Agentes de la Policía Nacional han detenido en Casares del Mar (Málaga) a cinco hombres de entre 32 y 45 años como presuntos autores de los delitos de detención ilegal y homicidio. Los arrestados son miembros de una organización criminal asentada en el Campo de Gibraltar dedicada al tráfico de drogas quienes, presuntamente, detuvieron ilegalmente a un hombre en Estepona cuyo cuerpo sin vida fue posteriormente encontrado en Algeciras. Leer noticia completa

El recurso de casación interpuesto por el abogado de Josué T. S. no ha dado sus frutos, por lo que éste pasará los próximos siete años de su vida entre rejas por haber intentado matar a un primo suyo. El caso trascendió el 1 de enero de 2011, fecha en que la víctima se encontraba celebrando el Año Nuevo con su familia en una calle del barrio de Santiago y fue requerida por el condenado. Cuando éste se acercó, sin mediar palabra comenzó a golpearle como consta en la sentencia de la Audiencia Provincial, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. En el momento en que el atacado intentó defenderse, su primo sacó un arma blanca y se la clavó en el costado izquierdo, dándose a la fuga.

El herido, por su parte, fue trasladado al hospital con un cuadro clínico grave, ya que el daño causado constituyó un riesgo vital para él, que permaneció hospitalizado 17 días. Por todo ello, el procesado fue condenado a siete años de prisión, por un delito de homicidio en grado de tentativa con el agravante de abuso de superioridad. Se da la circunstancia de que los testigos que prestaron declaración en el juicio incurrieron en reiteradas contradicciones con respecto a los testimonios que facilitaron durante la instrucción del procedimiento. Se trata de parientes del procesado y de la víctima, que por cierto renunció a una posible indemnización.

La mayoría de ellos se desdijeron de lo declarado en un primer momento, y es por eso que en la sentencia el juez interesaba que fueran sometidos a un nuevo interrogatorio, por si se pudieran depurar responsabilidades. Éste ha sido precisamente el principal argumento sobre el que la defensa cimentó el recurso de casación interpuesto, aludiendo entre otros a las incongruencias de los testigos. El Tribunal Supremo, ahora, ha dejado claro en su fallo que cuando un testimonio prestado en el juicio no se corresponde con el facilitado durante el sumario, el juez tiene la potestad suficiente para decidir cuál es la versión de los hechos más creíble.

Fue víctima de un presunto intento de homicidio en 2009, pero sus reiteradas incomparecencias en los juzgados están ralentizando el procedimiento hasta el punto de que la supuesta autora ha sido puesta en libertad a la espera del juicio. La pasada semana fue la segunda vez que no acudió a declarar ante el juez de la Audiencia Provincial, que le había citado para que identificase el arma con la que presuntamente fue atacada con el fin de que el fiscal pueda calificar los hechos y comience la vista oral. Ahora, esta mujer se encuentra en paradero desconocido y la Policía tiene orden de localizarla y llevarla ante la autoridad judicial.

Así lo han confirmado a este medio fuentes del caso, explicando que esta circunstancia está provocando dilaciones indebidas en la causa, que podrían volverse en contra de la propia demandante. Los hechos pendientes de calificar se remontan al 11 de diciembre de 2009, cuando como consta en el auto de procesamiento la víctima inició una discusión con Elizabeth R. Z. porque consideraba que la droga que le había vendido ésta no era de buena calidad. Durante el altercado y siempre según el auto, la procesada sacó un cuchillo con el que agredió a su interlocutora, causándole varias heridas por arma blanca en las regiones abdominal y torácica.

Todo ello necesitó de 60 días para su curación, y originó en la víctima secuelas de carácter digestivo además de diversas cicatrices. Se da la circunstancia de que Elizabeth R. Z. acudió a la Comisaría de Policía ese mismo día para interponer una denuncia contra la mujer lesionada, argumentando que le había robado. Por el momento, está procesada por un presunto delito de homicidio en tentativa y otro de simulación de delito, al considerar el juez que denunció a la víctima “para eludir su responsabilidad”. Cuando aquélla sea localizada y comparezca se dará por finalizada la instrucción, a la espera del señalamiento del juicio.

Siete años y medio de cárcel les costará la trifulca por la que a punto estuvieron de matar a una persona. Los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2010, cuando al filo de la medianoche Raúl A. G., su sobrino Ramón G. A. y Rafael P. V. entraron en el pub Atenas de Bornos, donde entablaron discusión con una cuarta persona. Un amigo de ésta última intervino para mediar en el conflicto, y todo pareció quedarse ahí. Sin embargo, los tres sujetos a las pocas horas se dirigieron al bar El Molino y se encontraron con un conocido, al que le advirtieron que “se la tenían jurada” al joven que había intervenido anteriormente para evitar la pelea, asegurando que “lo iban a matar”. Todo ello consta en la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en la que el juez detalla cómo los condenados esperaban al chico en las inmediaciones de su casa y salieron a su encuentro “con ánimo de acabar con su vida”.

Uno de ellos llevaba una llave fija, el otro un cuchillo y el tercero un bate de béisbol, con los que se dispusieron a agredir a la víctima. El de la llave no tuvo éxito ya que el joven esquivó el golpe, pero fue derribado con el bate en las costillas, tras lo que le sujetaron y le asestaron dos puñaladas. Por fortuna, el conocido anteriormente citado intervino y logró arrebatarles el palo de béisbol, tras lo que se marcharon y cejaron en su empeño. El agredido fue trasladado al momento al centro de salud con dos heridas incisas, otra en la mejilla, fractura de costillas, un traumatismo craneoencefálico y lesiones en codo y hombro. Un cuadro clínico por el que los sanitarios determinaron su inminente traslado a la UCI hospitalaria, donde pudo recuperarse tras los correspondientes tratamientos. Para su curación total, fueron necesarios 205 días aunque le han quedado secuelas estéticas y sobre todo psicológicas.

Los tres procesados han sido condenados por homicidio en grado de tentativa a siete años y medio de prisión, donde permanecen desde que ocurrieran los hechos. Además, deberán abonar a la víctima la cantidad de 21.800 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas, más 5.000 euros por el daño moral ocasionado. Curiosamente, se da la circunstancia de que la víctima también se sentó en el banquillo en esta causa, acusada de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa por uno de los condenados. El juez, no obstante, le ha absuelto de los cargos entendiendo que el único atacado y perjudicado fue él.

A Daniel B. R. y su padre, Francisco B. A., les ha salido cara la trifulca que protagonizaron en la Feria de Villamartín en mayo de 2009. Tanto es así que deberán cumplir 4,6 y 5 años en prisión, respectivamente, por sendos delitos de homicidio en grado de tentativa. Una condena que ha llegado en virtud de un acuerdo adoptado con Fiscalía, que solicitaba en un principio 8 y 9,6 años de cárcel para ellos. En el caso de Francisco, la reducción de la pena ha sido posible gracias al concurso con el delito de atentado a agente de la autoridad, o lo que es lo mismo, a que el fiscal ha considerado que los dos delitos concurrieron en un solo hecho. Además, se les ha condenado por amenazas, incluyendo la prohibición de no acercarse a las dos víctimas (Ismael G. C. y el agente de Policía) durante seis años.

Ismael, también procesado en esta causa, ha sido declarado culpable de dos faltas de lesiones, con su correspondiente multa. Como avanzó hace escasos días Reporteros Jerez, los hechos se remontan a mayo de 2009, cuando el padre y el hijo irrumpieron en el recinto ferial montados en un turismo propiedad del más mayor de ellos, con el propósito de encontrar a Ismael G. C. con el que Daniel había tenido enfrentamientos previos. Cuando lo hallaron, el más joven que conducía el vehículo intentó atropellar a Ismael, que saltó por encima del capó esquivando el golpe. La víctima sufrió un traumatismo en un dedo de la mano, una herida en el pómulo y una contractura en la región dorsal.

Seguidamente, Francisco se bajó del coche “en actitud amenazante” y se dirigió nuevamente al otro joven, que le arrojó un vaso de cristal a la cara, lo que también causó heridas de carácter leve a su contrincante. Unos agentes de la Policía Local lograron intervenir en el conflicto y, al intentar separarlos, Francisco sacó una navaja que llevaba escondida con el objetivo de clavársela a uno de los funcionarios, que también consiguió esquivarlo. En el lugar se encontraba asimismo otro hijo de Francisco, menor de edad, que recibió un puñetazo por parte de Ismael en el cuello, lo que le produjo una contusión en el cuero cabelludo, contractura cervical y diversas erosiones. Los agentes, finalmente, detuvieron al padre, al hijo mayor de edad y al tercer protagonista del altercado. Los dos primeros estuvieron en prisión por esta causa desde mayo hasta diciembre de 2009.

Tras varias horas de deliberación, el jurado popular que ha formado parte de la vista por el crimen de la trituradora de marihuana ha dictado un veredicto de culpabilidad contra Adrián S. F. La sorpresa se ha producido cuando el tribunal le ha declarado culpable del delito de homicidio y no de asesinato, como así pedían tanto la acusación particular como la Fiscalía. Así lo ha confirmado a este medio el letrado de la familia de la víctima, Álvaro Cosano, explicando que el jurado no ha considerado que existiera alevosía en el crimen, por lo que ha fijado el homicidio con el agravante de superioridad por la utilización del cuchillo.

Con este veredicto, la pena nunca podrá ser superior a 15 años (hay que recordar que Cosano solicitaba 20, y el fiscal bajó de 16 a 13 años su petición inicial). En cualquier caso, tendrá que ser el juez quien dictamine la condena que se le imponga. Una de las principales incógnitas a este respecto será si el magistrado tendrá o no en cuenta los atenuantes expuestos por la defensa: obcecación, confesión del delito, drogadicción y problemas psíquicos. En el caso de que así sea, la pena podría oscilar entre 5 y 7 años, lo que solicita aquella.

Como ha podido saber este medio, la familia de la víctima (Francisco C. B.) ha acogido la noticia con indignación, al considerar que su hijo fue víctima de un asesinato con ensañamiento y alevosía. Como ha quedado probado, Adrián asestó varias puñaladas  a Francisco el pasado 15 de octubre de 2010, tras una disputa por una trituradora de marihuana. Los detalles exactos del crimen, no obstante, se conocerán en la sentencia que verá la luz en los próximos días.