El Xerez ya es oficialmente equipo de Tercera División. Tras las filtraciones de ayer desde la Federación, ha sido esta mañana cuando la entidad azulina ha recibido la confirmación desde la RFEF en forma de fax, una decisión que obviamente trae su consecuencia. Leer noticia completa

Las familias jerezanas han presentado alrededor de 300 recursos ante la Delegación de Educación durante el proceso de escolarización, una cifra similar a la de años anteriores. Una tercera parte de ellos requieren investigación ya que vienen acompañados de la denuncia de un posible fraude o irregularidad de otro candidato. De hecho, en estas últimas semanas se están llevando a cabo las indagaciones -en las que suele participar la Policía Local para comprobar datos- y las resoluciones empezarán a llegar en breve.

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Una persona que sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a luchar en los tribunales para que le reconozcan una incapacidad, puede llegar a pagar hasta 10.000 euros en recursos gracias a la recién estrenada Ley de Tasas. Así de contudente y así de crudo lo han planteado un grupo de graduados sociales jerezanos, que han decidido comparecer ante la opinión pública para expresar su frontal oposición a la nueva norma y adherirse así a jueces, abogados y procuradores, argumentando que divide definitivamente el sistema creando “una Justicia para ricos y otra para pobres”. Antonio Ortega es el portavoz de estos profesionales, que como subraya han declarado su postura a título individual, explicando que en el caso de la jurisdicción social las tasas no se abonan en primera instancia pero sí en segunda, estableciendo una brecha económica importante difícil de solventar.

“Creemos que es injusto que una ley impida a algunos ciudadanos acceder a los tribunalespara reivindicar un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva. Con esta norma lo único que hace el Gobierno es poner cortapisas y crear ciudadanos de primera y segunda categoría”. Como recuerda Ortega, la supuesta finalidad con la que nace la controvertida ley no es otra que la de descongestionar los juzgados y reducir la litigiosidad, algo que a su juicio debería conseguirse con la inclusión de más medios materiales y humanos y no “delimitando un derecho constitucional”. Según el experto, no hay que olvidar que las personas que recurren en el ámbito de lo social luchan por su medio de subsistencia bien sea en forma de pensión, salario laboral o prestación por desempleo.

Por ello, consideran especialmente injusto que en esas circunstancias estos ciudadanos deban abonar unas tarifas “abusivas” que les impedirán batallar por lo que es suyo. En este sentido, los comparecientes ponen como ejemplo el de un joven de 25 años que por un accidente laboral quede incapacitado de manera grave, y se vea obligado a recurrir tras haberle sido denegada la pensión. En este caso, teniendo en cuenta que la tasa a pagar sería proporcional al montante total de la cantidad que solicita percibir (durante los 40 años siguientes que le corresponderían trabajar), la cifra podría alcanzar los 10.000 euros, algo inasumible para la mayoría de demandantes. Por todo ello, este grupo de graduados sociales ha decidido unirse a las protestas del resto de colectivos, con la esperanza de que si el Gobierno no da marcha atrás en su determinación sean los tribunales los que acaben tumbando una ley que supone “una aberración a la Justicia”.

El triste número de personas que duermen cada noche al raso en las calles de Jerez sigue creciendo. Según los datos ofrecidos hoy por la Red de Integración Social (RIS), son 40 los ciudadanos que no tienen un techo bajo el que guarecerse, una cifra que ha aumentado de forma considerable en los últimos meses (eran 25 hace uno año). Un aspecto sobre el que hacen especial hincapié desde el colectivo es que cada vez son más los jóvenes inmigrantes extutelados los que corren esta suerte.

Los recursos residenciales de diferentes instituciones jerezanas (a medio y largo plazo) han dado respuesta a casi 900 casos en estos últimos meses y por los asistenciales (comedores, roperos, etc… para necesidades puntuales) han pasado otros 577. Instituciones como Hogar La Salle, Hogar San Juan, Yameiya, Accem y el Centro de Día de El Salvador, entre otras, dan respuesta a estas situaciones y acusan ya la falta de plazas. Y lo peor está por venir, como apunta el director de Cáritas Diocesana, Francisco Domouso: “Los recursos merman y la respuesta está en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que traen recortes en cantidades industriales”, lamenta.

Por eso, Cáritas Diocesana ha puesto en marcha un año más una campaña de concienciación a cuya presentación ha asistido el obispo, José Mazuelos. Bajo el lema ‘Son derechos, no regalos. Nadie sin hogar’ realizarán varias acciones en la calle. La primera de ella será un flashmob que se realizará el jueves 22 a las 12.00 horas en el entorno de El Gallo Azul y para el que piden la participación de los ciudadanos, que deben acudir con ropa oscura. Esa misma semana, el sábado, realizarán también un reparto de folletos y cartelería en la calle Larga.

Desde el Hogar San Juan, el hermano Juan Carlos Durán insiste en que “no hay que culpabilizar ni poner etiquetas sino preguntar a las personas”. Defiende que el objetivo es “ayudarles a reconstruir su vida y no a paliar los efectos de la vida en la calle”, destaca recordando que hay recursos con listas de espera de ocho y diez meses. En el mismo sentido, desde Cáritas piden “a la sociedad entera que entienda que para salir de esta situación se necesitan recursos de larga o media estancia, donde se permita trabajar desde los procesos personales y no solo desde lo asistencial y lo inmediato”, como indicó Mari Carmen López.

El perfil del joven inmigrante que acaba de cumplir los 18 años y se ve obligado a abandonar el centro público en el que residía es uno de los que más se está viendo afectado en los últimos meses. Domouso destaca que “es gravísimo que no se les prepare para su salida y que su regalo por cumplir los 18 años sea la calle. Afortunadamente, en Jerez tienen amparo pero en otras ciudades están cayendo en la delincuencia y la prostitución”.

En cuanto a la cobertura de necesidades básicas, solo hay que destacar una cifra para evidenciar la avalancha de peticiones de ayuda de las familias jerezanas: al comedor social de El Salvador acuden 353 personas, 248 de las cuales lo hacen por primera vez.

Paralizando desahucios

Una orden de desahucio a una familia jerezana que se iba a ejecutar en el mes de diciembre ha sido paralizada tras la mediación de Cáritas con las entidades financieras. “El 90% de los casos que han llegado a Cáritas se han solventado, hay buena voluntad”, asegura el responsable. “Buscamos a personas formales de la banca que ofrecen soluciones en este tema tan complejo”, explica, afirmando que “existen salidas cuando se afronta a tiempo”.

Cáritas teme que en poco tiempo muchas más familias puedan verse abocadas al embargo de sus viviendas. Algunas de las que ya han pasado por el trance se han acogido con otros parientes pero “no sabemos cuánto puede durar la situación si se les retiran las ayudas”. Domouso explicó situaciones en las que el importe de las pagas de 400 euros van directamente a las hipotecas o alquileres mientras que el resto de necesidades básicas como la alimentación o el vestido están siendo atendidos por completo por las entidades sociales. “No están en la calle todavía pero son desahucios en potencia”, asegura.

Hasta ahora, el ciudadano que se veía inmerso en un procedimiento judicial ya tenía bastante con los costes típicos derivados de éste, algunas veces incluso astronómicos. Sin embargo, al Gobierno central no le ha parecido suficiente y ha decidido incrementar esas cuantías mediante la Ley de Tasas, por la cual el  interesado deberá pagar cantidades que oscilan de media entre los 50 y los 750 euros por la interposición de los recursos que requiera. Los colegios de abogados de toda España han puesto el grito en el cielo ante una ley que considerán del todo injusta, puesto que “impedirá el acceso a la Justicia de los menos pudientes”.

Así lo ha explicado el decano de los letrados de Jerez, Marcos Camacho, que se ha sumado a las protestas organizadas por el territorio nacional contra esta medida. “Con ello, lo que conseguirán es que la gente no recurra pero no porque no lleve razón, sino porque no tenga dinero. Además, resulta incongruente porque se supone que la ley nace para amortizar los costes de la justicia gratuita, pero lo hará a costa de los demás”. Es decir, los acogidos al turno de oficio no abonarán estas tasas pero sí el resto, lo que perjudicará gravemente a los pequeños despachos de abogados, que previsiblemente perderán clientes y con ello sus ingresos.

De esta obligación, quedarán exentos únicamente los asuntos penales. Los otros, en una u otra medida se verán afectados con ejemplos ilustrativos como las apelaciones civiles o contenciosas, que pueden alcanzar los 500 euros o las casaciones, que abarcan entre 600 y 1.200 euros. En lo social, los recursos de súplica y casación hasta ahora gratuitos costarán entre 500 y 750 euros.