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El Tribunal Supremo cita a declarar a García-Pelayo el próximo 22 de febrero


El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 22 de febrero como investigada por prevaricación y falsedad en documento público a la diputada del PP y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo, en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004. Leer noticia completa

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Ana Fernández ratifica en los juzgados sus referencias a la figura de Pemán


La concejal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández, ha enmarcado hoy los términos que empleó en el pleno municipal para referirse a José María Pemán en la defensa de la memoria histórica. Tras declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez en su condición de imputada por un delito de injurias y calumnias, Fernández se ha mostrado “muy tranquila” y confiada en el archivo de la causa abierta a raíz de una querella presentada por la familia del escritor gaditano.  Leer noticia completa

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Javier Tebas asegura que la querella del Xerez “es un invento”


Javier Tebas tuvo que declarar ayer en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid después de la querella que el Xerez le interpuso hace unos meses por presunta deslealtad profesional, estafa y apropiación indebida mientras fue abogado del concurso. Leer noticia completa

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Pilar Sánchez declara que el Estado estaba al tanto de los desvíos de fondos del Plan E para pagar nóminas de la plantilla municipal


Primera de las tres jornadas previstas en el juicio por el denominado ‘caso del desvío de fondos’, que sienta a la ex alcaldesa Pilar Sánchez, y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, en el banquillo acusada de un presunto delito de prevaricación y otro contra la Hacienda Pública por el supuesto desvío de 8,6 millones de euros del Plan E que habría destinado al pago de la nómina de la plantilla municipal o a las concesionarias en lugar de a aquellos fines para los que fueron concedidos. La expectación existente era lógica, ya que Sánchez afronta una petición de pena de prisión. 

La exalcaldesa socialista, que se ha acogido al derecho de no responder a las preguntas de la Abogacía del Estado y se ha limitado a contestar, durante aproximadamente dos horas, a las cuestiones formuladas por su abogado y la Fiscalía,  ha asegurado que en su momento trasladó a la directora general del Ministerio competente en una conversación telefónica que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y que tenía preparado un plan de reposición conjunto.

También ha explicado que se constituyó un “comité de crisis formado por el interventor, tesoreros y miembros del gobierno local para buscar una solución a un problema puntual del Ayuntamiento”. Ha insistido en que “no hubo improvisación” y que ese comité de crisis consideró que “el pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor”, lo cual también entiende que era su “obligación”. En este sentido, ha enfatizado que “nunca” ha visto a “ningún alcalde sentado en un banquillo por esto”.

También ha descartado que tuviera un informe jurídico que le prohibiera utilizar los fondos para pagar la nómina, tras asegurar que el Real Decreto en el que se regulaba las condiciones del Plan E contemplaba la necesidad de “reponer” alguna cantidad si era utilizaba para fines distintos a los concedidos “por causa de fuerza mayor”, como considera que era hacerlo para pagar la nómina a la plantilla “y no para una fiesta”, apostilla.

Cabe recordar que los hechos fueron denunciados por el actual gobierno local (PP) ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar al poco tiempo de tomar posesión, desfases que se elevaron a 8,6 millones, según ha apuntado Fiscalía. Pilar Sánchez se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y al pago de una multa de más de ocho millones de euros.

Este lunes también ha declarado la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, quien se ha ratificado en su denuncia, considerando que las cuentas restringidas ” no se deben tocar”. El primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, entre otros muchos, también ha sido citado como testigo.

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Pilar Sánchez: “Jamás se pactaban contratos en el ámbito de la Alcaldía”


La exalcaldesa socialista de Jerez y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación, Pilar Sánchez, declaró este martes durante el juicio del ‘caso asesores’ que “jamás se pactaban contratos en el ámbito de la Alcaldía”, pues llegaban a su mesa “hechos y supervisados”, con “la propuesta hecha con su consignación presupuestaria y dando fe de que estaban ajustados a derecho”.

Durante una hora de declaración, Sánchez, que está acusada de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por cinco presuntos casos de ‘enchufismo’ en la contratación de asesores y personal de confianza, negó cualquier relación “de amistad o personal” con los cinco contratados, que también se sientan en el banquillo de los acusados junto a un técnico del Serjil -agencia de colocación dependiente del Ayuntamiento- que participó en la preselección de tres de los cinco contratos.

La exalcaldesa, que no ha contestado a las preguntas de la acusación popular que ejerce el también exalcalde jerezano Pedro Pacheco, dejó claro que no intervino “de ninguna manera en ningún proceso de selección” y que cuando los contratos llegaban a su mesa comprobaba que tuvieran consignación presupuestaria por parte de la Intervención y el visto bueno del secretario general del Ayuntamiento.

Asimismo, Sánchez insistió en que “no llamé nunca ni a ningún técnico ni a ningún delegado para contratar a nadie” y recordó que en 2005, cuando llegó a la Alcaldía -hasta 2007 gobernó en coalición con Pacheco por el pacto PSOE-PSA- “cada tres o seis meses tenía que dar continuidad a 500 contratos de personal eventual de la anterior etapa de la persona que me acusa”.

En este sentido, defendió que las firmas diarias de contrataciones en su mesa eran “numerosísimas” y que “no tenía que dudar que aquello no estuviese ajustado a la ley” ni “nunca tuve un informe en contra” que le advirtiera de lo contrario, ya que “si lo hubiera visto no hubiera firmado”.

Respecto a los dos contratos de “alta dirección” para personal de confianza firmados en 2005 y 2006 para Francisco Gil y Rosario Cano -también imputados por esta causa-, la exalcaldesa aseguró que ambos tenían “toda la capacidad y la solvencia” para desarrollar su trabajo y que ambos eran funcionarios (de otras administraciones públicas) y, por tanto, “no contraté a ningún parado para venir al Ayuntamiento”.

Sobre los tres contratos laborales suscritos a través de una preselección en el Serjil, aseguró que tanto la que luego sería la exdelegada municipal de Medio Ambiente África Becerra, contratada en este caso como “técnico de Medio Ambiente”, como Rubén Pérez, contratado como delineante, ambos imputados y militantes del PSOE, formaban parte de “otra familia” del PSOE ”con otras sensibilidades”.

Respecto al tercero, el de Dolores Caravaca, también procesada, explicó que “no era una persona significativa en el partido” y precisó que no tenía con ella una “relación personal”.

En la vista de este martes, que se reanudó con la declaración de Sánchez al mediodía después de que el tribunal rechazara las cuestiones previas de las defensas tras varios recesos, declararon también cuatro de los otros seis imputados, entre ellos José María Martínez, el técnico municipal del Serjil que participó en la preselección de los contratos y firmó los expedientes “por orden de la jefa de departamento”.

En este sentido, negó que recibiera “presiones” para realizar sus funciones de preselección y aseguró que la única relación “profesional” que mantenía entonces era con su superiora, descartando que hubiera ejercido cualquier función como “directivo” ni percibiera un “sobresueldo” por su cometido.

La vista se ha reanudado este miércoles con la declaración de los dos imputados pendientes de declarar ante el tribunal, Francisco Gil y Rosario Cano, quienes se beneficiaron de contratos de alta dirección, y los testigos, entre los que estaba citado el exalcalde Pedro Pacheco. Sin embargo, Pacheco no ha declarado porque tanto defensa como acusación (su propio abogado) han renunciado a ello

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“Se enriquecieron a nuestra costa, y 9 años después aún no se ha hecho Justicia”


La eterna instrucción por el caso de ‘los huertos de ocio’ ha escrito hoy otro nuevo capítulo con la declaración de cuatro personas en el Juzgado de Instrucción número 2. Poco antes de que ello ocurriera, en el exterior del órgano el abogado de las decenas de afectados, Francisco Pérez-Vera, se reunía con algunos de ellos para valorar un procedimiento que a su juicio se ha dilatado excesivamente en el tiempo. Como explicó el letrado, en esta ocasión el juez citó a dos técnicos municipales, un antiguo notario y un registrador de la propiedad con el fin de que aclararan los términos en los que se realizó la controvertida permuta por la que la Gerencia Municipal de Urbanismo desalojó en 2004 a los propietarios de los huertos en beneficio de Xera Promociones. Un desalojo que ya fue calificado como ‘no ajustado a Derecho’ hace unos años por el Contencioso-Administrativo de Jerez, a pesar de lo que los perjudicados aún no han cobrado ningún tipo de indemnización. Leer noticia completa

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El presunto agresor de Miriam Tamayo se enfrentará a penas de hasta 25 años


Los padres de Miriam Tamayo, la joven jerezana de 21 años que murió el pasado 12 de junio tras ser abordada por G. J. G., su expareja y padre de su hijo, presuntamente tras asestarle varias puñaladas, dos de ellas mortales, pasarán mañana por el Juzgado de Violencia de Genero de Jerez para prestar declaración en el primer día de instruccion del caso. Leer noticia completa

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La Policía busca a una víctima de intento de homicidio que no acudió a declarar a los juzgados


Fue víctima de un presunto intento de homicidio en 2009, pero sus reiteradas incomparecencias en los juzgados están ralentizando el procedimiento hasta el punto de que la supuesta autora ha sido puesta en libertad a la espera del juicio. La pasada semana fue la segunda vez que no acudió a declarar ante el juez de la Audiencia Provincial, que le había citado para que identificase el arma con la que presuntamente fue atacada con el fin de que el fiscal pueda calificar los hechos y comience la vista oral. Ahora, esta mujer se encuentra en paradero desconocido y la Policía tiene orden de localizarla y llevarla ante la autoridad judicial.

Así lo han confirmado a este medio fuentes del caso, explicando que esta circunstancia está provocando dilaciones indebidas en la causa, que podrían volverse en contra de la propia demandante. Los hechos pendientes de calificar se remontan al 11 de diciembre de 2009, cuando como consta en el auto de procesamiento la víctima inició una discusión con Elizabeth R. Z. porque consideraba que la droga que le había vendido ésta no era de buena calidad. Durante el altercado y siempre según el auto, la procesada sacó un cuchillo con el que agredió a su interlocutora, causándole varias heridas por arma blanca en las regiones abdominal y torácica.

Todo ello necesitó de 60 días para su curación, y originó en la víctima secuelas de carácter digestivo además de diversas cicatrices. Se da la circunstancia de que Elizabeth R. Z. acudió a la Comisaría de Policía ese mismo día para interponer una denuncia contra la mujer lesionada, argumentando que le había robado. Por el momento, está procesada por un presunto delito de homicidio en tentativa y otro de simulación de delito, al considerar el juez que denunció a la víctima “para eludir su responsabilidad”. Cuando aquélla sea localizada y comparezca se dará por finalizada la instrucción, a la espera del señalamiento del juicio.

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