La Junta de Andalucía ha cofinanciado en los últimos 6 años un total de 142 proyectos de emprendedores rurales de la comarca rural de la Campiña de Jerez. La inversión se ha realizado a través del Programa LiderA (2007-2013), cofinanciado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, y gestionado por el GDR Campiña de Jerez. Durante este tiempo se han destinado 4,4 millones de euros de ayudas dirigidas a poner en marcha los proyectos aprobados, un dinero al que hay que sumar la inversión privada, por lo que el importe total invertido en la comarca rural de la Campiña de Jerez es de 10,7 millones de euros.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, Federico Fernández, ha destacado la importancia de estos proyectos, con los que se han generado 115 empleos y se han mantenido otros 426. En líneas generales, estas actuaciones tienen como principal objetivo la mejora de los territorios, ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres y a la gente joven, corregir los desequilibrios territoriales y mejorar la calidad de vida de las personas a través de nuevas ideas y proyectos..

El Consejo Territorial, órgano colegiado de participación y decisión del GDR para la concesión o denegación de las subvenciones y que cuenta entre sus componentes con la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medioambiente de la Junta, aprobó el pasado viernes un total de 8 proyectos para la Campiña de Jerez con un importe total invertido de más de 180.000 euros y una ayuda concedida a través de los fondos LIDER-Andalucia (fondos europeos cofinanciados por la Junta de Andalucia) de 68.483 euros.  Todos los proyectos están destinados al apoyo al sector agrario, ganadero, forestal y agroindustrial.

La labor del GDR

Los GDR son entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, compuestas por un importante número de agentes de los territorios, que participan en la gestión y ejecución del Programa LiderA y apoyan, a través de fondos públicos, los diferentes programas de diversificación económica con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural y fijar la población al territorio.

Para el delegado territorial, “los cinco GDR que existen en la provincia de Cádiz suponen una nueva forma de aplicar las políticas y adecuarlas a las necesidades de la población, por lo que suponen un ejemplo de cohesión social, de refuerzo de identidad territorial, de mejora de los servicios y de la calidad de vida de las zonas rurales”.

El Programa LiderA es un instrumento de apoyo para los emprendedores de las zonas rurales, integra las estrategias de diversificación territorial que impulsan los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía y, por tanto, atiende a prácticamente todos los municipios rurales de la provincia

En la tarde de este miércoles se ha firmado un acuerdo en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz para desbloquear el conflicto de las ambulancias de la provincia. El acuerdo, que por parte de la Junta de Andalucía está suscrito por Angelines Ortiz como delegada territorial del ramo y autoridad laboral en Cádiz, así como por otros representantes de dicha Delegación y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), conlleva que los trabajadores suspendan la huelga prevista en el sector, así como que las empresas implicadas (SSGA, Digamar y Ambulancias Barbate) retiren los expedientes disciplinarios abiertos hasta el momento con motivo de este enfrentamiento. 

Las negociaciones de este miércoles comenzaron a las diez de la mañana con duración ininterrumpida hasta las 18.00 horas, en las que ha participado directamente la delegada de Economía, Angelines Ortiz, así como representantes de ambas partes –empresas y trabajadores-. Con la firma de este miércoles, éstas se comprometen a retomar el diálogo a través del Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) para, con su mediación, poder suscribir un texto que dé por cerradas las diferencias laborales actuales. El primero de estos encuentros en sede del Sercla se ha fijado para este próximo viernes, 19 de abril. Los empleados afectados por este conflicto rondan las 500 personas en Cádiz.

El sector del transporte sanitario es uno de los que mayor impacto social posee dado lo delicado de sus servicios. La Junta de Andalucía, a través de negociaciones como la de este miércoles y a través del Sercla, ha mediado en años anteriores en otros conflictos de las ambulancias, evitándose varias huelgas convocadas en Cádiz.

Aunque la oferta sigue siendo escasa para la demanda existente, el número de plazas públicas en las guarderías jerezanas ha crecido hasta un 23% en los últimos cuatro años. De las 847 existentes en el curso 2008/09 han pasado a las 1042 del próximo 2012/2013. Con respecto al año pasado, el crecimiento es de una unidad más, según informan desde la Junta de Andalucía.

Además del mantenimiento de las plazas, también se conservan las bonificaciones a las que las familias que lo necesiten pueden acceder en distintos porcentajes (siete tramos entre el 0% y el 100%). Lo que no ha cambiado es el número de instalaciones para los menores, que siguen siendo siete: Virgen del Valle, San Carlos, Primavera, Guadalcacín, Mesas de Asta, Perezoso y El Paje. A ellas hay que sumarles otras siete más conveniadas con la administración andaluza en diferentes cupos de plazas.

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Dos familias de Jerez van a ser las primeras en acudir a la Oficina contra los Desahucios para presentar la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de las viviendas que les han embargado, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto ley sobre la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía.

A las 12.00 horas, el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, atendió a estas dos familias. Según han detallado a Europa Press fuentes de la mencionada delegación, se trata de María Dolores y su hija de 12 años, que no tuvieron que abandonar este pasado lunes su hogar después de que la plataforma ‘Stop Desahucios’ se personase en el juzgado logrando paralizar la orden de desahucio que estaba prevista para su vivienda, situada en la barriada de La Vid del municipio gaditano. A esta concentración ciudadana asistió el propio Cárdenas.

La segunda solicitud viene del portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Jerez, Lorenzo Barba, que también comparecía este pasado lunes ante el titular del juzgado para destacar el hecho de que la sentencia afectaría a una menor de edad.

El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes ha entrado en vigor este viernes tras ser publicado el jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas “en inminencia” de desahucio “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas”.

“Otra nueva jornada en la calle reclamando lo nuestro”. Así explicaba esta mañana Diego Navarro, portavoz de los antiguos trabajadores de Williams & Humbert, las protestas que están protagonizando por todo el centro, y frente a cada una de las sucursales de La Caixa en Jerez, para reclamar soluciones al impago de sus pensiones tras el ERE por el que se prejubilaron.

Y es que tras siete meses de espera, y después de que a principios de enero tuvieran que presionar para cobrar in extremis las pensiones de cuatro meses que se les adeudaba, al colectivo de trabajadores afectados a estas alturas del año ya se les deben de nuevo tres mensualidades, con el agravante de que ellos sí que tienen que pagar de forma obligatoria sus cuotas del convenio especial con la Seguridad Social para no perder todos los derechos para su jubilación. Y eso asciende a nada menos que 800 euros por cabeza sin que estén cobrando lo que les corresponde.

“Estamos asfixiados, y algunos incluso mucho peor que eso, con familias a nuestro cargo y sin saber por donde salir”, apunta Navarro, que ha recordado que la aseguradora de la entidad bancaria (VidaCaixa) asumió el compromiso de pago tras la firma de la póliza con los trabajadores y con el beneplácito de la Junta de Andalucía “y ahora no está cumpliendo y está dejando en la estacada a 40 familias”.

Según se quejan, no hay coordinación entre la entidad bancaria y el gobierno regional para despejar de una vez los problemas, cumplir los compromisos y evitar más impagos a los pensionistas. En concreto, reprochan que aunque los afectados han realizado en el menor tiempo posible los trámites para adaptarse al nuevo sistema establecido vía decreto para el pago de las pensiones, la administración está actuando con “una lentitud inexplicable” y tampoco han servido para desbloquear la situación las reuniones mantenidas con los responsables políticos y de la entidad bancaria.

Precisamente mañana tendrán en Madrid una reunión, a instancias de las centrales sindicales, con los responsables de VidaCaixa para pedirles que busquen una solución.

Además, también están a la espera de conocer la respuesta de la entidad bancaria a la propuesta que le ha hecho llegar la administración regional a La Caixa para facilitar el pago a estos pensionistas. “La delegada provincial de Empleo, Angelines Ortiz, nos ha informado de este trámite y estamos a la espera de ver cómo acaba”, apunta el portavoz de los afectados, que hoy han vuelto a llenar de pancartas y pitidos el centro de Jerez.

El delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, cumplió su compromiso y se ha reunido con los miembros de la plataforma para la culminación de las obras en la carretera A-2003, así como otros vecinos de la zona rural, a los que ha explicado todas las actuaciones que está realizando la administración regional para poder culminar los trabajos en la polémica vía.

En el marco de esta cita que se celebró la tarde del miércoles en La Barca, y a la que asistieron también representantes del gobierno municipal así como el edil de IU Joaquín del Valle, Cárdenas anunció que la intención de la Junta de Andalucía es la de volver a licitar las obras de la A-2003, sobre todo ante la certeza de que la actual empresa adjudicataria no seguirá adelante con los trabajos ya iniciados y hay que extinguir el contrato y sacar otro.

La intención es que los plazos se extiendan lo menos posible, pero el delegado sí que explicó que una vez se extinga el contrato actual sería necesario adaptar el proyecto y abrir el correspondiente proceso de licitación. Y eso, incluso en el mejor de los casos, puede alargar el proceso 3 ó 4 meses, por lo que ya no será hasta después de verano cuando se puedan retomar los trabajos.

Eso sí, como actuación de urgencia a la espera de los trámites para la obra definitiva, Cárdenas informó de que se van a llevar a cabo unas obras de “parcheo” en la actual carretera para mejorar su estado. A esta actuación se destinarán unos 250.000 euros, que permitirán tapar socavones y los baches más grandes, y actuar en los desniveles más peligrosos.

Han tenido que echarse de nuevo a la calle. Y es que tras siete meses de espera, y después de que a principios de enero tuvieran que presionar para cobrar in extremis las pensiones de cuatro meses que se les adeudaba, el colectivo de trabajadores afectados por el último ERE realizado en las bodegas Williams & Humbert sigue sin encontrar solución a sus problemas.

Tanto es así que a estas alturas del año ya se les deben de nuevo tres meses, con el agravante de que ellos sí que tienen que pagar de forma obligatoria sus cuotas del convenio especial con la Seguridad Social para no perder todos los derechos para su jubilación. Y eso asciende a nada menos que 800 euros por cabeza sin que estén cobrando lo que les corresponde.

Por este motivo, este colectivo de extrabajadores de Williams & Humbert ha vuelto a protagonizar hoy una protesta tanto ante la sede del gobierno andaluz en la alameda Cristina como a las puertas de una oficina de La Caixa en Jerez, ya que es la aseguradora de esta entidad bancaria (VidaCaixa) la que asumió el compromiso de pago tras la firma de la póliza con los trabajadores y con el beneplácito de la Junta de Andalucía.

Según se quejan, no hay coordinación entre la entidad bancaria y el gobierno regional para despejar de una vez los problemas, cumplir los compromisos y evitar más impagos a los pensionistas. En concreto, reprochan que aunque los afectados han realizado en el menor tiempo posible los trámites para adaptarse al nuevo sistema establecido vía decreto para el pago de las pensiones, la administración está actuando con “una lentitud inexplicable” y tampoco han servido para desbloquear la situación las reuniones mantenidas con los responsables políticos y de la entidad bancaria.

Como denuncian, a día de hoy son los únicos afectados por procesos de prejubilación afectados por el decreto que no están cobrando sus pensiones cada mes.

Agricultores y propietarios de cultivos de cereal de la campiña de Jerez están colaborando de forma activa con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para la conservación del aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus) en la provincia al tratarse de una especie catalogada como vulnerable. El delegado territorial de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, ha agradecido la colaboración del sector agrícola durante la temporada de cría de estas aves y ha destacado “los esfuerzos que están realizando pata compatibilizar su actividad con la conservación del medio natural”.

Entre las actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería para preservar el aguilucho cenizo destacan el abandono de rodales sin cosechar alrededor de los nidos detectados. Una medida que ha permitido contabilizar hasta un total de 84 nidos en la campiña de Jerez, Trebujena, Sanlúcar y Arcos en 2012. La campiña de Jerez es una de las principales zonas de cría de esta especie si bien también son importantes las poblaciones de Conil, Vejer y Tahivilla, zona en la que en 2011 se contabilizaron hasta 23 nidos de esta especie.

El aguilucho cenizo es una rapaz de pequeño tamaño que visita la península ibérica para reproducirse, seleccionando principalmente los cultivos de cereal para su actividad. Este hecho es una de las mayores causas de mortalidad por acción indirecta del hombre, debido a la recolección mecanizada de la cosecha de cereales de periodos cortos que ocasiona la pérdida de algunos nidos de la especie. El programa de actuaciones que está llevando a cabo la Junta es una herramienta imprescindible para mantener y conservar las poblaciones de esta especie en la región, ya que las principales causas de fracaso reproductivo están relacionadas con la destrucción de nidos al ser atropellados por cosechadoras y la depredación de los mismos.

Las trabajadoras de Acasa (servicio de ayuda a domicilio) vuelven a acumular varios meses de impagos y no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados. No lo hicieron meses atrás, cuando protagonizaron sonadas protestas, y no lo piensan hacer ahora tampoco. Por eso han protagonizado un encierro en las oficinas de la Junta de Andalucía en Jerez. Lo han hecho de manera pacífica, pero con pancartas y proclamas reivindicativas exigiendo una solución a su situación.

Han mantenido el encierro durante un par de horas, aproximadamente, hasta que agentes policiales se han personado en las dependencias de la Junta para invitarlas a que abandonasen el lugar. Y eso han hecho para evitar un desalojo a la fuerza, aunque en un principio aseguraban que no estaban dispuestas a marcharse de allí hasta que la Policía las echase.

Representantes de las trabajadoras ya avisaron días atrás que no piensan quedarse quietas y que seguirán protagonizando acciones reivindicativas hasta que cobren las nóminas que se les adeudan. Cabe recordar al respecto que Ayuntamiento y Junta se han culpado mutuamente en los últimos meses de esta situación.

Nuevo capitulo en la trama de los ERE en Andalucía, y en este caso con la ciudad de Jerez como uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma responde a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, quien ha ordenado más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudan a declarar al juzgado.

Se han producido una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas. Y es que, a estas alturas del caso, ya nadie cree que lo descubierto por entonces se limitara solo a Mercasevilla.

Según ha podido confirmar Reporteros Jerez, en esta segunda fase de la operación por los EREs fraudulentos, se han producido más de una docena de detenciones en diferentes puntos de Andalucía: cinco en Sevilla, tres en Jaén, una en Granada, una en Almería y tres en la provincia de Cádiz. Entre estas últimas, una en Jerez, que las fuentes consultadas aseguran que se trataría de JC.G.T, hijo del empresario titular de Uniter Seguros en la calle Larga.

LOS DELITOS

Todos los detenidos han sido acusados de cometer presuntamente numerosos delitos: contra la hacienda pública, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La investigación apunta que podrían ser responsables de diferentes firmas que habrían intermediado entre empresas y la administración autonómica para facilitar expedientes de regulación de empleo (ERE) a trabajadores. Éstos habrían accedido, así, a prejubilaciones que en una parte habría subvencionado la Junta. También se señala que las comisiones de las empresas intermediarias podrían haber alcanzado los 50 millones de euros.

La ’operación Heracles’, que es como se ha bautizado a la operación llevada a cabo este miércoles, es un paso muy importante en la investigación de la Guardia Civil al fraude de las ayudas al empleo en la Junta de Andalucía. El principal imputado continúa siendo el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero.

La operación ha comenzado en Jerez sobre las ocho de la mañana bajo la dirección de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con apoyo de agentes de la provincia. Han sido alrededor de 20 los que han estado en la ciudad. Antes de a las oficinas de Uniter Seguros, han llevado a cabo un registro en una vivienda.