones del tejido asociativo “han provocado que la ciudadanía se dirija al Ayuntamiento para resolver sus problemas”, ha reiterado. El último ejemplo “es el desbarajuste creado con el decreto de exclusión social; estamos esperando que la Junta nos facilite un mecanismo, un nuevo decreto para poder hacer un programa específico para estos desempleados”.

La delegada ha lamentado que después de más de 30 años de Gobierno del PSOE en Andalucía “tengamos una administración que no da respuestas a la situación económica que ellos mismos han generado”. “El grupo municipal socialista se tiene que preguntar por qué la ciudadanía de Jerez viene a solicitar soluciones y respuestas a sus necesidades al Ayuntamiento. La contestación es muy sencilla: ante la dejadez de la Junta el Ayuntamiento es el que está dando respuestas”. La delegada ha pedido al grupo municipal del PSOE que construya, “si quiere de verdad atender a las demandas de la ciudadanía y que pida a la Junta de Andalucía que censen los recortes”, ha insistido.

La delegada demanda un ejercicio de sensatez al grupo de la oposición ya que “si de verdad quiere ayudar los ciudadanos más desfavorecidos todavía está tiempo de empezar a presentar proyectos e iniciativas que ayuden a sumar esfuerzos; su actitud actual ni beneficia ni redunda en el bienestar de los ciudadanos”, ha apostillado.

La visita oficial al Ayuntamiento de Jerez por parte de la directiva, cuerpo técnico y jugadores del Xerez Deportivo FC tuvo lugar esta tarde. Siguen así los actos y compromisos tras lograr el cuadro xerecista el domingo el ascenso de categoría a Primera Provincial.  Leer noticia completa

La alcaldesa, María José García-Pelayo, y Francisco Romero Caballero, en calidad de representante legal de Fyser XXI (o Grupo Romero Caballero) han suscrito un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Escuela Profesional de Hostelería de Jerez, con el fin de que 15 alumnos de este centro de formación puedan realizar prácticas en el VIII Salón Internacional de los Vinos Nobles, Vinoble 2014, que se celebrará desde el 25 al 27 de mayo en el Conjunto Monumental del Alcázar.

Según este convenio entre el Ayuntamiento y la Escuela Profesional de Hostelería de Jerez, aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado mes de febrero, la formación práctica de estos alumnos, estará respalda por personal docente de la Escuela Profesional de Hostelería y se centrará especialmente en los aspectos relacionados con los vinos y su servicio, así como en la preparación y puesta a punto de las zonas destinadas a la exposición y servicio de los caldos de las distintas denominaciones de origen y empresas que participan en el evento.

Los participantes en esta acción formativa recibirán un certificado acreditativo por parte del Ayuntamiento, como organizador de Vinoble 2014.

La Escuela Profesional de Hostelería de Jerez es una empresa integrada en el Grupo Caballero, cuya principal función es el desarrollo y ejecución de actividades formativas y de servicio en el ámbito de la hostelería, con el objetivo de eliminar las carencias formativas que existen actualmente en este sector y de incrementar la calidad del sector hostelero en general.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de colaboración bancaria como entidad gestora de la recaudación voluntaria de ingresos municipales a la entidad bancaria Caixabank S.A. En virtud de este contrato, la entidad bancaria anticipará, de la propia recaudación del Ayuntamiento, aproximadamente un millón de euros al mes.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha destacado la importancia de esta adjudicación que “viene a demostrar que el Ayuntamiento ha recuperado la confianza de las entidades bancarias” y ha recordado que “al inicio de la legislatura iniciamos el mismo procedimiento que quedó desierto. Ahora, dos años después, decidimos volver a iniciar el procedimiento de adjudicación de este servicio y, a diferencia de hace dos años, se presentaron dos entidades bancarios”.

La regidora ha reiterado que “el hecho de que podamos contar con una entidad gestora va a suponer que el Ayuntamiento pueda tener ingresos todos los meses y no depender de los flujos de ingresos a la Tesorería”. Asimismo, ha aclarado que “el hecho de que CaixaBank sea entidad gestora no va a suponer que nos vaya a conceder ningún tipo de préstamo ni ningún tipo de crédito, es decir, que al Ayuntamiento no le va a generar más endeudamiento, ya que se trata de un anticipo de la propia recaudación municipal”.”

Igualmente, ha explicado que “este acuerdo beneficia a los ciudadanos, ya que, una vez que CaixaBank esté trabajando como entidad gestora, se convertirá en una más de las entidades colaboradoras que tenemos para la recaudación, de tal manera que los contribuyentes tendrán más facilidad para pagar sus tributos locales”.

EL CONTRATO

El contrato tiene una duración hasta el 31 de diciembre de 2015, pudiéndose prorrogar un año más de mutuo acuerdo. En el contrato, además del servicio de colaboración como entidad gestora de la recaudación de los ingresos municipales, se incluye un servicio de tesorería, consistente en la posibilidad de solicitar anticipos de recaudación semestrales.

Cabe recordar que el inicio del expediente de contratación de este servicio fue aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 7 de marzo. Dos entidades bancarias se presentaron al procedimiento, estimándose la ofertada por CaixaBank al ser la más ventajosa. Ahora, una vez aprobada la adjudicación por la Junta de Gobierno Local, se formalizará el contrato una vez remitido el acuerdo a la entidad gestora.