Esperanzados y contentos están los miembros de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua tras conocer la noticia de que el juez podría suspender la concesión a Aqualia en los próximos días. Como han anunciado Radio Jerez y El País, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria se enfrentan a la impugnación presentada por otra compañía después de que se hayan rechazado sus respectivos recursos. “Esto demuestra que no estábamos equivocados”, asegura Paco López desde el colectivo que desde el primer momento se ha mostrado contrario a la privatización de la gestión del agua.

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Esta semana los juzgados jerezanos están registrando una actividad frenética, ya que al famoso ‘caso de los Asesores’ que se juzga en la Audiencia Provincial se ha sumado el desfile de testigos e imputados que estos días declaran en Instrucción 4, dentro del conocido como ‘caso de la Casa del Rocío’. Como se recordará, en este procedimiento la Fiscalía Anticorrupción imputa a varios responsables políticos, entre los que se encuentra nuevamente Pedro Pacheco, por sufragar presuntamente la remodelación del inmueble que posee la hermandad del Rocío de Jerez en la aldea con fondos municipales que iban destinados originariamente a obras menores, mediante la emisión de facturas falsas. En la mañana de hoy le ha tocado el turno a la exalcadesa, Pilar Sánchez, que ha comparecido como testigo negando la mayor y asegurando que no tuvo constancia de esta operación, ni fue invitada en ningún momento a la casa de la discordia como así se mencionó en su día.

José Grimaldi, el principal imputado en esta causa, fue quien reconoció haber emitido esas facturas “encargadas por dos gerentes que cumplían órdenes de arriba”, en clara alusión a la por entonces alcaldesa, afirmando que esta financiación fue un “regalo” del propio Ayuntamiento de Jerez a la hermandad coincidiendo con la campaña electoral, por una cuantía que ascendía a 500.000 euros. Sánchez, por su parte, como han confirmado fuentes del caso se ha desvinculado de todo esto negando haber tenido constancia ni participación alguna en ello. Otro de los declarantes ha sido Luis Cruz, antiguo gerente de Urbanismo, que a la salida de los juzgados ha mostrado su contrariedad por haber comparecido en calidad de imputado. “Es notable que últimamente se tome por norma el imputar a alguien que se supone que está relacionado con un caso solo para tener derecho a un abogado, con independencia de que existan razones para la acusación”, ha lamentado, puntualizando que “Grimaldi puede decir lo que quiera, pero luego estas cosas hay que demostrarlas”.

Francisco Gómez, hermano mayor del Rocío por aquel entonces, también está imputado en la causa y ha sido su letrado, Marcos Camacho, quien se ha parado a declarar ante los medios. “Éstas son las consecuencias de determinadas actuaciones políticas, y la última vía es la Justicia. Aquí es donde se deben dar o quitar razones; confiemos en que en todo caso se respete la presunción de inocencia”. Como se recordará, Grimaldi era el responsable de Jerecom, empresa acusada de beneficiarse de adjudicaciones a dedo por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo en 2007. Cuando acudió a declarar a los juzgados dentro de ese procedimiento, reconoció haber emitido facturas falsas que les fueron encargadas por “dos gerentes que cumplían órdenes de arriba” para las obras de la Casa del Rocío. Para justificar ese gasto y siempre según la declaración del imputado, se emitieron las facturas ficticias por pequeños importes relativos a obras menores en diversas barriadas de la ciudad, que nunca llegaron a ejecutarse. 

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez considera que la concesión administrativa de la gestión del ciclo integral del agua a Aqualia y Traina “debe ser penalizada por los tribunales”, al considerar que se ha podido incurrir en “desagravio a la ciudadanía” o “prevaricación”.

Así han valorado la noticia de la firma ayer del contrato de adjudicación de la concesión administrativa del ciclo integral del agua con representantes de las empresas Aqualia y Traina, que asumirán la gestión durante los próximos 25 años a cambio del abono de un canon de 80 millones de euros.

La Coordinadora contra la privatización del agua en Jerez ha asegurado hoy que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción si advierte irregularidades en la concesión del servicio en la ciudad. Los representantes del colectivo han estado acompañados hoy por el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Luis Babiano, que ha hecho mención a la situación de otros municipios cercanos que también han privatizado -o quieren hacerlo- su suministro de agua.

“El fiscal debe tomar cartas en el asunto, no ntendemos que se llegue a estos extremos”, ha explicado. Así, públicamente han reclamado también al Parlamento Andaluz tres medidas básicas que garanticen el servicio público: que se tome el agua como un derecho humano, que no se venda el agua para emplear el dinero en otros asuntos (piden la eliminación del canon concesional) y que la administración supervise en todo momento la prestación del servicio a los ciudadanos. “Hay un constante juego de trilerismo en el sector. Tienen garantizado el 95% del cobro y este año han crecido un 4%”, ha asegurado Babiano en referencia a las empresas -como Aqualia- que gestionan servicios de agua en los municipios.

En el caso de Jerez, Babiano ha recalcado que “en el anterior pliego se pedía aval bancario a la empresa para el segundo pago del canon y en el nuevo no. Ya veremos si pagan. Se ha ido modificando el pliego para que solo una empresa pueda optar a la concesión”. Según el responsable, “la mayoría de los casos de privatización están en los tribunales”.

En Jerez, el colectivo sigue recaudando fondos para interponer un recurso por la vía civil en los tribunales. De los 5.000 euros aproximadamente que necesitan, ya disponen de 3.000 recogidos gracias a los bonos solidarios de 1 euro.

Más documentación

Precisamente hoy lunes la Junta de Gobierno Local ha aprobado el requerimiento de documentación al expediente de contratación para la concesión de la gestión del servicio a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. y Trainasa.

Como se recordará, el pasado 28 de enero se realizó la apertura de plicas en la que se conoció la oferta presentada por Aqualia y Trainasa, que ascendía a 80.100.000 euros de canon y un millón de euros en el apartado de inversiones. La documentación debe presentarse en el plazo de diez días hábiles. Una vez formalizado este trámite, la Junta de Gobierno Local procederá a la adjudicación definitiva de la concesión y  posteriormente se firmará el contrato, lo que se espera que suceda a mediados del mes de marzo.

El ejecutivo local recuerda que la concesión de la gestión del servicio del agua es una medida necesaria, incluida en el Plan de Ajuste, y que el pliego de condiciones se ha realizado pensando en el interés general de los ciudadanos y cumpliendo tres objetivos principales, que el recibo del agua no suba más del IPC durante los 25 años de la concesión, salvo que la Junta de Andalucía, administración competente en la materia, estableciera algún tipo de canon, en cuyo caso, con concesión o no del servicio, habría que incrementar el recibo. Igualmente, se cumplen los objetivos de mantener la calidad del servicio y de la permanencia de la plantilla de Ajemsa, así como la subrogación de la empresa Imesapi.

El gobierno hace también hincapié en que el procedimiento para esta concesión, que se realiza para ayudar a la estabilidad económica del Ayuntamiento ya que servirá para pagar deudas generadas por los anteriores gobiernos municipales, se ha realizado con la máxima transparencia y de acuerdo a la legislación vigente y recuerda que se han realizado varias reuniones para informar tanto a los grupos de la oposición, como a los alcaldes de las ELAs y la federación de asociaciones de vecinos ‘Solidaridad’.

Una persona que sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a luchar en los tribunales para que le reconozcan una incapacidad, puede llegar a pagar hasta 10.000 euros en recursos gracias a la recién estrenada Ley de Tasas. Así de contudente y así de crudo lo han planteado un grupo de graduados sociales jerezanos, que han decidido comparecer ante la opinión pública para expresar su frontal oposición a la nueva norma y adherirse así a jueces, abogados y procuradores, argumentando que divide definitivamente el sistema creando “una Justicia para ricos y otra para pobres”. Antonio Ortega es el portavoz de estos profesionales, que como subraya han declarado su postura a título individual, explicando que en el caso de la jurisdicción social las tasas no se abonan en primera instancia pero sí en segunda, estableciendo una brecha económica importante difícil de solventar.

“Creemos que es injusto que una ley impida a algunos ciudadanos acceder a los tribunalespara reivindicar un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva. Con esta norma lo único que hace el Gobierno es poner cortapisas y crear ciudadanos de primera y segunda categoría”. Como recuerda Ortega, la supuesta finalidad con la que nace la controvertida ley no es otra que la de descongestionar los juzgados y reducir la litigiosidad, algo que a su juicio debería conseguirse con la inclusión de más medios materiales y humanos y no “delimitando un derecho constitucional”. Según el experto, no hay que olvidar que las personas que recurren en el ámbito de lo social luchan por su medio de subsistencia bien sea en forma de pensión, salario laboral o prestación por desempleo.

Por ello, consideran especialmente injusto que en esas circunstancias estos ciudadanos deban abonar unas tarifas “abusivas” que les impedirán batallar por lo que es suyo. En este sentido, los comparecientes ponen como ejemplo el de un joven de 25 años que por un accidente laboral quede incapacitado de manera grave, y se vea obligado a recurrir tras haberle sido denegada la pensión. En este caso, teniendo en cuenta que la tasa a pagar sería proporcional al montante total de la cantidad que solicita percibir (durante los 40 años siguientes que le corresponderían trabajar), la cifra podría alcanzar los 10.000 euros, algo inasumible para la mayoría de demandantes. Por todo ello, este grupo de graduados sociales ha decidido unirse a las protestas del resto de colectivos, con la esperanza de que si el Gobierno no da marcha atrás en su determinación sean los tribunales los que acaben tumbando una ley que supone “una aberración a la Justicia”.

El exalcalde Pedro Pacheco asegura estar “tan tranquilo” a pesar del embargo de sus cuentas decretadas por la venta de la vieja estación de autobuses, que sigue su curso en los tribunales. “El embargo está recurrido porque lo hicieron un mes antes de notificármelo. Eso es un poco de persecución ¿no?”, dice.

El ahora líder del Foro Ciudadano ha recordado que “la fianza es solidaria y uno de los imputados ha ofrecido unos terrenos que cubren en demasía la cuantía total pero parece que hay un personaje queriendo hacerme daño”. Además de tranquilo, dice estar “molesto por salir en unos titulares tan grandes” y explica de nuevo cómo se desarrolló todo el proceso: “El consejo de administración de la empresa del suelo, del que yo no formaba parte, le pidió autorización al Ayuntamiento. El pleno dijo que sí a la venta pero con una condición: que el 50% de la plusvalía fuera al Consistorio. Posteriormente, vendimos a la mejor oferta y obtuvimos una plusvalía enorme que se repartió entre la empresa del suelo y el Ayuntamiento. No hay más”. El edil destaca que “vendimos tan bien la nave que hemos descubierto tres años después que la señora alcaldesa la recalificó urbanísticamente dándole un aprovechamiento de 3.000 metros más porque decía que no era rentable”.

“Es la chapuza de las chapuzas”. De esta forma valoró esta mañana el concejal del PSOE Juan Pedro Crisol el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ya ejecutado en el Ayuntamiento de Jerez y del que dijo que que está plagado de “irregularidades” por lo que está convencidos de que “tiene todas las papeletas para que lo tumben los tribunales”.

Lo curioso es que de lo que echó mano precisamente el concejal para hacer este análisis es el informe emitido por la Inspección de Trabajo sobre el ERE, del que dijo que es un “traje a medida” porque lo ha realizado por un organismo que depende del Ministerio de Trabajo, pero que a su juicio, y pese a lo que defendió el PP, también es “demoledor” poniendo de relieve los puntos flacos del ERE.

Por ejemplo, Crisol denunció que en el informe  se desprende que “no existe, antes de tomar la decisión de rescindir los 260 contratos, el convenio especial con la Seguridad Social que exige la Ley para aquellos trabajadores con más de 59 años  cuando el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores” y que tampoco existe “el plan de recolocación externa que exige la Ley, con carácter previo a ejecutar el despido”. El edil socialista apuntó que “ya hay dos elementos esenciales que exige la ley que no existen en el ERE”.

Eso sin olvidar, como puso de relieve este medio, que el informe también advierte que “no ha habido criterios objetivos para la selección del personal afectado por el ERE y que, por tanto, no ha habido fundamentación jurídica para ver quién sale o quién no sale y que, a su juicio, han echado a los peores pero no hay fundamento que lo justifique”. De hecho, recalcó es la Inspección de Trabajo quien argumenta que los criterios de selección  deben ser “objetivos y razonables y, por tanto, basarse en circunstancias no subjetivas”.

Según Crisol, “el PP pagará caro esta chapuza, es decir, más bien la vamos a pagar todos los jerezanos porque mucho nos tememos que nos va a costar una millonada en indemnizaciones si es que prosperan las demandas colectivas e individuales que dicen que van a presentar los afectados”.

Por su parte, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, CGT, ya ha anunciado que será el lunes cuando presente la demanda colectiva contra el ERE. En el documento, que será interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, plantea que el expediente es inconstitucional porque no se pueden aplicar en una administración local los criterios de eficacia económica que rigen para empresas privadas.

Pero es que además, como ya han denunciado diferentes colectivos, denuncian que la aplicación del ERE ha puesto en peligro la prestación de algunos servicios públicos.

En la demanda, el sindicato mayoritario también señala que no hay causa para llevar a cabo los despidos en el personal laboral del Ayuntamiento, y tampoco se olvida de reflejar que el gobierno ha actuado con mala fe negociadora “al no tener en cuenta las propuestas de la comisión negociadora”.

RESPUESTA DEL PP

Por su parte, este mismo sábado, el PP ha respondido. Y lo ha hecho nuevamente culpando a Pacheco y al PSOE de ser los repsonsables principales de la actual situación económica del Ayuntamiento. Considera “indignante” que tanto los socialistas como el exalcalde salgan continuamente a atacar al gobierno municipal por llevar a cabo un ERE en la plantilla municipal, que “es consecuencia directa de la mala gestión y el derroche de las etapas de gobierno de Pacheco y del PSOE”.

Para los populares, estos grupos de la oposición “no tienen legitimidad alguna para criticar esta medida dolorosa pero al mismo tiempo necesaria para sacar adelante el Ayuntamiento y, por tanto, a la ciudad”.

Desde el PP se entiende que PSOE y Pacheco “van de nuevo de la mano porque a ninguno les interesa que en el Ayuntamiento de Jerez se ponga orden y se acabe con el caos que ellos generaron cuando gobernaron, así como se empeñan en sabotear todos los pasos que da García-Pelayo y su equipo hacia la recuperación socioeconómica de Jerez”. En este sentido, los populares afirman que “la deslealtad de PSOE y de Pacheco hacia los jerezanos es total y evidente”.

Por ello, para el PP “es vergonzoso que PSOE y Pacheco estén utilizando el ERE y a los trabajadores afectados para tapar el mal que ambos partidos originaron, permitiendo que la plantilla municipal llegara a estar sobredimensionada y sumida en el caos, tal y como refleja el Informe de la Inspección de Trabajo, que los señala como criterios objetivos que avalan el ERE del Ayuntamiento de Jerez”.

Los populares piden a PSOE y a Pacheco que “dejen de intentan confundir a los ciudadanos tergiversando el Informe de la Inspección de Trabajo, porque éste es muy claro y no deja lugar a dudas. El informe considera que existen causas económicas probadas, que ha existido voluntad de diálogo por parte del representante legal del Ayuntamiento y que los criterios de designación han sido objetivos y razonables”.

“Y es que una ciudad como Jerez, que obtiene 80 millones de ingresos a través de los impuestos, no puede permitirse pagar 110 millones de euros a la plantilla municipal”, concluye.