Esperanzados y contentos están los miembros de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua tras conocer la noticia de que el juez podría suspender la concesión a Aqualia en los próximos días. Como han anunciado Radio Jerez y El País, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria se enfrentan a la impugnación presentada por otra compañía después de que se hayan rechazado sus respectivos recursos. “Esto demuestra que no estábamos equivocados”, asegura Paco López desde el colectivo que desde el primer momento se ha mostrado contrario a la privatización de la gestión del agua.

“Esperamos que el tribunal dé la razón a la empresa demandante -que es Aquagest- y haga pensar a la alcaldesa: privatizar el agua no es dar oxígeno al Ayuntamiento sino arruinarlo aún más porque Ajemsa es rentable”, continúa López. “Esto demuestra que alrededor del negocio del agua hay una trama con políticos y multinacionales. Nosotros batallamos en una lucha desigual pero ahí estaremos”, asegura. La coordinadora tiene también preparado un recurso aunque ante las novedades han decidido esperar. “Miramos con lupa que se cumpla el pliego”, insiste.

Se da la circunstancia, además, de que está ya cerca el pago de la primera parte de canon al Ayuntamiento, unos fondos que el equipo de gobierno tiene previsto destinar a la amortización del préstamo que mantiene Ajemsa con Unicaja (28 millones), al préstamo sindicado y a la Seguridad Social.

“La justicia confirma el pelotazo”, dice el Foro

El Foro Ciudadano, que ya había mostrado su rechazo al proceso, ha sido de los primeros en reaccionar. Según la edil Rocío Montero, “la justicia confirma el pelotazo y el traje a medida que diseñó el PP para malvender el agua de todos los jerezanos”. Ha recordado que el partido ya presentó hace tiempo un informe técnico en el que alertaba de irregularidades e incongruencias que podían llevar a esta situación. “Con esta impugnación se explican muchas cosas, como el hecho de que ni 24 horas más tarde de hacerse con el control de la sociedad, Aqualia incumpliera el pliego de condiciones al desprenderse de tres altos cargos de Ajemsa para que su coste fuese asumido por el Ayuntamiento”. O el hecho, “tan chocante y llamativo, de que el contrato de la adjudicación no lo rubricara la máxima autoridad municipal, la alcaldesa, sino su delegada de Medio Ambiente”, ha asegurado la concejal.

Montero ha ido un paso más allá señalando que el recurso contencioso puede no ser el único ya que “hay que estudiar muy detenidamente si las actuaciones seguidas durante el procedimiento pueden derivar en acciones penales contundentes contra los responsables del gobierno local del PP”. Una de las cuestiones más “llamativas y sorprendentes” de todo el proceso -indican desde el Foro- ha sido el hecho de que en la memoria anexa a la licitación siempre se hablase de un beneficio para la futura adjudicataria de 300 millones de euros en 25 años, cuando curiosamente casi al día siguiente de resultar adjudicataria, Aqualia ya habló pública y abiertamente de un volumen de negocio que iba a rondar los 900 millones. Es decir, tres veces más de lo previsto en la memoria que acompañaba la licitación.

Ha destacado, entre otras cosas, que “si un concurso queda desierto, no parece lógico volverlo a sacar con más restricciones que antes, lo que implica una limitación a la concurrencia y limita la posibilidad de que se presenten empresas. A todo esto, ha sumado el hecho de que en ese nuevo pliego ya se plasmaba la posibilidad de que las tarifas suban, independientemente del IPC, cuando crezca el precio del agua o cuando se impongan cargas tributarias por las administraciones. “Esto significa en la práctica que se pensaba imponer para Jerez la ola privatizadora del PP en los ayuntamientos de Andalucía y el resto de España que está suponiendo que los recibos del agua, entre otros, crezcan a una media del 40%”, ha ultimado.