La Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur han hecho balance del primer año de la privatización del servicio del agua en Jerez. A través de un comunicado, aseguran que “se confirma la única razón que movió al equipo de gobierno popular, para vender Ajemsa; la de hacer “caja fácil” para invertir en campaña electoral, a sabiendas de la difícil situación que vive la ciudad y de la hipoteca que supone a todos los jerezanos, un pago extra que montará más de cuatro mil euros, en los próximos 25 años”.

A solo un año de la privatización de Ajemsa, las consecuencias negativas para Jerez se hacen notar de forma sustancial. “Aun no es nada con lo que nos espera, es solo la punta de un enorme iceberg que nos llevará al naufragio a todos los ciudadanos”, han afirmado.

Para esta Coordinadora, los daños se apuntan en distintas vertientes:

Menos calidad del servicio en general: se han dejado de cubrir trabajos de mantenimiento cotidianos que antes se ejecutaban desde Ajemsa, directamente a los usuarios y han centralizado operaciones de cobros, recobros y trámites ordinarios, de forma que los jerezanos tienen que desplazarse más y hacer grandes colas, en una oficina mal ubicada, con problemas de acceso y aparcamiento.

Pérdida de empleo y de derechos laborales: esta privatización se ha cobrado ya varios puestos directos de trabajo y ha provocado regulaciones de empleo en empresas con servicios de mantenimiento subcontratado con Ajemsa. Se han cargado el Convenio Colectivo conseguido por la plantilla, durante décadas, para acabar en el Convenio Marco Nacional de Aguas, a mucha distancia del existente y que no llega ni a mileurista. Además de no reconocer el obligado Plan de Pensiones, como tal.

Aumento de los recibos: la carga de imposición de pago a los ciudadanos en la “factura del agua”, ha supuesto el 25% de incremento, desde que la señora alcaldesa iniciara el proceso de privatización, a principio de 2012, por lo que una familia media de cuatro miembros que pagaba habitualmente unos 55 – 60 euros, no consigue actualmente bajar de los 80 euros. Primero fue una subida de la recogida de la basura domiciliaria del 50%; más tarde una subida a todo el recibo del 3,4%, sin justificación técnica de equilibrio de costes reales, como antesala generosa, a la firma de la licitación con la empresa privada; el pago obligado del IVA a conceptos que antes por ser pública, no se imponía, sobre alcantarillado y depuración de las aguas y por último la subida del IPC del 2013, a partir de enero del 2014.

Deshumanización del servicio: el trato o relación con los usuarios, convertidos desde la privada en meros clientes, se ha deformada considerablemente, hasta el punto de perderse la cercanía entre sus operarios y la ciudadanía y deteriorarse su imagen, hasta el extremo de haberse dado “casos de amenazas o aptitudes agresivas y violentas hacia su plantilla”, sobre todo en los que hacen tareas de procesos de corte de suministros por débito. En este proceso, los cambios han sido muy bruscos y donde antes los avisos, así como los aplazamientos eran repetitivos y persuasores, por teléfono y con visitas a los domicilios; ahora, la empresa privada, ajustándose a norma, solo espera los quince días previstos y ejecuta sin miramiento.

La Coordinadora entiende que “el Ayuntamiento sigue siendo quien tiene la competencia, aunque haya vendido la gestión, por lo que es el que tiene que garantizar a sus ciudadanos todos los derechos reconocidos como tal y el del agua es un hecho confirmado en la mismísima Organización de las Naciones Unidas, por lo que la gestión del agua urbana tiene en todo momento que ser auspiciada por las ordenanzas y decretos municipales; no puede delegar en una empresa privada tal competencia. Significa que, tiene que administrar este servicio de forma que el derecho al agua, llegue a todos sus ciudadanos sin discriminación alguna; apoyado en el principio que le otorga y obliga esa competencia legal, en el derecho de los ciudadanos y en el desarrollo del Pliego de Condiciones”, continúan.

Denuncia esta coordinadora que el Pliego de Licitación con Aqualia ha sido violado en lo que llevamos de privatización. “Más bien es una responsabilidad que demandamos a la alcaldesa por no haber creado la STM, unidad de vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Pliego y que se recogía en la misma redacción del mismo; por otro lado, la Alcaldesa ha regalado a Aqualia tres sueldos que puede montar más de trescientos mil euros anuales, asumiendo tres altos cargos que obligatoriamente por cumplimiento del Pliego, tendría que haber tomado Aqualia. En cuanto a la propia empresa privada, denunciamos que haya pasado un primer año de contrato, sin haber invertido un solo euro en mejora de infraestructuras, habida cuentas de que el Pliego bien que recogía que se invertiría un millón de euros cada año; consideramos una falta grave que debiera conocer de primera mano la alcaldesa, por lo que su silencio le hace cómplice del incumplimiento de Pliego”.

La concentración informativa que se ha celebrado este fin de semana en La Barca y que ha congregado a las familias afectadas por cortes de agua ha desembocado en la creación de una Comisión Permanente que hará seguimiento de las actuaciones de Aqualia y en la organización de una serie de medidas reivindicativas que se llevarán a cabo en breve. La concentración estuvo convocada por la Coordinadora del Agua de Jerez y la Plataforma de Indignados de La Barca.

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Siguen sin llegar a un acuerdo en relación al agua en La Barca. La última prueba de ello ha sido el pleno forzado por los concejales de la oposición a instancias de las demandas vecinales que no sirvió para resolver las dudas de éstos y les dejó igual de enfadados con la gestión que está llevando a cabo el alcalde, Alejandro López, que expuso sus buenas intenciones y anunció que está negociando con varias empresas, a la vez que desmintió que la pedanía vaya a entrar en el consorcio de Aguas de la Sierra, como puede ocurrir con tras entidades jerezanas como Guadalcacín, Estella o Torrecera.

Los vecinos, muy interesados en el tema, acudieron de forma masiva al pleno, por lo que muchos se quedaron fuera sin poder participar de la sesión La afluencia de vecinos a esta convocatoria de Junta Vecinal fue multitudinaria, tal que no fue suficiente el salón de pleno, teniendo que quedarse muchos barqueños, fuera sin poder participar de la sesión.

Los argumentos de López para rechazar la entrada en Aguas de Jerez se cimentan en que no ofrecían a la baja y las roturas o trabajos rutinarios no serían atendidos con diligencia, ya que tendrían que acercarse los operarios desde otras poblaciones a mucha distancia (habían dicho que los trabajos podrían ser atendidos de forma informal, teniendo incluso el ayuntamiento que, aportar maquinaria para las roturas), por lo que no le ofrecía el nivel de calidad y ahorro que quiere para La Barca.

La oposición, informadas de ciertas ventajas que tendrán las pedanías que sí se unirán encontraron el rechazo del alcalde, que les instó a secundar sus intenciones, algo que temen que esté ligado al inicio del proyecto jerezano para privatizar el agua en Jerez, paralelo a la opción tomada por su mismo partido.

La oposición salió muy descontenta del pleno. “No hay nada nuevo, estamos como hace seis meses, sin nada en las manos que nos garantice que el agua se va a quedar en el pueblo de forma pública o adheridos a otra empresa pública, que nos garantice que el control sea ciudadano y no de una multinacional que solo vendría a desvalijarnos los bolsillos”, aseguran.

También creen estos vecinos y concejales de la oposición que “están apurando el tiempo para que no se pueda hacer otra cosa que entrar por Aqualia.

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez, lamenta la actitud de López y mantiene que “Aguas de la Sierra no le ha ofrecido ninguna oferta, porque tras meses y dos reuniones en Villamartín, no ha cumplido con su compromiso de enviarles los datos sobre el agua de la Barca, para poder hacer números oficiales de condiciones para elaborar un futuro Convenio y en ningún caso este consorcio, le ha dicho que los trabajadores tendrían que desplazarse desde otros puntos de la sierra gaditana para cubrir los servicios necesarios, ni ‘apañar’ estos trabajos con colaboración de maquinaria ninguna extra por parte de su ayuntamiento. Una tras otra, ha ido engañando a su gente y a nosotros también nos escama mucho, por lo que llegamos a pensar que solo quiere ganar tiempo para que la adhesión sea imposible”. Y defiende la entrada en Aguas de la Sierra por las siguientes ventajas:

Estos son los números y las condiciones reales y oficiales, que son manifiestamente mejorables, con la inclusión de la Barca:

• Aguas de la Sierra nos garantiza que de entrar las cuatro elas, el recibo quedaría por debajo de Aqualia, en un 30%.
• Cada vecino, con consumo entre los 15 y 30 m3. Pagaría entre 16 y 22 euros menos que con Aqualia, en cada factura.
• Cada vecino se ahorraría al año, entre 90 y 144 euros. Una media de 120 euros al año.
• En los 25 años de privatización, cada vecino de la Barca se podría ahorrar entre 4.000 y 5.200 euros.
• Nuestros ciudadanos se benefician entrando en Aguas de la Sierra, de unos 8 millones de euros y nuestro ayuntamiento de 1.750.000 euros en los suministros municipales, -que hasta ahora paga a Jerez- en los 25 años.
• Con la adhesión a Aguas de la Sierra, la total competencia se puede recuperar en el momento que la entidad lo decida, sin coste añadido por pérdida de beneficios (lucro cesante), como se establece para los contratos a privados.
• Con la entrada en Aguas de la Sierra, generamos unos diez o doce puestos de trabajo (repartidos para las tres pedanías).-

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez considera que la concesión administrativa de la gestión del ciclo integral del agua a Aqualia y Traina “debe ser penalizada por los tribunales”, al considerar que se ha podido incurrir en “desagravio a la ciudadanía” o “prevaricación”.

Así han valorado la noticia de la firma ayer del contrato de adjudicación de la concesión administrativa del ciclo integral del agua con representantes de las empresas Aqualia y Traina, que asumirán la gestión durante los próximos 25 años a cambio del abono de un canon de 80 millones de euros.

El delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, además de delegado para el Plan Iniciativa Urbana, José Galvín, afirma que las denuncias vertidas por la Coordinadora Sur Existe sobre el trabajo que se está haciendo en el marco del Plan Urban son “absolutamente falsas y no hay por donde cogerlas; parece que los miembros de este colectivo no se quieren enterar de las iniciativas que estamos desarrollando en el marco de este proyecto”. Cabe recordar que la entidad ha anunciado su decisión de abandonar las comisiones consultivas del mencionado Plan Urban.

La primera de las medidas que cuestionó la Coordinadora estaba relacionada con la mejora de la Laguna de Torrox. En este sentido, José Galvín, afirma que “nunca se ha presentado solicitud alguna al Ministerio para la modificación de las actuaciones ni de sus medidas presupuestarias en relación a este espacio público. En lo único que se pueden basar para decir algo sobre esto, es en las declaraciones aparecidas en prensa en octubre de 2012, cuando se preguntó desde el Gobierno Municipal si se podrían utilizar estos fondos, y se explicó que en principio, al estar fuera de los límites del Plan Urban, había que solicitar una autorización expresa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa justificación de la actuación. Sin embargo, esto nunca se ha realizado”.

Otro de los asuntos denunciados por este colectivo del Distrito Sur se refiere a un incremento en el presupuesto de las obras de ejecución de dos aparcamientos. “Respecto a la supuesta ampliación de presupuestos para estas obras, hay que decir que efectivamente se ha ampliado de 48.0000 a 179.000 euros, pero ya se les ha explicado en numerosas ocasiones, la más reciente en Consejo Consultivo de 28 de enero de 2013, que aunque el Plan no puede hacerse nuevo, es decir, reprogramarse, sí se permiten modificaciones o reformulaciones de algunas medidas, dentro del mismo área de Actuaciones. En este caso, con el ahorro de lo presupuestado en la Reorganización del Punto Limpio, donde se habían previsto 757.000 euros y que, optimizando la intervención, se ha conseguido sacar por 115.000 euros, hemos tenido la oportunidad de ampliar la partida de Aparcamientos, que están contemplados en la planificación inicial, y que además ha sido una demanda de los vecinos y vecinas de San Telmo y de Estancia Barrera”, explica el delegado de Participación Ciudadana y Distritos.

INFRAESTRUCTURAS

En relación a las afirmaciones de este colectivo en las que aseguran que las medidas del Plan Urban se centran en infraestructuras, José Galvín recuerda que “el Plan Iniciativa Urbana recoge un total de 47 proyectos que tienen como objetivo la regeneración social y económica, y que para eso también se utiliza el urbanismo. Pero es sobre todo, es un proyecto social y una oportunidad histórica para este territorio”.

En este sentido, el delegado recuerda que “quienes están realmente cercanos a la gestión del Plan saben que el Plan es mucho más que ladrillo, y que especialmente desde este gobierno se ha indicado que se haga especial énfasis en aquellas medidas que ya contemplaban en la planificación inicial, medidas de empleo o de apoyo al sector del pequeño comercio de la zona, así como de la población con mayores dificultades”.

Asimismo, José Galvín lamenta que “ahora que se están consiguiendo reactivar las actuaciones ya previstas, despierten críticas en quienes no parecen tener un interés verdadero porque este proyecto pueda desarrollarse con la participación y la aportación de todos los colectivos y de todas los ciudadanos de esta zona, sino en aparecer públicamente como los únicos que siempre están en una esfera crítica. Además, quiero destacar que, que sus declaraciones están cargadas de no buenas intenciones, ya que ellos realmente conocen todos estos datos de primera mano, y se reiteran en intentar confundir a los vecinos de esta zona, con informaciones que no hacen más que perjudicar el normal desarrollo del Plan. En el último Consejo Consultivo, que es el foro de debate del Plan Urban, no expusieron ninguna de estas cuestiones y salen ahora en los medios de comunicación con estas falsedades”.

Por último, el delegado para el Plan Iniciativa Urbana aconseja a la Coordinadora Sur Existe que “si verdaderamente se creen sus palabras de que esta zona padece una ‛recrisis’ no debían obstaculizar los esfuerzos que francamente se están haciendo desde este Equipo de Gobierno por reflotar un Plan que cuando llegamos al Ayuntamiento tenía un nivel de ejecución de sólo un 2,2 por ciento y ahora está a un 17 por ciento”.

La coordinadora Zona Sur Existe ha anunciado hoy su decisión de no participar más en las comisiones consultivas del Plan Urban ni ningún otro organismo relacionado con el proyecto ya que, entre otras razones, “nuestras opiniones no son tenidas en cuenta y se vulneran los procesos”. Según ha explicado el portavoz del colectivo, Antonio Rivera, el colectivo ha presentado una segunda queja ante la Unión Europea por las “decisiones arbitrarias, unilaterales y caprichosas del Ayuntamiento”.

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La Coordinadora contra la privatización del agua en Jerez ha asegurado hoy que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción si advierte irregularidades en la concesión del servicio en la ciudad. Los representantes del colectivo han estado acompañados hoy por el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Luis Babiano, que ha hecho mención a la situación de otros municipios cercanos que también han privatizado -o quieren hacerlo- su suministro de agua.

“El fiscal debe tomar cartas en el asunto, no ntendemos que se llegue a estos extremos”, ha explicado. Así, públicamente han reclamado también al Parlamento Andaluz tres medidas básicas que garanticen el servicio público: que se tome el agua como un derecho humano, que no se venda el agua para emplear el dinero en otros asuntos (piden la eliminación del canon concesional) y que la administración supervise en todo momento la prestación del servicio a los ciudadanos. “Hay un constante juego de trilerismo en el sector. Tienen garantizado el 95% del cobro y este año han crecido un 4%”, ha asegurado Babiano en referencia a las empresas -como Aqualia- que gestionan servicios de agua en los municipios.

En el caso de Jerez, Babiano ha recalcado que “en el anterior pliego se pedía aval bancario a la empresa para el segundo pago del canon y en el nuevo no. Ya veremos si pagan. Se ha ido modificando el pliego para que solo una empresa pueda optar a la concesión”. Según el responsable, “la mayoría de los casos de privatización están en los tribunales”.

En Jerez, el colectivo sigue recaudando fondos para interponer un recurso por la vía civil en los tribunales. De los 5.000 euros aproximadamente que necesitan, ya disponen de 3.000 recogidos gracias a los bonos solidarios de 1 euro.

Más documentación

Precisamente hoy lunes la Junta de Gobierno Local ha aprobado el requerimiento de documentación al expediente de contratación para la concesión de la gestión del servicio a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. y Trainasa.

Como se recordará, el pasado 28 de enero se realizó la apertura de plicas en la que se conoció la oferta presentada por Aqualia y Trainasa, que ascendía a 80.100.000 euros de canon y un millón de euros en el apartado de inversiones. La documentación debe presentarse en el plazo de diez días hábiles. Una vez formalizado este trámite, la Junta de Gobierno Local procederá a la adjudicación definitiva de la concesión y  posteriormente se firmará el contrato, lo que se espera que suceda a mediados del mes de marzo.

El ejecutivo local recuerda que la concesión de la gestión del servicio del agua es una medida necesaria, incluida en el Plan de Ajuste, y que el pliego de condiciones se ha realizado pensando en el interés general de los ciudadanos y cumpliendo tres objetivos principales, que el recibo del agua no suba más del IPC durante los 25 años de la concesión, salvo que la Junta de Andalucía, administración competente en la materia, estableciera algún tipo de canon, en cuyo caso, con concesión o no del servicio, habría que incrementar el recibo. Igualmente, se cumplen los objetivos de mantener la calidad del servicio y de la permanencia de la plantilla de Ajemsa, así como la subrogación de la empresa Imesapi.

El gobierno hace también hincapié en que el procedimiento para esta concesión, que se realiza para ayudar a la estabilidad económica del Ayuntamiento ya que servirá para pagar deudas generadas por los anteriores gobiernos municipales, se ha realizado con la máxima transparencia y de acuerdo a la legislación vigente y recuerda que se han realizado varias reuniones para informar tanto a los grupos de la oposición, como a los alcaldes de las ELAs y la federación de asociaciones de vecinos ‘Solidaridad’.

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez han logrado encerrarse en las oficinas de Ajemsa “en protesta por la broma pesada que el Ayuntamiento quiere gastar a la ciudadanía de Jerez con la privatización del servicio público de aguas”, según ha manifestado hoy Antonio Figueroa, uno de sus portavoces.

Varias decenas de personas entraron hoy poco después de las 13 horas en la oficina central de Aguas de Jerez en Divina Pastora y permanecieron en su interior hasta el filo de las 15 horas.

Allí denunciaron el nuevo proceso para adjudicar el agua que en esta ocasión finalizará en torno al día 14 de enero con la adjudicación a algunas de las empresas que se presenten. Y es que esta vez, como apuntaba Figueroa, “no es probable que quede desierto, porque todo apunta a que bajo cuerda se ha modificado el pliego según las condiciones que mejor casan con las empresas aspirantes, que son dos en toda España y que suelen manejar estos procesos”.

Según el portavoz de la coordinadora, esta adjudicación del agua es “una operación aberrante y una estafa”. “Se va a malvender un servicio público de calidad que funciona bien, una empresa que está saneada y no tiene carga económica negativa, y todo ello a un precio irrisorio”, se lamenta Figueroa, que insiste en que “solo los beneficios para los próximos 25 años pueden ser de 200 millones, pero se vende por 80. No se entiende”.

Desde la Coordinadora insisten en que el precio del agua puede subir pese a las promesas del gobierno del PP, “siempre hay subterfugios para hacerlo”, y añadió que la privatización también supondrá un pérdida del control social de la empresa y de las inversiones futuras.

Por todo lo anterior, han dejado claro que “estamos estudiando el pliego de la concesión y lo más probable es que lo denunciemos y lo impugnemos en los tribunales. Ya tenemos la vista puesta en algunas cuestiones concretas”.

El Ayuntamiento de Jerez ha dado un nuevo paso en la privatización del servicio público de aguas al sacar a concurso el pliego de prescripciones que regula la concesión de Ajemsa. La intención del gobierno local es ceder la gestión municipal de aguas durante 25 años por un importe de 80 millones de euros. Por ese motivo, la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez y el movimiento  ciudadano 15-M organizan durante esta semana una serie de actos para denunciar los riesgos que a su juicio conllevará la privatización y la necesidad de contar con un servicio cien por cien público.

Así, desde el pasado sábado hasta el 8 de septiembre hay programadas varias actividades. El primer sábado del mes se repartieron folletos informativos en el centro de Jerez, actividad que se extenderá durante toda la semana por diversas partes de la ciudad. Hoy miércoles 5 a las 19.00 horas en la Plaza del Arenal se organizará una charla sobre la gestión pública del agua a la vez que se hará un taller para preparar el pasacalles previsto para el día 8. El sábado 8 de septiembre, desde las 12.00 horas hasta las 14.00, habrá un pasacalles por la calle Larga y una jornada ciudadana de debate, donde los organizadores informarán sobre la privatización, las posibles consecuencias, las alternativas, etc.

La coordinadora quiere denunciar de nuevo que la privatización del servicio público de aguas es exclusivamente una operación financiera que tiene por objeto ceder un servicio de calidad, básico para la ciudadanía y rentable, a cambio de una cantidad de dinero que solo servirán para cubrir parte de la deuda que posee el Ayuntamiento. Por experiencias en otros municipios, como subraya el colectivo, este tipo de operaciones al final resultan más costosas para la ciudadanía y el erario público, pues a la subida del precio del agua se une la devaluación del servicio.

Un servicio de aguas que, además de ser de primer nivel y básico para la ciudadanía, puede ser viable y rentable desde la gestión pública, por lo que la coordinadora solicita al Ayuntamiento la retirada definitiva de la propuesta y la apertura de una proceso de diálogo y debate con los diversos agentes sociales y económicos de la ciudad para encontrar una salida.